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La guerra de palabras entre la senadora Dianne Feinstein y la CIA es retórica vacía

El caso de Richard Horn prueba que los engaños de la CIA y el consentimiento del Congreso son negocio habitual


Por Bill Conroy
Especial para The Narco News Bulletin

16 de marzo 2014

La actual controversia entre la CIA y la senadora estadounidense Dianne Feinstein, presidenta del Comité de Inteligencia del Senado (SSCI, por sus siglas en inglés), hace eco de un incidente poco conocido previo entre la agencia espía y el ex agente de la DEA, Richard Horn, que igualmente acusó a la CIA de espionaje ilegal, manipulación de documentos oficiales y de mentir a partes externas oficiales.

En el caso de Feinstein y el SSCI, la controversia es sobre la investigación de la Comisión del Senado sobre las prácticas de detención e interrogatorio utilizadas bajo la administración Bush en la llamada guerra contra el terrorismo.

La semana pasada, Feinstein, normalmente firme defensora de las agencias de inteligencia del país, atípicamente criticó públicamente a la CIA. Acusó a la agencia y a su principal abogado de espiar ilegalmente al personal del Senado encargado de investigar las prácticas de terrorismo del gobierno de Bush, de tratar de intimidar a la comisión del Senado pidiendo al Departamento de Justicia que investigue a esos mismos empleados sobre la base de lo que ella describe como “información inexacta” proporcionada al Departamento de Justicia, y de eliminar previamente cientos de documentos de las computadoras utilizadas por personal del Senado.

Aunque Feinstein no identificó públicamente al abogado de la CIA acusado de orquestar el presunto ataque contra el personal del Senado -a través de su derivación al Departamento de Justicia- el portavoz de la Casa Blanca Jay Carney confirmó esta semana que fue el Consejero General de la CIA Robert Eatinger.

El personal del Senado estaba utilizando equipos seguros creados por la CIA que les permitía examinar millones de documentos para preparar un informe sobre el programa de terrorismo, detención e interrogatorio -una informe de unas 6 mil páginas aun clasificado supuestamente completado el año pasado. En el corazón del conflicto, de acuerdo con reportes de los medios, un documento descubierto por los empleados del Senado durante su investigación de los expedientes de la CIA supuestamente es bastante perjudicial para el organismo en sus revelaciones sobre la detención y prácticas de interrogatorio.

La CIA alega que los miembros del personal del Senado hachearon ilegalmente las computadoras de la CIA para obtener el documento – creando la base para la solicitud de Eatinger para una investigación criminal del Departamento de Justicia. Los miembros del personal del Senado sostienen que el documento en cuestión estaba contenido en un tesoro de registros puesta a su disposición por la CIA para su investigación -no está claro si a propósito o por accidente.

Irónicamente, el abogado de la CIA Eatinger, el foco de la ira de la senadora Feinstein, estuvo en el centro de algunas de las presuntas violaciones que involucran al programa de detención e interrogatorio de la era Bush. Él era uno de los abogados que aprobaron la “legalidad” para la destrucción de 92 cintas de video de interrogatorios de sospechosos de al -Qaeda.

Repitiendo el modelo

El caso Horn ofrece un inquietante paralelo a lo que hoy se juega a cabo entre el Comité de Inteligencia del Senado y la CIA. Ambos casos demuestran el daño que se obró cuando la justicia se retrasa y el Congreso no realiza sus funciones de supervisión en aras de avanzar en la conveniencia política.

Hace más de cuatro años Narco News expuso al abogado de la CIA Eatinger como un individuo acusado de proporcionar “información inexacta” a un tribunal federal con el fin de proteger a la CIA. En aquel entonces, Eatinger fue acusado de engañar a un juez federal en un caso civil que involucra al ex agente de la DEA Horn -que afirmaban que funcionarios de la CIA y del Departamento de Estado lo espiaron ilegalmente y sabotearon sus esfuerzos para frenar el tráfico de heroína en Birmania (ahora Myanmar).

El caso de Horn fue obstaculizado durante años porque estaba envuelto en virtud de las restricciones nacionales de seguridad -conocido como privilegio de secretos estatales e invocado por la CIA en su caso. El juez en el caso de Horn (un ex miembro del tribunal de la FISA Royce Lamberth) acordó aplicar los privilegios estatales ya que la CIA llevó a la corte a creer que un actor clave en el litigio, el ex jefe de la estación de la CIA en Birmania Arthur Brown, era un agente encubierto con necesidad de protección -cuando, de hecho, su condición encubierta no existió más durante los 15 años de batalla legal de Horn.

Tanto el juez federal en el caso Horn como su abogado acusaron a Eatinger, y a varios otros, de ser cómplices de un engaño por su fracaso en informar a la corte que la condición encubierta de Brown había sido terminada.

De una moción judicial presentada por el abogado de Horn en junio de 2009 y reverenciada en una historia del 14 de noviembre publicada por Narco News:

Los abogados… de la CIA … y/o ex abogados John A. Rizzo, Robert J. Eatinger y A. John Radsan intentaron, a través de sus declaraciones, encubrir cuando tuvieron conocimiento de la revocación de la condición encubierta de Brown [el ex jefe de estación de la CIA].

El juez en el caso civil de Horn, que se escuchó en la corte federal en Washington, DC, a principios de 2009 dictaminó que la CIA había cometido fraude en su corte al no revelar de manera oportuna que Brown ya no se consideraba un agente encubierto. De hecho, la “cubierta” oficial de Brown de la CIA fue levantada en 2002, sin embargo, el gobierno continuó reclamando que el estado encubierto de Brown era un fundamento de su alegación para los privilegios estatales en el caso de Horn hasta principios de 2008.

Esa afirmación falsa dio lugar a que Brown fuera desestimado como imputado del caso por un fallo de la corte de apelaciones en 2007.

No fue hasta el 31 de enero de 2008, cuando se hizo evidente que el caso de Horn todavía continuaba a pesar de la eliminación de Brown, que los funcionarios de la CIA, a raíz de una supuesta investigación interna, finalmente informaron al Juez Lamberth que la condición encubierta de Brown había sido levantada en el año 2002 (unos seis años antes) y que él ya no tenía una condición encubierta del Estado para gozar de privilegios de secretos de estado.

De hecho, Brown presentó una declaración ante la corte federal en enero de 2009 alegando que en 2002 había informado personalmente a dos abogados de la CIA que su condición encubierta se había levantado -uno de ellos es Eatinger.

De la declaración de Brown:

... Recuerdo notificar en persona a dos abogados de la Oficina del Consejero General (OGC, por sus siglas en inglés) de la División de lo Contencioso, A. John Radsan [ya retirado] y Robert J. Eatinger sobre el cambio en mi estado encubierto en 2002, a los pocos meses de las acciones de la agencia.

Desde el inicio de este litigio, la OGC me ha aconsejó que debería ser el canal por el que yo comunicara cualquier información clasificada respecto a este caso, incluida la información que se comunicará a los abogados del Departamento de Justicia. En consecuencia, me basé en OGC para comunicar el cambio en mi estado encubierto para el Departamento de Justicia [cuyos abogados representaban a Brown en el caso de Horn].

Sin embargo, como era de esperar, Eatinger, en una declaración presentada ante el tribunal en octubre de 2009, niega que Brown le informara de su cambio de estado encubierto. La prueba: Eatinger nunca “recordó” la conversación con “una nota en el archivo.”

Por lo tanto, el razonamiento parece ser que debido a que no puso una nota oficial en un archivo esto nunca ocurrió.

“Yo también estoy seguro de que si el señor Brown me hubiera informado de su cambio de estado encubierto en el verano de 2002 hubiera recordado esta conversación con una nota en el fichero”, Eatinger afirma en su declaración . “Mientras me desempeñé como Jefe de la Sala de lo Contencioso, mi práctica era que, cada vez que conociera información significativa relativa a un caso en el que la Sala de lo Contencioso estuviera involucrada o cuando tomara un poco de acción en un caso, me gustaría recordar a la información en un nota escrita a mano o en un correo electrónico interno que enviaría a un asistente legal para colocarlo en el expediente correspondiente.

“Dado que yo no tomé las acciones descritas … Tengo mucha confianza en mi creencia de que nunca me enteré de que la cubierta del señor Brown se hubiera levantado y remonté atrás hasta enero de 2008 [después de que el tribunal tuvo conocimiento de ese hecho por los abogados del Departamento de Justicia].”

Pero hay más. Al igual que en la actual controversia Feinstein/CIA, las acusaciones de espionaje y manipulación de documentos también están en el centro del caso de Horn.

Además de castigar al gobierno por conspiración del ex jefe de la estación de la CIA Arthur Brown y el ex jefe de la misión del Departamento de Estado Franklin Huddle Jr. que inició el litigio [en el que se les acusaba de plantar equipos de espionaje en la casa de Horn, en Birmania, entre otros actos], y por el supuesto encubrimiento del retrotraído estado encubierto de Brown por los abogados de la CIA que casi descarrilaron la demanda de Horn, el juez Lamberth, en la decisión del 30 de marzo de 2009, también hace referencia a que “se ha producido evidencia inquietante en un movimiento cerrado que indica mala conducta en las oficinas del Inspector General, tanto en el Departamento de Estado y como en la Agencia Central de Inteligencia”.

Un escrito presentado en el tribunal en el litigio de Horn indica que un ex agente de supervisión con la Oficina del Inspector General del Departamento de Estado había accedido a testificar bajo juramento que un informe de investigación que él preparó en el asunto Horn “fue reescrito sin su conocimiento o permiso, y su firma falsificada, y sus conclusiones habían cambiado”.

Además, el ex agente de la Oficina del Inspector General del Departamento de Estado, Paul E. Forster, de acuerdo a la presentación ante el tribunal, tenía previsto testificar que en su “contraparte” la OIG de la CIA (un individuo llamado Michael E. Grivsky) también fue sometida a un tratamiento similar.

La amenaza del juez para imponer sanciones a Eatinger y otras personas involucradas en los engaños del caso de Horn fue levantada después de que las Oficinas del Inspector General del Departamento de Estado y la CIA acordaron presumiblemente ,a instancias de los abogados del Departamento de Justicia remitir el asunto al Congreso para su investigación.

Una moción presentada el 20 de julio de 2010 en una corte federal en Washington, DC, confirma que la remisión del Congreso solicitada por el juez Lamberth (como condición para desestimar su orden exigiendo sanciones) fue realizada:

De conformidad con el Memorándum de Opinión y Orden del tribunal del 30 de marzo 2010… las Oficinas del Inspector General de la Agencia Central de Inteligencia y el Departamento de Estado refieren los alegatos expuestos en el dictamen de la Corte y del pedido a la Comisión de Integridad del Consejo de los Inspectores Generales sobre Integridad y Eficiencia e informan a sus respectivos comités de supervisión del Congreso los alegatos. El Gobierno solicita respetuosamente que la Corte ahora conceda la moción del gobierno para desalojar las opiniones y ordenes del Tribunal de Justicia del 15 enero de 2009 y 6 de febrero 2009 [que amenazaban sanciones contra los abogados de la CIA, incluyendo Eatinger].

Narco News publicó un artículo el 4 de julio de 2010, indicando que el Comité de Asuntos Exteriores había iniciado una investigación sobre presunta corrupción en el Departamento de Estado y su Oficina del Inspector General que fue expuesto en una demanda presentada por el ex agente de la DEA Richard Horn.

Además, según una fuente del Congreso, los comités de la Cámara y de Inteligencia del Senado (el último, ahora presidido por Feinstein), así como del Comité Senatorial de Relaciones Exteriores fueron puestos en aviso sobre la presunta corrupción, que, en el caso de Horn, también involucraba a los abogados de la CIA, así como a la oficina de del Inspector General (OIG) de la CIA.

Por supuesto, el Congreso y sus diversos comités de inteligencia y agencias de supervisión procedieron rápidamente a no hacer nada y finalmente las referencias desaparecieron en el basurero de la inacción. Después de una batalla de 15 años con la CIA, Horn se alejó de su caso con un acuerdo de 3 millones de dólares y en última instancia el juez Lamberth rechazó todas las sanciones amenazadas contra los abogados de la CIA.

“Las circunstancias extraordinarias de poner fin a estos 15 años de litigios muy disputados que ya han consumido demasiado tiempo y demasiados recursos para todos los interesados y la conveniencia de finalidad son suficientes para que este Tribunal emita una orden de acompañamiento… de desestimar esta acción… “, escribió el juez Lambert en su decisión del 30 de marzo de 2010 sobre el caso de Horn. “Sin embargo, no por llegar a esta decisión el Tribunal no deja de tener alguna duda. El año pasado, otro miembro de este tribunal aprobó la resolución de otro caso (sobre la investigación del FBI de las cartas con ántrax a finales de 2001), que implicó el pago a un demandante individual de $6.000.000 por los Estados Unidos. ... Parece que ningún funcionario del gobierno fue considerado responsable de esta gran pérdida para el contribuyente.

“Ahora, este Tribunal está llamado a aprobar un pago de $3.000.000 a un demandante individual [Horn] por los Estados Unidos, y de nuevo, no parece que los funcionarios del gobierno han sido considerados responsables de esta pérdida para el contribuyente. Esto es preocupante para la Corte”.

Tontos en el Capitolio

Y así, el abogado de la CIA Eatinger y otros presuntamente vinculados con el caso de corrupción de Horn sobrevivieron y ahora, más de cuatro años después, nos encontramos con una senadora de EEUU, la presidenta del SSCI Feinstein, acusando al mismo abogado de la CIA de “un potencial esfuerzo para intimidar” a ayudantes del comité del Senado y del “suministro de información inexacta” al Departamento de Justicia.

Pero no hay que preocuparse demasiado dado que Eatinger pronto será reemplazado en su papel de consejero por un reemplazo permanente, Caroline Krass, cuyo nombramiento para el puesto más alto abogado de la CIA se había guardado hasta el pasado jueves, cuando se aclaró repentinamente.

Así que ahora Eatinger se retira del papel principal en la escena pública y la tensión entre el Senado y la CIA puede ser manejado a puerta cerrada, para el beneficio de una nación crédula.

Si la historia sirve de guía, esperaremos que la controversia del Senado/CIA se suavice rápidamente; que el informe sobre las detenciones y prácticas de tortura del gobierno de Bush en el centro de la polémica sea enterrado, o dado a conocer públicamente en su versión lavado; y a todos aquellos acusados de subvertir nuestro proceso constitucional se les otorgará alojamiento y/o puestos dorados y lucrativos en el sector privado.

Tal vez haya un resultado más justo, que tenga un parecido a la justicia y la verdad, pero una fuente cercana al caso Horn dijo a Narco News que si usted cree que el pasado es el preludio del futuro, entonces es mejor no apostar dinero:

Obviamente el Sr. Eatinger no aprendió su lección. ¿Quién pensó que lo haría? Ciertamente yo no. Nunca hubo ninguna responsabilidad en el caso Horn- nunca. Así es como es.

Permanezcan en sintonía…

Para acceder a todos los artículos publicados por Narco News sobre el caso Richard Horn, haga clic aquí -y también busque los enlaces de la historia en la parte inferior del artículo.

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