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Narco News Issue #39
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Oaxaca en estado de represión

Tras la visita del Subcomandante Marco, el gobierno estatal y el PRI atacan comunidades que apoyan a “la otra campaña”


Por James Daria y Dul Santamaría
La brigada Ricardo Flores Magón, reportando para Narco News

10 de marzo 2006

Cuando el subcomandante Zapatista Marcos (“Delegado Zero”) y la Comisión Sexta visitaron el Estado de Oaxaca en febrero en el marco de la Otra Campaña, el propósito era el de escuchar a “la gente simple y humilde que lucha”. Lo que Marcos escucho fue un panorama de represión que el Estado ha vivido desde hace muchos años. Poco después de la visita, la gente de Oaxaca otra vez sufrió una ola de violenta represión política contra aquellos que dicen “ya basta” a las injusticias de los malos gobiernos. Sin embargo, ahora los adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona están empezando a organizarse para dar la batalla.

Individuos y organizaciones que conforman la otra campaña dieron una conferencia de prensa el lunes 6 de marzo del 2006. El propósito era informar sobre la ola de abusos a los derechos humanos y violencia política en su Estado y también promover sus actividades continuas contra la represión política y para la construcción de una campaña para liberar a los prisioneros políticos.

A continuación un resumen de tres de las injusticias que han sido cometidas contra personas de las comunidades que participaron de alguna manera en la Otra Campaña. Los hechos en San Blas Atempa quedan sin mencionar. Esta municipalidad autodeclarada autónoma y aliada de la Otra Campaña fue ocupada por cientos de policías estatales hace una semana en un hecho que cubierto ya en las páginas de Narco News.

SAN JUAN BOSCO CHUXNABAN – 19 de febrero, 2006

Los eventos de Chuxnaban han sido documentados por los periódicos locales. Mientras que los eventos capturados por los medios locales son fieles a los hechos, hay alegatos de desinformación en contra de los gobiernos municipal y estatal y de reporteros, por parte de miembros del gobierno local. El pueblo de San Juan Bosco Chuxnaban, una comunidad indígena mixe en la sierra del norte, esta dividido en dos bandos. Por un lado están los miembros locales del PRI y su cohorte, y del otro lado están los miembros de la comunidad que participan en la asamblea comunitaria y eligen a sus gobernantes por medio del proceso de “usos y costumbres”. El foco de esta lucha ha sido el control de la agencia de San Juan Bosco Chuxnaban. En México, se agrupa a varios pueblos en un solo municipio. Una agencia es un cuerpo más pequeño que gobierna en un solo pueblo y esta por debajo de un más grande gobierno municipal, en este caso del municipio de San Miguel Quetzaltepec.

El 19 de febrero a la una de la mañana, según documentos liberados por la agencia de San Juan Bosco Chuxnaban y un reporte publicado al día siguiente en el periódico local Noticias, la comunidad sufrió la invasión de más de 60 policías judiciales fuertemente armados. Bajo una pesada descarga de gas lacrimógeno y disparos, la comunidad se convirtió en una zona de guerra. La policía enmascarada disparó indiscriminadamente en toda la comunidad y perpetuo actos de violencia contra los ciudadanos.

Durante la operación tres líderes comunitarios fueron blancos específicos, arrestados y uno de ellos desaparecido. Lorenzo Canseco Hernández (ex funcionario en la agencia local) Anastacio Morales Vásquez (ex secretario del pueblo) y Pioquinto Vásquez Martines (actual tesorero de propiedades comunales) fueron arrestados, siendo algunos miembros de sus familias golpeados en el proceso. Filomeno Flores Sánchez no pudo ser localizado después del incidente y se presumió fue arrestado. Fue encontrado vivo un día después en un bosque cerca de la carretera con las manos esposadas detrás de la espalda.

El pretexto para tal violencia, según la oficina del Abogado General del estado, es el supuesto involucramiento de los detenidos en la violación de Cleotilde Álvarez y el homicidio del policía estatal Eleonides José Sánchez. Según documentos liberados por la agencia de Chuxnaban el 20 de febrero, el gobierno local niega “que nuestros compañeros ahora detenidos hayan cometido cualquier acto ilegal… Su único crimen fue el de haber servido y estar al servicio de la comunidad llevando a cabo… las normas y mandatos que nuestros ancestros nos han enseñado y que son la ley suprema para nosotros”.

Otro documento liberado el día anterior asegura: “Nosotros sabemos que detrás de estas acciones está la gente que quiere causar división y confrontación en nuestra comunidad…” y que “ésta gente… es inducida y apoyada por el gobierno y por el PRI.” El documento enlista a varios ciudadanos locales que están supuestamente afiliados al PRI y han ayudado a dividir a la comunidad. En otro documento liberado por la agencia, ellos acusan a ésta misma gente de cometer en el pasado varios actos ilegales que los ligan con la violencia política.

Un artículo que aparece en Noticias el 27 de febrero reclama que los detenidos son “líderes Zapatistas” y han usado sus pasados puestos gubernamentales para manipular a la comunidad. Este artículo fue escrito por Gabino Sánchez Vásquez, ex presidente municipal de San Miguel Quetzaltepec. Es éste artículo Sánchez retrata al grupo de supuestos partidarios del PRI como víctimas de los detenidos. Sin embargo, la agencia de Chuxnaban acusa a éste mismo Gabino Sánchez Vásquez de ser uno de los principales responsables de la división de la comunidad y de ser el cabecilla del apoyo del PRI en el área. Si los alegatos de la agencia son verdaderos, apuntan a una campaña de desprestigio de parte de Gabino Sánchez. Los detenidos han apoyado abiertamente a los Zapatistas y han enseñado a la comunidad sobre derechos humanos. Aunque no ha sido confirmado, fuentes dicen que las tres personan detenidas estaban presentes durante las sesiones plenarias de la Otra Campaña en Guelatao el 8 de febrero y que la represión es resultado de su participación en tal conferencia.

SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA – 26 de febrero, 2006-05-06

Según las Organizaciones Indígenas para los Derechos Humanos en Oaxaca, un funcionario del gobierno local de San Miguel Panixtlahuaca violó los derechos de uno de los ciudadanos del pueblo. Según un documento que el grupo ha puesto en circulación, la comunidad de San Miguel Panixtlahuaca, una comunidad Chatina en el distrito de Santa Catarina Juquila, ha estado enfrentando la agresión del abuso de poder de los políticos locales aliados al PRI. En respuesta a la organización constante de la comunidad en defensa de sus usos y costumbres y de sus recursos naturales, los agentes del gobierno municipal se han armado y han hecho amenazas de muerte contra miembros de la comunidad, contra miembros de la Comisión para las Propiedades Comunales, y contra las Organizaciones Indígenas por los Derechos Humanos en Oaxaca. (Estas últimas participaron en la Otra Campaña y también forman parte de la Promotora Oaxaqueña de Unidad Nacional contra el Neoliberalismo).

Según los detalles liberados por dicha organización, el domingo 26 de febrero, el Comisionado para los Deportes en el pueblo, Elías Cuevas Soriano, tuvo una discusión con el ciudadano Enrique Ruiz García. Cuevas Soriano le pregunto a Ruiz García porque el yerno de éste, Modesto Mendoza Mendoza, el segundo de abordo del presidente municipal, no ha participado en el gobierno local. Ruiz García respondió que su yerno había sido electo por usos y costumbres y se niega a trabajar en el gobierno local ahora que esta bajo el control de los miembros del PRI. Elías Cuevas Soriano reaccionó al comentario violentamente atacando y pateando al hombre de 60 años. Enrique García Ruiz sufrió costillas rotas y otras lesiones y fue atendido en un hospital en la ciudad de Oaxaca. Autoridades locales y estatales se han negado a investigar el caso.

El documento liberado por la Organizaciones Indígenas para los Derechos Humanos en Oaxaca culpa de estas acciones a miembros del gobierno municipal y estatal. “Estas violaciones tienen como meta eliminar la organización comunitaria y provocar violencia en dicha comunidad para crear un clima de ansiedad y de esta manera tener pretextos para seguir reprimiendo a la población, que no está dispuesta a vender sus derechos al mejor postor.”

SANTIAGO CUIXTLA – 4 de marzo, 2006

De acuerdo a esta misma conferencia de adherentes a la Otra Campaña en Oaxaca, actos violentos fueron cometidos por miembros del gobierno local en la región costeña de Chatina, Oaxaca. Un documento liberado a los medios el 4 de marzo por la Promotora Oaxaqueña por la Unidad Nacional contra el Neoliberalismo asegura que ese mismo día en Chatina, en la comunidad indígena de de Santiago Cuixtla del municipio de Santos Reyes Nopala, agentes del gobierno y la policía dispararon sobre una asamblea de la comunidad. La asamblea había sido convocada porque el día anterior el presidente municipal de Nopala había empezado a excavar arena y grava del río perteneciente a Santiago Cuixtla sin la autorización del comisionado de propiedades comunales.

En este pueblo hay dos gobiernos diferentes – uno electo por la comunidad a través de usos y costumbres – y otro impuesto por el gobierno municipal PRIista de Nopala. La asamblea comunitaria es el cuerpo gobernante electo por el pueblo y había sido llamada para discutir la explotación de sus recursos naturales. Mientras la asamblea comunitaria estaba en sesión, el alcalde PRIista de Santos Reyes Nopala, Fredy Gil Pineda Gopar, los funcionarios municipales Julián Díaz y Miguel Villanueva, el alcalde de Santiago Cuixtla impuesto por el PRI contra las decisiones de la asamblea comunitaria, Filiberto Hernández Romero, y miembros de la policía dispararon sobre la asamblea comunitaria con armas de alta potencia. De acuerdo al documento mencionado, el presidente municipal, Fredy Gil Pineda Gopar lidereó la acción y disparó personalmente sobre la asamblea. Jesús Carmona Mijangos y Marino Cruz Canseco fueron gravemente heridos. Siete más fueron detenidos y una persona, Tomás Ruiz Carmona, sigue desparecido. Ruiz Carmona fue electo alcalde de Santiago Cuixtla por la asamblea comunitaria. Uno de los heridos y todos los detenidos son miembros del Frente Popular Revolucionario y de las Organizaciones Indígenas por los Derechos Humanos en Oaxaca, ambas organizaciones parte importante de la Otra Campaña en Oaxaca. El edificio que alberga las oficinas de la agencia fueron entonces ocupadas por las autoridades ilegítimas de Santiago Cuixtla y sus violentas cohortes de Santos Reyes Nopala. Las autoridades de la agencia electas por el pueblo fueron expulsados y las oficinas siguen ocupadas por agentes del PRI.

“La lucha sigue…”

El estado de represión bajo el cuál la gente de Oaxaca está sufriendo está ampliamente conectado con el autoritarismo continuo del PRL. Conforme las elecciones se acercan, los caciques locales están trabajando arduamente para asegurar el poderío del PRI en sus regiones y terminar con cualquier oposición. Una pujante fuerza de oposición es la Otra Campaña. Si bien que el gobierno no reprimió las actividades públicas de la Otra Campaña mientras que Marcos estuvo aquí, parece que el régimen está trabajando contra las bases sociales de la alternativa que la Otra Campaña representa.

Una fuerza persistente para el cambio social en Oaxaca ha sido la Promotora Oaxaqueña por la Unidad Nacional contra el Neoliberalismo, frecuentemente llamada simplemente “la promotora”, cuyos miembros también ayudan a conformar la Otra Campaña. El 8 de marzo, en el marco del día Internacional de la Mujer, ésta organización tuvo dos marchas que fueron reprimidas violentamente por la policía. En la capital del estado, una marcha pacífica de mujeres que exigían la liberación de prisioneros políticos y el cese de la represión política trató de entrar a la plaza pública. La marcha fue detenida por más de 200 policías antimotines. Las mujeres rodearon la plaza varias veces tratando de ejercer su derecho de expresión. No tuvieron éxito y se encadenaron a las barricadas de metal que les impedían la entrada. Le ofrecieron flores a los policías y ante su negativa, las aventaron a sus pies. En otra marcha en Puerto Escondido, la promotora bloqueó una carretera tratando de sellar el acceso al aeropuerto para llamar a las autoridades estatales al diálogo para resolver los problemas en las dos comunidades de Chatina (descritas arriba) y para la liberación de los presos políticos detenidos en el incidente. Los manifestantes fueron recibidos con gas lacrimógeno, golpizas y arrestos por parte de la policía que intentaba romper la demostración.

Las fuerzas sociales de la Otra Campaña y la presencia continua de la Promotora han dado ímpetu a una lucha que sigue. La Otra Campaña ha expresado su compromiso de construir un movimiento estatal y nacional para la liberación de los presos políticos, misma que empezará el 15 de marzo, día internacional contra la brutalidad policíaca. La promotora ha convocado a una lucha a través de todo el estado empezando el 20 de marzo.

Sea cual sea la organización, los ciudadanos de Oaxaca han demostrado su solidaridad con la gente y con la comunidades que sufren esta violencia, y se han unido para exigir al gobernados Ulises Ruiz que cese la represión contra la gente marginada. Estas personas ahora tienen la esperanza de una vida justa y digna. Su único crimen es el de manifestar su oposición y sus exigencias para clamar sus derechos individuales y colectivos, no sólo en Oaxaca sino en todo México y el mundo también.

Traducción: Lucia Benavides

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