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Despúes de 13 meses de detención, presuntos “terroristas” recuperan su libertad

Llegará a Bolivia una misión humanitaria para ver el caso de Francisco Cortés


Por Alex Contreras Baspineiro
Jefe Sudamericano de Narco News

21 de mayo 2004

“En ningún proceso penal en el mundo se acepta un encierro tan prolongado de más de un año por motivos de investigación”, Erick Altamirano, abogado defensor.

COCHABAMBA (BOLIVIA), 21 de mayo de 2004.- El 10 de abril de 2003, Bolivia y varios países vecinos del continente eran sacudidos con una espectacular noticia, “una primicia”, difundida por la mayoría de los medios de comunicación comerciales: el defensor de los derechos humanos y dirigente campesino colombiano Francisco “Pacho” Cortés, más dos dirigentes cocaleros y dos menores de edad, eran detenidos en una acción “antiterrorista”.


Francisco “Pacho” Cortés en la cárcel de Chonchocoro
Foto: Agencia Narco News D.R. 2004
La detención se produjo durante el régimen del defenestrado ex presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada conocido con el sobrenombre de “Goni” y, en esa oportunidad, el ex vice-ministro de gobierno, José Luis Harb, no negó la participación estadounidense en la operación: “Existen tratados, convenios y acciones conjuntas… de lucha contra el terrorismo… La actividad terrorista tiene una acción de carácter extracontinental, por lo tanto tenemos acuerdos para entendernos con cualquier país, no solo con Estados Unidos”.

En el operativo televisado, varios encapuchados con uniforme militar camuflado y fuertemente armados detenían a las cinco personas que sorprendidas sólo atinaban a decir: “somos inocentes”. Los detenidos junto a Cortés, fueron Carmelo Peñaranda Rosas dirigente cocalero del Chapare (Cochabamba), Claudio Ramírez Cuevas ex concejal de La Asunta (La Paz) y dos menores, sobrinas de éste último.

Transcurridos más de 13 meses -más de un año- de la detención; el pasado 20 de mayo, el juez Carlos Sánchez Casteló dictó la libertad de Peñaranda y Ramírez a quienes no se les pudo comprobar absolutamente ningún vínculo con acciones de terrorismo, alzamiento armado y organización criminal.

“Creemos que en este caso se empezaron a cumplir normas y doctrinas básicas del derecho internacional porque nadie puede estar detenido en la cárcel sin tener pruebas y acusaciones”, afirmó el abogado defensor, Erick Altamirano.

En conversación con Narco News, el abogado dijo que en ninguna parte del mundo puede permanecer detenida una persona sólo con fines investigativos.

La primera acusación del gobierno boliviano contra los presuntos “terroristas” estuvo referida a que pertenecían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), luego los trataron de vincular con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), también con la formación de grupos irregulares e incluso con actividades vinculadas con el narcotráfico. No se les comprobó nada.

En la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Nacional, cursa una denuncia de los autocalificados “presos políticos” por una serie de atropellos a sus derechos cometidos por uniformados y a vista de algunos fiscales durante su detención.

En el caso de Ramírez y Peñaranda se denuncia que se incurrieron en una serie de abusos, actos ilegales, encubrimiento de torturas y vejámenes que mellan la dignidad de cualquier persona.

En la detención de esas personas se acusa a los fiscales René Arzabe y Silvia Blacutt de haber violado la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales.

Misión humanitaria

Para realizar un seguimiento a la detención de los presos políticos en este país, se ha confirmado para el 7, 8 y 9 de junio el arribo de una comisión.

Arribará al país una Misión Humanitaria integrada por el coordinador internacional de Vía Campesina, Rafael Alegría; el presidente del Movimiento Sin Tierra del Brasil, Joao Pedro Stedile y del conocido dirigente campesino de Francia, José Bové; además de parlamentarios europeos y latinoamericanos, dirigentes campesinos y defensores de los derechos humanos de Colombia.

Mediante una nota de prensa se conoce que el objetivo de esta misión es verificar las condiciones de detención del dirigente campesino Francisco Cortés de Colombia, detenido hace 13 meses en La Paz, lo mismo que de los otros dirigentes.

“Igualmente, la misión busca expresar la solidaridad a los detenidos, solicitar al estado boliviano su libertad y el respeto de sus derechos ciudadanos.

La misión quiere llamar la atención sobre las medidas represivas contra los movimientos campesinos en América Latina que buscan criminalizar su acción legítima aplicando la política antiterrorista del gobierno de Estados Unidos”, expresan en una nota de prensa de su equipo internacional de comunicación.

Con el rótulo de “guerra contra el terrorismo” la administración de George W. Busch aceleró su escalada militar en todo el mundo y, lógicamente que en América Latina y más aún en Bolivia, porque este país al estar ubicado en el corazón del continente, es una región geoestratégica para los fines imperialistas.

La intromisión norteamericana hacia este país no es nueva y la lucha contra el terrorismo es el mejor pretexto para vulnerar la soberanía de las naciones, incrementar la violación a los derechos humanos, reprimir a los movimientos sociales y pisotear la autodeterminación de los pueblos.

Hace una semana, el Senado Nacional aprobó la inmunidad de militares y civiles norteamericanos en este país ocasionando la reacción de importantes sectores sociales bolivianos que anunciaron que no permitirán la aprobación de ese instrumento legal.

El presidente Carlos Mesa congeló (por el momento) ese intento que intenta mellar la dignidad y la soberanía de todo un pueblo.

Carta al presidente

En los últimos días, parlamentarios, dirigentes sindicales, activistas sociales, defensores de los derechos humanos, líderes campesinos y otras personalidades de diferentes partes del mundo, escribieron una carta al presidente boliviano para que interceda en el caso de los presuntos “terroristas”.

“Nos dirigimos a usted con extrema urgencia para que intervenga de acuerdo a sus facultades constitucionales y legales para remediar la insólita injusticia cometida contra el conocido dirigente campesino colombiano Francisco Cortés quien permanece detenido ilegalmente desde el 10 de abril del año 2.003 en la ciudad de la Paz. El señor Cortés ha sido calumniado públicamente acusándolo de cargos inaceptables para quienes en su país (Colombia) y en Europa lo conocen por su larga trayectoria como campesino, líder social y defensor de los derechos humanos.

“Queremos que su Excelencia conozca que reclamamos la libertad de Francisco Cortés y de los ciudadanos bolivianos Claudio Ramírez y Carmelo Peñaranda que fueron encarcelados con él por haberle acogido de manera solidaria ante la permanente amenaza de muerte por grupos armados ilegales de Colombia debido a su labor social como dirigente campesino”.

Aunque ya serán liberados los dos bolivianos acusados de terrorismo, el fiscal René Arzabe afirmó en las últimas horas que existen por lo menos 45 dirigentes y productores de coca vinculados a estas acciones ilegales.

Esas palabras, hacen presagiar que las historias sobre terrorismo, alzamiento armado, narcotráfico y organización criminal continuarán en este país, ubicado en el corazón del continente americano…

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