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Negociaciones del gobierno con la OCEZ arrojan más dudas sobre la supuesta conexión con el narco

El gobierno de Chiapas se compromete con más de un millón de pesos en recursos para la OCEZ a pesar de las afirmaciones de que la organización campesina es la fachada de un grupo narcotraficante


Por Kristin Bricker
Especial para The Narco News Bulletin

22 de noviembre 2009

El 30 de septiembre, el gobierno del estado de Chiapas secuestró al líder campesino José Manuel “Chema” Hernández Martínez de su comunidad, 28 de junio, la cual está localizada en el municipio de Carranza, Chiapas. A pesar de que el gobierno estaba actuando con órdenes de aprehensión que se remontan a 1999, los policías se disfrazaron como electricistas del gobierno arrojando a Chema a un camión sin haberle mostrado dichas órdenes. El incidente llevó a la muerte de dos miembros de la organización de Chema, la Organización Campesina Emiliano Zapata – Región Carranza (OCEZ).

El gobierno del estado de Chiapas ha acusado oficialmente a Chema de delitos relacionados con una ocupación de tierras en 2003. La OCEZ ocupa pacíficamente fincas en Chiapas propiedad de grandes terratenientes locales y presiona al gobierno para que otorgue los derechos de esas tierras a los campesinos miembros. El gobierno acusa a Chema de: asociación delictuosa, despojo agravado y daños. Todos ellos son delitos a nivel estatal. También han sido detenidos otros dos líderes de la OCEZ. El abogado de los tres hombres detenidos dice que además de ellos, todavía existen once órdenes de aprehensión pendientes de otros miembros de la OCEZ, todas relacionadas con el mismo caso.

A pesar del registro oficial de la detención de los tres hombres (todos los delitos relacionados con la ocupación de tierras), en los medios han circulado rumores de que la OCEZ es la fachada para cárteles que trafican con migrantes, armas, y drogas por el estado de Chiapas. Esos reportes en los medios, acusan a los detenidos de ser miembros o de colaborar con los brazos armados de dos distintas organizaciones narcotraficantes trasnacionales.

Narco News ha puesto en duda dichos reportes noticiosos, resaltando el hecho que están basados en documentos filtrados a los medios, en lugar de ser publicados por fuentes oficiales del gobierno. Posteriormente, Hermann Bellinghausen de La Jornada obtuvo una copia del informe de inteligencia preparado por la Procuraduría General de Justicia del Estado, titulado “Situación prevaleciente en el municipio Venustiano Carranza”. Bellinghausen escribe: “El amplio documento, fechado el 27 de julio de este año[...] es el origen de las numerosas versiones y filtraciones a medios locales y nacionales.”

Surgen nuevas contradicciones

Cuando el gobierno arrestó a Chema (esto es, antes de que los rumores del tráfico de drogas aparecieran en los medios), el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) inmediatamente denunció la hipocresía que prevalece en el caso. Citando un comunicado de prensa del FNLS, Proceso escribió:

“¿Cómo es posible que si `Don Chema` tiene órdenes de aprehensión y averiguaciones previas de 1999 a 2005, las autoridades no hayan actuado en su contra cuando estaba a su alcance en plena vía pública y todavía el gobierno haya firmado acuerdos con él?”. [Nota de Narco News: desde 1999, el gobierno de Chiapas ha firmado numerosos acuerdos con la OCEZ sobre la titulación de tierras para la organización y sus miembros como resultado de la presión política. Estos son los acuerdos a los que el FNLS se refiere.] Según el FNLS la manera “absolutamente ilegal y tramposa en que fue detenido-secuestrado [Hernández Martínez] es una muestra más del sello arbitrario con el que el gobierno fascista de Felipe Calderón está reprimiendo a los luchadores sociales, a los que criminaliza e imputa delitos falsos con el fin de encarcelarlos”.

El FNLS ha resaltado un punto. El gobierno ha firmado múltiples acuerdos con la OCEZ desde 1999. Por ejemplo, en un acuerdo firmado en julio de 2009, el gobierno prometió comprar 215 hectáreas de tierra de dos hermanos del municipio de Carranza para entregarlas a la OCEZ. El 31 de agosto—solo un mes antes de que Chema fuera arrestado—el gobierno reafirmó su compromiso de entregar la tierra a la OCEZ durante una ceremonia pública en la que funcionarios estatales y Chema participaron.

El acuerdo más reciente firmado por el gobierno de Chiapas y la OCEZ fue el 14 de noviembre de 2009—cinco días después de que el gobierno del estado filtrara el documento “Situación prevaleciente en el municipio Venustiano Carranza” a la prensa, el cual acusa a la OCEZ de ser el grupo fachada para organizaciones del narcotráfico. Narco News obtuvo una copia del acuerdo del 14 de noviembre. En el acuerdo el gobierno acepta pagar MX$5,000 o USD$381.88 (al parecer por mes, ya que el documento no es claro en este aspecto), ajustado anualmente a la inflación, para las familias de los dos miembros de la OCEZ que murieron en la detención de Chema. El gobierno pagará esta cantidad hasta que los hijos menores de la familia cumplan la mayoría de edad. Además de este dinero, el gobierno acuerda también otorgar becas a los niños. El gobierno chiapaneco promete también pagar una cantidad no especificada a las familias de los tres líderes de la OCEZ detenidos, durante el tiempo que estos permanezcan recluídos. El acuerdo igualmente establece que el gobieno pagará los gastos médicos de José Santos, quien resultó herido de gravedad durante la detención de Chema y que permance hospitalizado. El gobierno pagará también una suma mensual para la esposa de Santos o ayudará a la familia con el establecimiento de un negocio debido a que las heridas de Santos lo han dejado discapacitado. El gobierno dice que comenzará a entregar las 215 hectáreas, antes mencionadas, a los miembros de la OCEZ, tan pronto como la organización proporcione al gobierno del estado una lista con los nombres de los beneficiarios. El acuerdo establece también que el gobierno proporcionará desarrollos productivos para las comunidades de la OCEZ: MX$1,650,000 (USD$126,018.75), además de dos tractores.

Aún más interesante que la suma de dinero es que la persona designada por la OCEZ en la firma del acuerdo y que será contactada por el gobierno para la distribución de los recursos sea nada menos que Fernando Hernández Martínez, un ingeniero civil e hermano de Chema.

El acuerdo oficial no significa necesariamente que el gobierno vaya a cumplir sus compromisos. Sin embargo, el acuerdo del 14 de noviembre plantea la pregunta: si la OCEZ es la organización fachada para organizaciones del narcotráfico para mover contrabando por todo Chiapas, como dice el informe de inteligencia del gobierno, y si Chema es el líder del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en Chiapas, como el gobierno ha afirmado informalmente por años, entonces ¿por qué el gobierno del estado firmaría este acuerdo con la OCEZ? El acuerdo promete más de un millón de pesos en dinero y recursos para la OCEZ, y designa a el hermano de Chema para ser el contacto que distribuya los recursos—no es el tipo de acuerdo que el gobierno típicamente haría con supuestas organizaciones del narcotráfico y con hermanos de líderes rebeldes.

El apoyo internacional crece

Mientras tanto, la demanda para liberar a los presos polítcos de la OCEZ continúa creciendo. Durante el Segundo Encuentro por el Autodesarrollo de los Pueblos Indígenas y Aplicación Efectiva de sus Derechos celebrado en Guatemala a fines de octubre, representantes indígenas del País Vasco, México, Paraguay, Colombia, Bolivia, Guatemala y Perú firmaron una resolución que condena las acciones de los gobiernos “de criminalizar, desprestigiar, perseguir, encarcelar y asesinar a los dirigentes de las organizaciones indígenas.” Citaron el ejemplo de la OCEZ:

En México desde hace 15 años con la firma del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá el pueblo ha tenido un proceso de empobrecimiento de más de 50 millones de persona, emigración y represión en contra de los movimientos sociales caso concreto la detención ilegal el 30 de septiembre de 2009 del dirigente de la Organización Campesina Emiliano Zapata – Región Carranza (OCEZ-RC) y defensor de los derechos de los indígenas, José Manuel Hernández Martínez, entre otros detenidos y juzgados falsamente a causa de su lucha incansable por la defensa de los derechos de los pueblos.

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