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Y el Ganador de la Elección Legislativa del Estado de Oaxaca es… el Abstencionismo

Los Votantes Declaran “una maldición a las Dos Casas”


Por Nancy Davies
Comentario desde Oaxaca

15 de agosto 2007

6 de Agosto. Más del setenta por ciento de los votantes registrados en Oaxaca no votaron en las elecciones estatales del domingo 5 de agosto. Aproximadamente dos millones y medio de votantes eran elegibles para seleccionar a los 42 diputados que representan los 25 distritos electorales, según un sistema que emplea selección directa y proporcional.

En un repudio popular general hacia todos los candidatos de todos los partidos, los 25 distritos fueron “ganados” por el PRI, gracias a menos del 30% de los posibles votantes.

El nivel récord de abstencionismo indica que el llamado hecho por la APPO al “voto del castigo” no fue suficiente para superar al sentimiento popular de que el sistema electoral no funciona y es irrelevante para las vidas de los Oaxaqueños.

Mientras que algunos piensan que la “democracia” consiste en la libertad para escoger entre Hillary Clinton y Barack Obama, seguida de la libertad para escoger entre Demócrata o Republicano, la gente de Oaxaca sabe que para ellos, los partidos políticos no representan opción alguna. Casi universalmente desprecian la corrupción de partidos y a los delegados controlados por el dinero.

Para la mayoría de los oaxaqueños, la “democracia” debe de ser participativa, sin líderes, y basada en asambleas locales. Mientras que las asambleas locales están de hecho proliferando desde el inicio del Movimiento Popular en 2006, el sistema permanece encerrado dentro de la vieja corrupción partidista. En México el rompimiento de un partido establecido hacia otro de oposición es muy reciente. En 1989 Ernesto Rufo Appel fue el primer gobernador de oposición electo, en el Estado de Baja California, siendo parte del partido PAN. Dos años después, su futuro sucesor en el gobierno de Baja California, Héctor Terán Terán, se convirtió en el primer senador del PAN. Para la presidencia, un candidato alterno no fue electo sino hasta el año 2000. El tercer partido, el PRD, gano la jefatura del gobierno de la Ciudad de México solamente en la última década.

La corrupción interna se propagó de partido a partido, en una lucha de poder que eliminó a la gente de la posición de jugadores.

En Oaxaca, la gubernatura y el control del Estado ha estado en manos del PRI por casi ocho años. El control de todos los poderes – legislativo, judicial y ejecutivo – en Oaxaca ha sido dominado siempre por el gobernador. Pero éste no puede proclamar que tuvo mandato popular en 2007.

El domingo, día de elecciones, la ciudad se veía tranquila. En el pequeño preescolar, la calle estaba alineada de coches que traían votantes. Eso era un signo de alarma. Uno sólo tiene que preguntar, ¿quién tiene un coche? Una amiga me dijo que en su colonia, cuando fue a votar, la casilla estaba vacía. Su familia apenas acaba de construir una cocina en su casa, pero todavía se baña con cubetas. No tienen coche.

Yo llegué al zócalo a tiempo para escuchar a Florentino López, el portavoz de la APPO, anunciando al mitin que la APPO, incluyendo a la sección 22, se retiraría de su plantón en la plaza. Para el anochecer se podía ver que las tiendas estaban siendo desarmadas. El zócalo ha estado lleno de vendedores y ruido; ¿se quedarán o se irán? López anunció los planes para la marcha próxima, el 10 de agosto. Dijo que además se estaban haciendo otros planes. Yo supuse que, sin saber los resultados de la elección del domingo, no se podían hacer planes más allá de regresar a los maestros a sus pueblos a prepararse para las elecciones de presidente municipal del 7 de octubre. Las asambleas de la sección 22 y la APPO se llevarán a cabo la semana próxima.

Alcaldes y presidentes municipales serán electos el 7 de octubre para las 570 poblaciones del estado. De estos, 418 se gobiernas a sí mismos por usos y costumbres y 152 por partidos políticos. En los municipios donde las autoridades han sido electas por el sistema de usos y costumbres, las asambleas comunales para nombrar autoridades pueden tomarse hasta final de de año.

Las elecciones para legisladores estatales del 5 de agosto se efectuaron bajo una gran inestabilidad política. Aún antes del conteo, llegaron noticias de que gente del pueblo de La Ventosa en el Istmo de Tehuantepec habían incendiado urnas y casillas durante un enfrentamiento entre facciones del PRI y PRD. La Ventosa es uno de los pueblos en conflicto sobre la instalación de generadores eólicos en tierras comunales. Hasta que punto se realizaron prácticas ilegales por parte del gobierno el 5 de agosto no sabemos aún: una primera queja fue recibida de la Sierra Norte. Las irregularidades aparentemente tienen que ver con la falta de casillas para votar, pero esos problemas, hasta este momento, parecen ser pocos, afectando solamente alrededor de mil votantes. Quizá ya no importa.

La crisis social que explotó en el estado a mediados del año pasado continua; a los asesinados se les llora; a los desaparecidos se les busca; cuatro de los encarcelados no han sido libertados. La economía ha caído hasta el infierno, han cerrado restaurantes, y con escasísimos turistas Estadounidenses, los vendedores ganan muy poco. Uno podría ponerse a especular sobre las consecuencias de perder la fe en el sistema electoral.

Mas aún, 188 escuelas públicas han sido tomadas durante el conflicto político entre padres de familia y autoridad municipales instigadas por y simpatizantes del PRI, o específicamente, por maestros del Comité Central de Lucha (CCL), el ala disidente de la sección 22 del SNTE. Muchas de estas escuelas no han sido regresadas a maestros y padres, sin que el gobierno halla ofrecido resolución alguna a pesar de las supuestas negociaciones.

Otra confrontación está sucediendo en varios municipios donde los Alcaldes Populares han tomado posesión: las autoridades municipales fueron desconocidas y nuevas autoridades fueron nombradas por el pueblo. Este es el caso de San Antonino Castillo Velasco, Santa María Atzompa, Villa de Zaachila (ver los camiones de basura con propaganda), San Juan Lalana, y otros. “Deudas saldándose” para simpatizantes de la APPO y simpatizantes del PRI podrían mostrarse en las elecciones de Octubre.

Mientras tanto la movilización social se ha extendido. Tras el asalto del gobernador sobre los manifestantes de la Guelaguetza popular, otra vez los sentimientos se acaloran. El zócalo ha sido adornado con veintiún cruces de madera, cada una con el nombre de un héroe caído en la lucha. Las demandas diarias, tanto locales como de otras partes, como las de Amnistía Internacional, para liberar a los presos políticos y respetar los derecho humanos son ignoradas, tal como la demanda de que el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, se vaya. El sistema no funciona.

Si todo esto no fuera suficiente, la actual elección fue formada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quién examinó la Reforma Electoral aprobada por el Congreso de Oaxaca en el mes de septiembre del 2006. Esta Reforma Electoral, aprobada de alguna manera mientras no había ningún tipo de verdadera gobernabilidad en el climax de la crisis, redujo los tiempos de campaña, retiró la facultad del Congreso de calificar las elecciones, recortó las prerrogativas de los partidos políticos, y, escandalosamente, alargó por un año los periodos de diputados y presidente municipales, atrasando las elecciones hasta el 2008. Esta última parte fue lo que la Suprema Corte descartó. Los candidatos independientes nunca han sido válidos, porque un candidato requiere la certificación de un partido político, sin importar cuantos votos reciba. Estas son las condiciones políticas bajo las cuáles el proceso electoral en Oaxaca procedió.

Mientras tanto, las prácticas de compro y compulsión de votos continúan. En las elecciones federales del 2006, la organización civil EDUCA y el Foro Ciudadano de Oaxaca documentaron en conjunto las siguientes prácticas de comprar y persuadir votos, y uno podría suponer que continuaron el 5 de Agosto:

  • Guardar materiales y abasto en bodegas oficiales, repartir herramientas y útiles, pedir credenciales para votar, pagos por asistir a reuniones de campaña, y promesas de servicios públicos o programas sociales. Supuestamente diez mil concesiones irregulares para taxi fueron vendidas a cambio de votos.
  • Uso de Programas Sociales Estatales para apoyar las candidaturas, tales como el Programa Piso Firme, Unidades Móviles para el Desarrollo, Módulos para la Maquinaria y Alfabetización para Adultos.
  • Los medios públicos de información, especialmente la Corporación de Radio y Televisión de Oaxaca, utilizaron tiempo aire público para promover trabajos públicos y repartir recursos gubernamentales como si fueran parte de la campaña.
  • Canalización de recursos públicos a través de ayuntamientos, intimidación contra presidentes municipales de la Sierra Norte, Sierra Sur e Istmo, quienes fueron informados que si el PRI no ganaba estas cabeceras municipales, no recibirían más recursos o serían auditados.
  • Trabajo obligatorio, especialmente en oficinas gubernamentales, bajo la estructura de cadenas de asistencia. Obligar a los empleados a llenar listas con nombres de los votantes y los números de sus credenciales para votar, como su estuvieran obligados a aportar votos para el PRI.
  • Interferencia por parte del Gobernador Ulises Ruiz Ortiz para efectuar el Acuerdo de Neutralidad Política, promulgado por el Instituto Federal Electoral. Además de hacer declaraciones públicas par minimizar el acuerdo, viajó por el estado haciendo proselitismo político-electoral, repartiendo ayuda social y llamando a la gente a votar por los candidatos del PRI. Periódicos como Noticias han publicado diariamente durante el último mes artículos pagados señalando los buenos trabajos del gobernador y del PRI. Supongo que a nadie convencieron.

Oaxaca es un estado clave. La necesidad de cambios institucionales yreformas profundas aún impera. La sociedad civil y la APPO apuntan hacia extender la educación cívica y la participación ciudadana. Las metas declaradas son garantizar la equidad económica, racial y de género, establecer control popular horizontal, hacer transparente el uso de recursos públicos, y encontrar fondos para programas sociales. Con la mayoría de la población situada fuera del sistema legal electoral, a Oaxaca le falta un largo camino por recorrer.

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