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Continúa entrenamiento militar estadounidense a las fuerzas de seguridad mexicanas mientras se intensifican abusos a los derechos humanos

Funcionarios del Departamento de Defensa afirman que los entrenamientos son parte de la solución, no del problema


Por Bill Conroy
Especial para The Narco News Bulletin

3 de diciembre 2014

El gobierno de los Estados Unidos ha gastado más de 62 millones de dólares desde 2010 proporcionando entrenamiento altamente especializado a las fuerzas de seguridad mexicanas, incluyendo unos 16.3 millones en 2013, como parte de un esfuerzo para ayudar a México a procesar mejor su guerra contra las drogas, según muestran registros hechos públicos bajo la ley de Asistencia Extranjera de los EEUU.

El gasto ha continuado incluso cuando el ejército y policía mexicana siguen enfrentando acusaciones sobre abusos a los derechos humanos en contra de ciudadanos mexicanos, lo que ha provocado que algunos expertos cuestionen si el entrenamiento financiado por los EEUU ha resultado en consecuencias mortales sin intención.

La noticia de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa a fines de septiembre, localizada en el estado mexicano de Guerrero, ha encendido la mecha de protestas masivas en México. Los estudiantes fueron supuestamente entregados a una banda criminal luego de haber sido secuestrados por la policía mexicana y continúan desaparecidos. La policía disparó a los tres autobuses que transportaban a los estudiantes en una carretera cerca de Iguala, a unos 130 kilómetros al norte de Ayotzinapa, y el secuestro fue hecho cerca de una base militar mexicana, de acuerdo con Human Rights Watch.

El incidente de Ayotzinapa fue precedido por un ataque menos conocido en junio en donde soldados mexicanos asesinaron a 22 personas dentro de una bodega en Tlatlaya, a 238 kilómetros al suroeste de la ciudad de México. Al menos doce de esos homicidios fueron calificados como ejecuciones extrajudiciales, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México.

El año pasado, el gobierno mexicano admitió que al menos 26 mil personas habían desaparecido en México desde 2006 -el año en que la se lanzara la guerra contra los “carteles” en el país. Durante ese mismo periodo, el INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información) reportó que en México hubo 155 mil homicidios, la mayoría relacionados con la guerra contra las drogas.

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos insiste que la relación que tiene con las fuerzas de seguridad mexicanas está basada en “la confianza y el respeto mutuo” y es fundamental para ayudar a reducir la violencia desencadenada por las organizaciones criminales en México.

El entrenamiento estadounidense, financiado a través del Departamento de Defensa y en menor medida por el Departamento de Estado, incluye un amplio rango de estrategia y tácticas militares y es llevada a cabo en lugares de los Estados Unidos y dentro de México. Entre los temas del curso en el programa se encuentran conflictos asimétricos, contra inteligencia, contra terrorismo internacional, operaciones psicológicas, operaciones anti droga y operaciones urbanas. El entrenamiento se proporciona a un amplio espectro de fuerzas de seguridad mexicanas, incluyendo el Ejército, la Marina y la Policía Federal, de acuerdo con información proporcionada al Congreso bajo los requerimientos de la Ley de Asistencia Extranjera y se encuentra actualmente bajo el año fiscal 2013.

Adam Isacson, asociado de alto rango para la política de seguridad regional en la Oficina Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), una ONG que promueve los derechos humanos y la democracia en América Latina, dice que hay una falta de registros públicos convincentes sobre el destino de las fuerzas mexicanas de seguridad luego de recibir el entrenamiento militar estadounidense.

“¿Qué pasa con las personas entrenadas luego de uno o dos años de que son desplegadas en regiones controladas por el crimen organizado?”, pregunta Isacson. “Simplemente no tenemos un buen registro de estas personas luego del entrenamiento, y el dinero que les pagan no puede competir con el dinero de la droga. Además, el riesgo de ser atrapado es pequeño. El riesgo mayor para ellos no es la cárcel, sino quedar enemistado de las organizaciones de drogas.”

Desde 2010 a 2013, se ha proporcionado entrenamiento militar estadounidense a 8,300 miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas, de acuerdo con la información de la Ley de Asistencia Extranjera. Ese entrenamiento es supervisado por el Comando Norte Estadounidense (Northcom), una rama del Departamento de Defensa creada en 2002 que es responsable de la seguridad nacional estadounidense así como la cooperación de seguridad con las Bahamas, Canadá y México.

Los funcionarios de Northcom afirman que las fuerzas de seguridad mexicanas que reciben entrenamiento militar estadounidense están bien investigadas y que la información se mantiene en todos los participantes. El entrenamiento está diseñado para complementar los esfuerzos mexicanos actuales para mantener la seguridad y estabilidad de su país.

“No creemos que el entrenamiento militar estadounidense posibilite la corrupción y las violaciones a los derechos humanos” dice el sargento de la Fuerza Aérea Chuck Marsh y portavoz de Northcom. “Por el contrario, los militares estadounidenses que proporcionan entrenamiento sirven como modelos positivos a seguir, desplegando valores profesionales que las fuerzas de seguridad extranjeras puedan emular. Conducen este entrenamiento en estricta conformidad con la Ley Leahy, que nos requiere asegurar que los individuos y unidades con quienes trabajamos no estén involucradas con violaciones a los derechos humanos.”

Sin embargo, en un país donde menos del 13 por ciento de los crímenes son reportados, de acuerdo con un reciente informe del Servicio de Investigación del Congreso, y donde decenas de miles de asesinatos y casos de desaparición de personas continúan sin resolverse, es difícil aceptar con certeza que la información que se tiene de la las fuerzas de seguridad mexicanas entrenadas por los EEUU tiene algún uso para monitorear la corrupción. Si los abusos a los derechos humanos no son reportados, mucho menos investigados, no hay nada que registrar.

E incluso cuando los abusos son probados, los índices de procesamiento son raquíticos.

Entre 2007 y mediados de 2013, la Procuraduría General de la República Mexicana (PGR) abrió 5,600 casos por abusos a los derechos humanos cometidos por soldados, reportó Human Rights Watch. Sin embargo, hasta octubre de 2013, solo 38 casos habían resultado en el procesamiento y sentencia por parte de tribunales militares.

El año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) informó que las fuerzas de seguridad mexicana eran sospechosas de participar en al menos 2,443 casos de desaparición de personas. Human Rights Watch, en un estudio publicado el año pasado, dice que “encontró evidencia que miembros de todas las ramas de las fuerzas de seguridad [mexicanas] llevaron a cabo desapariciones forzadas.”

“Prácticamente ninguna de las víctimas han sido encontradas ni los responsables fueron llevados a la justicia,” reporta Human Rights Watch.

Isacson, de WOLA, dice que hasta ahora no hay evidencia que directamente vincule los abusos a los derechos humanos por fuerzas de seguridad mexicana con el entrenamiento militar estadounidense, pero agrega que el “riesgo es enorme.”

“Hace unos años, el Congreso requirió al Departamento de Defensa llevar más registro de los entrenados, pero la información es clasificada,” menciona.

Lo que hace falta son registros públicos cuantificables que puedan evaluar la efectividad del entrenamiento militar estadounidense a fuerzas de seguridad mexicanas o el registro de derechos humanos de las personas entrenadas una vez que el entrenamiento haya terminado. “Esa evaluación actualmente se basa en mayor parte en una fe ciega,” dice Isacson.

Y sin embargo, en un giro inesperado al tema del entrenamiento militar, Isacson afirma que el Ejército de los EEUU está ayudando a financiar la exportación de entrenamiento militar colombiano a otros países como parte de su coordinación de seguridad con la nación sudamericana. Colombia proporcionó entrenamiento militar y policial a más de 10,310 miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas entre 2009 y 2013, de acuerdo con un reciente informe de WOLA que utiliza cifras proporcionadas por la Policía Nacional de Colombia.

“Parte de este entrenamiento fue financiado por los Estado Unidos, aunque Colombia llevara a cabo muchas actividades utilizando sus propios recursos, o de otros donantes, como Canadá.,” afirma el informe de WOLA. “… Más allá de los anuncios oficiales de la estrategia, y de los reportajes ocasionales y anecdóticos de la prensa, poca información se encuentra disponible sobre la extensión y naturaleza del entrenamiento colombiano.”

“Mientras la ley de asistencia extranjera requiere que los Estados Unidos reporten al Congreso detalles sobre su entrenamiento en el extranjero, estos reportes no incluyen mención alguna de las actividades financiadas por los EEUU llevadas a cabo por las fuerzas colombianas.”

La naturaleza y las fuentes de financiamiento para el entrenamiento militar exportado por Colombia puedan ser oscuras. Pero lo que está claro es que el entrenamiento militar estadounidense fue proporcionado a 4,486 miembros de las fuerzas de seguridad colombianas en 2013 con un costo de 32.9 millones de dólares para los contribuyentes, de acuerdo a la información más reciente de la Ley de Asistencia Extranjera. Gran parte de ese entrenamiento fue en áreas consistentes con operaciones de seguridad regional, incluyendo cursos en contra terrorismo internacional, cooperación en seguridad avanzada, operaciones conjuntas y comunicación tácticas internacionales.

El entrenamiento del ejército y policía colombiana proporcionado a las fuerzas de seguridad mexicanas, dice Isacson, es esencialmente un acuerdo apoderado, dado el papel de los Estados Unidos en ayudar a financiar y coordinar ese entrenamiento.

“Los colombianos entrenaron a 10 mil mexicanos con la ayuda del dinero de los EEUU,” agrega. “Nuestra mayor preocupación es la falta de transparencia y control.”

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