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Ex informante de ICE demanda a fiscales y agentes federales estadounidenses

La demanda afirma que los funcionarios estadounidenses conspiraron para silenciar al informante y cubrir su papel en los asesinatos de la Casa de la Muerte


Por Bill Conroy
Especial para The Narco News Bulletin

18 de septiembre 2013

Un ex informante del gobierno estadounidense que penetró una de las organizaciones narcotraficantes más despiadadas en México ha presentado una multimillonaria demanda en contra de un grupo de fiscales y agentes federales así como varios alguaciles y funcionarios de prisiones por supuesto comportamiento consagratorio para violar sus derechos civiles.

El denunciante, Guillermo Eduardo Ramírez Peyró, es un ex policía federal mexicano que trabajó para un importante teniente (Humberto Santillán Tabares) de la organización narcotraficante de Vicente Carrillo Fuentes en Ciudad Juárez, México, a principio de los años 2000.

Como parte de ese trabajo, Ramírez Peyró fue responsable de supervisar la infame Casa de la Muerte, que fue sitio de múltiples torturas y asesinatos. Una decena de cuerpos fueron finalmente hallados enterrados en el jarrón trasero de la casa localizada en la calle Parsioneros 3633 en Ciudad Juárez. Ramírez Peyró fue acusado de asegurar que la casa estuviera abierta cuando Santillán quisiera asesinar a alguien, y también fue responsable de supervisar el entierro de los cuerpos en la casa.

La demanda nombra a unos 35 acusados como participantes en la supuesta conspiración para violar los derechos constitucionales de Ramírez Peyró. Estos incluyen ex empleados y empleados actuales de la Oficina de Migración y Aduana (ICE, por sus siglas en inglés). el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el Cuerpo de Alguaciles y varios otros alguaciles de Texas y Minnesota.

Además, la demanda acusa a algunos de los fiscales estadounidenses más poderosos en Texas de ser parte de la supuesta conspiración.

En sus declaraciones, Ramírez Peyro, afirma que esos fiscales, con la ayuda de otros acusados, como parte de un acuerdo entre las partes, conspiraron para detenerlo por seis años en relación a un encubrimiento diseñado para ocultar su complicidad en los asesinatos de la Casa de la Muerte.

El caso

La demanda fue presentada en una corte federal de Nueva York a fines de julio y busca obtener 125 millones de dólares en daños de parte de los acusados en conjunto.

Entre aquellos nombrados en la demanda se encuentra el ex Procurador del Distrito oeste de Texas, Johnny Sutton así como Margaret Leachman, ahora jefa de la División Criminal del Distrito oeste; Richard Durbin, ahora primer asistente del Procurador del Distrito oeste; Juanita Fielden, asistente del Procurador del Distrito oeste de la división de El Paso.

A pesar de que la demanda ahora no es pública, Narco News, a través de algunas fuentes, pudo obtener las declaraciones del caso.

La demanda es confidencial, en parte, para asegurar que la ubicación de Ramírez Peyró no sea revelada, debido a que su vida está en juego.

Además de la actual demanda de la organización narcotraficante de Vicente Carrillo Fuentes (VCF), “unas 16 personas están libres que [Lalo] Ramírez Peyró ayudó a encarcelar,” dice Steve Cohen, abogado de Ramírez Peyró.

Cohen no quiso hacer comentario alguno sobre la demanda, debido a su confidencialidad; sin embargo, previamente había hecho un comentario a Narco News:

El Sr. Peyró ofreció su vida a los Estados Unidos de América una y otra vez. Él es directamente responsable de unas 50 detenciones, aproximadamente, de los miembros más importantes del cártel, así como de la confiscación de enormes cantidades de drogas de las calles de este país…

Narco News contactó a la oficina de Sutton en Austin para obtener algún comentario, pero no respondió antes del cierre de edición.

Daryl Fields, vocero de la oficina del Procurador del Distrito Oeste de Texas en San Antonio, también fue contactado por las acusaciones hechas en la demanda de Ramírez Peyró.

“No tenemos comentario alguno,” Fields dijo en un correo enviado a Narco News.

En las declaraciones juradas presentadas en un juicio anterior relacionado con las muertes de la Casa de la Muerte, Fielden y el ex Agente Especial de ICE a cargo Giovanni Gaudioso, (también acusado en la demanda actual) ambos sostienen que no hicieron nada impropio en el cuidado de Ramírez Peyró como informante y también enfatizaron que no tenían conocimiento previo de alguno de los asesinatos llevados a cabo en la Casa de Juárez.

La demanda de Ramírez Peyró, presentada en la Corte del Distrito Oeste de Nueva York, afirma que estuvo presente en al menos tres asesinatos en la Casa de la Muerte y supervisó el entierro de las víctimas.

Ramírez Peyró grabó el primer asesinato porque en un principio estuvo asustado de ser asesinado también. En vez de eso, tres hombres—dos de ellos policías mexicanos—ejecutaron al abogado mexicano Fernando Reyes mientras Ramírez Peyró estaba en la casa, afirman las declaraciones juradas.

“Era práctica de las organizaciones criminales, cuando no estaban seguros de la lealtad de un soldado, de hacerlo participar en los asesinatos para que al mismo tiempo probaran su lealtad o fueran usados como informantes inútiles,” afirma la demanda de Ramírez Peyró.

Inmediatamente, Ramírez Peyró volvió a El Paso, Texas, luego del asesinato de Reyes para informar lo que había sucedido a sus superiores en ICE. En ese momento, la demanda dice, los funcionarios del Departamento de Justicia tomaron una decisión catastrófica.

De las declaraciones de Ramírez Peyró:

El acusado Fielden fue inmediatamente informado sobre la grabación y [Ramírez Peyró] y [Raúl] Bencomo [el superior del informante en ICE] expresó que estaban incómodos con proceder más en la operación de encubrimiento. Fueron denegados por… [el Agente Especial a cargo de ICE] Guadioso y [el fiscal] Fielden, y [Ramírez Peyró] fue dirigido a continuar trabajando con el Cartel de drogas de Ciudad Juárez [VCF].

[Ramírez Peyró] fue instruido por Gaudioso para intentar evitar estar presente cuando las ejecuciones tuvieran lugar, pero si se hallaba presente, no las grabara.

… Gaudioso y Fielden informaron [al entonces Fiscal] Sutton, [al entonces asistente del Procurador] Leachman y [al entonces jefe del a división criminal] Durbin sobre la ejecución de Reyes y el hecho de que existiera una grabación de la ejecución.

… Durbin y Sutton, en vez de cancelar la operación encubierta, ordenaron que continuara.

… La información referente a la ejecución de Reyes fue comunicada a los niveles más altos del Departamento de Justicia de EEUU, incluyendo al Vicesecretario adjunto [James] Comey [recientemente nombrado director del FBI] al Secretario General John T. Malcolm y al Procurador General John Aschroft [quien ahora emplea a Sutton en su oficina de abogados, la Firma Legal Ashcroft].

Ramírez Peyró, entre agosto de 2003 y enero de 2004, informó a sus superiores del gobierno de EEUU sobre los siguientes asesinatos en la Casa de la Muerte, a veces antes de que tuvieran lugar, afirma.

“Tanto ICE como el Departamento de Justicia sabían de estas ejecuciones, tanto a través de celulares intervenidos y de la información proporcionada por Ramírez Peyró,” afirma la demanda. “Luego de cada ejecución, Ramírez Peyró y Raúl Benecomo pidieron que la operación fuera terminada y se procediera con las detenciones. Sin embargo, Ramírez Peyró fue obligado a continuar su trabajo encubierto.”

El supuesto encubrimiento

Luego de que en 2004 fuera expuesta la Casa de la Muerte-próximo a que Santillán apuntara a un agente de la DEA y su familia para ejecutarlos—Ramírez Peyró fue puesto en custodia protegida hasta el verano de 2004—cuando se atentó contra su vida en El Paso, Texas. En ese punto, la demanda afirma, Ramírez Peyró fue puesto en una unidad de detención aislada en Texas “bajo la categoría de testigo presencial” para el juicio de Santillán.

Sin embargo, en abril de 2005, el entonces Procurador de los EEUU Sutton llegó a un acuerdo con el líder de la célula de VCF Santillán, en el cual recibió una sentencia de 25 años y todos los cargos por asesinato fueron eliminados.

Pero, en vez de liberar a Ramírz Peyró, la demanda afirma que los procuradores y agentes lo coaccionaron para permanecer en prisión bajo la amenaza de deportar a su esposa e hijos, quienes tenían visas temporarias para permanecer en los EEUU y que hubieran tenido que enfrentarse a una muerte segura a manos de VCF si fueran enviados de vuelta a México.

En mayo de 2005, después del acuerdo de Sutton con Santillán, el gobierno de los EEUU inició el procedimiento de deportación en contra de Ramírez Peyró, quien también se enfrentaría a una posible tortura y muerte a manos de los asesinos de VCF a su regreso a México.

De las declaraciones judiciales:

… Sutton, Gaudioso, Fielden, Leachman, Durbin y otros acusados entraron a una conspiración para encubrir el hecho de que no sólo sabían de los asesinatos [en la Casa de la Muerte], sino que también lo estaban escuchando en dispositivos proporcionados a Ramírez Peyró por los acusados con ese objetivo, y para encubrir el hecho de que habían instruido a Ramírez Peyró para que continuara su trabajo con el pleno conocimiento de que había sido asignado para mantener la “Casa del Muerte” donde las ejecuciones por parte del Cártel de Juárez estaban ocurriendo.

… Fielden, Sutton, Gaudioso, Leachman y Durbin decidieron que si a Ramírez Peyro se le permitía testificar en el juicio de Santilán, serían implicados en los asesinatos y que si ICE… tenía conocimiento, tanto antes como después de los hechos, que esos individuos habían sido ejecutados y enterrados por el Cártel de Juárez en la “casa de la muerte”.

…Sutton, Gaudioso, Fielden, Leachman y Durbin tramaron una conspiración para encubrir los asesinatos de la Casa de la Muerte.

…Sutton, Guadioso, Fielden, Leachman y Durbin conspiraron para entrar a un acuerdo con Santillán para que el asunto no llegara a la corte.

Durante los cinco años posteriores al acuerdo de Santillán, Ramírez Peyró quedo en prisión por funcionarios estadounidenses mientras se enfrentaba a los procedimientos de deportación. Finalmente, Ramírez prevaleció, y fue liberado en abril de 2010 luego de conseguir un aplazamiento temporal de remoción en la Convención contra la tortura de las Naciones Unidas, debido a la creíble amenaza a su vida en caso de ser deportado a México.

Sin embargo, el juicio actual sostiene que los casi seis años que Ramírez pasó en prisión, la mayoría en aislamiento, fue punitivo y parte de un esfuerzo por encubrir los asesinatos de la Casa de la Muerte al silenciarlo y castigarlo.

Más de las declaraciones:

[Ramírez Peyró] fue trasladado de una cárcel a otra, incluyendo a la cárcel del Condado Wilson en Floresville, Texas; la cárcel de Midland, Texas; la cárcel del condado Washington en Stillwater, Minnesota; y la cárcel de Sherburne en Elk River, Minnesota [y finalmente a la cárcel federal de Búfalo en Nueva York] en cada una de ellas estuvo secuestrado en Unidades especiales de alojamiento (SHU, por sus siglas en inglés.

[Ramírez Peyró]… en cada una de las prisiones, estuvo mantenido en total aislamiento de otros prisioneros, despojado de sus familiares, amigos, y del mundo exterior bajo condiciones mucho más severas de lo necesario.

Tales condiciones no afectaron el propósito legal de asegurar su testimonio o protegerlo de asesinos probables ni sirvieron para otro propósito legítimo.

…Durante el tiempo en que estuvo confinado en dichas cárceles, no tuvo acceso al teléfono, a televisión o diarios, fue despojado de acceso al jabón y otros medios elementales de higiene, fue mantenido en celdas diminutas por 23 horas al día, con el suelo contaminado de heces y orina, y sus manos y tobillos estaban encadenadas cada vez que dejaba su celda.

Cada vez que Ramírez Peyro, quien no tenía cargos criminales ni de ningún tipo, era transferido a otra prisión, sus pies eran encadenados, sus manos encadenadas a la cintura, era acompañado por al menos 10 agentes federales, era trasladado a mita de la noche, con luces y sirenas en el vehículo en que era transportado, y con vehículos que lo custodiaban. Si viajaba por avión, era en un avión privado del gobierno de los EEUU.

La demanda afirma que la detención de Ramírez Peyró, y su trato mientras estuvo encarcelado, violó sus derechos constitucionales, específicamente sus derechos como ciudadano mexicano residiendo en los EEUU, “para estar seguro frente a un ataque a su persona y frente a la negativa a un proceso debido”, así como sus “derechos a libertad de expresión y asociación.”

De las declaraciones:

[Ramírez Peyró] no cometió ninguna infracción durante su detención, no fue revoltoso, ni disyuntivo y no violó ninguna regla; su reclusión en SHU fue estrictamente cumplido para que no pudiera revelar los hechos concernientes a los asesinatos en la Casa de la Muerte y el encubrimiento gubernamental.

En varias de las prisiones en las que estuvo recluido, los medios trataron de hablar con él o entrevistarlo, pero fueron prevenidos de hacerlo.

Como resultado de haber sido mantenido en una continua reclusión solitaria, sus derechos constitucionales de la Primera Enmienda de libertad de expresión y asociación fueron severamente obstruidos por los acusados. El derecho de Ramírez Peyró a hablar y asociarse es un derecho protegido.

Cada uno de los acusados, tomó acciones en contra de Ramírez Peyró para asegurar que sus derechos fueran restringidos, incluyendo sus abruptos traslados de un centro de detención a otro, a mitad de la noche y bajo una intensa custodia, y en cada centro de detención poniéndolo inmediatamente bajo aislamiento, por tanto restringiendo su interacción con otros presos, los medios, su familia y su abogado, y todo con el fin de silenciarlo por los acontecimientos de los asesinatos en la Casa de la Muerte, que implicaban a los acusados y al gobierno de los Estados Unidos con un encubrimiento.

Permanezcan en sintonía…

Para más información de la Casa de la Muerte revisen este enlace.

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