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El camino a Lima

Los cocaleros peruanos y su primer gran congreso


Por Luis Gómez
Parte II de una serie sobre el estado de la guerra contra las drogas en Perú

15 de marzo 2004

Antes de llegar a Lima, al primer gran congreso cocalero de Perú, vamos a hacer una serie de paradas, porque el camino es largo. Y la primera es en una corporación, una gran empresa estadounidense llamada Chemonics que trabaja bajo el esquema de una ong. Ya en la anterior nota vimos cómo Marisela Guillén, una de las dirigentes cocaleras, hacía una denuncia contra ellos por operaciones fraudulentas…

Guillén, en una entrevista publicada el 7 de diciembre pasado en el diario peruano Ojo, acusó a Chemonics, entre otras cosas, de defraudar a los campesinos que aceptaban la erradicación de coca compensada (esto es, por algún dinero). Dijo que la Comisión Nacional para el Desarrollo y la Vida sin Drogas (Devida) y Chemonics, actual operadora del proyecto de “desarrollo alternativo” en Perú, “ofrecen a los agricultores 180 dólares para que erradiquen, pero una vez que eliminan sus plantaciones, les dan sólo un adelanto de 126 soles [poco menos de 49 dólares] nada más y no cumplen con las obras que prometen”.

¿Quién diablos es Chemonics? Por el tamaño de sus operaciones y de su red de trabajo mundial, podemos decir que una empresa grande… por las currículas de sus directivos, pues una fuente de empleo para varios ex funcionarios de alto rango de USAID, la famosa agencia de cooperación estaodounidense… ¿Y será por las buenas relaciones que tiene la gente de Chemonics por lo que varios gobiernos estadounidenses le han dado a ganar poco más de 414 millones de dólares entre 1990 y 2002? ¿O tendrán tan buenos resultados en su trabajo que por eso el gobierno de George W. Bush les ha dado contratos en Iraq y Afganistán, entre 2002 y el 18 de diciembre de 2003, por más de 167 millones de dólares?

Como ejemplos de su trabajo, Chemonics restructuró la deuda interna en Ecuador, ayudó a concesionar el servicio de agua potable en una ciudad colombiana a la multinacional Vivendi, trabaja en programas de reforestación en Bolivia y, justamente en este país, ha trabajado en programas de desarrollo económico con los productores de café en Yungas, provocando varios conflictos internos con los demás sectores campesinos (especialmente con los cocaleros yungueños)... tienen razón en estar molestos los cocaleros peruanos, no solamente por sus denuncias de fraude, sino porque tienen dentro de su territorio, además de las varias fuerzas policiacas y militares, a una corporación dirigida por personas especialmente interesadas en llevar a adelante la “asistencia” al estilo Estados Unidos (es decir, la intervención silenciosa)...

Pero por ahora no nos detendremos demasiado en Chemonics, porque hay otros temas pendientes… ya regresaremos en otra ocasión con esta corporación, porque seguramente seguirá dando motivos de queja en Perú, en Bolivia y en otros rincones de nuestra América…

La nueva base militar, perdón, “de cooperación” gringa

En los días en que Marisela Guillén denunciaba a Chemonics, una noticia hizo bastante ruido en Perú: el anuncio de instalación de una base militar estadounidense en la región selvática del país. La base, bautizada con el eufemismo de “Centro de Coordinación Antinarcóticos”, sería “el eje de operaciones terrestres, aéreas, marítimas y fluviales en la lucha contra el narcotráfico”, según un cable difundido de la agencia de noticias Andina . Asimismo, se anunció la renovación de los vuelos de interdicción, suspendidos en 2001, luego del trágico “accidente” que culminó con el derribo de una avioneta en la que viajaban una misionera y su hija (reportado para Narco News por Peter Gorman en inglés).

Ya lo habían intentado en abril de 2002, como reportamos en su momento. Pero esta vez, apoyados por el gobierno de Alejandro Toledo, los estadounidenses estaban a punto de lograrlo en el mismo lugar, la comunidad de Uchiza. De hecho, se informó que personal civil de la zona se encontraba ya trabajando para construir un “complejo con pista de aterrizaje incluida”. Todo con la cobertura de un programa de cooperación bilateral llamado “Nuevos Horizontes”.

Tres días después (4 de diciembre), la embajada estadounidense en Perú lanzó un comunicado para decir que no, que no era tan así la cosa. Que el famoso Centro de Coordinación Antinarcóticos sí sería el eje de las operaciones conjuntas entre peruanos y gringos, pero no una base militar (¿Porque además de los militares habría civiles, mercenarios, agentes de la DEA y otros por el estilo?). Ah, y sí, la embajada negó también que hubiera fecha definida para reiniciar los vuelos de interdicción, que todo estaba en pláticas entre los gobiernos, pero que esperaban reiniciarlos ese mismo mes… los vuelos no se han reiniciado hasta hoy, pero la construcción de la base continúa…

La “lucha” sigue

Durante los últimos meses de 2003, el combate antinarcóticos en Perú estuvo en su apogeo: se incautaron grandes cantidades precursores químicos, se descubrieron y destruyeron varios labotarorios clandestinos, hubo erradicación de marihuana, se incautaron algunos cientos de kilos de cocaína, en fin, hicieron de todo. Pero la captura más sonada fue en Buenos Aires, donde la Interpol atrapó al colombiano Omar Penagos, quien resultó ser uno de los operadores del narco en Perú y estar bien relacionado con Vladimiro Montesinos, ex Rasputín de Alberto Fujimori y viejo conocido de los servicios de inteligencia y lucha antinarcóticos de los Estados Unidos.

El 12 de diciembre, de acuerdo a una nota del diario limeño La República, el ministro del Interior de Perú, un personaje de nombre Fernando Rospigliosi, dio clara muestra de “saber” cómo funcionan las cosas. Luego de un operativo con helicópteros artillados en el valle de Monzón, después de destruir siete laboratorios de cocaína y de un tiroteo, Rospigliosi juró que esas acciones de interdicción hacían disminuir el precio de la hoja coca… es decir, que los agricultores, viendo que no era ya rentable, tendrían que cambiar de cultivos. “Creemos que el precio va a seguir bajando, lo que constituye un duro golpe al narcotráfico”, fueron las palabras finales del minstro Rospigliosi. O sea, contra toda lógica de mercado (y la lógica general de precios que genera la prohibición a las drogas en el mundo), el ministro estaba convencido que su trabajo tenía una efectividad impresionante… ¿qué les parece?

En Perú, la coca se comercializa en arrobas (12 kilogramos). La empresa del Estado encargada de hacerlo y controlarlo es la Empresa Nacional de Coca (Enaco), que en su información institucional declara como actividad comercial la “Comercialización de coja de coca y derivados”. Bueno, de acuerdo con los precios oficiales de Enaco, el kilogramo de coca cuesta siete dólares para su exportación… es decir que venden la arroba a 84 dólares, como 290 soles al cambio de estos días… y eso establece de entrada un margen de ganancia para Enaco bastante amplio… si no, volvamos a recordar los dichos de Marisela Guillén en diciembre pasado al diario Ojo:

“Enaco paga 50 soles por arroba mientras que los otros entre 60 y 70 soles”. Es decir, que los cocaleros reciben por arroba de coca unos 14,50 dólares, que restados a los 84 que cuesta ya para vender en el exterior (y con cualquier nivel de gastos extra), da un margen de más del 200 por ciento de ganancia para el Estado peruano… el mismo que, según el ministro Rospigliosi, estaría consiguiendo bajar el precio de la coca para los productores. ¿Eso significa que el gobierno peruano quiere un margen mayor de ganancias? Es posible. ¿O quieren bajar el precio de la “competencia” que compra a 60 y 70 soles, como afirma Guillén, y surte al narco? ¿Será eso posible haciendo que el producto sea más escaso gracias a las acciones de interdicción y erradicación? Como podrán ver, queridos lectores, Rospigliosi y su gente tienen varios puntos oscuros que aclarar a todo el mundo…

Por lo demás, quien quiera mirar un rato el sitio de web de Enaco se va a divertir un rato… los señores ponen también los precios de los precursores químicos (infiltradores) y de la cocaína ¡dentro de su menú de “Venta de Productos” para el “Mercado externo”! ¿Un lapsus? ¿O será verdad que la empresa del Estado vende de verdad cocaína? ¿Será buena?

Bueno, mientras esas dudas flotan en su cabeza, vayamos a conocer a otro personaje, que a Rospigliosi nos lo vamos a encontrar más adelante en el camino…

Nils Ericsson: un zar que no sabe contar

En ese contexto, otro del “genios” del gobierno de Alejandro Toledo, el presidente de Devida Nils Ericsson, hizo algunos anuncios. El 15 de enero, Ericsson afirmó que a la llamada “autoerradicación de coca”, o erradicación voluntaria, había alcanzado la cifra de 4.521 hectáreas en 2003, para sumarse a un total de 11.317 hectáreas de coca erradicada el año pasado. Con ello, decía Ericsson, deberían quedar unas 31.150 hectáreas de coca en Perú...

Por otra parte, Ericsson reveló que el consumo de cocaína en Perú se había disparado, y que aproximadamente el 10 por ciento de la pasta base que se produce en ese país se queda para consumo interno y que la edad de inicio para el consumo de drogas se había reducido al límite de los 12 años…

Los problemas con las cifras de Ericsson comenzaron con una operación matemática simple: a finales de 2002, el funcionario había anunciado que quedaban 36 mil hectáreas de coca por erradicar, a las que se restaban entonces las 11.317 que supuestamente se erradicaron en 2003… pero que no daban como resultado las 31.150 que quedaron al iniciar 2004. Ericsson se defendió ante esto diciendo que las cifras manejadas las da la oficina del zar antidrogas estadounidense John Walters cada año y que, bueno, son datos que se miden de junio a junio cada año… dejando claro que el cálculo oficial es un enredo y nada más.

Además, luego de conocerse el informe de Ericsson, el experto en temas de narcotráfico y coca Hugo Cabieses ofreció una serie de críticas al diario La República negando la efectividad de la campaña de erradicación del gobierno peruano. “Lo que se ha eliminado, son cultivos abandonados, mas no los que están en producción”, afirmó Cabieses, indicando que todo lo que hacían los gobiernos peruano y estadounidense era mostrar cifras positivas para así lograr mantener a Perú dentro del programa de ayuda a “países cooperantes” en la lucha antinarcóticos.

Cabieses ratificó las denuncias de Marisela Guillén, al denunciar que Devida no estaba pagando el dinero acordado por la autoerradicación a los agricultores y que de los dos proyectos de desarrrollo alternativo prometidos sólo habían presentado uno. Así, como los datos proporcionados por Nils Ericsson no son confiables, Cabieses aclaró el tema: “Hay que sincerar la información para saber exactamente qué está sucediendo con los cultivos de coca, para saber cuánto es para uso tradicional y posible industrialización benéfica, y cuánto se está yendo al narcotráfico”.

Hugo Cabieses nos deja así al pie del cerro que baja Lima… en un escenario adverso, con ministros que manipulan los datos, con funcionarios que no saben contar y con las fuerzas gringas construyendo su base. Y hasta ahí en esa ciudad que se esconde bajo un manto de nubes grises, fueron los cocaleros peruanos a dar su versión de la historia, que pronto conoceremos… sigan pendientes, queridos lectores.

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