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La doble moral del terrorismo en Colombia

Las mentiras del gobierno colombiano en el secuestro de Rodrigo Granda y su “solidaridad” con los golpistas venezolanos


Por Laura del Castillo Matamoros
Columnista Editorial de Narco News

24 de enero 2005

BOGOTA (COLOMBIA).- El 15 de Diciembre del año pasado, la vanidad antiterrorista del gobierno colombiano salió a flote en los medios de comunicación nacionales e internacionales. ¿Cuál era el trofeo esta vez?. Rodrigo Granda otro “Pez Gordo” de las FARC (vocero internacional de este grupo desde hace 17 años), que supuestamente había sido capturado por las autoridades colombianas en la ciudad de Cúcuta (capital del departamento de Norte de Santander, ubicada en la frontera con Venezuela). Otro “éxito” del gobierno, luego de la captura a Simón Trinidad. Sí, Granda era un hombre peligroso, un “terrorista”. Las autoridades colombianas habían librado otra gesta heroica para proteger la democracia más antigua de América Latina. Granda había sido capturado siguiendo todos los conductos regulares del sistema de justicia colombiano. Eso fue lo que el gran show mediático montado por el gobierno (las cámaras de televisión mostraron a Granda esposado y rodeado de un buen componente policial) le hizo creer a la opinión pública, y lo que los sectores más tradicionales de esa opinión pública quisieron creer. Sin embargo, la verdad era otra, más bien llena de hechos “irregulares” y el gobierno colombiano, el “intachable”, el más demócratico de América Latina, el que jamás cometería actos terroristas para conseguir sus objetivos, sabía bien cuál era.

De hecho, ¿qué tan “intachable” fue la manera en que las autoridades colombianas asumieron el caso de Granda? Los hechos que se presentaron días después de su “captura”, pondrían en jaque, con este y otros interrogantes, los vínculos diplomáticos colombo-venezolanos. Y había buenas razones para eso…

Todo empezó el 18 de diciembre. A partir de ese día el final feliz que las autoridades colombianas habían querido darle al caso de Granda, comenzó a tambalear: Carlos Lozano, director del semanario comunista VOZ, denunció públicamente que, contrario a lo que afirmaban las versiones oficiales, Granda había sido secuestrado en pleno corazón de Caracas por agentes venezolanos y colombianos, a espaldas del gobierno de Hugo Chávez. La versión de Lozano fue corroborada por Granda, cuando presentó su declaración a la fiscalía colombiana el 22 de diciembre. Hasta ahí, grave el asunto. ¿No se supone que el secuestro viene a ser una de las modalidades del terrorismo? ¡Qué raro! ¿Y no se supone que el gobierno colombiano no es en absoluto terrorista? Más raro aún.

En ese momento, no hubo respuesta a las denuncias tanto de uno como de otro lado. Las celebraciones de fin de año sólo sirvieron para dilatar cada vez más el asunto y para hacerle creer al gobierno de Uribe que podía evadir olímpicamente la situación. Pero algunos medios de comunicación colombianos, incluso, asombrosamente, varios oficiales, estaban destapando el caño del caso Granda…. y hay que ver qué tan podrido estaba.

Una verdad incómoda

El 2 de enero, las FARC publicaron un comunicado en el que, además de confirmar el secuestro de Granda, pedían al gobierno de Venezuela una explicación por lo ocurrido, considerando que él había sido invitado a participar en el Segundo Congreso Bolivariano de los Pueblos que se celebraba en Caracas (valdría la pena decir que días después el gobierno venezolano desvirtuó estas afirmaciones de las FARC, declarando que Granda no había sido invitado al evento, sino que había asistido por su cuenta).

Días después, el 6 de enero para ser exactos, apareció (por fin) el presidente Uribe ante la prensa, indignadísimo, con su muy usual y elegante toque dramático, diciendo que las FARC no tenían autoridad moral ( y hay que ver lo cómico que se ve él cuando habla de esas cosas) para quejarse con respecto a la suerte de Granda, sobre todo teniendo en cuenta lo ocurrido en el Municipio de TAME (departamento de Arauca, ubicado en el suroriente colombiano): “Estos individuos de las FARC el primero de enero asesinaron a 17 campesinos, secuestran permanentemente, ejecutan actos terroristas a diario, violan los derechos humanos de los ciudadanos, negocian con droga, y cuando los capturan salen a decir que los secuestraron y que violan los derechos humanos”. (Muy conmovedor el discurso del presidente, pero también valdría la pena decir que, además de evadir la responsabilidad en el caso de Granda, no tiene en cuenta que hay especulaciones alrededor de que, al parecer, la masacre en Tame no fue llevada a cabo por las FARC, sino por un bloque de las Autodefensas que sigue operando en la zona y no se ha “desmovilizado”todavía).

Ese mismo día, el gobierno de Venezuela, a través de su ministro del interior, Jesse Chacón, dio a conocer los primeros resultados de sus investigaciones, en donde se reiteraba que había fuertes indicios de que Granda habría sido secuestrado en Caracas, para luego ser llevado clandestinamente a la ciudad de Cúcuta, donde se le entregaría a la policía. Así mismo, indicaba que el asunto se tornaría más grave en caso de comprobar la participación de funcionarios del gobierno colombiano en el hecho, pues eso querría decir que se habría violado la soberanía nacional.

Todo esto sin contar que el 10 de Enero el periódico colombiano El Tiempo publicó una nota donde se recopilaban más pruebas fehacientes del secuestro de Granda en Caracas, con las declaraciones de varios testigos y las versiones contradictorias que dio la policía sobre su supuesta captura en Cúcuta.

Aún con estos argumentos, el gobierno colombiano recurrió a la estrategia que suele aplicar, al mejor estilo norteamericano, en situaciones críticas: hacerse el tonto. Entonces Jorge Enrique Uribe, Ministro de Defensa colombiano, y el Comandante General de la policía declararon ante la prensa lo que después se convertiría en un disco gastado: “la policía actuó en todo su derecho al capturar a un ciudadano colombiano en territorio colombiano”. Eso sí, al ministro se le olvidó decirle a los medios que había pedido como un favor al gobierno venezolano liberar a los cuatro militares colombianos que la policía de ese país había detenido en la periferia de Maracay, ubicada a unos 700 kilómetros al este de la frontera con Colombia, luego de descubrir que estaban realizando operaciones de manera encubierta. Pero, claro, según el ministro, no había ni un solo miembro de la fuerza pública colombiana en Venezuela….

Sin embargo, el 11 de enero, durante su alocución en el programa “Aló presidente”, Chávez calificó a la policía colombiana de mentirosa y exigió al gobierno colombiano que revelara las identidades de los funcionarios de esa entidad que habrían llevado a cabo el secuestro, sin conocimiento del gobierno venezolano, violando así la soberanía de ese país.

Pero el ministro de defensa en Colombia sólo repetía la misma mentira, que ya ni él mismo podía creer: que “la policía colombiana jamás violó la soberanía de Venezuela, ya que nunca entró en ese territorio”.

Ese día también apareció a la luz pública el testimonio de Omar Rodríguez, editor en Colombia de Le Monde Diplomatique, quien se entrevistó el 13 de diciembre con Granda en la misma cafetería (la de la clínica Rozzetti) de Caracas, en cuya puerta, horas después, sería obligado por dos hombres vestidos de civil a ingresar en el baúl de un automóvil, tal y como lo reiterarían, luego, las investigaciones llevadas a cabo por el gobierno venezolano. En la misma fecha se conocerían, además, las versiones oficiales entregadas por el diputado del estado de Táchira, Luis Tascón, en donde se revelaba que miembros del cuerpo de investigaciones científicas, penal y criminalística de Venezuela (PTJ), habrían llevado a cabo el secuestro, coordinados por un coronel colombiano quien, por cierto, les habría ofrecido la modesta suma de un millón y medio de dólares para que llevaran a cabo “la operación”. Pero claro, el gobierno colombiano no se codea con terroristas.

Y mientras Uribe continuaba con sus votos de silencio y el ministro de defensa seguía repitiendo un discurso que parecía haberse aprendido de memoria, Venezuela revelaba pruebas cada vez más contundentes que estaban haciendo tambalear las relaciones diplomáticas entre ambos países.

En efecto, el 13 de Enero el asunto se tornó aún más grave cuando el ministro del interior de Venezuela, Jesse Chacón, afirmó públicamente que las últimas investigaciones ya no dejaban duda de que funcionarios activos de la policía colombiana habían participado en los hechos del 13 de diciembre. Eran nada más y nada menos que miembros honorables de dos organismos de seguridad ampliamente conocidos en Colombia: El GAULA (paradójicamente, el conjunto de comandos antisecuestro, coordinados conjuntamente por la policía y el ejército colombianos) y la SIJIN (Policía Judicial), cuyo respeto a los derechos humanos en Colombia ha sido desde hace varios años, por decirlo de algún modo, bastante cuestionable.

Pero aún más grave, muchísimo más grave que el mismísimo secuestro de Granda o los resultados de las investigaciones del gobierno venezolano, fue la manera en que el gobierno colombiano rompió con su hermetismo, posiblemente después de ver como se le estaba saliendo el asunto de las manos. Admitió, a través del ministro de Defensa, lo que el diputado Tascón ya había afirmado, es decir, que el gobierno colombiano había pagado una recompensa para que Granda fuera entregado a las autoridades. (a propósito, valdría la pena ver la nota que AP publicó sobre eso, donde, con una supuesta objetividad, bastante irritante, las recompensas se muestran, más o menos, como una estrategia efectiva del gobierno colombiano para capturar delincuentes que se puede considerar normal).

Y esto no es lo peor todavía. De hecho, viéndolo desde una perspectiva diplomática, estaría bien que Colombia aceptara sus errores ante la comunidad internacional. Pero no hay que olvidar que el gobierno colombiano es un experto en transformar sus errores en nobles virtudes. Y así lo hizo esta vez: admitió que había pagado la recompensa y además hizo ver que ese proceder era legítimo. Nada más basta ver las declaraciones del supervicepresidente, Francisco Santos, que denotan sin duda la desbordada inteligencia primitiva con la que suele tratar este tipo de situaciones: “Bienvenidos, ojalá vinieran todos los cazarrecompensas a capturar a los bandidos. Ahí está la plata para ellos. Las recompensas son bastante buenas”. Y no conforme con eso, para justificar aún más la cosa y demostrar su legitimidad, citó como ejemplo (¡qué raro!) al gobierno de Estados Unidos, que ofrece millones de dólares alrededor del mundo por la cabeza de Osama Bin Laden.

¿Eso qué querrá decir? ¿Será acaso que el hecho de que Estados Unidos lleve a cabo estrategias en su lucha antiterrorista, que lindan con las modalidades de lo que se puede denominar como “terrorismo de Estado”, ya las hace legítimas? Hay que ver qué extraño es el concepto de legitimidad en estos tiempos, especialmente después de la caída de las torres gemelas. Es más, ¿eso querrá decir también que la famosa “Operación Cóndor”, llevada a cabo por los dictadores del Cono Sur de los años sesenta y setenta, donde se pagó a mercenarios para que secuestraran, asesinaran o desaparecieran a los opositores políticos de dichos regímenes que habían buscado refugio en el exterior, también fue un acto legítimo?

Porque, inevitablemente, el secuestro (ésa es la palabra, gústele o no a Uribe y sus fieles discípulos) de Granda, recuerda aquél y otros crímenes de Estado, sólo que ahora en Colombia este conjunto de operativos tiene un nombre más bonito, o mejor, más legítimo: Plan Colombia, que el gobierno de Estados Unidos quiere convertir en Plan Colombia-Venezuela. Todo esto, por supuesto, para asumir el control de esa sustancia oleaginosa que siempre forma parte de sus sueños húmedos: el petróleo. Y claro, para ello es necesario convertir a Colombia, el país con la democracia más antigua de América Latina, en una versión desmejorada de las dictaduras sudamericanas donde se oficializan recompensas, se contratan mercenarios y se secuestran opositores políticos.

Porque le guste o no al gobierno y a su doble moral, Granda es un oponente político, acusado de rebelión, no de otra cosa (y hasta donde se sabe el derecho a la rebelión sí es legítimo y, a veces, dependiendo el caso, considerado como un delito político), independientemente de que trabaje para las FARC. De hecho, no se encontraba en Venezuela llevando a cabo actividades terroristas, sino de carácter académico. Es más, ¿por qué Granda no fue solicitado en extradición por el gobierno colombiano, a través de la Interpol? ¿No se supone que ese hubiera sido el conducto regular a seguir? Obviamente para las autoridades colombianas no, y tenían bien claro por qué: curiosamente Granda fue puesto misteriosamente en la lista de Interpol Colombia hasta el 9 de enero de este año, 28 días después de su secuestro. Pero más curioso aún es que, el 15 de enero, el mismo director de la Interpol en Colombia, Víctor Cruz, hubiera revelado que en octubre de 2004 la Secretaría General de este organismo en Francia rechazó la petición del gobierno colombiano de incluír a Granda en su “circular roja”, pues el delito de rebelión no genera una orden de detención internacional. Es decir, si Granda no figuraba en las listas de la Interpol no había posibilidades de solicitarlo en extradición. Por tanto, ¿qué otra opción le quedaba al gobierno colombiano? Pues sacar a Granda de Venezuela de forma “irregular”. Tan sencillo como eso.

Y la cosa tampoco quedó ahí. Precisamente ese mismo 15 de Enero el presidente Chávez perdió la paciencia y le exigió al gobierno colombiano que se disculpara públicamente ante lo que se podía considerar como un atropello a la soberanía de Venezuela, o de lo contrario suspendería cualquier acuerdo bilateral existente entre ambos países. Así mismo, manifestó que le parecía “injustificable desde todo punto de vista que altos funcionarios del Estado colombiano y del gobierno de Álvaro Uribe estén sobornando a funcionarios venezolanos”.

Y claro, esta vez Uribe sí respondió, pero no precisamente para disculparse, sino para dejar salir su arrogancia a flor de piel: dijo que no se había sobornado a los funcionarios venezolanos, sino que se había dado una recompensa a informantes (habría que preguntarle al presidente en dónde radica la diferencia entre una cosa y otra. Y algo más: ¿no se supone que tener informantes del gobierno colombiano en Venezuela es ilegal?, ¿no tendrá visos de espionaje?). Pero lo más cómico de todo fue el hecho de que haya afirmado, con ahínco y resentimiento, que la soberanía de Colombia se sentía ofendida al saber que Venezuela albergaba a terroristas colombianos en su territorio (obedeciendo a los ya viejos e infundados rumores de que el gobierno venezolano mantiene vínculos estrechos con las FARC). Es decir, ahora resulta que el gobierno colombiano era el que debía sentirse atropellado y humillado. Es más, según eso, el gobierno venezolano debería ofrecerle disculpas.

Y ya adivinarán ustedes, estimados lectores, quién salió a secundar los berrinches de su “niño consentido” . Pues nada más y nada menos que Mr.Bush, a través de su emisario en Colombia, el muy honorable embajador William Wood, quien, en un gesto sumamente conmovedor, sacó a relucir la solidaridad de la Casa Blanca con el gobierno colombiano: “Compartimos y apoyamos ciento por ciento el comunicado de Colombia, una declaración moderada, muy enérgica y de importancia trascendental no sólo para Colombia sino para la lucha antiterrorista en la región andina”. Y aún más, exigió al presidente Chavéz “definir una postura ante las FARC”. ¡Qué tierno!

Pero, ¿cuál es el significado real de la solidaridad que Washington muestra con el gobierno de Colombia? ¿Será que todo este conflicto le habrá servido para matar dos pájaros de un solo tiro. Es decir: a) para debilitar las relaciones internacionales de las FARC, teniendo preso a su “canciller”; b) para desestabilizar las relaciones entre Colombia y Venezuela, dando pie a una posible guerra entre naciones, que sirva como pretexto para que Estados Unidos logre sacar del poder a quien considera como una de sus principales incomodidades en este momento: el presidente Hugo Chávez. Todo esto es muy posible, teniendo en cuenta, además, las altas probabilidades de que la CIA haya tomado parte en el secuestro de Granda, tal y como lo insinuó el 12 de enero Eliécer Otayza, presidente del Instituto Nacional de Tierra de Venezuela. ¿Y qué hace la CIA en Venezuela?... bueno es casi obvio: a Estados Unidos no le debe caer bien un presidente que adelanta una reforma agraria contra el latifundio. Eso es seguro.

El terrorista bueno

Todo esto evidencia que el gobierno de Colombia está aprendiendo muy bien las lecciones de sus maestros en la Casa Blanca. Es decir, ya sabe cómo manejar las artes de convertir un crimen en un acto de coraje y valentía.

Y de verdad sabe hacerlo bien. Ahora resulta que secuestrar a ciudadanos en otro país se convirtió en un acto de “legítima defensa”, mientras que dicho país que evidentemente ha sufrido una violación contra su soberanía, pasa a ser un “albergue para terroristas”.

La pregunta que vale la pena hacerse aquí, y que cierto sector de la opinión pública colombiana, aun con su marcada estrechez mental, debería tener en cuenta, es qué entiende el presidente Uribe como un “albergue para terroristas”. Y es que, si nos detenemos en ese concepto, valdría la pena recordar cierto planteamiento que el Presidente Chávez hizo el 10 de enero a la prensa (y que, por cierto, el gobierno colombiano no se ha dignado ni se dignará a responder): “Imagínate que yo mandara a un grupo de comando, que los tengo; y que buscara aliados en Colombia, que los tengo, para capturar a Carmona; soy incapaz de eso”.

Es más, el delito que se le atribuye a Pedro Carmona en Venezuela es exactamente el mismo del que se acusa a Granda en Colombia: rebelión. Pero claro, en este caso, según el Diccionario de la Real Casa Blanca, la rebelión vendría a ser, pues, legítima (es que les gusta tanto esa palabra). Por supuesto. Pretendía defender los intereses del gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo no iba a serlo? Como quien dice, y para entender mejor la cosa, la rebelión es ilegítima cuando alguien se opone, por diferentes motivos, a dichos intereses.

Y claro, el señor Carmona no es un terrorista. En absoluto. Al contrario, es un hombre de excelentes valores morales, que quiso tomarse ilegalmente el poder en Venezuela, cuyas acciones dieron pie al asesinato sistemático de decenas de partidarios chavistas en las calles de Caracas (durante los sucesos de abril del 2002)... que mandó fusilar al presidente Chávez. ¿Pero terrorista el señor Carmona? Jamás.

A continuación, un recuento de las “legítimas” actividades llevadas a cabo en Bogotá por es este “mártir” de la oposición venezolana, que parece honrar con su presencia a los sectores más importantes de la oligarquía colombiana.

El paraíso

Luego del fracaso del golpe de Estado en abril del 2002 en Venezuela, y de que el presidente Chávez nuevamente hubiera recuperado su investidura, Carmona, miembro activo del Opus Dei en Caracas, fue detenido por las autoridades de ese país, siendo inculpado de rebelión.

Y no fue precisamente abordado intempestivamente en una calle por individuos vestidos de civil, no fue obligado a entrar en el baúl de un automóvil, como le sucedió a Granda, a quien se acusa básicamente del mismo delito. No, Carmona fue tratado con respeto, pese a todo, e incluso su arresto fue de carácter domiciliario…

No obstante, Carmona, según se dice, apoyado por algunos miembros de la PTJ (recuerden ustedes que a esta entidad también pertenecían algunas de las personas que secuestraron a Granda), logró escapar de su residencia y se refugió en la Embajada de Colombia, donde pidió asilo político. Por supuesto no demoraron en darle un “sí”. Apenas lógico. Andrés Pastrana, que en ese momento asumía la presidencia de Colombia, le había brindado su apoyo y solidaridad en el momento del golpe. Sin contar que Luis Carlos Villegas, presidente de la ANDI, el gremio de los industriales más importantes de Colombia (promotores de la privatización y el libre mercado), le había enviado una carta muy emotiva en donde expresaba su emoción de que fuera el nuevo presidente de Venezuela.

Pese a que Carmona se había fugado, el gobierno venezolano no emprendió ninguna acción ni siquiera parecida a la que se llevó a cabo con Granda y dijo que estaba dispuesto a aceptar y respetar la decisión del gobierno colombiano con respecto a la decisión de otorgarle o no asilo político.

Días después, Pedro Carmona fue recibido con los brazos abiertos por lo más selecto de la ultraderecha bogotana. Entre sus mas íntimos amigos se encuentran personas tan respetables como Enrique Gómez Hurtado, senador uribista por excelencia y enemigo declarado del gobierno del presidente Chávez, al que califica como “uno de los soportes de la subversión en Colombia”; o Juan Manuel Santos, ex ministro de hacienda, hermano del vicepresidente y co-propietario de El Tiempo, quien el día del golpe se mostró bastante satisfecho con el derrocamiento de Chávez y habla de Carmona como “un conocedor de Colombia”. Además, la ex canciller Clemencia Forero, quien facilitó su llegada a Bogotá, pues en aquel entonces ocupaba el cargo, lo calificaba como una “destacada y seria persona”.

Y es que en Bogotá esta “destacada y seria persona” se transformó en un ciudadano de primera clase. Vive en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Es invitado constantemente a reuniones, fiestas y cenas donde se reúnen personalidades importantes de la esfera política colombiana. Eso sin contar que Bogotá se volvió para él una “pequeña Miami”, ya que se constituye como el principal centro de operaciones para practicar uno de sus pasatiempos favoritos: promover complots contra el gobierno venezolano. Eso sin contar que, según denuncias del gobierno venezolano, dicta conferencias a militares colombianos. Mejor dicho, es toda un eminencia.

De hecho, Carmona se reúne frecuentemente en la capital colombiana con el ex presidente venezolano Carlos Andrés Pérez, acusado de corrupción y solicitado en extradición por el gobierno de Venezuela. Para nadie es un secreto que Pérez es promotor, desde hace tiempo, de la idea de asesinar a Chávez para sacarlo del poder. Lo que quiere decir que Carmona no se reúne con él precisamente para rezar salmos. De hecho, durante el 2001, acostumbraban a reunirse en República Dominicana, para “hacer los preparativos” del golpe. Cabe anotar que Carmona fue funcionario durante el periodo presidencial de Pérez.

Es que desde que llegó a Bogotá, en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana, Carmona no pierde el tiempo. Entre el 4 y el 5 de diciembre del 2002 se reunió en el Hotel del Fondo de la Policía Nacional con el saliente Secretario de Estado del gobierno estadounidense Colin Powell (quien se encontraba de visita oficial en el país). En la reunión también estuvieron presentes otros funcionarios de ese entonces, como la ex embajadora de Estados Unidos en Colombia, Anne Patterson; el Comandante General de la Fuerza Aérea Colombiana, Héctor Fabio Velasco, entre otras personalidades importantes de Colombia y Venezuela, así como periodistas delegados provenientes de ambos países, tal y como se indica en un reportaje publicado en Indymedia por la periodista Gina María Ramírez... ¿El objetivo de la reunión? Apenas obvio: diseñar un plan para llevar a cabo otro golpe militar contra el presidente Chávez. Pero, por supuesto, el señor Cardona no es un terrorista.

¿Y recuerdan ustedes, apreciados lectores, el incidente que se presentó el 12 de abril del año pasado con el grupo de paramilitares colombianos que fueron capturados en una finca, ubicada a pocos kilómetros de Caracas, y cuyo objetivo era llevar a cabo un ataque contra el Palacio de Miraflores? Bueno pues, las investigaciones que llevó a cabo el gobierno de Venezuela, establecieron el 6 de agosto, gracias a un mensaje que se detectó en su correo electrónico, que el señor Carmona, quien no es un terrorista, habría estado al tanto del plan desde Bogotá.

Aquí valdría la pena preguntar: ¿Acaso tratar de derrocar a un gobierno, haciendo uso de la violencia, no se considera una de las modalidades de lo que se suele llamar como “terrorismo”? Porque hasta ahora eso es lo que Carmona parece estar tratando de promover. Si es así, ¿no podría considerarse que Colombia está alojando a terroristas internacionales? De hecho, el 21 de Enero, el gobierno de Chávez, anunció que presentaría una lista a Colombia de los terroristas venezolanos que se encuentran alojados allí, para que fueran detenidos y enviados a su país de origen. Esto en respuesta a la lista que envió el gobierno colombiano a Venezuela. ¿Es que acaso hay terroristas más dignos de respeto que otros? ¿Qué les hace ganar ese respeto? ¿Tal vez apoyar las políticas del gobierno estadounidense? ¿Eso hace que sus acciones se legitimen y dejen de ser criminales?

Y es que no deja de ser paradójico que mientras Granda, a quien hasta ahora no se le han asignado más crímenes distintos al de rebelión, considerado como un terrorista peligroso, se encuentre ahora en una cárcel de máxima seguridad, mientras Carmona, quien ya tiene varias acusaciones encima, es tratado como un ciudadano de primera clase en Bogotá. Y el gobierno venezolano no se encuentra elaborando un plan para secuestrarlo.

¿Por qué le exige el gobierno de Colombia a Caracas que deje de ser un santuario para los terroristas, cuando le está dando asilo a uno de ellos y, aún más, cuando amnistía a los terroristas más sanguinarios y crueles de la historia de Colombia que son los paramilitares, quienes, por cierto, ni siquiera merecerían que se les diera un trato político?

Evidentemente el gobierno de Colombia tiene un serio problema en cuanto al manejo del concepto del terrorismo… pero no se le puede pedir mucho… eso sería obligarlo a que se definiera a sí mismo.

Simplemente sería demasiado…

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