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La intensa lucha de la memoria contra el laberinto del poder

El juicio a Sánchez de Lozada y sus cómplices por las masacres de 2003 en Bolivia


Por Luis A. Gómez
Parte I de una serie especial para The Narco News Bulletin

21 de diciembre 2004

La mañana del 15 de octubre de 2003, mientras en El Alto y La Paz se multiplicaban las manifestaciones que dos días más tarde derrocarían a un presidente, los dirigentes mineros del sur de la provincia de Oruro decidieron marchar a la sede gobierno para apoyar a los insurrectos. En la mina La Salvadora se unió al contingente una mujer de 36 años, viuda y madre de seis pequeños entre 2 y 12 años. Filomena León, como meses después contaría frente a la cámara de Verónica Auza y Claudia Espinoza, se encontraba entre la gente que llegó esa mañana a la población de Patacamaya, a poco más de cien kilómetros de La Paz: “... y no sé de cómo nos han sorprendido, porque estábamos bajando del carro pacíficamente a servirnos té”.


Filomena León unos días antes de su muerte.
Foto: Verónica Auza D.R. 2004
Los militares tenían órdenes de impedir el paso de la caravana y reprimieron a balazos a los mineros; primero, reventaron las llantas de los camiones que los transportaban y saquearon sus pocas pertenencias, luego se enfrentarían a los mineros, que armados con cartuchos de dinamita resistieron la ofensiva. Entre otras personas heridas en la refriega cayó la palliri (mujer minera). “Yo he sentido la bala, bala nomás; ya no me he parado más. Yo estaba de frente a los soldados y la bala me entra por detrás, de ahí ya no recuerdo más”. El proyectil, de alto calibre, se incrustó en la columna vertebral de Filomena. Durante meses, en por lo menos dos hospitales públicos, la valiente mujer fue perdiendo la salud y el deseo de vivir: quedó paralítica, sus hijos menores dejaron de reconocerla…

El 30 de abril pasado, medio año después, Filomena León falleció en el Hospital de Clínicas de La Paz a causa de una infección letal, como se asienta en la “Memoria testimonial de la ‘Guerra del Gas”, realizada por Auza y Espinoza para registrar las decenas de muertes, los centenares de heridos y mutilados, los centenares de torturados que fueron el alto precio pagado por la insurrección boliviana del año pasado. En su espalda, durante las últimas semanas, era posible apreciar un hueco del tamaño de un puño. La voz dulce y las trenzas negras y abundantes de Filomena dejaron para siempre esta tierra… lo mismo ocurrió con Teodocia Morales Mamani (que estaba embarazada), Marcelo Chambi Mollinedo, Ramiro Vargas Astilla y muchos otros alteños, campesinos aymaras, niños y viejos, hombres y mujeres. Y hasta hoy, pese a que el Congreso Nacional de Bolivia ha autorizado su juzgamiento, los responsables de tanto dolor siguen impunes…

El decreto de la muerte

En una historia de coraje y fuerza, los pobres de Bolivia, fundamentalmente los aymaras, defendieron su gas natural en septiembre y octubre del año pasado, bloqueando las carreteras y paralizando El Alto y La Paz. Gonzalo Sánchez de Lozada, cumpliendo su segundo mandato como Presidente de la República, pretendía exportar el valioso recurso natural a los Estados Unidos, por puertos chilenos, en contra de la voluntad popular. Durante el conflicto, militares y policías dispararon masivamente contra el pueblo, armado apenas con palos, con piedras, con dinamita. Como en el caso de Chiapas (México) con los zapatistas, de la insurrección de diciembre de 2001 en Argentina, los cuerpos represivos del Estado boliviano recibían “órdenes de arriba”, licencia para matar.


Dionisio Cáceres, uno de los mutilados durante las masacres, durante la marcha de los movimientos sociales que exigió el juicio a Sánchez de Lozada.
Foto: Noah Friedsky D.R. 2004
La madrugada del sábado 11 de octubre de 2003, comenzando el tercer día de paro general en la ciudad de El Alto, y con la dirigencia campesina aymara por casi un mes en huelga de hambre para impedir la venta del gas, el gobierno de Sánchez de Lozada emitió, en secreto, el Decreto Supremo 27209 (524kb PDF), declarando en su artículo primero la “emergencia nacional en todo el territorio de la República”.

A esas alturas del conflicto, con La Paz cercada por los alteños y las comunidades al sur de la ciudad, los primeros signos de escasez eran la falta de gasolina y de gas para uso industrial y doméstico. Por ello, el segundo artículo del decreto ordenaba a las Fuerzas Armadas hacerse cargo “del transporte en camiones cisternas y otros, resguardar instalaciones de almacenaje, poliductos, estaciones de servicio y todo tipo de insfraestructura destinada a garantizar la normal distribución y suministro de combustibles líquidos” a la población de la región, especialmente en las ciudades de La Paz y El Alto. A cargo del operativo quedaba, por ley, el Ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, político de toda confianza del ex presidente y famoso represor de las protestas sociales.

Pero era en el tercero y último artículo del decreto, con el título de “Garantías”, donde se escondía la clave del horror que habría de llegar en los días siguientes: “Cualquier daño sobre los bienes y personas que se puediesen producrir como efecto del cumplimiento del objeto del presente decreto sumpremo, su resarcimiento se encuentra garantizado por el Estado Boliviano”... es decir, todo lo que ocurriera mientras los militares surtían de gasolina a la población sería cubierto económica o socialmente por el gobierno.

Fue así que Sánchez Berzaín pudo organizar convoyes de camiones cisterna protegidos por cientos de soldados, que salieron esa misma tarde para llevar gasolina desde la planta de Senkata, en El Alto, hasta La Paz. Ese sábado, de acuerdo a los diversos testimonios recogidos entre los vecinos alteños, fueron masacradas las personas que se encontraban en las calles y plazas de la ciudad más joven y pobre de Bolivia. Al día siguiente, 12 de octubre, murieron más de treinta personas en varios puntos de la urbe, la mayoría en el barrio norteño de Villa Ingenio, al que ingresaron más de cien militares disparando a discreción en todas direcciones y apoyados por cuatro tanquetas. Durante esos días que cambiaron la historia de Bolivia para siempre, murieron alrededor de 70 civiles desarmados… y el gobierno, en un intento por “resarcir” los “efectos” de su proceder, ofrecía entre 5,500 y 6 mil dólares a las víctimas del genocidio.

“La definición de genocidio es dar muerte a varias personas en un solo acto. En este caso eso es un hecho evidente”, explica el abogado Rogelio Mayta, coordinador del equipo jurídico del Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades a Sánchez de Lozada y sus ministros. El comité fue conformado los primeros meses de este año y lo integran varias organizaciones no gubernamentales, profesionales, organismos de derechos humanos y, fundamentalmente, las asociaciones de familiares de las víctimas, de heridos y mutilados durante la insurrección. Mayta, conocido defensor que ha apoyado en otras causas sociales, explica que el Decreto Supremo 27209, por sí solo, constituye una pieza clave en las acusaciones contra las ex autoridades bolivianas en el proceso que acaba de iniciarse en su contra.

Pero además, Mayta redondea el tema apuntando un elemento importante. “De acuerdo a la Constitución Política del Estado, las Fuerzas Armadas dependen directamente de su Capitán General, es decir, el Presidente de la República. Y aunque es difícil probar su autoría intelectual, tenemos algunas evidencias de ella, como los documentos publicados en El Diario”. De entre los documentos mencionados, el citado periódico paceño publicó el 9 de mayo pasado una orden dada al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación (cuya copia electrónica no está disponible en el sitio web del medio). En la nota, fechada el 11 de octubre de 2003, Sánchez de Lozada instruye al mando militar disponer “los recaudos necesarios para restablecer el orden en la ciudad de El Alto”, así como la defensa militar “de las instalaciones estratégicas y de servicios públicos”. Rogelio Mayta resalta el hecho de que, pese a los muchos alegatos públicos de los abogados contratados para la defensa del ex presidente, y del mismo Sánchez de Lozada, dichos documentos nunca han sido invalidados o refutados por nadie.

“En este tema”, continúa Mayta, “aparentemente nunca hubo órdenes directas de matar, o por lo menos eso parece, de acuerdo a las evidencias con las que contamos. Pero tampoco hay una recriminación del Capitán General a las Fuerzas Armadas por su actuación entre el 20 de septiembre, durante la masacre en la comunidad de Warisata, y el 17 de octubre. Entonces, una de dos: Gonzalo Sánchez de Lozada dio la orden o cometió un grave error de omisión al no sancionarlas… en cualquiera de los dos casos es culpable”.

Y para apoyar el argumento de la actitud “militar” de Sánchez de Lozada, Rogelio Mayta recuerda que el 9 de abril de 2003, durante las celebraciones por el 51 aniversario de la Revolución Nacional de 1952, el entonces gobernante dio un encendido discurso en la ciudad de Santa Cruz en el que dijo: “Quiero decirles que nadie nos va a quitar el gobierno porque lo vamos a defender con las armas si es necesario”. Es decir que medio año antes de dejar el poder, el famoso político boliviano, que mucho ha hecho por imponer el modelo económico neoliberal en Bolivia, ya amenazaba con el uso de la fuerza.

Otros delitos

Aparte del crimen de genocidio, el Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades pretende que Sánchez de Lozada sea enjuiciado por varios delitos más. “En el tema del atentado contra libertad de prensa, sabemos que en la última semana de su gobierno hubo varias amenazas contra canales de televisión, atentados contra algunas radios y se requisaron ediciones de medios impresos, como el semanario Pulso o quincenario El Juguete Rabioso, que abiertamente pidieron la renuncia del ex presidente”, recuenta Rogelio Mayta. Sin embargo, la investigación de éste y otros crímenes no ha podido cumplirse a cabalidad para probar y deslindar responsabilidades. También hay varios delitos económicos en los que Mayta y otros abogados se afanan, con la ayuda de otros profesionales, para demostrar su importancia.

Mayta explica: “El Presupuesto General de la Nación el año pasado era de algo más de 40 mil millones de bolivianos. Por ley, en algún momento del año el gobierno debió presentar un presupuesto conocido como ‘reformulado’, en el que generalmente se aumentan los montos de dinero a ejercer, para que el Congreso Nacional lo aprobara. Pero no lo presentaron, elevando ilgealmente desde agosto el monto del presupuesto a 42 mil millones de bolivianos [al cambio actual, esto sería poco más de 5.243 mil millones de dólares]”. Este aumento, de alrededor de 1.800 millones de bolivianos, es aplicado fundamentalmente en los rubros de consultorías para el Estado y de “gastos reservados”, o sea, dinero fresco para utlizarlo sin dar explicaciones.

De acuerdo a las normas legales vigentes, el gobierno solamente puede hacer un incremento en el Presupuesto General de la Nación si demuestra primero que se cuenta con el capital para hacerlo y/o en estado de convulsión interna o de guerra (algo que obviamente no ocurría en agosto de 2003). De todos modos, el incremento de emergencia nunca puede exceder del 1 por ciento del total del presupuesto. Sánchez de Lozada “podría haberlo aumentado hasta en 400 millones de bolivianos, pero nunca en 1.800, como hizo”, recapitula Mayta. De acuerdo con esto, Rogelio Mayta y su equipo de abogados creen que ese dinero sirvió en octubre, entre otras cosas, para comprar armamento (básicamente munición y granadas de gas lacrimógeno), para sobornar a los mandos militares (varios testimonios dan cuenta de esto) y para “pagar” un bono extra a las autoridades y ministros que dejaron el gobierno.

“Por los servicios prestados”

El viernes 17 de octubre de 2003, unas horas antes de dejar el gobierno, Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros emiten un nuevo decreto, de número 27213, redactado en un lenguaje críptico-legal. “Con ese decreto”, clarifica Rogelio Mayta, “el gobierno se eximió de rendir cuentas sobre el uso de los gastos reservados”. Así, “legalmente” apoyado, el ex presidente y sus cómplices retiraron sin muchos problemas 13 millones de bolivianos (más de 1,5 millones de dólares) en efectivo de las arcas del Banco Central de Bolivia. “Para hacer esto existen reglas. Hay un subsistema de Tesorería y una ley que determina claramente qué hacer. Nadie puede ir al Banco Central y sacarse la plata sino lo hace mediante un requerimiento”, explica Mayta.

De todos modos, ese día por la mañana el presidente del Banco Central, Juan Antonio Morales, entregó el dinero a un personero del ex presidente que llegó con una carta. Al hacerlo, además de las normas, Morales obvió que estaba dando dinero de acuerdo a un presupuesto ilegal, sin aprobación. Y el encargado de supervisar estos asuntos dentro de la estructura del Estado, el ex viceministro del Tesoro Javier Cuevas, no apareció nunca en este trámite. El Comité Impulsor pretendía incluir a ambos en el proceso, pero Morales, que sigue presidiendo el Banco Central, negó siempre la ilegalidad de sus actos y hace pocos días recibió todo el apoyo del Presidente Carlos Mesa ante las acusaciones en su contra.

El caso de Javier Cuevas es para Rogelio Mayta todavía más delicado. Cuevas fue Ministro de Hacienda del actual gobierno durante aproximadamente un año. “Tuvo todo este tiempo para limpiar pruebas”, anota el abogado. De todos modos, ya un ex ministro de Sánchez de Lozada fue arrestado por el tema del dinero. Se trata de Yerko Kukoc del Carpio, que en los días de la insurrección era Ministro de Gobierno y, por tanto, estaba a cargo de la Policía Nacional. Kukoc fue arrestado hace un año con más de 2 millones de bolivianos en su poder, parte de los dineros sacados del Banco Central.

Sin embargo, el ex ministro consiguió librarse en parte de la condena y del arresto domiciliario al que lo habían sometido. Entre otras triquiñuelas legales, Kukoc consiguió un amparo constitucional contra su arresto, dictado por la Dra. Martha Rojas, magistrado del Tribunal Constitucional. Rojas es conocida en este país por haber sido la fiscal antinarcóticos que, bajo las órdenes de Carlos Sánchez Berzaín y durante el primer gobierno de Sánchez de Lozada, acusó falsamente a varios ministros de la Corte Suprema de la Nación de estar involucrados en el narcotráfico. “Muchos de los actuales funcionarios judiciales responden al cuoteo político, particularmente al MNR [Movimiento Nacionalista Revolucionario, partido de Sánchez de Lozada]”, dice Rogelio Mayta, “y sospechamos que es por ello que los procesos y los procedimientos sufren tantas trabas y están siempre en peligro de ser nulificados”.

Así las cosas, el laberinto del poder en Bolivia, políticos y funcionarios, hacen muy complejo que los familiares de los caídos, los heridos y los mutilados hagan valer el lema por el que se han lanzado a pedir un proceso contra sus masacradores: “Ni olvido ni perdón, justicia”. Desde su exilio dorado en Estados Unidos, el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada sigue teniendo mucho control sobre su partido, sobre funcionarios y sobre militares. El Congreso Nacional ha autorizado el enjuiciamiento para algunos de los involucrados, aunque solamente por el delito de genocidio; eso sin contar que varios de los acusados son también y todavía parlamentarios en ejercicio. La norma de referencia para el caso, la Ley 2445 (para enjuiciamiento de dignatarios de estado), tiene un buen número de vacíos legales para el procedimiento a seguir… sin embargo, la presión de los movimientos sociales, y algunos organismos como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, ha permitido que el juicio al ex presidente siga con vida como una demanda fundamental de la sociedad boliviana. “Si no fuera por eso, tendríamos las manos vacías, o atadas, que es peor”, concluye Mayta.

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