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La lucha por el río Xingú

Frente a la imposición de una hidroeléctrica, el pueblo brasileño se organiza


Por Kena Chaves y Fernando León
Especial para The Narco News Bulletin

20 de diciembre 2014

En los últimos años, las luchas por la defensa del territorio en América Latina han marcado la agenda de las movilizaciones en el continente. Esta defensa frente a la imposición de megaproyectos de infraestructura no distingue a los gobiernos progresistas de los neoliberales. En todo el continente, el despojo de los recursos se puede poner cualquier camiseta, la del desarrollismo progresista o la de la entrega directa neoliberal, sin eufemismos. En este contexto, se han formado importantes movimientos sociales que defienden su territorio ancestral y Brasil es hogar de uno de ellos.

Los proyectos

Durante las últimas dos décadas, las transformaciones políticas del continente -la llegada de gobiernos llamados “progresistas” de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Chile, Venezuela, Nicaragua, Uruguay, etc.- comenzaron a gestar una nueva composición de generaciones políticas que han renovado la agenda económica y social de la región. Si bien la mayoría de estos nuevos gobiernos han sido impulsados por una importante movilización social en contra de las políticas neoliberales, la retórica de los mismos no siempre es acompañada de políticas de un proyecto popular.


El sitio de construcción de la presa Belo Monte en Pará, Brasil. DR Mario Tama 2012
En esos países, la agenda del desarrollo ha estado marcada como objetivo en sus economías e industrias y, como tal, el modelo extractivo de los recursos de los países como forma de financiación se ha consolidado en la región.

Entre los recursos primarios que el extractivismo en el continente explota se encuentran desde los generados por la minería a cielo abierto, con sus grandes necesidades de recursos acuíferos que al mismo tiempo contamina; la explotación petrolera, en métodos de explotación convencionales o a través de la fracturación hidráulica, o fracking; el monocultivo de grandes extensiones de tierras productivas como la soja; entre otros.

Aunado a ello, las problemáticas sociales generadas por la contaminación de las aguas, del aire y de la tierra por los agrotóxicos necesarios para el cultivo de la soja, además del despojo de estos recursos a las comunidades que habitan las zonas y su desplazamiento, generan espacios de conflictividad que no necesariamente son abordados con una alternativa a su explotación por parte de dichos gobiernos.

Durante la última década se han impulsado proyectos de integración de esta infraestructura regional que permitan unificar la explotación, transporte y comercialización de los recursos a través de la creación de corredores económicos. En el caso de Norte y Centroamérica el principal corredor fue el anteriormente denominado Plan-Puebla-Panamá (PPP) y que en la actualidad lleva el nombre de Proyecto Mesoamérica, y que incluye los territorios del sur de México hasta Panamá.

En cuanto a la región sudamericana, el principal unificador de megaproyectos de extracción e infraestructura es la Iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). Ambos proyectos se enfocan en la creación de corredores de extracción de recursos que incluye la generación de energía, comunicaciones y transporte que permite la adecuada extracción y exportación de los mismos.

Estas dos iniciativas se han consolidado como las principales aglutinadoras de proyectos de infraestructura de todo el continente. Dentro de estas iniciativas, la generación de energía eléctrica es fundamental. Para ello, en los afluentes de los ríos más importantes del continente se encuentran en marcha proyectos hidroeléctricos de gran envergadura. En la zona amazónica brasileña, existen más de 20 proyectos de generación de energía. Algunos están en construcción, otros se terminaron, y otros están en el proceso de licitación. Uno de los casos más emblemáticos es el de la Central Hidroeléctica de Belo Monte, actualmente en construcción en el estado de Pará, en la Amazonía brasileña.

La Central Hidroeléctrica de Belo Monte es un viejo proyecto que ha sido discutido desde la dictadura militar que gobernó Brasil entre 1965 y 1984. En 2010, después de la revisión y reajustes del proyecto inicial, la planta comenzó a ser construida luego de que la empresa Norte Energía obtuviera la licitación y concesión por 35 años.

La presa se construye en el río Xingu, un importante afluente del Amazonas y será la tercer presa más grande en el mundo- después de la de Itapú, también en Brasil, y Tres Gargantas en China. Se estima que tendría una capacidad de 11,000 MW, generando un 11% de la energía brasileña. Para su construcción, se prevé una gran transformación ambiental por el cambio en su afluente, la anegación de tierras y la inundación de selvas y poblaciones cercanas. Desde su anuncio, la población afectada se ha organizado. Y el equipo de Narco News se trasladó en la zona para conocer su lucha.

Los afectados

La zona posterior al lugar donde se construirá la presa en el gran Xingú, conocida como Volta Grande (o vuelta grande, en portugués), es una zona poca profunda, llena de bancos de arena y piedras que la hacen no navegable para barcos grandes. La zona es habitada por las comunidades indígenas Xingu Xipaia y Juruna, entre otras, quienes viven en las islas que conforman la región y cuya principal fuente de vida es el río.

Luis, el lanchero o “barquero” que nos lleva por el río, tiene el pelo largo y la cara valiente y trabaja en uno de los hoteles de lujo al norte del río. Luis pertenece a la comunidad Xipaia, y está preocupado porque desde que inició la construcción, la vida de su pueblo comenzó a cambiar por completo. Las luces de alto voltaje para alumbrar la zona han vuelto locos a los peces, dice Luis, e incluso algunos desaparecieron de Volta Grande. Él piensa que cuando la presa sea construida el río no se llenará más, las islas serán tragadas por la vegetación, y muchos de los peces y tortugas de agua dulce no podrán llegar ahí, los jacarezinhos (pequeños reptiles) que habitan las piedras se quedarán sin alimento y tendrán que migrar.

Simón, el hijo de 11 años de Luis, siempre callado y concentrado en conducir la lancha cuando su padre no puede hacerlo, dijo que él era “el dueño del río.” Desde que nació su vida ha sido el Xingú y no piensa dejarlo. Nadie como él, según dice, conoce mejor el río, sus lugares peligrosos, su profundidad, los cocodrilos, las tortugas, las cascadas y todo lo que hay en él.


La zona conocida como Volta Grande será el lugar de construcción de la tercer hidroeléctrica más grande del mundo. DR 2014 Kena Chaves
La ciudad de Altamira, situada justo frente al río y donde viven unas 100 mil personas, es hogar de muchas de las familias que viven del Xingu. Dedé, originario de Goias, vive de la cría del ganado y siembra de cacao. Parte de su tierra fue comprada por Norte Energía para reasentar a los desplazados de un canal de derivación. Le pagaron 800 mil reales (unos 400 mil dólares). Dedé usó el dinero para renovar su casa, comprar camas para sus hijos, un televisor, y un auto grande que utiliza como transporte escolar de sus hijos y otros niños de la zona. Dedé fue uno de los primeros afectados en ser indemnizado por sus tierras. La gran cantidad de dinero que recibió fue similar a la de otros afectados, quienes piensan que al recibir dicha cantidad se buscaba desarticular las primeras resistencias al proyecto, generando la expectativa entre los demás de recibir cantidades similares por sus tierras. Algo que no ocurrió.

En los últimos años, la ciudad se ha inundado del dinero que Norte Energía ha repartido para la construcción de la represa. Aquí se ve la contradicción del desarrollismo de los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Roussef: entre el progreso y el fin del sosiego; entre el nuevo asfalto y el ruido de los tractores. Al cierre de las elecciones, el candidato opositor Aecio Neves obtuvo en la junta electoral 168 votos contra 32 de Dilma. El argumento de todos -y de los medios de comunicación locales- era que había una alternativa: “El PT (Partido de los Trabajadores) ha gobernado demás.”

En la zona, el PT es difícil de “tragar”, como dicen. Aquí la gente está indignada del “desarrollismo” que enarbolan Dilma y Lula. Si bien el dinero que llega a la ciudad ha servido para mejorar parte de la infraestructura más visible, la vida del río y, la suya en consiguiente, es lo que está en juego. Aecio ganó acá porque tenían la esperanza que el neoliberalismo que defiende, sin eufemismos, pudiera detener el proyecto del PT, y por lo tanto a la Belo Monte. Sin embargo, pareciera más difícil detener un proyecto así con la vuelta del neoliberalismo sin careta.

De un total de 11 grupos étnicos que habitan la zona afectada, 9 de ellos se verán directamente afectados por el territorio ribereño en el que habitan. También se afectarán 478 km² de bosque, con las cerca de dos mil familias de colonos de la época de construcción de la carretera Transamazónica—de más de 4 mil kilómetros de extensión e inagurada en 1972—y más de diez mil familias que viven en las orillas de los arroyos de la zona urbana de la ciudad de Altamira. Para su relocalización, está prevista la construcción de 4100 casas con una inversión de 3,7 millones de reales (unos 1.8 millones de dólares) para las más de 20 mil personas afectadas, según los datos que proporciona Norte Energía.

Sin embargo, el desplazamiento de los habitantes se realiza sin la intermediación del gobierno federal u estatal, la negociación se hace directamente entre la compañía constructora Norte Energía y los afectados, que por falta de opciones se ven forzados a aceptar condiciones muchas veces degradantes. A los pueblos indígenas afectados se les ofreció todo tipo de productos: lanchas, electrónica, alimentos, alterando el modo de vida de algunos pueblos y creando de relaciones de dependencia con la ciudad y con el dinero de Norte Energía. Para los municipios de la región, la empresa constructora se ha convertido en el contador, con el que se negocia la implementación de una serie de infraestructuras básicas al azar y en armonía con las políticas públicas que mantienen el proyecto ya establecido.

Altamira, la ciudad más importante de la región donde se enfocan los recursos, vio aumentar su población en más de un 50% desde 2010 a la fecha, cuando pasó de 100 mil a 150 mil habitantes, según cálculos locales. Tan sólo en el sector de la construcción se emplean poco más de 30.000 trabajadores. Los nuevos habitantes y trabajadores vienen de todas partes del país, son los “constructores de represas”. Mientras que los trabajadores calificados vienen, en su mayoría, del sureste del país, al igual que las empresas para las que trabajan en la región.

La repentina migración a Altamira trajo además un desabastecimiento de la infraestructura local: los hospitales están siempre llenos, el tráfico de vehículos aumentó vertiginosamente, el suministro de electricidad no es para todos, al igual que el del agua. Además, el costo de vida en Altamira aumentó: los precios inmobiliarios subieron seis veces, y la población más pobre fue desplazada a zonas remotas, frecuentemente inseguras y rompiendo con la dinámica y relaciones de su ciudad. Al mismo tiempo, los fines de semana, Norte Energía en Altamira ofrece alojamiento precario y esparcimiento a los trabajadores que construyen sus represas, lo que ha generado que durante esos días la ciudad reciba a cientos y miles de trabajadores, lo que muchas veces provoca hostilidad a las mujeres debido al estado de ebriedad y fiesta que se explota en Altamira. En todas partes corren historias de acoso, agresiones y desapariciones de mujeres, lo que ha generado un movimiento de mujeres importante haciéndolo uno de los pilares del movimiento contra la instalación de la represa.

Al mismo tiempo que las comunidades indígenas, el movimiento de mujeres, y de habitantes afectados en general denuncian el desplazamiento y consecuencias ambientales y sociales de la región, el proyecto en la región cuenta con el apoyo pleno del Gobierno Federal, que utiliza suspensiones de seguridad -un recurso jurídico creado durante la dictadura militar- para garantizar que las actividades de construcción no se detengan, además de que el mismo estado brasileño es el principal accionista, con un 51% de participación, de la empresa de capital abierto Norte Energía.

Desde el anuncio de la construcción de Belo Monte, los pobladores mas afectados se comenzaron a coordinar en distintos movimientos y organizaciones. Los principales movimientos que nuclean a los afectados son el Movimiento Xingú vivo para siempre, surgido a partir de la presa Belo Monte; el Movimiento de afectados por represas, de carácter nacional; y la Fundación Vivir, Producir y Preservar (FVPP). Los tres trabajan con la población urbana y rural afectada, sin embargo, en los últimos meses la FVPP se aproximó al gobierno federal y dejó de ser una resistencia al emprendimiento.


El río Xingú es uno de los pincipales afluentes del Amazonas. DR 2014 Kena Chaves
Históricamente, la región de la Amazonía ha vivido con la ausencia estatal. Solo en proyectos específicos, como la explotación de los recursos, las poblaciones que la habitan, como las comunidades indígenas fueron vistas por el Estado. Esta situación hizo que con el anuncio de la construcción de la represa de Belo Monte, la población local creyera en el desarrollo que se prometía para la región. Incluso algunas organizaciones civiles, sindicales, asociaciones campesinas llegaron a organizar un movimiento a favor de la presa llamado FORT Xingú y en defensa del proyecto incluso antes del inicio de la construcción. Sin embargo, su apoyo duró solo tres años. En 2013 el Foro se disolvió porque dejaron de creer en el desarrollo que la Belo Monte traería para la región. Hoy en día, esa es la sensación en Altamira: prácticamente nadie quiere la construcción de la planta. Los afectados se sienten violados y desplazados de sus hogares con indemnizaciones muy bajas que no permiten la compra de otros hogares. A los pueblos indígenas les cuesta entender el significado de la presa y sus consecuencias. Los municipios se quejan de la mala calidad de los servicios prestados por Norte Energía con respecto a la infraestructura implantada en la región. La insatisfacción se mira por todos lados, pero el proyecto continúa, pisoteando la vida de las personas que viven ahí.

El error podría estar en que las grandes obras traerán el desarrollo, al menos no para los afectados, ni para la mayoría de los brasileños o latinoamericanos. No es Belo Monte quien desarrollará la Amazonía. Los movimientos y personas afectadas piensan que la Amazonía necesita una lógica distinta de desarrollo. El bosque es rico, el río es la riqueza. El Xingú es para la gente de aquí cuya vida está estructurada a su alrededor. Hay transporte, alimentación, recreación, identidad. El río es una más de la venas del cuerpo de las personas. Inunda la vida cotidiana de otra temporalidad y cosmovisión. El vínculo con el agua y de ella con el mundo le da otras prioridades al uso del río que la generación de electricidad.

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