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México: “Anarco-bombazos” Inician la Cacería de Estudiantes

El Gobierno Usa los Ataques para la Ofensiva en Contra de Organizaciones de Izquierda dentro de las Universidades


Por Kristin Bricker
Especial para The Narco News Bulletin

11 de octubre 2009

A lo largo del mes de septiembre, alrededor de diez bombas fueron colocadas en bancos, una agencia automotriz, una lujosa tienda de ropa, una pequeña estación de policía y en un laboratorio que experimenta con animales, en la Ciudad de México, y en los estados de Guanajuato, Nayarit y Jalisco. La mayoría de ellas explotaron; y no se reportaron heridos.

Grupos autodenominados anarquistas y de liberación animal se adjudicaron en blogs de internet la responsabilidad de los bombazos. Las organizaciones que supuestamente llevaron a cabo los bombazos eran desconocidas antes de estos hechos, con una excepción: el Frente de Liberación Animal (FLA). El FLA está compuesto por individuos o células que se desconocen entre sí, pero que usan el mismo nombre y comparten el mismo objetivo: la liberación animal a través de la acción directa. Dada la ausencia de una estructura formal, cualquier individuo (o agencia de gobierno) puede cometer acciones de ataque a la propiedad en nombre de la FLA.

El tiempo en el que los bombazos ocurren es significativo por varias razones. Primera: el 15 de septiembre, México celebró sus 199 años de independencia de España. En esa misma fecha, también se conmemora un año de los ataques con granadas del Día de la Independencia en Morelia, que mató a ocho personas y dejó más de 100 heridos.

Los bombazos ocurren también en la víspera de dos fechas importantes: el 2 de octubre y el 2010. Cada 2 de octubre, jóvenes y estudiantes marchan en ciudades de todo el país para conmemorar la masacre en la que militares mexicanos dispararon y atacaron con bayonetas a miles de estudiantes que protestaban en la Ciudad de México.

Por otro lado, el 2010 es ampliamente previsto para ser un año volátil en México. Marcará los 200 años de la revolución de Independencia Mexicana y los 100 años de la Revolución Mexicana. Suponiendo que, cada cien años se dan levantamientos monumentales en el país desde su fundación, activistas mexicanos imprimen camisetas y pintan graffitis en las calles con la leyenda: “Nos vemos en 2010.” Como es de esperarse, la volatilidad de 2010 ha puesto al gobierno en alerta máxima. Debido al momento de estos “anarco-bombazos” y la importancia de estas fechas tanto para los mexicanos como para el gobierno, los bombazos sólo han servido para aumentar aún más la tensión en la llegada del 2010.

Si estos bombazos fueron llevados a cabo por activistas anti-capitalistas, como reivindicaban los comunicados en Internet, éstos fallaron en alcanzar su objetivo declarado de inflingir daños monetarios contra el capitalismo. Los objetivos, con toda certeza, estaban asegurados, anulando las decenas de miles de pesos en daños monetarios que los comunicados pretendían en contra del “capital”.

Sin embargo, las consecuencias negativas de los bombazos, dolorosamente, son cada vez más evidentes. El gobierno federal ha aprovechado la oportunidad para atentar en contra de la sagrada autonomía de las universidades de México.

Universidades Autónomas

Desde la fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1910 en la Ciudad de México, el gobierno y los estudiantes han emprendido una batalla, en curso, para que los trabajadores de la universidad y los estudiantes tengan el derecho para llevar su universidad como consideren conveniente—sin imposición gubernamental, infracciones, y lo más importante, sin represión. Las universidades autónomas tienen el derecho de manejar sus presupuestos y nombrar a sus rectores y autoridades. También se prohíbe expresamente, que la policía o los militares entren al campus universitario por cualquier razón sin el permiso del rector. Asimismo, la policía y las agencias de inteligencia no tienen acceso a los expedientes académicos de los estudiantes o a su información biográfica.

La autonomía universitaria ha permitido que los estudiantes y la comunidad universitaria tengan un grado mayor de libertad para formar organizaciones políticas en el campus, de la que normalmente tendrían fuera de él. Por ejemplo, estaciones de radio independiente operan en universidades autónomas de todo el país. Desde estas estaciones de radio universitarias, estudiantes y no-estudiantes por igual, transmiten: música, opiniones políticas, y otras formas de libertad de expresión, sin temor a que agentes federales irrumpan en sus cubículos y se apoderen de sus equipos. De igual manera, los estudiantes llevan a cabo recaudaciones de fondos para organizaciones políticas, que no podrían llevar fuera del campus con la misma facilidad.

La amplia libertad política dentro de las universidades ha permitido que la comunidad universitaria se organice a un nivel más difícil de alcanzar en otros espacios. Por esta razón, los estudiantes suelen desempeñar papeles importantes en las luchas sociales, incluso las armadas. Muchos miembros de las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), que posteriormente se fusionó con organizaciones indígenas del sur para formar el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), eran estudiantes de universidades autónomas. El hombre al que el gobierno mexicano acusa de ser el Subcomandante Insurgente Marcos del EZLN, Rafael Sebastián Guillén Vicente, era un estudiante de la UNAM y profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Incluso hoy en día, los estudiantes de las universidades autónomas siguen prestando apoyo a organizaciones insurgentes. Muchos de los colectivos que trabajaron juntos para organizar el encuentro Zapatista más reciente, el Festival de la Digna Rabia, eran de universidades autónomas. Cuando el Subcomandante Marcos recorrió el país en 2006 para reunirse con organizaciones sociales de México, muchas de las reuniones se produjeron en las universidades, esto debido al gran apoyo con el que los zapatistas gozan en esos espacios y porque la autonomía universitaria le daba al líder insurgente un relativo grado de protección. La UNAM es también hogar de algunas organizaciones que llevan eventos en apoyo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Ninguna de la información de la participación de los estudiantes en luchas sociales es secreta. El gobierno es conciente del papel central de los estudiantes en la variedad de movimientos sociales en México, y ha tratado de contrarrestar el poder y la organización de los estudiantes por décadas. Sin embargo, uno de los obstáculos principales entre los líderes estudiantiles y el gobierno ha sido la protección proporcionada por la autonomía universitaria.

El Enemigo Público Número 1: Los Estudiantes

Incluso antes de que el gobierno identificara a los sopechosos de los anarco-bombazos, sabía que quería culpar a los estudiantes. El 10 de septiembre—después de solo dos bombas colocadas—el Procurador General de Justicia del Distrito Federal dijo a La Jornada, “La información que se tiene, ya sea que se trate de grupos de imitación o reales, es que están integrados por personas muy jóvenes que llevan este tipo de protestas.” La falta de información concreta del Procurador sobre los grupos que plantaron las bombas y su afirmación de que quienes quieran que sean, deben ser jóvenes, es muy sospechoso. También dijo a La Jornada que están “muy atentos a otro posible evento.”

El 30 de septiembre, la policía detuvo a joven al que culpaba de haber cometido seis bombazos ocurridos en la Ciudad de México. Agentes federales raptaron a Ramsés Villareal Gómez, un estudiante universitario de la Ciudad de México de 27 años, poniéndole una bolsa en la cabeza antes de ser presentado ante la Procuraduría General. La policía registró la casa de su madre, presuntamente robando dinero y dos computadoras. Villareal Gómez declara que durante el interrogatorio tras su detención, la policía le exigió que dijera que el había arrojado los artefactos a los bancos o de lo contrario violarían a su esposa cuando registraran su casa.

La policía inmediatamente trató de presentar a Villareal como un estudiante-terrorista. Alegaron que, cuando registraron su casa luego de la detención, se encontraron con un rifle calibre 22, una pistola, explosivos y documentación que lo ligaba con un movimiento “subversivo”.

La máquina propagandística del gobierno se puso en acción, ligando las supuestas “actividades terroristas” de Villareal Gómez con su rol activo dentro de organizaciones estudiantiles. Tras la detención de Villareal Gómez por los bombazos, la prensa vociferaba que Villareal Gómez tenía un “historial”: En el año 2000, la policía federal lo detuvo junto con otros 250 estudiantes en huelga en el intento de apoderarse de una Preparatoria como parte de la ofensiva en contra de la histórica huelga de la UNAM. Villareal Gómez participó en la huelga estudiantil de 1999-2000 como parte del Consejo General de Huelga (CGH). En ese tiempo, estudiantes de la UNAM y de todo el país, declararon la huelga en contra de la imposición del Fondo Monetario Internacional para subir las cuotas de la UNAM, como parte del ajuste estructural del país. La huelga, exitosamente bloqueó el incremento de las cuotas, y gracias a eso hoy en día éstas permanecen en 25 centavos por semestre de forma voluntaria.

La UNAM expulsó a Gómez Villareal en 2004 por “infringir las normas de la universidad” cuando participó en la toma de una preparatoria de la UNAM con docenas de estudiantes.

El gobierno también ha acusado públicamente a Villareal de apoyar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Afirman que él es el vínculo entre las organizaciones de apoyo a las FARC en su antigua alma mater, la UNAM, y su actual alma mater, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), que también se encuentra en la Ciudad de México. El abogado no niega que Villareal Gómez haya participado en la solidaridad con las FARC como estudiante. “No es un delito”, dice el abogado.

El 2 de octubre, un juez ordenó la liberación de Villareal Gómez. El juez dictaminó que la detención de Villareal Gómez había sido ilegal debido a la falta de pruebas suficientes en su contra. Tras su liberación, la Policía Federal tuvo que admitir que sus pesquisas estaban “equivocadas” al decir que habían encontrado armas, explosivos y documentos incriminatorios en la casa de Villareal Gómez. El abogado de Ramsés se prepara para presentar cargos en contra de los que interrogaron a su defendido, por tortura psicológica.

A pesar del hecho de que los problemas legales de Villareal Gómez han quedado temporalmente atrás, el gobierno ha utilizado su breve detención para iniciar una “cacería de brujas” contra los estudiantes y contras las organizaciones a las que apoyan.

Si el gobierno hubiera sido capaz de condenar a Villareal Gómez por los bombazos, habría sido un golpe devastador para las organizaciones estudiantiles, debido a que esa condena habría facilitado aún más el hostigamiento judicial a los líderes estudiantiles y a las organizaciones no-estudiantiles a las que apoyan.

No obstante, la investigación en torno a los bombazos sigue abierta, y el gobierno ya ha dejado claro que planea aprovechar esa investigación con el fin de espiar y perseguir organizaciones sociales y estudiantiles. Las declaraciones falsas del gobierno sobre la posesión de armas y explosivos por parte de Ramsés Villareal, combinada con sus reales y presuntos vínculos con organizaciones estudiantiles, han justificado el hostigamiento judicial y el espionaje a organizaciones estudiantiles y movimientos sociales. Después de todo, el gobierno argumenta que presuntamente están vinculados a terroristas.

Puede que el gobierno nunca quiso una condena en el caso de Villareal Gómez. Había muy pocas evidencias en su contra, y la evidencia que supuestamente tenía—las armas y explosivos en su casa—fue inventada por la Policía Federal, a fin de justificar su detención por 3 días. Pero el gobierno quería utilizar a Ramsés Villareal para atacar a las organizaciones estudiantiles en las que participaba, así que, lo arrestaron. El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Juan Miguel Alcántara Soria, dijo a La Cronica de Hoy, “A este joven lo estábamos investigando desde tiempo atrás. Tenemos datos de su vinculación a ciertos grupos.”

La Conexión Colombiana

Se especula que la policía arrestó a Villareal Gómez con el fin de incriminar a un objetivo más importante: Lucía Morett, la joven estudiante de la UNAM que sobrevivió al bombardeo colombiano en territorio ecuatoriano a un campamento de las FARC. Otros cuatro estudiantes mexicanos perdieron la vida en el bombardeo, junto con otras 25 personas, incluyendo importantes miembros de las FARC. Debido al bombardeo, Morett es ahora el centro de la controversia internacional en la “cacería de brujas” en contra de académicos universitarios de izquierda.

Luego del bombardeo en territorio ecuatoriano, el Presidente de México, Felipe Calderón, y el Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, intensificaron la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Revitalizaron el Grupo de Alto Nivel Sobre Seguridad y Justicia México-Colombia, creado en el gobierno de Vicente Fox, y agregaron al terrorismo a su agenda. El Grupo de Alto Nivel Sobre Seguridad y Justicia México-Colombia, facilita la cooperación bilateral contra el terrorismo y el tráfico de drogas, incluido el intercambio de inteligencia. Luego de la última reunión del Grupo de Alto Nivel, Uribe dijo a la prensa, “Amos paises están desarrollando una cooperación intensa en materia de seguridad, que incluye el intercambio de información y capacitación de la policía.”

Esta cooperación bilateral ya está dando frutos para los dos gobiernos. Colombia ha ampliado el alcande su campaña contra las FARC a presuntos simpatizantes de la organización en México. Por otra parte, México ha usado el pretexto del “combate al terrorismo” para incrementar el espionaje y el hostigamiento judicial en las universidades públicas.

En mayo pasado, el gobierno mexicano envió un mensaje escalofriante a los académicos de izquierda de las universidades autónomas, cuando arbitrariamente deportó al profesor colombiano Miguel Ángel Beltrán Villegas. En el momento de su deportación, Beltrán llevaba a cabo una investigación post-doctoral en la UNAM. Uribe pidió a México la extradición a Colombia de Beltrán, acusándolo de ser un líder de las FARC. Funcionarios del Instituto Nacional de Migración mexicano, sin llevar a cabo el necesario procedimiento de deportación requerido por la ley mexicana, detuvo a Beltrán sin previo aviso, se negó a permitirle acceso a su abogado antes de la deportación, cubrió su cabeza con su propia playera, y lo subió a un avión con destino a Colombia. Actualmente Beltrán se encuentra detenido en una prisión colombiana. La comunidad académica mexicana denunció la expulsión de Beltrán del país sin los procedimientos legales necesarios.

Además de haber solicitado la extradición de Beltrán, el gobierno colombiano afirmó que, además de ser un líder de las FARC, Beltrán era maestro de Morett en la UNAM.

El expediente de los anarco-bombazos afirma que Ramsés Villareal Gómez estaba también en contacto con Morett, lo que su abogado niega. No obstante, la inclusión de Morett en el expediente aumenta la presión internacional para su extradición. En septiembre (mientras los bombazos se llevaban a cabo), la Interpol publicó que se “buscaba” a Morett por los delitos de delincuencia organizada, delincuencia trasnacional, y terrorismo en Colombia. El 9 de octubre, en una entrevista con el diario mexicano Milenio, el Fiscal General de Ecuador renovó su demanda por la extradición de Morett. Lucía Morett permanece en la clandestinidad en México.

Blancos de la Investigación: APPO y Atenco

De acuerdo con el expediente del caso, el gobierno mexicano ha identificado a otros quince sospechosos implicados en los llamados anarco-bombazos. La Jornada reporta que los quince sospechosos son líderes estudiantiles de universidades y preparatorias públicas como la UNAM; la UAM y el Instituto Politécnico Nacional (IPN). En un informe confidencial preparado para la investigación de los bombazos, por la agencia de inteligencia del gobierno mexicano, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), incluyó información de los sospechosos que se remonta a por lo menos cuatro años. Ninguno de los sospechosos tiene más de 26 años de edad.

Villareal Gómez dijo que la policía le mostró fotos de otros sospechosos. Según Villareal Gómez, la policía le ofreció tener el estatus de “testigo protegido”—que lo hubiera sacado de la cárcel—si testificaba en contra de los otros jóvenes de las fotografías. Supuestamente la policía le dijo que si no cooperaba, se enfrentaría a 40 años de cárcel y a la violación de su esposa.

La Crónica de Hoy informa que en los vínculos que aparecen en el expediente del caso aparecen el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco (deonominado por La Crónica como los “macheteros de Atenco”), la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), el Consejo General de Huelga de la UNAM, y “organizaciones insurgentes nacionales e internacionales”. Según La Crónica, los sospechosos tienden a participar en “confrontaciones con la policía, ocupaciones de edificios escolares, marchas, y bloqueos de carreteras.” También tienden a ondear banderas colombianas con logotipos de las FARC, organizan discusiones sobre el marxismo, y defienden la industria energética nacional y a la educación gratuita. Los sospechosos son conocidos por gritar frases como “Contra el Imperialismo Yanqui”, y tienden de ser afines a Fidel Castro y Hugo Chávez, según el expediente.

Ninguno de los periódicos que obtuvo copias del expediente ha informado sobre las evidencias concretas (aparte de ser izquierdistas) que el gobierno tiene en contra de los sospechosos. La Jornada informa que la policía afirma que una pista anónima llevó a la captura de Ramsés: dicen que alguien puso recortes de periódicos con una nota que tenía el nombre “Ramsés” escrito en ella en un buzón de la Procuraduría General de la República. De acuerdo con La Jornada, “ A partir de ese nombre (Ramsés) aportado en el anónimo, los investigadores ministeriales encargados de este caso buscaron y encontraron en Internet fotografías de Villarreal Gómez protestando en la plaza de toros México por la lidia de astados, así como información sobre la detención del estudiante durante la pasada huelga en la UNAM, y datos sobre su activismo en el Consejo General de Huelga y su expulsión de la máxima casa de estudios.”

Unos días después, La Jornada publicó la revelación de que el joven de la foto de la protesta contra las corridas de toros no era Villareal Gómez, sino otro activista estudiantil. Villareal Gómez dice que durante su interrogatorio, la policía le dijo que sabían que no era él el de la foto. Al parecer la policía le dijo: “Ya sabemos que no eres tú, que tu nombre no está entre los manifestantes detenidos en la Plaza de Toros. El de la foto se llama Víctor Cilia. Tu di que él colocó las bombas y a ti ya no te va a pasar nada, te quedas como testigo protegido.”

Puede que Villareal Gómez esté fuera de la cárcel, pero el caso permanece abierto. El expediente es prueba de que el gobierno planea usar la investigación para ir tras algunas de las más importantes organizaciones sociales del país, a través de los dirigentes estudiantiles que las apoyan.


Fernando León ayudó en investigación adicional para el artículo.

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