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Nueva legislación sobre drogas en Brasil

Un primer paso hacia la despenalización de los consumidores y la disminución de la sobrepoblación carcelaria


Por Karine Mueller
Especial para The Narco News Bulletin

17 de marzo 2004

“Por cada crimen, una sentencia. Por cada sentencia, un motivo, una historia de lágrimas. Sangre, vidas y glorias, abandono, miseria, odio, sufrimiento, desprecio, desilusión, el paso del tiempo. Mezcla bien esta química. Pronto: eres un nuevo preso…” “Pero para el Estado sólo eres un número, más nada. Pabellón 9, siete mil hombres. Que cuestan cien reales al mes, cada uno.” – Diario de un prisionero
Autor desconocido

El texto anterior ha sido tomado de una canción interpretada por el grupo de rap brasilero Racionais MCs. La letra es un retrato de la realidad de los presos de la hacinada cárcel Carandiru, clausurada en 2002, diez años después de una masacre sucedida en el “Pabellón 9”, la cual dejó 111 muertos. El hacinamiento y la sobrepoblación de las cárceles ha sido el mayor problema que ha enfrentado el sistema nacional penitenciario de Brasil. Los datos del censo publicados por el Departamento Nacional Penitenciario (DEPEN, por sus iniciales en portugués) revelan que en 1995 Brasil contaba con 95,5 presos por cada 100.000 habitantes. Actualmente tiene 173,5 presos por cada 100.000 ciudadanos: lo que se traduce en un incremento del 81,7% en ocho años. Ocho años atrás existían 148.000 presos, hoy se cuentan 300.000, peleando por espacio, dentro de las 1.430 prisiones y cárceles locales.

Tras estas cifras se esconde una política equivocada para combatir la criminalidad, la cual apuesta al endurecimiento de la legislación penal como instrumento para garantizar nuestra seguridad. El número de presos liberados de sus cadenas es mucho mayor que aquel que el sistema de justicia es capaz de poner tras las rejas. La gran mayoría de los presos, el 98%, son personas pobres, el 38% tiene menos de 25 años, y el 67% no ha completado su educación básica. Es más, aquellos que tienen dinero para pagar un abogado no están en prisión y, con frecuencia, ni siquiera son procesados.

Se estima que de los detenidos del país, cerca del 12,5% fueron sorprendidos en flagrante portando dosis mínimas de droga (cantidades consideradas de uso personal) y sindicados bajo la Ley 6368 de 1976 —tráfico de drogas— artículo 12, parágrafo 2, inciso 3, del código penal, el cual trata por igual el uso y el tráfico, con una pena de tres a 15 años de prisión. Es decir, fueron víctimas de una ley ambigua que no distingue al traficante del consumidor o dependiente químico de drogas.

Una luz al final del túnel

El problema que ha alcanzado proporciones críticas dentro de las cárceles es también un problema de las leyes. Mal elaboradas y aplicadas, las leyes ponen en la misma celda a un “ladrón de gallinas” y a un homicida. El consumidor de drogas es un traficante. Con el fin de solucionar esta confusión, el 11 de marzo, el Senado de Brasil aprobó la Ley 7134. Esta ley determina el fin de la pena de prisión para los consumidores y adictos. De igual manera dispensa al consumidor atrapado en flagrancia del requerimiento de dirigirse a la estación de policía. En adelante sólo deberá cumplir con una citación para presentarse ante un oficial de justicia. Si esto no es posible, el infractor se compromete a ir a corte. Las penas varían desde una amonestación hasta la prestación de servicios a la comunidad. La pena de prisión para el consumidor sólo se dictará en un caso: cuando el acusado se rehúse a cumplir con la sentencia dictada por el juez.

Esta legislación cuenta con el apoyo del gobierno, sin embargo, deberá pasar por ciertas modificaciones en el Senado para ser aplicada. Con el objetivo de distinguir al consumidor del expendedor, se espera que en adelante el uso de drogas sea tratado como un problema de salud pública, mientras el del tráfico como un asunto policial.

En la práctica, ¿qué cambiará la Ley 7134?

Menos gente presa por consumo de drogas y más inversión en otros sectores de la salud pública que permitan combatir la violencia. En un año el gobierno de Brasil ha gastado en la lucha contra el consumo de drogas dentro de las cárceles entre 1.500 y 3.000 reales (500 a 1.000 dólares) por cada preso. Aún no se sabe si la implementación de la Ley 7134 abrirá la posibilidad que los actuales presos puedan ser puestos en libertad por medio de un habeas corpus. Es posible, aunque no es claro todavía, que estas personas presas puedan apelar sus sentencias. Actualmente existen 37.500 detenidos bajo estas circunstancias, esperando una posibilidad que les permita reintegrarse a la sociedad. Por lo menos este cambio en la legislación se presenta como una oportunidad de salvar las vidas de esos seres humanos, víctimas de prejuicios y exclusión social, de las inhumanas y precarias condiciones en las que viven los presos del país.

La nueva ley elimina la pena de prisión para los consumidores pero impone la obligatoriedad de un tratamiento para curar la adicción. Cuando se considere necesario, un juez puede sugerir un tratamiento, el cual debe ser ofrecido gratuitamente por las instituciones públicas de salud. La ley también contempla el aumento de penas para los traficantes de drogas, con una sentencia entre cinco y 15 años, sin libertad bajo palabra. La decisión sobre quién es consumidor y quién es traficante será tomada por el juez. Durante el debate de la propuesta, el congresista Paulo Pimenta dijo, “Alguien que sea arrestado con cinco cigarrillos de marihuana en frente de su casa debe recibir un trato diferente a aquella persona que es encontrada con la misma cantidad dentro de una escuela”. En el caso de lavado de dinero la nueva sentencia contemplada varía entre los ocho y los 20 años de prisión.

Congresistas que no aprueban la nueva legislación

A pesar de este avance en la legislación de Brasil, hay quienes insisten en “la guerra contra las drogas”, exigiendo la permanencia de la penalización al consumo. El congresista Alberto Fraga, del Frente Parlamentario de Seguridad Pública, criticó ante los medios el proyecto, argumentando que sólo arrestando a los consumidores la policía puede encontrar a los traficantes. Fraga confunde despenalización con legislación cuando asegura que la nueva ley “prácticamente legaliza las drogas”.

Durante la aprobación de la nueva ley, el congresista Walter Rubinelli, representando a la bancada derrotada en la Cámara, gritó: “¡Este es un día especial para los traficantes!” Por su parte, el congresista Morani Torgan, quien presidió la comisión parlamentaria de investigación de narcotráfico en 1999, llegó mucho más lejos. Más allá de las declaraciones hechas a la prensa, este legislador alegó que este proyecto sufrirá modificaciones.

Torgan aprovechó la ausencia de un tiempo límite establecido para modificar el texto de la ley, para revelar su discrepancia con la misma y asegurar que terminará convertida en “letra muerta” (Nota: actualmente sólo el Senado puede hacer enmiendas al texto de la ley. Torgan es miembro de la Cámara).

Sabia actitud

Pese al mal ambiente, el ministro de Justicia, Márcio Thomas Bastos, quien siempre ha apoyado la despenalización de la droga, elogió la aprobación de la Ley 7134. El Ministro está convencido que el proyecto es “un avance efectivo en la lucha contra los narcotraficantes y el consumo de drogas en el país”. Describió la nueva ley como sabia, pues los consumidores de drogas no podrán sufrir más la pena de prisión.

El actual zar antidrogas de Brasil, General Paulo Roberto Uchôa, estuvo presente durante el debate y declaró que lo importante sobre esta propuesta es que “distingue entre adictos y expendedores”.

La opinión de los expertos

Cambiar leyes en Brasil no es tarea fácil. Siempre genera mucha polémica y equívocos. La nueva ley no es la solución ideal al consumo de drogas. Expresiones como “adicto”, “antidrogas”, “sentencia alternativa” y “criminal”, todavía dominan el debate. Pero los hechos son contundentes: este es el primer paso hacia la despenalización del consumo de drogas.

El juez retirado Walter Maierovitch, experto en políticas sobre narcóticos, considera la Ley 7134 como “una despenalización del consumo, pero se podría ir mucho más lejos”. Asegura que “sería posible alcanzar la modernidad, como en Portugal, en donde el consumo de drogas no es considerado un crimen”. Maierovitch, quien fue el primer “zar antidrogas” de Brasil durante la administración del ex presidente Fernando Enrique Cardoso, opina que la ley continúa estigmatizando al adicto.

Profesionales de la salud también defienden el tratamiento como una alternativa a la prisión. De acuerdo con la actual política de reducción de daños, el adicto no es un criminal sino alguien que necesita ayuda. Y aunque la nueva ley elimina la pena de prisión, la sicóloga Sandra Batista, presidenta de la Red Latinoamericana de Reducción de Daños (RELARD), no está de acuerdo con ella. En su opinión, las sentencias alternativas insisten en tratar al consumidor de drogas como a un criminal.

“El consumo de drogas no debería ser un crimen”, comenta el antropólogo y ex secretario de Seguridad Pública de Rio de Janeiro, Luis Eduardo Soares. Para Soares el debate debería darse en la esfera pública en vez de permanecer restringido a los ámbitos del gobierno.

La aprobación de esta ley instala un asta en la que izar la bandera del respeto para la población brasilera, especialmente para aquellos que no tienen posibilidades de una defensa. Para aquellos 37.500 detenidos injustamente por posesión de dosis mínimas de droga, éste es un gran paso. La próxima tarea es presionar al Congreso, jueces, y otras autoridades relevantes, a aplicar de manera justa y democrática la Ley 7134; en pocas palabras, a establecer un equilibrio entre crimen y castigo.

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