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La guerra por la tierra en Bolivia

Un conflicto por poder y territorio


Por Jean Friedsky
Especial para The Narco News Bulletin

28 de octubre 2005

En la ladera de una colina del altiplano boliviano, un soleado día de junio de este año, cientos de campesinos celebraron dos años de liberación. Hubo una corrida, un baile y comida para todos. Cerca, pero apenas fuera del alcance de los ojos, quedaban las ruinas solitarias de la ex hacienda Collana –“en señal”, de acuerdo del propio recuento del asentamiento de su aniversario, “de que ya no hay rastro del patrón”.[1]


Campesinos trabajando en la hacienda ocupada de Collana.
Foto: D.R. Lucian Read 2003
La ocupación de esa gran propiedad privada hace dos años, pese a los muchos obstáculos que los participantes han encarado, es en muchas maneras una historia de éxito para el joven pero creciente movimiento de campesinos sin tierra de Bolivia. Familias, que hasta 2003 esencialmente han sido sirvientes pagados en el casi feudal campo boliviano, que viven ahora bajo sus propias reglas. “Con o sin papeles, la tierra que ha sido de nuestros abuelos, es de nosotros”, afirmó Dionisio Mamani en un artículo reciente [2]. “Y así preteden asegurar una ‘mejor vida’ para sus hijos”.

En Bolivia, las palabras “la tierra” implican más que un pedazo de terreno. Tienen significados ocultos —poder, racismo, violencia, sufrimiento, lucha y esperanza— dependiendo de quien las pronuncie.

Bolivia puede haber obtenido reconocimiento internacional por los levantamientos por el agua y el gas, pero esta Guerra por la tierra es un sangriento telón de fondo diario para las movilizaciones que atrapan la atención mundial. Es una batalla por la sobrevivencia y la soberanía que se desarrolla en cada rincón del país; un conflicto de poder que está, en esencia, enraízado en la historia colonial de la élite blanca y la mayoría indígena.

El Movimiento Sin Tierra (MST), con la fuerza nacional de 50 mil miembros, ha liderizado la lucha para igualar la propiedad de la tierra en un país donde el 90 por ciento de la población posee el siete por ciento de la tierra cultivable, donde los campesinos trabajan primariamente como peones en las haciendas o han sido forzados a dejar el campo. En los últimos cinco años, el MST ha centralizado el tema de la propiedad de la tierra en la agenda política nacional, básicamente al ocupar tierras a los terratenientes.

El origen del conflicto

Las disputas por el territorio entre pueblos indígenas y los ancestros de los colonizadores son cosa común en las naciones postcoloniales. A menudo, los dos grupos discuten sobre pequeñas porciones remanentes de terreno fértil. El conflicto en Bolivia difiere notablemente porque aquí hay mucha tierra sin utilizar.

Esta abundancia de tierra es solamente parte del contexto necesario para entender el conflicto actual. Las relaciones territoriales existentes en Bolivia —y la guerra en marcha sobre ellas— se origina en los intentos fallidos del Estado para igualar la propiedad de la tierra durante los últimos cincuenta años. El primer esfuerzo de reforma territorial, la Ley de Reforma Agraria de 1953, trataba de eliminar el trabajo forzado, ilegalizar los latifundios (propiedades de hasta 800 mil hectáreas) y dar títulos de propiedad a la mayoritaria población campesina de este país, que poseía poco de los 417 millones de hectáreas del territorio nacional.

Los campesinos tenían altas expectativas de verdadera reforma luego de la revolución de 1952. Sin embargo, debido a la amplia corrupción, la ley “liberó [a un selecto grupo] de campesinos en el occidente pero no les dio más que un pequeño pedazo de tierra… y en el oriente, [la ley], irónicamente… abrió las compuertas para la creación de grandes propiedades”, encontró un estudio de la Fundación Tierra en 2002. Entre 1952 y 1966, 55 millones de hectáreas fueron distribuidas a unos cuantos miles de terratenientes, mientras cientos de miles de campesinos tuvieron que repartir 45 millones de hectáreas.

Los años noventa trajeron una ola de reformas para acabar con la corrupción y rectificar lo que la Ley de Reforma Agraria había permitido volverse la norma: propiedades grandes con un solo dueño, en un rango de entre 25 y 700 mil hectáreas, muchas de las cuales son tierra no cultivada. Más significativamente, Bolivia aprobó en 1996 la Ley 1715, conocida como la “Ley INRA” (por el Instituto Nacional de Reforma Agraria), requiriendo que todas las prociones de tierra en propiedad tuvieran algún uso —para viviendas, ganadería, tierra comunitaria o cultivo. La nueva ley estableció un proceso regulado por el Estado para que el gobierno revirtiera tierra supuestamente sin uso y la redistribuyera a los campesinos.

Pero la burocracia y el cclientelismo persistieron. Es difícil encontrar números exactos, pero inclusive las estadísticas más generosas muestran que entre 1996 y 2003 se distribuyeron 79 millones de hectáreas a 40 mil personas en grandes parcelas y solamente 10 millones de hectáreas fueron entregadas a 55 mil campesinos, lo que significa que la mayoría es forzada a vivir en parcelas de menos de cinco hectáreas.

Luego de medio siglo de intentos estatales para lograr igualdad en la propiedad de la tierra, se ha hecho claro, como el grupo europeo Equipo Nizkor encontró, que “el paradigma de ‘la tierra para los que la trabajan’, el principio central de la Ley de Reforma Agraria, [ha] sido remplazado por uno nuevo: ‘la tierra para los que la pagan’”.

¿Quiénes son los Sin Tierra?

Los Sin Tierra de Bolivia son gente dispersa con características comunes.


Campesinos se reúnen a discutir estrategias para el futuro en el asentamiento de Yuquises, en Santa Cruz.
Foto: D.R. 2005 Noah Friedsky
Sobre todo, se trata de pobres e indígenas que “nacieron de los campesinos”, explicó el fundador del MST Silvestre Saisari a Alvaro García Linera, Patricia Costas Monje y Marxa Chávez León, autores del libro Sociología de los Movientos Sociales en Bolivia. Los Sin Tierra mantienen vínculos con este origen, manteniendo su cultura rural, su lenguaje y sus tradiciones, “sin interesar”, escribe el investigador Juan José Ávila en un artículo de 2003 sobre el MST, “lugar donde vivan o la actividad que realicen” [3].

Algunos viven en áreas rurales, trabajando en grandes propiedades se virtual servidumbre pagada o en rincones de tierra alquilada.

Otros carecen incluso de tierra para trabajar. Conducen minibuses, limpian casa o venden cosas en la calle en las ciudades, habiendo migrado para apoyar a sus familias mientras las políticas neoliberales redujeron la viabilidad de los pequeños productores agrícolas durante los años ochenta y noventa.

Esperan vivir de la Pachamama sin patrones mirando por encima.

Se han vuelto nombres en pilas de papel amontonadas en altas oficinas del Estado, esperando librar el desorden burocrático que es el sistema de redistribución de la tiera en Bolivia.

Y ahora, luego de medio siglo de promesas gubernamentales incumplidas, están decidiendo tomar el asunto en sus manos.

El comienzo de un movimiento

En 1991, Bolivia ratificó el Convenio 169 de la OIT, que en su artículo 14 garantiza “a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”. Además, sigue el convenio, “deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia”.

Con el derecho a la tierra en los libros, la falla del Estado en salvaguardar a la población indígena hace a la desigualdad imperante no solamente injusta sino ilegal.

Sobre esta base, “hemos anunciado nuestra legitimidad y necesidad”, explicó Saisari en Sociología de los Movimientos Sociales en Bolivia. “Son las partes más importantes [de nuestra lucha] y no podemos alejarnos de ellas”.

El movimiento comenzó en el departamento de Tarija en 2000. Cuando nació el MST, 92 por ciento del departamento estaba en manos de un ocho por ciento de los productores agrícolas, de acuerdo a un profundo estudio de 2002 de la región hecho por la Fundación Tierra. Aproximadamente el 80 por ciento del área en poder de los campesino no tenía título alguno, señaló el estudio. Esta región se volvió el epicentro del conflicto porque el paisaje polarizado demostraba la incapacidad del Estado para cumplir las leyes de acceso a la tierra. Con miles de campesinos sufriendo y frustrados por esta causa, el MST tenía una base de organización ya lista.

En coordinación con muchos otros movimientos sociales, notablemente la Confederación Sindical Única de Trabajadores del Campo de Bolivia (CSUTCB, la federación nacional de campesinos del país), miles de campesinos sin tierra tuvieron su marcha inaugural por “La recuperación de nuestra Madre Tierra, la vida y la dignidad” en junio 9 de 2000 en Tarija. La marcha encendió la energía de la población campesina de todo el país, que vio en el grupo emergente la oportunidad para autodeterminación y el cambio real.

Los líderes del MST en Bolivia se inspiraron y guiaron del bien establecido movimiento de los sin tierra en Brasil. Más significativamente, el joven movimiento boliviano decidió utilizar la misma estrategia que sus vecinos.

“Nos distinguimos como diferentes de otras organizaciones sociales por lo que hemos visto y analizado”, explicó el fundador del MST Ángel Durán en una entrevista con García Linera, Costas y Chávez, “por lo que hemos definido como nuestra acción central, que es más directa y efectiva [que otras tácticas]… la ocupación directa de grandes propiedades de tierra” (el énfasis es mío).

Los miembros del MST son por tanto los que no solamente carecen de tierra, sino también los que tienen la voluntad de pelear. Estos, como apunta Ávila, “están dispuestos a tomar la tierra” [4].

Martín Machiado, cabeza del MST-La Paz, explica: “La única cosa que buscamos es un pedazo de tierra para los que no tienen dónde trabajar. Creemos que el Estado debería darnos eso, pero dada la historia de los últimos cincuenta años, con o sin título, entramos a la tierra y comenzamos a trabajarla”.

Las ocupaciones: Pananti marca el tono

Quizá la toma más famosa (y actual asentamiento) es Pananti, localizada en la provincia de Gran Chaco. El 23 de junio de 2000, doscientas familias campesinas entraron a esta propiedad, haciendo la primera ocupación oficial del MST.

Esta propiedad fue un arquetipo de lo que podría ser la norma de las ocupaciones del MST. “No solamente tomamos cualquier pedazo de tierra que haya”, dice Machicado. En contraste, las tomas del MST son acciones calculadas en tierra “disponible”, a menudo pertenecientes a conocidos enemigos de la izquierda boliviana.

Previamente a cada ocupación, el MST identifica grandes propiedades que no son utilizadas y por tanto violan el requisita de que la tierra en propiedad debe cumplir una “función económica o social”. Los campesinos apelan primero al Estado, solicitando que la tierra sea revertida y entregada en título a ellos. La ocupan y la trabajan solamente después de un mes o dos de espera sin respuesta del gobierno.

Gran Chaco es básicamente una región ganadera, pero el suelo produce maíz, trigo, soya y papa. Mientras los residentes de Pananti comenzaron a trabajar comunitariamente y a criar animales en sus nuevas 7,500 hectáreas, siguieron la larga marcha burocrática para conseguir las escrituras de su nuevo hogar.

Irónicamente, asentamientos tales como Pananti dan a los campesinos una ventaja en el proceso de titulación. El gobierno es más proclive a dar escrituras a los que ya trabajan un pedazo de tierra que aquellos que solicitan tierra que no están ya cultivando. Inclusive con este hecho a su favor, el Estado se toma casi tres años en dar títulos de tierra a los campesinos.

Más aún, mientras los residentes de Pananti batallaban con el Estado por las escrituras, fueron forzados a enfrentar a los dueños la propiedad por sus vidas. Amenazados no sólo por la suerte de ser campesinos ocupando ilegalmente la tierra, los terratenientes sintieron el impacto en su fuerza de trabajo, porque muchos tenían ahora su propia tierra.

Los ataques comenzaron menos de tres meses después de la toma inicial, cuando un grupo de asaltantes contratados por los dueños entró al asentamiento de Los Sotos y quemó las casas del MST, hiriendo a muchas personas. En el año siguiente hubo cinco ataques similares, incluyendo invasiones paramilitares y una fallida operación militar.

El asalto mortal se inició el 9 de noviembre de 2001. “A las 6 de la mañana, cerca de 40 paramilitares fuertemente armados entró al campamento, disparando [y matando] a seis campesinos e hiriendo a otros 21”, recordó un miembro de la comunidad de Pananti en Sociología de los Movimientos Sociales en Bolivia. Uno de los fallecidos era un chico de 14 años. Hasta la fecha no ha habido apresamientos por esto.

“Hoy Pananti está funcionando y produciendo”, dice Miriam Campos, directora del Programa de Empoderamiento de Pueblos Indígenas y Campesinos. Pero, admite, hay tristeza por la pérdida de vidas y las dificultades para crear un asentamiento estable de la nada en tierra baldía.

Para los campesinos, el caso de Pananti evidenció los enormes riesgos en la lucha por la tierra a través de las tomas. Y la incapacidad estatal para otorgar unilateralmente títulos de tierra y el éxito de la perseverancia del movimiento han confirmado la necesidad de seguir con estas acciones directas. Mientras Pananti progresaba, la organización abrió sus alas al desarrollar filiales y dirigir tomas en virtualmente todas las regiones del país.

Collana: persecución y orgullo

“Estaban armados con palos, hachas y machetes, asegurando que no se moverían hasta que el gobierno iniciara el registro de esa propiedad”, contaba un miembro del MST (citado en un informe de la Fundación Tierra) del domingo 29 de junio de 2003, cuando 300 campesinos entraron a Collana, en el departamento altiplánico de La Paz, y levantaron un campamento.

El asentamiento de hace dos años es uno de los más de cien asentamientos que del MST en todo el país. La tierra del Altiplano es generalmente menos fértil y tiene menos demanda, pero aún hay una población campesina que quiere tierra para sí.

La hacienda Colla estaba madura para una ocupación. Una familia poseía 16 mil hectáreas de tierra y el patrón era la cuñada del detestado expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

La lucha de Collana ha sido menos violenta y más sobre el Estado y la persecución de los medios. Los dirigentes del MST fueron encarcelados por crímenes en el área circundante con acusaciones que, dice el MST, tienen poco sustento legal.

Estos arrestos han fomentado la capacidad de los medios para caracterizar a los miembros del MST como criminales, un sesgo que ellos creen premeditado. Los reportes sobre las acciones del MST están llenos con palabras como “asaltantes”, “criminales”, “tiranizar”, “delincuentes” y hasta “actos de terrorismo”.

“A través de los medios comerciales, que actúan en nombre de los terratenientes, nuestra organización es criminalizada. Encarcelan a nuestros dirigentes y etiquetan a los Sin Tierra de delincuentes”, afirma Machicado. “Nos hacen aparecer como que no nos preocupamos por nuestro país, pero todo lo que queremos es trabajar la tierra”.

Pese a estos problemas, Collana perseveró: un asentamiento económicamente estable (que produce forraje para ganado y cultivos para vender en los mercados) de 300 familias, cada una con su parcela de tierra, un sistema de administración organizado y producción comunitaria.

Los asentamientos en Santa Cruz: la nota discordante

Desafortunadamente, los asentamientos relativamente exitosos como Pananti y Collana son más una excepción que una regla. La mayoría de los Sin Tierra que ocupan territorios viven en condiciones paupérrimas —en carpas, sin agua potable o electricidad— y están a horas de camino de la población más cercana. Las enfermedades abundan y los alimentos escasean. Cultivan cuando pueden y lo que pueden pero sin infraestructura básica, herramientas o dinero para el trabajo inicial, producir de la tierra no es fácil. Las constantes operaciones militares realizadas para sacar a los ocupantes explican que a menudo se vean forzados a dejar sus cultivos y hogares por largos periodos.


En la toma de Los Yuquises, los campesinos viven en chozas improvisadas de palma.
Foto: D.R. 2005 Noah Friedsky
Así es la vida en la ocupación de Los Yuquises, localizada a 200 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, en el oriente de Bolivia. Los 500 campesinos tomaron miles de hectáreas en agosto de 2004, pero viven ahora en un terreno de una hectárea porque los militares han ocupado su lugar.

La tierra en disputa está en una propiedad de más de 200 mil hectáreas propiedad de un conocido hombre de negocios con viejos nexos con la política. De acuerdo a los Sin Tierra en Los Yuquises, las propiedades de este tamaño son algo común en la región, la mayoría de las parcelas han sido regalos políticos para financiadores bajo los gobiernos de derecha de los ochenta y los noventa. La toma ha molestado a la élite local e inflamó la tensión racial en Santa Cruz, el corazón del movimiento derechista por la autonomía regional.

Con el apoyo implícito del poderoso Comité Cívico pro Santa Cruz, los terratenientes contrataron asaltantes armados para invadir el asentamiento del MST el 8 de mayo pasado. Los intrusos encubiertos quemaron cosechas y hogares. Tres miembros del MST desaparecieron durante el ataque. Al mismo tiempo, en la ciudad de Santa Cruz, miembros de la Juventud Cruceñista golpearon a los líderes del MST, incluyendo a Silvestre Saisari.

Los campesinos respondieron tomando a 60 de los asesinos como rehenes. Luego de negociaciones, los liberaron, pero el gobierno actuó usando a los militares para expulsar por la fuerza a los habitantes más tarde ese mismo mes.


Foto: D.R. 2005 Noah Friedsky
La tierra fue puesta bajo control militar y los ocupantes del MST recibieron órdenes de permanecer alejados hasta que el Estado pudiera resolver el tema. Su hogar y sus vidas están ahora en el limbo mientras esperan en un terreno muy poblado a que el gobierno decida. Muchos miembros se van a trabajar a los pueblos cercanos —su única posibilidad de ingreso— varios días cada vez, pero siempre retornan.

“Hace diez años, vi un documental en la tele sobre el movimiento de los sin tierra en Brasil”, recordaba Rubén Carmelo, miembro de Los Yuquises, para el fotógrafo Noah Friedsky. “No podía creer las horribles condiciones en que vivían. Nunca imaginé que podría vivir de esa manera, pero mírame ahora… es una vida dura, pero no tenemos opción, tenemos que persistir”.

En las semanas recientes, el tema de la tierra explotó de nuevo en Santa Cruz. A mediados de septiembre, cerca de 200 Sin Tierra tomaron cinco parcelas de tierra en el área de Santa Rosa, al norte de la ciudad.

Esta disputa por la tierra ilumina la mora en el registro de tierras del Estado. Las autoridades afirman que la propiedad pertenece al miembro de Comité Cívico y candidato a prefecto por Santa Cruz Rubén Costas. Pero explica el MST que la propiedad no tiene dueño y por tanto los campesinos tienen el derecho a asentarse y trabajar.

“Cuando hablan de propiedad, no hay propiedad aquí; cuando hablan de delincuentes, no entiendo a quién se refieren”, afirmó el dirigente del MST Benigno Vargas en un artículo publicado en BolPress, luego de la toma.

Vargas desplegó muchos documentos que demostraban el derecho de los campesinos a ocupar la tierra, incluyendo el Decreto Supremo 25838 del año 2000, que ordena dar prioridad a los pequeños productores en esa área de 521 mil hectáreas, y que ningún productor debería poseer más de 124 hectáreas.

“Es obvio que los que deberían irse son los que tienen grandes porciones de tierra. Esto es, los dueños de la propiedad”, concluyó Vargas.

Dentro del MST

El Movimiento Sin Tierra boliviano es más complicado de lo que puede mostrar este reportaje. En enero de 2004, el MST se partió en dos organizaciones paralelas, una de ls que, se dice, es un “brazo” del partido político encabezado por Evo Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS), y la otra independiente. Varios partidos políticos buscaron sacar ventaja de la amplia influencia y peso del MST por sus batallas políticas. En desacuerdo con el rumbo que la organización debía seguir, los líderes de ambos grupos se separaron.

De acuerdo a los dirigentes, no hay tanta “división” entre los dos grupos como “distancia”. Las metas son las mismas, así como la principal estrategia de toma de tierras, pero tienen estructuras internas distintas, así como diferentes métodos de llevar adelante las ocupaciones.

Preguntas sin responder

“La mayoría de los que trabajan en el tema tierra sabe que hay una enorme injusticia social”, dice Miriam Campos, cuyo programa, adscrito al Viceministerio de Justicia, trabaja por “el empoderamiento de los pueblos indígenas y campesinos”. “Es una verdad que todos comprendemos”, continúa, “pero muy pocos tratan el tema de la tierra con seriedad porque saben que llegarán a un lugar a donde no pueden avanzar más contra una fuerza que es imposible de penetrar”.

Su voz temblorosa y parpadeantes ojos evidencian los retos de intentar encontrar una solución a la compleja cuestión de la tierra en Bolivia.

¿Por qué hay una fuerza impenetrable al final del camino? ¿Por que la impune violencia y persecución patológica contra un grupo de gente que solamente trata de asegurar su derecho legal a cultivar una porción de la abundante tierra sin uso?

“En síntesis, el territorio es el espacio del saber multiversal del mundo indígena… Su memoria colectiva está escrita en cada piedra, montaña y campo, y hcae parte de su identidad”, escribe el investigador aymara Pablo Mamani en un artículo reciente sobre los movimientos indígenas en Bolivia [5].

Los campesinos —aquellos que se sienten como parte de la tierra, sin importar dónde viven o lo que hacen— han sido arrancados de lo que los define. El MST y su movimiento es lo que han desarrollado para sellar esta ruptura.

La autodeterminación indígena amenaza profundamente la fábrica social en Bolivia, basada en la desigualdad y la dominación blanca. “En el juego del poder [político] en este país, la tierra se ha convertido en otro de los factores de uso estratégico y control”, porque su inherencia a la importancia de la identidad indígena, concluye Mamani.

Los miembros de los asentamientos lo saben también. “Nos llaman terroristas, pero no hacemos una guerra de guerrillas. Estamos en una guerra psicológica contra los poderes establecidos”, explicó Carmelo a Noah Friedsky.

El futuro de la cuestión de la tierra en Bolivia parece enmarañado. Los dirigentes del MST —inclusive los del sector del movimiento no afiliados a la política electoral— hablan con optimismo de la Asamblea Constituyente prevista para 2006. A través de la escritura colectiva del documento base de esta nación, con la participación de los indígenas y los sectores sin tierra hay, creen, esperanzas de mejorar la situación.

Como sea, si la amenaza de permitir a los campesinos reclamar la pieza perdida de su identidad es un gran peligro para las relaciones de poder en el país, como parecen implicar los últimos cinco años de esta “guerra por la tierra”, entonces el conflicto de tierras en Bolivia no se resolverá en salas de reunión.

[1] “Collana: el orgullo del segundo aniversario” en Movimiento de Trabajadores Sin Tierra Bolivia-MST, Revista informativa No. 3, agosoto 2005.

[2] Ibid.

[3] “Los Sin Tierra de Bolivia: una grave afrenta a los más elementales derechos económicos, sociales y culturales”, Juan José Ávila, en “50 años de Reforma Agraria”, Artículo Primero no. 14, revista del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS).

[4] Ibid.

[5] “Identidad y territorialidad: Cartografías del poder indígena”, Pablo Mamani Ramírez, en Barataria, revista cuatrimensual de El Juguete Rabioso, no. 3, año 1, agosto-octubre de 2005.

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