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Ironías Colombianas: Andrés Gil, preso político, no puede asistir a un Foro Internacional sobre Derechos Humanos

El gobierno continúa agrediendo jurídicamente a una importante Organización Social Campesina


Por Dan Feder
Especial para The Narco News Bulletin

20 de noviembre 2007

Cuando la Comisión Europea invitó la semana pasada al reconocido luchador social, Andrés Gil, a un foro anual sobre derechos humanos en Lisboa, la persona encargada de hacer esta gestión era aparentemente una de las pocas que no se había enterado de lo sucedido: Gil no va asistir a eventos como este durante un largo tiempo. Desde principios de octubre ha permanecido preso en la Cárcel Modelo de Bucaramanga, al noroeste de Colombia. Gil y otros dos líderes de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (junto con otro miembro de esa organización) fueron detenidos por el Ejército durante una redada organizada por el Departamento Administrativo de Seguridad (la Policía secreta colombiana), en un pequeña vereda donde sostenían una reunión con miembros de la comunidad, así como en la Oficina de la Asociación con sede en la ciudad de Barrancabermeja (Ver reportaje al respecto aquí).


Andrés Gil
Foto: D.R. 2007 International Peace Observatory (IPO)
La Asociación es una de las más influyentes organizaciones campesinas de Colombia, que ha trabajado durante los últimos 11 años en la conflictiva región del Magdalena Medio. Forma parte de un movimiento social y nacional campesino que lucha por la defensa de la tierra y por mejores oportunidades para la población rural pobre. La ACVC ha reportado violaciones de derechos humanos cometidos por integrantes del Ejército Colombiano, entre las que se encuentran asesinatos de campesinos. También se opone abiertamente a las fumigaciones tóxicas de cultivos ilícitos que forman parte de las políticas antidrogas impuestas por el gobierno de Estados Unidos, y que destruyen tanto a los cultivos de pancoger, como al medio ambiente en general.

Lo irónico del hecho de que Gil hubiera recibido una invitación para asistir a un foro de derechos humanos, mientras se encontraba en prisión- en un contexto donde los más importantes defensores de derechos humanos en Colombia están siendo encerrados o forzados de diferentes maneras a suspender su trabajo, más rápido de lo que las organizaciones internacionales pueden hacer seguimiento a estos atropellos – ha llamado la atención de diversos sectores y, sobre todo, de él mismo.

En una entrevista telefónica desde la Cárcel Modelo, Gil dijo que se sentía extremadamente frustrado debido a que no podía asistir al evento. “Son muchas las cosas que la Asociación tiene que decir. Son muchas las cosas que tenemos que denunciar. Es mucha la información y los hechos que tenemos que dejar claros a todos los participantes de este importante foro de derechos humanos de Lisboa. Es un espacio, a nuestra forma de ver, muy político, muy importante el que genera. Justamente el Estado colombiano quiere que las voces de los excluidos, de los marginalizados, de los perseguidos no tengan espacio, posibilidades de escucharse en escenarios de ese tipo.”

Otro miembro de la ACVC, igualmente buscado por el sistema de justicia colombiano, también habló recientemente con Narco News. En sus testimonios se muestra a un gobierno incapaz de asumir los cuestionamientos provenientes de la sociedad civil, de otra manera que no sea encerrando arbitrariamente a líderes sociales. Mientras los aliados del Presidente Uribe en la Administración Bush han gastado los últimos meses en hablar maravillas sobre el mejoramiento de la seguridad – en un último y desesperado intento por conseguir este año la firma del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos – activistas de la oposición en todo el país se han quejado de que el hostigamiento del gobierno a sus labores se incrementó dramáticamente durante la actual administración.

El Noveno Foro de ONG’s sobre Derechos Humanos, organizado por la Unión Europea, está programado del 6 al 7 de Diciembre en Lisboa. La Comisión envió a Gil su invitación el 8 de noviembre, más de un mes después de su detención, que tuvo lugar el 29 de septiembre.

Gil describió su arresto hablando a través del teléfono celular de un compañero de prisión. Explicó que él – junto con Oscar Duque, fundador de la ACVC, y Evaristo Mena, miembro de la organización – se encontraba ese día en la vereda El Cagüí hablando con la comunidad sobre un nuevo proyecto (la “Mesa de Trabajo por La Vida y la Dignidad”), que la Asociación estaba organizando para identificar los problemas más urgentes que enfrentan el Valle del Río Cimitarra y el Magdalena Medio (una extensa región en medio del Río Magdalena, el más grande de Colombia, que nace en lo más alto de los Andes para luego desembocar en el Mar Caribe). Todos ellos estaban conversando con un amplio grupo de campesinos acerca de la defensa de su territorio y de una de las principales exigencias de la organización: la creación de una Zona de Reserva Campesina (ZRC) – una área de agricultura rural -, donde el estilo de vida de sus habitantes sería protegido de los diversos intereses que buscan apoderarse o explotar su territorio. (El gobierno inicialmente aprobó la creación de la ZRC, pero ha estado dilatando el proceso por años. Ahora es cuando realmente se está llevando a cabo).

“Estábamos desarrollando entonces la reunión en la vereda,” afirma Gil, “…cuando agentes del DAS y el Ejército Nacional hicieron una redada, rodearon ese caserío donde estábamos, nos pidieron la documentación de todos los asistentes, y procedieron una orden de captura en nuestra contra… En esa medida, la comunidad ejerce una protesta… se presentó un roce fuerte con estos agentes del estado, y hubo disparos contra la gente que se opuso a esta agresión.”

Las balas provenían de disparos de advertencia, por lo que nadie resultó herido durante la redada.

“No deja de ser primero sorprendente que se haga todo un despliegue militar donde se estaba desarrollado la presencia de más de 100 efectivos del Ejército Nacional. Estaban distribuidos en dos corvettes de la Armada Nacional, y en seis Pirañas, que son unas embarcaciones de guerra, del Ejército, que están diseñadas justamente para desarrollar operaciones de persecución, de combate y todas las necesidades tácticas que tiene la Fuerza Armada. Y nosotros justamente todos estos días estábamos haciendo presencia pública en la oficina de Barrancabermeja, donde inclusive teníamos unas medidas de protección estatal. Entonces no entendemos por qué teniendo una presencia pública, haciendo reuniones con el gobierno de forma permanente, desarrollaron esta último operación muy agresiva, con todo este despliegue militar, pues aunque no ha habido agresión física sí hay una agresión muy fuerte, una desproporción de la fuerza, y de presiones psicológicas sobre nosotros y sobre la comunidad.”

Los fiscales colombianos, de hecho, no tienen armadas aún pruebas concretas contra los líderes de la ACVC. Según Yenly Angélica Méndez, abogada de Gil y miembro de la organización de derechos humanos “Humanidad Vigente, un juez decidió el mes pasado que los cuatro detenidos no pueden estar fuera de la cárcel mientras esperan el juicio. Cosa que podría tardarse seis meses o más, mientras los fiscales continúan recolectando evidencias para argumentar los cargos de rebelión y colaboración con un grupo armado insurgente que se les imputan. Incluso si se les declara inocentes, podrían permanecer dos años en la cárcel, fácilmente, mientras su caso se resuelve.

Y muchos otros campesinos, líderes y activistas comunitarios están en la mira del gobierno. Después de la redada, la Fiscalía dijo a la prensa que habían 18 órdenes judiciales más, así como que podría haber más redadas y arrestos.

Una vieja trampa de la guerra contra las drogas

César Jerez es otro miembro de la junta directiva de la ACVC y también es fundador de la Agencia Prensa Rural, la cual sirve como medio de comunicación a varias organizaciones campesinas. Jerez, actualmente, vive la mayor parte del tiempo en Barcelona, donde busca respaldo europeo para la ACVC. Recientemente se enteró de que también había una orden de captura en su contra, por lo que tenía que actuar de manera muy cuidadosa la última vez que visitó Bogotá.

Jerez explicó que tanto él como los líderes de la ACVC que se encontraban en la cárcel pudieron ver copias de sus expedientes y se habían dado cuenta de que el gobierno estaba recolectando evidencias en su contra desde el 2002. Los expedientes incluían datos suministrados por al menos 18 informantes, que acusan a la organización de usar recursos provenientes de cooperación internacional para suministrar dinero y equipos a la guerrilla insurgente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como de estar implicada en el tráfico de cocaína.

La ACVC asegura que los informantes están mintiendo y que además el Ejército les paga por eso. Afirman que entre los expedientes del caso han visto anotaciones de fiscales, donde se menciona que varios de los “informantes” del Ejército tenían hojas de papel en sus bolsillos a las que acudían cuando estaban dando declaraciones, pues no podían recordar los nombres de las personas contra quienes supuestamente atestiguaban.

“Se pretende hacer ver que el dinero que nosotros gestionamos de la cooperación internacional es un dinero para la guerrilla. Los informantes son muy reiterativos en decir que esos proyectos que nosotros con mucho esfuerzo hemos logrado implementar allí son proyectos que administra, que gestiona la guerrilla directamente. Entonces aquí en este tema la gravedad no es que solamente hay un ataque contra la Asociación. Es un ataque contra el mismo modelo de cooperación internacional. Porque los informantes incluso llegan a decir que el Programa de Desarrollo y Paz, y su director, saben de eso, de que hay un supuesto caso de testaferrato, en favor de la guerrilla, a través de los procesos de cooperación. Están haciendo una acusación indirecta contra el programa, que es la institución que media la mayor parte de los recursos de cooperación en el Magdalena Medio.”

Jerez dice que en los últimos diez años la ACVC ha recibido cerca de un millón de dólares para desarrollar sus proyectos, pero que hay una estricta vigilancia en el uso de aquellos fondos y que mucha gente ha visto a la Asociación usándolos netamente en proyectos comunitarios. Otra de las acusaciones de los informantes rozan con lo ridículo: uno de ellos afirma que la Cruz Roja estaba usando las misiones médicas dentro de las zonas de conflicto en Colombia para llevar armas a las FARC.

“Nosotros siempre hemos tenido claro que para luchar por la defensa y la vigencia de los derechos humanos y tratar de llevar a cabo procesos de desarrollo regional en medio de la guerra, es imprescindible interlocutar con las partes,” dice Jerez. “Nosotros siempre hemos dicho que hemos interlocutado tanto con el Estado Colombiano como con las guerrillas que hacen presencia en la zona. ¿Por que es necesario? Porque la guerra tiene un nivel de afectación muy grave sobre la población civil. Las guerrillas en esa zona son un referente de poder, de control, y muchas veces incluso de administración del territorio. Entonces pretender decir que nosotros no hemos interlocutado sería una falsedad.”

Según Jerez, aun más grave, quizás, sería que las acusaciones sobre participación y beneficios de las ganancias del tráfico de cocaína – producida en las áreas de influencia de la ACVC - se hicieran cada vez más serias y fueran reiteradas en los expedientes. Hasta el momento ningún cargo relacionado con drogas ha sido presentado, pero Jerez dice que “el hecho que los informantes sean tan reiterativos en decir que que nosotros compramos y vendemos coca lo que busca es, en el mediano plazo, introducir en el proceso la sindicación de narcotráfico. Como ha pasado en otros casos, con otras organizaciones y otros dirigentes sociales encarcelados.”

Lejos de participar en el narcotráfico, organizaciones como la ACVC han liderado propuestas alternativas a la economía de la coca, que ha venido rigiendo las regiones rurales más apartadas del país: “ ese es nuestro modelo, decirle al campesino: ‘mire, todavía ejerciendo la economía campesina podemos resistir en este territorio’. No es estrictamente necesario sembrar coca, aunque obviamente la coca sigue siendo la única alternativa en estos momentos para el campesino. Porque ningún otro cultivo en la región es rentable, por la misma situación que se vive ahí. Sin vías de acceso, sin vías de penetración, sin infraestructura, y sin que el establecimiento colombiano proponga una alternativa para el campesinado. Por eso es que la coca sigue siendo una actividad fundamental en la economía regional.”

La manera en que el proceso funciona es que todos estos presos políticos son esencialmente culpables hasta que se pruebe su inocencia. Especialmente con tantos informantes en fila para declarar en su contra, la ACVC debe probar que no ha estado trabajando como un “ala política” de las FARC. Pero en ese punto, los presos y sus abogados esperan ganar, incluso si esperar el largo proceso en la cárcel es inevitable. Esta no sería la primera vez que el Estado arresta arbitrariamente a algún(a) destacado(a) activista, sólo para tenerlo(a) fuera de acción por un rato.

El Fiscal de Barrancabermeja encargado del caso no pudo ser localizado para saber cuáles eran sus comentarios al respecto.

El apoyo en el extranjero, dice Jerez, ha sido “enorme, impresionante. Nosotros mismos estamos muy sorprendidos. Hay, desde pronunciamientos de organizaciones de base en diferentes partes del mundo, hasta de parlamentarios, sindicatos y otras organizaciones sociales. Eso nos da a nosotros, mucha confianza y un nivel importante de moral: saber que nosotros tenemos razón, y que después de este proceso vamos a salir fortalecidos, pese a que los compañeros estarán un tiempo considerable en prisión”.

Mientras tanto Gil y sus compañeros siguen haciendo lo que ellos hacen mejor: organizar. En prisión, él dice que “aquí hemos encontrado a muchos campesinos con historias fantásticas que muestran las maneras como somos injustamente detenidos. Particularmente, estamos hablando de campesinos que tuvieron la mala fortuna de encontrarse en sitios y lugares donde se desarrollaban operativos del Ejército y de la Policía Nacional, donde se debían entregar muchos positivos. Muchos de ellos fueron sencillamente sometidos a custodia por la Fuerza Pública y entregados bajo el delito de rebelión. Aunque se les conoce ampliamente como habitantes de las regiones,e inclusive como líderes, son señalados por la Policía y el Ejército Nacional como insurgentes, como guerrilleros. Llama la atención que incluso algunos ancianos, personas de edad, están acá, abitraria e injustamente detenidos sin un procedimiento justo, sin la posibilidad de tener una defensa. Nos hemos puesto en la tarea de que si vamos a tener la posibilidad de que haya una defensa para nosotros, también haya una defensa para ellos, porque no hay acceso a una defensa que pueda superar y combatir ese nivel de injusticia que los tiene acá en la cárcel sin ninguna razón, sin ningún peso, sin ninguna justificación.

Publicó en inglés en 16 de Noviembre

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