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El nuevo programa de fumigación de coca expulsa a campesinos colombianos de sus tierras

Locales ven supuestas operaciones “antidroga” en el Chocó como parte de una campaña que ya dura una década, por parte de las corporaciones y el gobierno, para desplazarlos


Por Sean Donahue
Especial para The Narco News Bulletin

23 de febrero 2004

Desde principios de enero, los pilotos de DynCorp, trabajando bajo contrato para el Departamento de Estado y bajo la supervisión de la Policía Nacional de Colombia, han esparcido glifosato sobre comunidades indígenas y afrocolombianas en las frágiles selvas del Chocó, en la costa pacífica de Colombia. Ostensiblemente, están trabajando para erradicar los cultivos de coca que han aparecido en la región en años recientes, ya que las fumigaciones al sur, en Putumayo, Guaviare y Nariño ha empujado al cultivo de coca a nuevas áreas, y la consiguiente destrucción de comunidades y economías locales ha forzado a más y más gente a caer en las bajezas de la economía de la cocaína. La lluvia forzó recientemente a un alto temporal de las fumigaciones, pero está planeado recomenzar cuando pare.


Una familia de desplazados en el Chocó, expulsada de sus tierras por los paramilitares.
Photo: Pablo Serrano D.R. 2005
Donde sea que las fumigaciones han tenido lugar en Colombia, han tenido un impacto devastador en la tierra y en la gente. El glifosato es un herbicida de “amplio espectro” –mata cualquier cosa con hojas. Esparcido desde aviones de fumigación se vuelve un arma indiscriminada, terminando con cultivos alimenticios y dañando severamente a la selva. Hay crecientes evidencias de que daña los microbios en lo suelos y promueve el crecimiento de hongos tóxicos. Su efecto persiste en el agua, donde puede envenenar peces, aves, anfibios y toda fauna. En los humanos causa erupciones, problemas respiratorios, náuseas y ceguera temporal. Una larga exposición a esto ha sido relacionadoa a linfomas no Hodking. Hay enorme evidencia no circunstancial que prueba que la fumigación ha sido utilizada como una estrategia para expulsar a la gente de su tierra, ambicionada por las petroleras en el sur de Colombia.

Los líderes locales ven a las fumigaciones como la última fase de una campaña de diez años para expulsar a los pueblos indígenas y afrocolombianos de sus tierras, para limpiar el camino a la minería, a las madereras, a proyectos hidroeléctricos y a la construcción de un canal seco que remplace al canal de Panamá. En una denuncia formal republicada por el grupo de derechos humanos CODHES y la filial colombiana de Amigos de la Tierra, miembros de la organización del Chocó Fundación Las Mojarras y del Consejo Comunitario Mayor de Condoto escribieron que:

“La aparición de cultivos ilícitos y su erradicación a través de fumigaciones con glifosato en el departamento del Chocó son una decisión política del Estado que se suma a la larga cadena de hechos que, en la coyuntura de los pasados once años desde 1996, están llevando a los pueblos negros e indígenas del Chocó a un genocidio total”.

Las fumigaciones son la culminación de un programa cuidadosamente orquestado de desplazamiento forzado –y por extensión de la erradicación de una cultura.

Quinientos años de genocidio y resistencia

Los africanos fueron llevados a Colombia para remplazar a los pueblos indígenas como esclavos en las minas de oro y en las plantaciones de azúcar desde principios del siglo XVI.

Comenzaron a resistirse a la esclavitud tan pronto como llegaron a este continente. Luis Alberto Murillo, el primer gobernador afrocolombiano del Chocó (ahora en el exilio en Estados Unidos) escribió en 2001:

“En la sociedad colombiana preabolicionista, los esclavos afrocolombianos pelearon por su libertad desde el principio de su llegada al país. Es claro que había fuertes y libres pueblos africanos llamados palenques, donde los africanos podían vivir como cimarrones –africanos que escaparon de sus opresores. Algunos historiadores ven al Chocó como un gran palenque con una gran población de cimarrones, especialmente en la zona del Río Baudo”.

Luego de la abolición de la esclavitud en 1851, muchos esclavos liberados dejaron la cultura que los había esclavizado para unirse a los palenques y formar nuevas comunidades en el Chocó. Ahí, forjaron una nueva cultura y consiguieron un cierto grado de libertad e independencia. Murillo escribe:

“El pueblo afrocolombiano fue forzado a vivir en áreas selváticas como un mecanismo de autoprotección. Ahí aprendimos a vivir en armonía con el ambiente selvático y a compartir el territorio con las comunidades indígenas de Colombia. Nuestras comunidades afrocolombianas desarrollaron sus propios patrones de vida, que son muy respetuosos del medioambiente y enfatizan valores sociales como la paz, la amistad y la solidaridad, más que la acumulación de dinero y de capital.

“Esta forma de vida afrocolombiana nos ha permitido conservar nuestra riqueza, nuestro ecosistema biológicamente diverso, hasta el día de hoy.

“Desde 1851, el Estado colombiano promovió la ideología del mestizaje. Esto significó la necesidad de mezclar africanos e indígenas con españoles blancos y sus descendientes. El propósito era desaparecer, o minimizar, los lazos históricos con África y la América precolombina. De hecho, el gobierno colombiano ignoró a propósito y rechazó a esta recién liberada población negra.

“La única manera en que los indígenas y los africanos pudieron mantener sus tradiciones culturales fue viviendo en zonas aisladas en la selva. Pero no fue fácil. La historia del pueblo negro en Colombia es la historia de una lucha por la libertad y por la tierra, y contra la discriminación y la invisibilidad”.

Los siglos XIX y XX están marcados por luchas contra grupos armados apoyados por rancheros ricos que querían quitarles la tierra y saquear las selvas del Chocó para cultivar café, plátanos y azúcar.

En 1991, la Constitución de Colombia garantizó a las comunidades indígenas y afrocolombianas los títulos colectivos sobre sus tierras. Más que marcar una victoria en la lucha por la tierra y por la libertad, la nueva ley trajo una ola de violencia a las comunidades que se atrevieron a conseguir sus derechos.

Una década de masacres

En 1993 el Congreso colombiano aprobó la Ley 70, que iniciaba en las comunidades negras el proceso por el reconocimiento y la titulación formal de sus tierras. Tres años más tarde, en 1996, la comunidad de Riosucio se convirtió en la primera de los antiguos pelnques en buscar reconocimiento por ley. Casi al mismo tiempo que Riosucio comenzó este proceso, los paramilitares atacaron y sacaron a casi todo el mundo de su tierra. Marino Córdoba Berrio, un líder comunitario de Riosucio que formó la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES) en Bogotá, y que vive ahora en el exilio en Estados Unidos, escribió en 2002:

“Las organizaciones comunitarias encuentran resistencia de aquellos que han estado explotando los recursos naturales de nuestra región, como el oro y la madera. Las comunidades demandaron titulación de tierras. Desde entonces hemos sufrido asesinatos y expulsión por parte de los grupos militares pagados por los intereses políticos y comerciales.

“Mi organización obtuvo los primeros títulos colectivos en esa región. Siete días más tarde, a las 5 am del 13 de diciembre de 1996, los grupos paramilitares llegaron a mi pueblo, Riosucio, queriendo matar a los líderes y a sus familias. Muchos fueron sacados de sus camas y paseados desnudos por las calles. Los que se resistieron fueron asesinados. Los gritos me despertaron. Corrí a buscar refugio en la ciénaga junto a muchos otros.

“A las 8 am helicópteros militares comenzaron a patrullar. Los paramilitares pidieron por radio a los pilotos que atacaran la ciénaga, afirmando que esa gente eran guerrilleros. El ejército nos atacó con bombas y rifles, matando a mucha gente. Los que sobrevivimos nos quedamos en el agua tres días hasta que el hambre y la desesperación nos forzaron a salir. Algunos de nosotros pasamos a escondidas por nuestro pueblo y llegamos a una comunidad rural del otro lado del río. Ahí me recuperé y luego volé a Bogotá...

“Dos meses después, en febrero de 1997, los paramilitares y el ejército atacaron las comunidades rurales de la región y masacraron a un número indeterminado de gente. Más de 20 mil personas dejaron el área. No quedó nadie. Hoy, algunos viven en Panamá, Ecuador y Venezuela, y muchos se encuentran en las grandes ciudades”.

Luego de una década de masacres, los afrocolomibianos son la mayoría de los dos millones de refugiados internos de Colombia. La violencia paramilitar los ha seguido a las villas afuera de Bogotá y de Medellín, donde los escuadrones de la muerte tratan de desaparecer a los sobrevivientes para prevenir que cuenten sus historias y que luchen por su derechos a regresar a sus hogares.

La economía política del genocidio

Los intereses del oro y madereros han jugado un papel tremendo en llevar la violencia al Chocó, pero también hay fuerzas económicas más grandes trabajando. Como escribió el economista Héctor Mondragón:

“El genocidio tiene de hecho un teórico. Un economista canadiense, Lauchla Currie, ha aconsejado a los últimos cinco presidentes en esta teoría, llamada ‘Desarrollo Económico Acelarado’. La teoría es que hay dos obstáculos para el desarrollo. El primero es el secuestro. El segundo es la población campesina. Para que Colombia se desarrolle, de acuerdo a esta teoría, la población campesina debe ser reducida dramáticamente. Hay dos maneras para lograrlo: jalar y empujar.

“El método de jalar es atraer a los campesinos a la ciudad con empleos. El programa de vivienda del primer Pastrana [padre del predecesor del Presidente Uribe, quien gobernó de 1970 a 74], por ejemplo, permitía a la gente conseguir casa con altos intereses de crédito. Muchos perdieron sus casas en la siguiente crisis bancaria. Los bancos tomaron alegremente las csas, y entonces sus sonrisas se esfumaron, porque tenían casas pero nadie podía comprarlas. Pero los bancos, a diferencia de los ciudadanos, son elegidos por el Estado para recibir ayuda y fianzas. El resultado, así, es que el desempleo está muy por encima del 20 por ciento, con un subempleo mucho mayor. Jalar no está funcionando.

“Lo que queda es empujar. Algo que conocemos”.

Las masacres son la forma más directa de empujar gente fuera de sus tierras. Pero hay una dimensión económica para empujar también. De acuerdo a Mondragón, el Presidente Uribe ha comenzado a introducir un tipo de contrarreforma agraria:

“Los subsidios que el recientemente desaparecido Instituto de Reforma Agraria –INCORA– solía dar a los campesinos son ahora manejados para ‘proyectos de generación de ingresos dentro de grandes sistemas de comercialización’. La tierra ‘abandonada’ por los campesinos puede darse a cualquier ‘productor”.

Estos “grandes sistemas de comercialización” entran dentro de acuerdos con campesinos que requieren los granjeros para plantar palma africana, y ponen su tierra como algo colateral para los préstamos que necesitan para entrar al negocio del aceite de palma. Los prestamistas internacionales han estado empujando incrementada producción de aceite de palma en todo el mundo, bajando los precios. Cuando los precios caen, los campesinos pierden sus tierras.

La tierra es la inversión real en la que están interesadas las ricas corporaciones colombianas y multinacionales. La ubicación geográfica del Chocó es aún más importante que sus recursos. El departamento tiene frontera con Panamá, y está en la mira de desarrolladores como un sitio para un sistema de canales húmedos y secos para remplazar al Canal de Panamá. También tiene un papel crucial en los planes de Uribe de construir un gasoducto a Panamá, y para construir una nueva red eléctrica que llevaría la electricidad de todo Colombia a los Estados Unidos.

Las compañías auríferas y las madereras saquearán primero los recursos de la tierra. Bio cazadores pueden peinar la selva buscando medicinas herbales que puedan sintetizar y patentar. Y cuando las selvas y la gente se hayan ido, el papel del Chocó como corredor ecológico conectando Centro y Sudamérica dará paso a su nuevo rol como corredor que permitirá desplazar gas y electricidad al norte mientras las mercancías se mueven del Atlántico al Pacífico.

Las masacres fueron la primera etapa para remover a la gente que se paraba en el camino del desarrollo. Las fumigaciones sirven para hambrear a la gente que permanece, al erradicar sus cultivos alimenticios y las plantas silvestres de las que dependen, junto a cualquier coca que crece ahora en el Chocó. El empuje está casi terminado.

Sean Donahue es poeta y periodista free lance radicado en el este de Massachusetts. Ha escrito ampliamente sobre la política estadounidense en Colombia. Graduado de la Escuela de Periodismo Auténtico de Narco News en 2004, también trabaja con el Proyecto sobre Corporaciones y Militarismo de Acción Global Massachusetts. Puede ser contactado en wrldhealer@yahoo.com.

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