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Activistas pro-zapatistas se encuentran entre los detenidos durante olas de arrestos en Nueva Zelanda

Amparándose en la nueva ley anti-terrorista, la policía detiene activistas indígenas y a sus simpatizantes en todo el país


Por Julie Webb-Pullman
Especial para The Narco News Bulletin

18 de octubre 2007

Wellington, Nueva Zelandia: Doscientas personas protestaron hoy, en las afueras del Juzgado del Distrito de Wellington en Nueva Zelanda, contra la detención de 4 ciudadanos de Wellington, amparada bajo la nueva Ley para Suprimir el Terrorismo. Dos activistas del Comité de Wellington de Solidaridad Zapatista se encuentren entre los supuestos “terroristas.” Ambos han apoyado activamente en Oaxaca y Chiapas, durante el último año, las luchas en México y la recaudación de fondos para servicios de salud en comunidades zapatistas.


Foto D.R. 2007 Julie Webb-Pullman
En el juzgado, los cuatro ciudadanos detenidos fueron puestos bajo custodia policial, sin que se permita dar a conocer públicamente sus nombres hasta viernes, cuando el juez recibirá una solicitud de amparo y también decidirá si el juicio será en Auckland – a mil kilómetros de distancia de Wellington – junto con detenidos de otras partes del país.

Mas de 300 policías, muchos de ellos armados, actuaron sorpresivamente en varias ciudades neozelandesas. Detuvieron a 17 personas, entre ellas indígenas, que son activistas frentes a temas relacionados con el medio ambiente, la paz o asuntos indígenas. Todos están acusados, bajo la Ley de Armas, de diversos cargos relacionados con la posesión de armamento y municiones. Además, otros cargos podrían ser incluidos en el futuro. La policía todavía busca alrededor de 60 personas más, y el martes más activistas en la ciudad de Auckland fueron llamados a interrogatorios.

Sin embargo, en la ciudad de Christchurch, la policía no lo tenía tan fácil. Frances Mountier, vocera de la Coalición para Salvar a Happy Valley (una organización que está luchando contra una propuesta para construir una mina de carbón a cielo abierto en la costa occidental del país), no permitió la entrada de la policía a su establecimiento, porque no tenía una orden judicial.

En la ciudad de Ruatoki las mujeres no tenían la misma suerte. Informaron que policías armados derribaron la puerta de una casa y llevaron a los niños a cuartos separados. A una anciana la encañonaron con una pistola, mientras que otra fue obligada a permanecer retenida en su garaje durante seis horas mientras la policía allanaba su propiedad.

Al mismo tiempo, en Wellington, diferentes delegados asistieron a la Conferencia Anual de la Industria de Armamentos de Defensa de Nueva Zelandia, patrocinada el año pasado por L3 Communications (la sexta empresa más grande de armamentos en Estados Unidos que suministra comunicaciones, entre muchos otros artefactos de guerra). Otra empresas que participaron fueron Serco, involucrada en la producción de armas nuclear; Safe Air Ltd, que forma parte activa del comercio de aviones de guerra para Indonesia, y KBR – antes una compañía subsidiaria de Halliburton, empresa que brinda apoyo logístico al ejército estadounidense en Irak y opera el campamento de concentración estadounidense de Guantánamo en Cuba. Todos estos delegados disfrutaron el lujo del exclusivo Hotel Duxton, sin preocuparse por ser blanco de alguna orden judicial.

Esta criminalización descarada de los movimientos sociales en Nueva Zelandia ha estremecido la comunidad, porque el país siempre había ocupado uno de los primeros lugares del mundo en materia del cumplimiento de los derechos indígenas y los derechos humanos en general ( un puesto que francamente no es tan difícil de alcanzar, cuando es tan notable el incumplimiento generalizado con respecto a estas áreas a nivel global), y también por su activismo anti-nuclear.

El diputado parlamentario de la etnia Maori, Te Ururoa Flavell, dijo que una pequeña comunidad en su distrito electoral fue “asediada” por la policía. “Las familias Maori en mi distrito electoral se sienten hostigadas indebidamente por el número de ordenes judiciales emitidas y por la intimidación que han experimentado”.

El presidente del Partido Alianza, Victor Billot, dice que será necesario resolver muy rápido la confusión y los secretos relacionados con el uso del poder del Estado, sin precedentes en el contexto político de Nueva Zelanda. “La naturaleza exacta y detallada de las supuestas amenazas a la seguridad pública tienen que ser publicadas inmediatamente y no de una manera selectiva; la escala y programación de las operaciones y el uso de las relaciones públicas policiales para crear un sentido de peligro inminente, tienen que ser investigadas. Además, el aumento extremo de las detenciones y allanamientos que se han llevado a cabo, debe ser justificado”.

El grupo Paz y Justicia Global de Auckland, denunció las acusaciones policiales de terrorismo en las zonas Urewera. Las describieron como fabricadas para crear un ambiente político que favorece la aprobación de otra ley anti-terrorista que pronto se someterá a voto en el parlamento nacional.

David Small, vocero del grupo ARENA y académico de la Universidad de Canterbury – quien ganó un caso judicial contra la policía de Nueva Zelandia en 1996, cuando allanaron su casa durante la conferencia de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) -, caracterizó las operaciones policiales contra activistas sociales como “draconianas y probablemente ilegales”. Comentó que aparentemente la policía no han aprendido nada del juicio del magistrado Young en su caso, quien la condenó por no haber distinguido entre actividad política y actividad criminal.

El lunes, el Dr. Small comentó: “Las sociedades democráticas necesitan debate libre y abierto. Y los grupos que surgen de este tipo de actividad crítica necesitan la ley para proteger sus derechos a hacerla respetar. Las operaciones policiales de hoy tienen el efecto opuesto y se han diseñado claramente para callar aquellas voces de crítica.”

El director Nacional del Servicio Cristiano Mundial, Jonathan Fletcher, se indignó cuando supo que la policía estaba llevando a cabo operaciones a la madrugada en hogares en todo el país. “La policía en Nueva Zelandia ha sobrepasado sus limites. Están fomentado miedo en nuestras comunidades, encendiendo las llamas del racismo en contra de los Maori, y promoviendo la desconfianza en activistas legítimos”.

Cuando la Ley para Suprimir el Terrorismo se aprobó, líderes Maori dijeron que sólo era cuestión de tiempo para que empezara a ser usada contra ellos. El pasado lunes probaron que tenían razón.

Se esperan más protestas en todo el país, en cuanto los acusados aparezcan en los juzgados.

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