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Tres Caminos en Honduras: Electoralmente, Armada o de Otra forma

Parte VI de la serie Derrocando a una Dictadura


Por Al Giordano
Traducción por Fernando León

25 de agosto 2009

25 de agosto de 2009, LA CEIBA, HONDURAS: Sobre la entrada del edificio de tres pisos de la sede de la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario (ODECO) se escriben estas palabras: “Buscamos voces que acallen el silencio.”

Por diecisiete años, ODECO y el hombre al que la organización llama su principal estratega, Celeo Álvarez Casildo, han construido lo que evidentemente es el más grande y avanzado proyecto de organización comunitaria en (el cual llega a través de una amplia franja geográfica) Honduras.

Como afro-hondureños se han auto-organizado para defender y expandir sus derechos civiles, los de los indígenas y los de otras minorias, para ganar una representación proporcional en el Congreso y en otras instancias gubernamentales, para revertir las iniciativas estilo TLC que habrían abierto aún más la puerta para la propiedad extranjera de los recursos hondureños y, entre otras conquistas, el legalizar 32,000 hectáreas de tierras comunales.

“Siempre hemos sido invisibles,” Álvarez, jóven de 50 años, explica a tus corresponsales. Un recordatorio reciente del racismo rampante sin perdón del imaginario de la oligarquía hondureña llego en los primeros días del golpe de Estado del 28 de junio cuando el ficticio canciller, Enrique Ortez, expresó su visión acerca del presidente de los E.E.U.U. Barack Obama: “Ese negrito no sabe nada de Honduras.” Álvarez y ODECO lanzaron una ofensiva mediática que forzó la primera derrota del régimen: la renuncia de Ortez (el régimen lo transfirió a una prebenda burocrática menos visible).

El viernes se cumplirán dos meses de la toma ilegítima golpista del Estado hondureño, cuando hoy día una mayoría de hondureños de todos los colores sienten esa maldición de la invisibilidad impuesta. Los medios pro-golpistas y sus mainates de la élite les han dicho una y otra vez que no existen, que “todos” favorecen el golpe, aún cuando las únicas encuestas públicas disponibles demuestran lo contrario. El mísero 30 por ciento que, de acuerdo a Gallup, tiene una visión favorable del dictador golpista Roberto Micheletti—cuando los defensores del golpe hablan de “todos” como si los únicos hondureños que contaran fueran aquellos de las clases propietarias o sus pretendientes—revela con sus fantásticos y exagerados argumentos que ellos, también, son como Ortez: tan cegados por el prejuicio de clase y raza
que los deja incapacitados para acciones racionales, ya no digamos para una gobernabilidad democrática.

La agencia US AID—históricamente enemiga de la auténtica democracia en Honduras—ha apuntado:

“Con un ingreso per cápita de US $800 por año, Honduras es uno de los países mas pobres de la región. En total, el 71.1 por ciento de los hondureños vive en la pobreza, y el 77.7 por ciento de la población rural es pobre. En las áreas urbanas, alrededor del 63.1 por ciento es pobre. La inequidad en los ingresos es una cuestión crítica. El 20 por ciento de los hogares más ricos recibe el 54.3 por ciento de los ingresos totales del país, mientras que el 20 por ciento más pobre recibe solo el 3.2 por ciento. Del total de los 7 millones de habitantes, el 41 por ciento tiene menos de 14 años de edad. Debido a que la población es mayoritariamente jóven y a que las condiciones económicas son difíciles, un gran número de jovenes marginales lucha diariamente por subsistir. Los jóvenes son cabeza del 10 por ciento de los hogares, y el 68 por ciento de estos hogares están por debajo de la línea de pobreza.”

Es esa mayoría lumpen la que las élites nunca incluyen cuando hacen sus alocadas argumentaciones acerca de “lo que todos piensan” en Honduras. Y sin embargo, su temor a la participación democrática es tan grande que provocó que recurrieran a un violento y antidemocrático golpe de Estado.

Agosto de 2009 en Honduras

En cada rincón hondureño visitado por Narco News en semanas recientes—desde la ciudad capital Tegucigalpa y su departamento Francisco Morazán, a través de los departamentos de Comayagua, Olancho, Colón, Atlántida, Yoro, Cortés y Copán (más de dos tercios de la población de Honduras vive en esos siete departamentos)—hemos entrevistado cientos de voces, quizá más de un millar con cada caminar, donde la mayoría nos ha dicho la misma cosa: el principal objetivo de esta lucha es lo que precisamente provocó que la estructura de poder impusiera el golpe de Estado. Ellos buscan, por sobre otros objetivos, una Convención Constitucional (conocida aquí como una Asamblea Constituyente, elegida democráticamente) que reescriba la pobremente escrita Carta de la Nación de 1982, un documento que contiene suficientes vacíos en sus débiles y contradictorias protecciones que permitió que unos pocos ricos pensaran que podrían embestir un golpe de Estado inconstitucional a través de ella.

Las elecciones en Honduras son conducidas a través de urnas. La primera urna son las boletas para presidente. La segunda para elegir a los miembros del Congreso. Y la tercera es para los cargos municipales. Fue la propuesta de la cuarta urna programada para la elección nacional del 29 de noviembre la que causo pánico entre la minoría dominante, ya que ésta hubiera—de haber sido aprobada—convocado a esa Convención Constitucional.

La verdad es que hay millones de hondureños con derecho a voto que simplemente no lo hacen. No les gusta el sistema bipartidista de las etiquetas Nacional y Liberal. No suelen confiar en los políticos de cualquiera de ellos. La baja participación electoral ha permitido, una y otra vez, que una minoría de hondureños obtenga una pluralidad de votos para uno o para otro lado. Lo que la oligarquía le teme a una pregunta en una boleta electoral que concierne a una nueva constitución—incluso la no vinculada consulta planeada para el 28 de junio—es que, si pueden, la gran mayoría de los hondureños que normalmente no participan inundarían las casillas, creando un mandato para que el ahora presidente exiliado Manuel Zelaya impulsara con éxito que el Congreso Nacional agregara una cuarta urna en la jornada electoral de noviembre.

La consecuencia para aquellos en el poder, en caso de que el plebiscito para una nueva Constitución compartiera los lugares de votación junto con la elección política de noviembre, era evidente para todos: una histórica participación electoral de sectores de la población que quieren reconstruir su nación de acuerdo a líneas auténticamente democráticas. No había duda de que el voto por el “Sí”en la cuarta urna hubiera ganado abrumadoramente. De hecho, incluso en el caso de la no vinculada encuesta del 28 de junio, los conspiradores golpistas sentían que debían llegar al extremo de secuestrar al presidente para parar la misma tan solo unas horas antes.

Las poderosas fuerzas que favorecen el status quo y que ofrecen una interpretación abusiva de su blanda Constitución de 1982 no optaron por oponerse a la pregunta de la boleta de forma democrática—no organizaron una campaña por el “No”—debido a que sentían, de hecho sabían, que la inevitable conclusión era que el pueblo abrumadoramente optaría por convocar a una Convención Constitucional.

Para los jefes de los partidos tradicionales—Liberal y Nacional—la perspectiva de un radical incremento electoral para Noviembre trajo pesadillas por la posibilidad de que el pequeño pero enérgico partido Unión Democrática (UD), que promueve la cuarta urna, se convirtiera en una sensación—estilo Obama—para los nuevos votantes que removiera la madera muerta de los gemelos partidos oligarcas del mar del Congreso.

“Una cosa que no hemos podido entender es cómo la cuarta urna, algo tan bueno, pudiera ser el pretexto para un golpe de Estado,” dijo Celeo Álvarez a tus corresponsales la primera ocasión que lo visitamos en las oficinas de ODECO. “El golpe fue un aborto. Mató a la más constructiva y democrática esperanza disponible para la gente.”

Mientras tanto, los grandes medios de comunicación—y a menudo también los que se anuncian demasiado como “medios alternativos”—se han enfocado obsesivamente en el circo de arriba: Si ¿el presidente exiliado Mel Zelaya regresará a Honduras? Si es que regresa ¿será encarcelado por el régimen golpista? ¿Cuánto tiempo durará en el poder el “presidente” golpista Roberto Micheletti? Si el General Romeo Vásquez Velázquez ¿será utilizado como chivo expiatorio procesado por el pecado orginal de demostrar la ilegalidad del golpe al exiliar por la fuerza al presidente a Costa Rica? Perdida en esta constelación mediática la aspiración central se encuentra ahí abajo donde la gente vive y trabaja: la Asamblea Constitucional y la nueva Constitución.

Como el analista político Arturo Salgado escribió la semana pasada:

“Los escenarios posibles en cuanto a lo que sucede en el corto plazo en el país son esencialmente dos: a) el presidente vuelve y b) el presidente no regresa a su cargo. En ambos escenarios la lucha continua, pues el fin último es la refundación de nuestra nación, no el retorno del presidente Zelaya.”

Ciertamente, los dos meses que han pasado bajo la dictadura golpista han dejado tan solo 5 meses posibles en tenencia de Zelaya, incluso si regresa brevemente al poder (un escenario cada vez más improbable), estaría hasta el 29 de enero de 2010 con la toma de posesión de un nuevo presidente.

Además Zelaya mismo ha aceptado el plan de los 12 puntos conocido como el Plan Arias—en el que regresaría como presidente, pero con un poder muy reducido—esta “solución” respaldada por los Estados Unidos, debido a que no aborda el anhelo popular de una nueva Constitución, deja a los ahora mejor organizados movimientos sociales hondureños sin una posible trayectoria institucional para alcanzar su cáliz mas preciado.

Es por eso que, cada vez más, a nivel de base, el pueblo y sus organizadores expresan que ellos, también, discretamente prefieren que el régimen golpista del gorila Micheletti y su Consejo Simiesco continúe rechazando el Plan Arias. “Espero que no suceda,” nos dijo ayer el Padre Fausto Milla de Santa Rosa de Copán (ver el reporte correspondiente de Belén Fernández desde ese sitio de la frontera con Guatemala). Emergiendo por debajo de los caminos mas directos a la reversión de este aborto golpista surge un consenso, él que se clarificará una vez que los sin sentidos cocinados allá arriba, vía San José y Washington, sean reconocidos por todos como defectuosos desde su concepción. El Plan Arias ya está muerto.

Éste próximo viernes, 28 de agosto, se cocina ya como un importante día simbólico: el hito de los dos meses marcará el fin psicológico de todos los intentos por resolver el asunto institucionalmente. Las distintas delegaciones de derechos humanos—de la OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de la corte criminal internacional del Juez Baltazar Garzón—se encuentran saliendo del país mientras escribimos, el fracaso de la diplomacia internacional impuesta por la Secretaria de Estado Hillary Clinton dará paso a la segunda etapa de la lucha para reconstruir el país más a imagen de una Honduras más auténtica y de su mayoría desposeída.

Tres Caminos: Electoral, armado, o de otro modo

El dilema en el que se encuentran los movimientos sociales hondureños no tiene una solución ideal cuando se trata de las elecciones previstas para el 29 de noviembre, éstas carecen de una cuarta urna, y están manejadas por un régimen golpista que ya ha demostrado lo poco que le importan el proceso democrático y conceptos extraños como la voluntad popular. Los monstruos ocupados en los golpes de Estado no dudarán en utilizar el fraude electoral si es necesario, y todo el mundo lo sabe. Ningún observador razonable piensa que tales “elecciones” pueden ser realmente justas y libres bajo un régimen que establece el toque de queda, suspende garantías individuales básicas y que derrama ácido en los transmisores de radiodifusión crítica en cualquier momento que se sienta mínimamente amenazado por la resistencia civil pacífica de abajo.

Si los movimientos sociales hondureños deciden participar en la simulación del 29 de noviembre, se arriesgan a legitimizar un juego que ya ha sido arreglado contra ellos. Al mismo tiempo, debido a la fractura en el Partido Liberal entre golpistas y anti-golpistas, seguramente habrá grandes beneficios para la Unión Democrática, recogiendo lo que los liberales y su desafortunado abanderado, el ex vicepresidente Elvin Santos, han derramado. Y que abriría espacios para muchos más de ellos en el Congreso Nacional, el cuál es el organismo que puede colocar una cuarta urna en la elección, si no en 2009, entonces tal vez en 2010.

Las fuerzas de oposición electoral se encuentran también afectadas por desacuerdos tácticos en sus propias filas: Mientras que la UD ha nominado a su candidato presidencial, César Ham, otra personalidad de la oposición, el líder sindical Carlos Reyes también estará en la boleta electoral como el primer candidato presidencial independiente de la historia, uno sin partido político. Líderes de la UD como la diputada Silvia Ayala dijeron a Narco News que sospechan de que el Tribunal Electoral inscribió al candidato independiente—un hecho sin precedentes en la política hondureña—para dividir el voto de la oposición. Otros, como el veterano del movimiento obrero Pedro Brizuela de la región de San Pedro Sula, expresa sentimientos positivos tanto de Ham como de Reyes, pero sugiere que Reyes pudiera ser el candidato más fuerte para la unión detrás. Y, por último, un importante sector de la izquierda simplemente boicoteará cualquier elección emanada de un régimen golpista ilegítimo, lo que hace una victoria virtualmente imposible, incluso sin el previsto fraude electoral, debido a la participación electoral suprimida por una población ambivalente.

Las ocho naciones pertenecientes al ALBA, Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América—Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Republica Dominicana, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, y Venezuela—han declarado que no reconocerán al ganador de las elecciones en Honduras celebradas bajo el régimen golpista, y es muy probable que tampoco lo hará la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Y así, la vía electoral, si no está completamente cerrada, está plagada de minas y obstáculos y aquellos que no la han despreciado aún seguramente llegarán a esa conclusión muy tarde y a medias el 30 de noviembre de este año, una vez que la tragedia se lleve a cabo por completo.

Tras el colapso de la idea fija de que las elecciones son un camino para salir del golpe de Estado, en algunas esquinas se oye hablar de la lucha armada: la de llevar a cabo una guerra de guerrillas. Siempre existen aquellos con la imaginación limitada a dos salidas posibles: la electoral y la armada. Sin embargo, la regla más básica del combate de guerrillas es la de que uno tiene que medir la “correlación de fuerzas” antes de encaminarse a un limbo sobreexpuesto.

Esta correlación, si es objetivamente analizada, no contiene actualmente los ingredientes efectivos necesarios para revertir el golpe mediante el cañon de un arma. A diferencia de la vecina Nicaragua, de El Salvador y de Guatemala—donde guerrillas bien organizadas han ganado y perdido contra oligarquías atrincheradas y frente a golpes de Estado—Honduras tiene poca experiencia en el campo que en las últimas décadas la tecnología ha hecho más difícil. A diferencia de la década del 70, cuando los sandinistas en Nicaragua derrocaron al régimen somocista y cuando el FMLN en El Salvador estuviera muy cerca de lograr lo mismo en su país, hoy día los satélites de telecomunicaciones en órbita hacen de la insurgencia clandestina, incluso en la selva, virtualmente imposible. Teléfonos celular omnipresentes, el Internet y la vigilancia que traen consigo sobre sus propios usuarios se unen a los impedimentos.

Los defensores de la vía armada—tendientes a susurrar, y que ciertamente no han organizado un amplio apoyo para ese escenario aún—han apuntado con precisión que hay decenas, si no cientos de miles de hondureños actualmente comprometidos a recuperar su país y de que una resistencia armada podría superar en número e incluso dominar a los 9 mil miembros de las Fuerzas Armadas Hondureñas y los 14 mil elementos de la Policía Nacional, eso tal vez y si todo saliera bien. Ésta concepción es cierta, sin embargo, esa medición de la correlación de fuerzas omite otro sector poderoso: el del crimen organizado.

No es secreto que los narcotraficantes y otras organizaciones criminales en Centroamérica están fuertemente armadas. En los escaños superiores de este entorno se encuentran las organizaciones criminales internacionales, inlcuyendo los expartidarios cubanos de terroristas como Luis Posada Carriles, así como traficantes mexicanos y colombianos desplegados en esos territorios con la complacencia de los gobiernos de la región para la competencia de organizaciones del crimen organizado. Honduras, bajo un régimen golpista sin apoyo ni ayuda internacional, ha puesto el letrero de bienvenida a estos bandidos para darles refugio seguro para sus actividades, además de brindarles la ruta de la cocaína entre Colombia y Estados Unidos, todo esto a cambio de los inmensos recursos que traen consigo.

Y luego están los narcomenudistas. El informe anteriormente mencionado de US AID señala que: “Según las estadísticas policiales, a finales de 2003, había 36,000 miembros de pandillas en Honduras.” Ya sea que esta estimación sea exagerada o no, su número ha crecido desde entonces. Ésto también debe de estar contemplado en la correlación de fuerzas. Frente a la insurgencia guerrillera, el régimen golpista y sus agencias policiales tendrían en su poder el atraer a la contrainsurgencia a estos sectores armados notoriamente brutales del crimen organizado, haciéndolo literalmente de la noche a la mañana. Simplemente con la promesa de impunidad para su comercio de contrabando, el régimen golpista puede alistarse para sí todo el peso de dichas organizaciones criminales, junto con redes y pandillas que traigan una ola de terror, no solo para la insurgencia, sino también para actores sociales que permanecen en la resistencia civil pacífica, y también—los partidarios del golpe deben ser cuidadosos con lo que desean—contra una vasta población civil respetuosa de la ley, y que incluye a los partidarios del golpe de las clases media y alta, expatriados y turistas. Los demonios se desatarían contra la población entera, no solo contra los de un bando político.

Una evaluación sincera de la correlación de fuerzas tendría que concluir que en Honduras, en la actualidad, tanto el camino electoral como el camino armado que cambió la historia en otras tierras están cerrados, o están por cerrarse.

Lo que nos lleva de vuelta a la frase del edificio de La Ceiba, la tercera ciudad más grande en Honduras, “Buscamos voces que acallen el silencio.”

¿Cuál es la “Otra forma”?

La ciudad capital Tegucigalpa es el primel lugar al que acuden los medios extranjeros, los observadores de derechos humanos y las misiones de solidaridad cuando visitan Honduras, y es entendible. Ésta es la sede del poder del Estado, ya sea en tiempos de legitimidad o en estos tiempos de ilegitimidad. También es la sede de los sindicatos nacionales y de otras ogranizaciones que se han unido en la resistencia civil.

Sin embargo, pocos medios de comunicación u observadores internacionales se han tomado el tiempo o la atención de dirigirse más allá de Tegucigalpa para estudiar las dinámicas en el terreno del resto del país. Las condiciones ahí no son las mismas a las de la capital. Acá son, de hecho, mejores. En el resto del país la resistencia civil a nivel local no está tan atada a las emergencias constantes del ciclo de las marchas, la represión, más marchas y más represión y del circo mediático alrededor de ambos y que caracteriza mucha de la resistencia en la capital del país.

Allá fuera, en el campo, simplemente hay mas aire y espacio para pensar, para observar con calma, para tener conversaciones más largas, para escuchar detenidamente, para ignorar los escándalos y distracciones cotidianas presentadas por los medios de comunicación deshonestos nacionales e internacionales, y ya sea a lo largo de la costa norte, del granero del Olancho o de las regiones montañosas mayas del oeste, los focos de la resistencia de base se caracterizan por la planeación a mediano plazo de la estrategia y las táctcicas que puedan ocurrir bajo un estado de sitio en Tegucigalpa y bajo sus constantes crisis e interrupciones. El escenario y el contexto siempre influirán en el como los seres humanos pensamos y actuamos, entre el más del 80 por ciento de la población hodureña que vive fuera del área metropolitana de la capital, el escenario y contexto actual es simplemente menos bipolar.

“Aquí la lucha es para convertirnos en sujetos de nuestra propia historia y no meros objetos de ella”, explica Celeo Álvarez mientras nos da un recorrido por el edificio de tres pisos que ODECO inauguró hace dos años como su nueva sede central. La planificación a largo plazo es la consigna aquí, donde ODECO prepara a más de cien jóvenes cada año a través de su Programa de Capacitación de Liderazgo en Derechos Humanos y que son seleccionados por organizaciones comunitarias de base. La sede cuenta con dormitorios con 64 camas, cocina, salón de actos y otros enseres. Fue construida con fondos de Organizaciones No Gubernamentales, principalmente europeas, que apoyan el trabajo de ODECO.

Celeo Álvarez Casildo y sus colaboradores tienen algunas ideas de como los hondureños pueden replantear su lucha y la puedan encaminar hacia la ruta de una nueva Constitución. Hemos pasado varios días escuchándolos atentamente, picando, hurgando y probándolos con preguntas y antítesis, así como estudiando lo que él y su organización han logrado ya, y como lo han hecho. Esas ideas y las historias tras de sí, serán el tema del próximo capítulo de esta serie Derrocando una Dictadura. Mientras tanto, invitamos a nuestros lectores a pensar en voz alta en como esa “otra forma” puede ser y parecer en este país de más 7 millones de hondureños, en el que la mayoría cargan el peso de un silencio impuesto que también saben, debe ser silenciado.

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