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La construción de una base militar convulsiona Los Yungas

Gobierno cede ante movimiento cocalero y embajada norteamericana presiona


Por Alex Contreras Baspineiro
Jefe Sudamericano de Narco News

8 de abril 2004

COCHABAMBA-BOLIVIA, 8 ABRIL 2004. “La guerra de la coca” continúa en Bolivia. Cambió de escenario del Chapare de Cochabamba a Los Yungas de La Paz pero no de protagonistas: continúa la resistencia de los productores de coca, la sumisión del gobierno y la presión estadounidense.

Entre el 5 al 7 de abril, miles de productores de coca de la región de Los Yungas se movilizaron bloqueando la carretera que une a La Paz con el oriente del país y, desde hoy, están declarados en estado de emergencia rechazando la construcción de una infraestructura policial-militar en esa región y también los intentos de erradicación forzosa de sus cultivos.

En junio de 2003, informaciones reservadas del Ministerio de Defensa reflejaban que el gobierno boliviano aceptó por imposición norteamericana la construcción de dos nuevas bases militares en territorio nacional: una en la zona cocalera de Los Yungas (La Paz) y la otra en la región del Chapare (Cochabamba), además se impuso la instalación de la radioemisora “Tricolor” en la población de Chimoré que contará con financiamiento de la Embajada de Estados Unidos, debe tener un alcance de 15 kilowatts, suficientes para llegar a todas las fronteras del país y difundir mensajes disuasivos dirigidos a los productores de coca y la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo y debe estar manejada por las Fuerzas Armadas.

El compromiso con el gobierno norteamericano se realizó en el gobierno del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR, MIR, NFR) y ahora sólo se lo está ejecutando.

En la región de La Rinconada se inició la construcción del cuartel policial-militar y, no se tiene hasta la fecha, referencias sobre la instalación de la radioemisora en la zona de El Chapare.

Según el gobierno, la construcción del cuartel contará con oficinas de la Policía, Tránsito, Migración, Control Forestal, Dirección General de la Coca, Unidad Móvil de Patrullaje Rural y Grupo de Salvataje y Rescate, pero “no es una base militar”; según los cocaleros La Rinconada es sinónimo de represión y militarización, atropello a los derechos humanos y erradicación forzosa de sus cultivos.

Luego de tres días de conflicto, el gobierno y los cocaleros firmaron ayer, un convenio donde se destaca: la suspensión indefinida de la construcción de la base policial en La Rinconada y ordenándose que esas instalaciones no sean utilizadas como cuartel, no se realizará la erradicación forzosa de coca en Nor Yungas, Sud Yungas e Inquisivi y formación de una comisión conjunta para evaluar los programas de desarrollo alternativo, la creación de un mercado paralelo y el mantenimiento de las vías camineras las cuales se encuentran de condiciones muy malas despues de años de ser descuidados por el gobierno.

Conseguido el objetivo de paralizar en forma indefinida la construcción de la base militar y rechazar la erradicación de sus cultivos, los productores de coca levantaron los bloqueos y retornaron a sus comunidades.

Los Yungas en la mira

Los últimos datos satelitales presentados en febrero de este año por el gobierno de EEUU aseguran que en Bolivia existen 28.100 hectáreas de cultivos de coca: 23.550 hectáreas ubicadas en la región de Los Yungas de La Paz y 4.600 hectáreas en las poblaciones del Trópico de Cochabamba.

De acuerdo a la Ley 1008 sólo están permitidas 12 mil hectáreas de coca; es decir, que 16.200 hectáreas deben ser eliminadas.

El martes 6 de abril, el embajador de EEUU en Bolivia, David Greenlee, le recordó al presidente Carlos Mesa que en la zona de Los Yungas existen 11.000 hectáreas de cultivos de coca excedentaria.

“Según las tomas de satélites existen plantaciones excedentarias de coca de los Yungas que deberían ser erradicadas por medio del desarrollo alternativo integrado”, aseveró el diplomático.

El diputado cocalero Roberto Calle, en contacto con Narco News, rechazó la intromisión norteamericana en asuntos internos y además calificó como distraccionistas las palabras de Greenlee.

“Es una vergüenza que el gobierno de Mesa acepte tanta intromisión de Estados Unidos, nosotros no vamos a permitir que toquen ni una sola hoja de coca en Los Yungas y rechazamos enfáticamente las palabras del embajador (Greenlee) cuando nos propone un desarrollo alternativo integrado. Esa es una nueva mentira y es pura distracción en esta guerra de baja intensidad”, aseguró.

Calle agregó que las demandas cocaleras también incluyen el retiro inmediato de las Fuerzas de Tarea Conjunta de esa región, el rechazo a para separar el mercado de coca legal de Los Yungas en dos organizaciónes o mas (así dividiendo los cocaleros de Los Yungas por fronteras provicionales), el mantenimiento de las vías camineras y la curación de los tres cocaleros heridos durante el enfrentamiento del pasado lunes.

El ministro de la presidencia, José Galindo, admitió el 7 de abril que el gobierno soporta presiones de EEUU sobre el control antidrogas y advirtió que la transición histórica que se vive en este país podría ser violenta si se rompe el precario equilibrio desatado en octubre del año pasado.

“Tenemos por el otro lado la presión, obviamente que nos dice que son incapaces y no pueden controlar el tráfico de drogas, si no pueden tener un puesto para controlar la cantidad de droga que sale o la hoja e coca que sale”, afirmó el ministro.

Reconoció que el actual gobierno no puede cambiar el actual modelo por los compromisos internacionales existentes, pero que podrían darse a partir del escenario de la Asamblea Constituyente.

Tráfico de armas

Las intenciones de intervención violenta en Los Yungas de La Paz no son nuevas, se lo fue fabricando desde hace meses atrás y desde esferas del propio gobierno.

El pasado 26 de febrero, el diputado Antonio Peredo acusó al ex Viceministro de Desarrollo Alternativo, Marco Antonio Oviedo, como el principal responsable de la formación de grupos paramilitares en Los Yungas y por desestabilizar el proceso democrático.

Horas antes, Agustín Mamani Quispe y Fidel Arce militantes del MIR -el partido de Oviedo- fueron sorprendidos introduciendo fusiles FAL y decenas de cajas de municiones con rumbo a Los Yungas.

Uno de los detenidos, dijo en esa oportunidad que “ese armamento era para defenderse de los grupos extremistas”.

En los últimos días, cuando estalló el conflicto en la región yungueña, el gobierno destituyó de su cargo a Oviedo reemplazándolo por Jorge Azad Ayala.

Los medios comerciales bolivianos han llevado su propia compaña para calificar los movimientos sociales como violentos. A principios de febrero, el decano de la prensa boliviana “El Diario” publicó un artículo titulado: “Denuncian ingreso de fusiles AK-47”.

En la entrevista realizada presuntamente a “un ciudadano extranjero” no identificado por razones obvias se denuncia que “un grupo compuesto por nicaragüenses, peruanos y colombianos que supuestamente pertenecen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), transportaron en contenedores del barco comercial MSC Bahía, bandera Mayita, 285 fusiles AK – 47 hasta el puerto de Ilo, procedentes de la República de Bulgaria”.

“Por razones personales me involucré con las FARC, hasta conocer varios detalles sobre sus actividades”, dijo el presunto extranjero a tiempo de afirmar que “los fusiles se encuentran desde hace varias semanas en el puerto peruano de Ilo, y está previsto que el 13 de febrero ingresen a territorio boliviano, vía Desaguadero”, agrega el artículo.

Según el informante, los primeros días del mes de agosto del año pasado ingresaron al Chapare, 50 fusiles AK - 47 similares a las que utilizan las FARC, las cuales habrían sido supuestamente distribuidas entre dirigentes del Chapare.

En forma paralela a esa denuncia, el mencionado periódico habría recibido información en sentido de que personas civiles realizan contactos para adquirir armas de fuego, como revólveres, fusiles, además de municiones, con preferencia calibre 7.65 y 7.69. Las actividades de los intermediarios se realizarían en El Alto, algunas provincias y barrios periféricos de La Paz.

Esta denuncia no fue aseverada o desmentida por ninguna autoridad de gobierno.

Lo cierto de este problema, apreciados lectores, es que Estados Unidos considera que la región boliviana de El Chapare de Cochabamba ya salió del circuito coca-cocaína y que la intervención violenta se la debe realizar en Los Yungas de La Paz.

El gobierno de Carlos Mesa se encuentra en una encrucijada: continuar obedeciendo dócilmente las imposiciones del gobierno norteamericano o escuchar las demandas del pueblo boliviano.

Las lecciones de octubre continúan frescas en la memoria de la mayoría de bolivianos; los menos, donde se encuentran algunas autoridades, parece que no tienen una correcta lectura de esos acontecimientos históricos…

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