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Comunidades indígenas y rurales movilizándose en Putumayo y Nariño

La ocupación de la estación de policía de Puerto Piñuña por sesenta y tres días termina con un acuerdo entre el gobierno y las comunidades


Por James Jordan
Especial para The Narco News Bulletin

4 de marzo 2010

Los lectores de Narco News fueron recientemente informados sobre la ocupación por parte de 5 mil pobladores indígenas de la estación de policía de Piñuña Negro en Puerto Leguízamo en Putumayo, Colombia. Sus demandas incluían el fin al hostigamiento militar y paramilitar, negociaciones con el gobierno por los esfuerzos de erradicación de la coca y un compromiso con el desarrollo social. Los esfuerzos de erradicación no incluían la ayuda prometida de sustitución de cultivos o mejoras a la infraestructura local. En muchas áreas, los dos frentes de ataque de la erradicación y las amenazas militares/paramilitares resultaron en el desplazamiento forzoso de los pobladores. Pero las comunidades que ocupaban la estación de policía de Piñuña Negro se rehusaban a ser desplazados.

Recientemente hemos recibido reportes del FENSUAGRO (Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria) de que no solo se triunfó en la lucha, sino que también se alcanzaron victorias en luchas similares de Putumayo y en el departamento vecino de Nariño. Lo que se necesita ahora es que se les de seguimiento a los recientes acuerdos para ver si se traducen en mejoras reales.

En el municipio de Puerto Leguízamo, la estación de policía de Puerto Piñuña, así como otras cuatro estaciones, fue ocupada durante 63 días por más de 6 mil familias. Estas fammilias eran de ocho comunidades indígenas situadas a lo largo del río Putumayo. Al principio, el gobierno hizo oídos sordos a las demandas por la negociación, pero finalmente fue obligado por el movimiento popular a entrar en un diálogo. Al final, el gobierno firmó un acuerdo de 45 puntos prometiendo inversión social y un programa gradual y voluntario de sustitución de cultivos.

La movilización había captado la atención de activistas solidarios estadunidenses preocupados por el apoyo de los Estados Unidos a los militares colombianos y por las campañas de erradicación que provocaron el desplazamiento de comunidades en lugares como Puerto Leguízamo. La ayuda militar y las campañas de erradicación han sido componentes principales del Plan Colombia, el cual ha recibido financiamiento por USD$7 billones de parte de los Estados Unidos. El Plan Colombia ha sido descrito oficialmente tanto como una Guerra contra las Drogas así cómo una guerra en contra de los insurgentes colombianos. Sin embargo, en cada una el plan ha sido un fracaso. En Colombia, la producción de la coca está en aumento. Mientras tanto, ha habido una reconstitución de las fuerzas guerrilleras y la recientemente anunciada unidad entre las dos guerrillas más grandes, las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional).

En el presupuesto federal 2011 anunciado por el gobierno de Obama, no hay fondos asignados para el Plan Colombia. Colombia continuará recibiendo apoyo militar y otras formas de ayuda, pero un 20% menos que el año pasado. En estos momentos, una campaña de cabildeo está en marcha por el gobierno colombiano para asegurarse que cualquier presupuesto que pase incluya fondos para el Plan Colombia. Tom Burke de la Red estadounidense de Acción por Colombia cree, a la luz del acuerdo que permitiría la instalación de militares estadounidenses en siete bases de la Fuerza Aérea Colombiana, que estamos siendo testigos de un cambio en las estrategias para los Estados Unidos. De acuerdo con Burke “los activistas solidarios con Colombia deben reconocer que el Plan Colombia es un fracaso y que solo ha traído pobreza, desplazamientos y muerte. Debemos continuar movilizándonos en contra de él [Plan Colombia] durante el debate próximo sobre presupuesto. Pero la expansión de estas nuevas bases siginfica que la intervención militar estadunidense dentro y en los alrededores de Colombia ha alcanzado un nuevo nivel. Los Estados Unidos están tratando de tener un control más directo sobre una situación ya condenada. La gente debe llamar a la Casa Blanca y al Congreso para demandar que no haya nuevo financiamiento para el Plan Colombia o para las nuevas bases.”

Las movilizaciones en Puerto Leguízamo son un indicador de la ola de resistencia popular en el área. En el municipio de Puerto Asís, a lo largo de la frontera con Ecuador, más de 5 mil familias y campesinos cooperativistas lanzaron una protesta de 23 días concerniente a los impactos ambientales causados por los desarrollos petroleros. También demandaban mayor inversión social en el área. Mientras los funcionarios de la agencia petrolera gubernamental, ECOPETROL, no se han reunido aún con miembros de la comunidad, representantes privados del desarrollo petrololero han acordado mejorar las relaciones con la población local y se han comprometido a realizar inversión social en la región. También, comisiones del Ministerio de Ambiente han llevado a cabo estudios para evaluar el daño y contaminación por la explotación petrolera.

Una movilización de más de tres mil familias ocurrió durante 22 días en el municipio de Orito, a lo largo de la frontera de los departamentos adyacentes de Putumayo y Nariño. En el área, hubo disputas concernientes a que departamento era el responsable de la comunidad. Esta disputa ha resultado en la falta de servicios sociales y desarrollo infraestructural. Debido a las demandas de la gente, los acuerdos se firmaron entre el gobierno de Nariño, diecisiete consejos comunales y tres comunidades indígenas. Los términos del acuerdo incluyen el financiamiento y el nombramiento de personal para una clínica de salud y la asignación de recurso para la ampliación de una escuela, así como otros proyectos de desarrollo.

De acuerdo con Nidia Quintero, que trabaja como tesorera de la FENSUAGRO “Se espera que todos los acuerdos firmados en estas movilizaciones sean cumplidos con seriedad y en los lugares establecidos. Si no se cumplen, las comunidades campesinas de Putumayo no dudarán en movilizarse de nuevo con el fin de hacer uso de sus derechos y defender la dignidad de su territorio.”

La Alianza para la Justicia Global (ACGJ, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, que tiene una relación cercana de solidaridad con FENSUAGRO, aceptó darle un seguimiento cercano al desarrollo de estos casos y movilizará a la solidaridad internacional si se da el caso de que los acuerdos no sean cumplidos por el gobierno u otras entidades. Aquellos que lo deseen pueden enviar un correo electrónico a info@afgi.org para solicitar actualizaciones.

publicó en inglés 1 de marzo

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