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El gobierno colombiano da luz verde a fumigaciones en resguardos indígenas

Líderes hablaron con Narco News sobre las amenazas que representa la “guerra contra las drogas” en sus territorios


Por Laura Del Castillo Matamoros
Especial para The Narco News Bulletin

22 de diciembre 2007

Ibagué, Colombia.- En septiembre pasado, el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez se negó a votar la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Argumentó que no podía firmar, porque supuestamente algunas disposiciones de la declaración contradecían el orden jurídico colombiano y los poderes del Estado. Cómo suele suceder en estos casos, ningún ente gubernamental, ni siquiera de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, pudo explicar claramente las extrañas ambigüedades de esta decisión.


El senador Gerardo Jumí
Foto: D.R. 2007 Laura Del Castillo
¿Cuáles habrán sido los artículos de esa declaración que, según el gobierno iban en detrimento del “orden jurídico colombiano y los poderes del Estado”? Serían acaso aquellos que se refieren sobre el derecho de los pueblos indígenas a la conservación y protección de sus territorios, así como el uso que debe hacerse de los mismos? ¿O quizás, aquel que habla sobre las limitaciones que deben tener los gobiernos para llevar a cabo operaciones militares dentro de territorios indígenas?

Los hechos de los meses siguientes respondieron por sí solos a estos interrogantes y parecieron darle la razón a quienes pensaron que detrás de la retórica jurídica del gobierno para no votar en la ONU se escondía un profundo racismo, el rechazo a reconocer los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en materia de territorio y sobre todo, la firme intención de manipular las leyes descaradamente, una vez más, en pro de intereses particulares.

Juzguen, ustedes mismos, apreciados lectores.

El decreto

El 8 de octubre, el Consejo Nacional de Estupefacientes – en cabeza del Ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi – aprobó una resolución que le dio vía libre a la Policía Antinarcóticos para llevar a cabo fumigaciones de cultivos ilícitos dentro de los resguardos indígenas del país. Desde el 2003 había sido prohibido que la policía –financiada en su labor por los fondos del Plan Colombia– llevara a cabo aspersiones aéreas dentro de estos territorios.

Según el reportaje del semanario colombiano El Espectador – que reveló el decreto el 24 de noviembre, y es el único medio masivo del país que ha dado cobertura al tema – la medida viene tras un proceso de “consulta previa” con las comunidades. Estas consultas se habrían realizado en los departamentos de Guaviare, Magdalena, Norte de Santander, Putumayo, Cauca, Caquetá, Vichada, Arauca y Guainía, y están pendientes para Chocó, Amazonas, Antioquia, Córdoba, Valle, Meta, Nariño y Vaupés.

Así es, “consulta”, entre comillas. El conocido columnista Alfredo Molano escribió hace tres semanas que

“el gobierno chantajea a los indígenas con garrote y zanahoria. El garrote, ser acusados de narcotráfico y terrorismo; y la zanahoria, prometer, a cambio del visto bueno, ampliación de resguardos, emisoras indígenas, programas guardabosques, escuelas, puestos de salud, carreteras y, léase bien, atención en derechos humanos”.

Es decir, el gobierno ha optado por “premiar” a las comunidades indígenas con beneficios que les corresponden por derecho. Y si por las buenas no funciona, siempre puede recurrirse a uno de los métodos de persuasión más eficaces: la represión sabiamente administrada por las fuerzas militares colombianas respaldados por miembros de las denominadas “bandas emergentes” paramilitares.

“El decreto está señalando cosas que no son ciertas,” manifestó el senador de la República y líder Embera Gerardo Jumí. “Por ejemplo, que ha consultado con las organizaciones indígenas… No se puede fumigar si antes no se ha consultado y en algunas regiones se han detenido, pero ya dan por hecho que en otras se pueden hacer sin ningún obstáculo”.

Jumí habló con Narco News en la ciudad de Ibagué (a 200 kilómetros al oeste de Bogotá), donde cerca de 2,000 representantes indígenas de cada región del país se encontraban reunidos durante los días 9 a 15 de este mes para realizar el VII Congreso de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). El tema de las fumigaciones y los daños que causan en territorios indígenas se habló mucho entre los participantes.

“La consulta previa no es un procedimiento, es un derecho fundamental de los pueblos indígenas,” explicó Darío Mejía, líder indígena zenú y miembro del Consejo Directivo de la ONIC, “por cuanto constituye también el derecho a la participación y a la definición de su propio futuro, de sus propias estrategias de desarrollo”.

“En muchas regiones,” afirmó, “el cultivo de la hoja de coca es una cuestión forzada, que se presenta porque los actores armados impulsan de manera obligada a la población, o simplemente es la única defensa económica que esta tiene, debido a que el ambiente no permite otro tipo de cultivo. Incluso el mismo gobierno, a través de sus políticas, ha llevado a que la gente cultive coca.”

“Por otro lado,” dijo Mejía, “en lo político, la fumigación es un arma de guerra, un arma biológica. No mata solamente a la hoja. Es más, no la mata. Pero si daña el resto de cultivos de pancoger. Los procedimientos para denunciar una afectación son engorrosos y, además, en el contexto del conflicto armado, la gente no se atreve a denunciar, pues las misma fuerza pública se encarga de impedirlo.”

Pero ¿cuáles fueron los argumentos del gobierno para aprobar esta resolución? Carlos Albornoz, Director Nacional de Estupefacientes, lo explicó de una manera bastante curiosa al periódico El Espectador, el pasado noviembre:

Los cultivos son ilícitos y se está respetando la costumbre ancestral de los indígenas de consumir. Pero resulta que algunos pasaron los límites y están sembrando para exportación, por eso se iniciaron estos trabajos de erradicación. El Gobierno hizo ajustes a su política antidrogas, dándole mayor énfasis a la erradicación manual, pero existen zonas en donde sólo se puede fumigar por la vía aérea. Supongo que allí se evaluará la situación de cada resguardo antes de asperjar.

Varias delegaciones indígenas asistentes al Congreso de la ONIC , afirmaron al unísono que no hay cultivos ilícitos en sus resguardos. Los que hay, según ellos, se encuentra en los límites de territorio indígenas y es sembrado por campesinos, con quienes, por cierto, el gobierno tampoco ha llegado a hacer acuerdos para crear programas de desarrollo alternativo o de erradicación manual verdaderamente eficaces.

Ashcayra Arabadadora, indígena barí del Norte de Santander y representante legal de la Asociación Comunidad Motilón Barí de Colombia (ASOCBARI), explicó: “Nosotros hemos empezado a dialogar con [los campesinos no indígenas], para que hagan la erradicación manual con ayuda de la comunidad bari, en limites del resguardo”.

Y si ya de por sí se han venido fumigando los resguardos indígenas – con la venia de entidades gubernamentales como el Ministerio del Medio Ambiente y la Oficina de Parques naturales – la aprobación de la resolución incrementará notablemente las aspersiones y sus consecuencias devastadoras.


Ashcayra Arabadadora, líder barí
D.R. 2007 Laura Del Castillo
“En el 2002 se hicieron consultas en nuestro resguardo,” dijo Arabadadora, “aunque no se llegaron a acuerdos fijos. Pero ahora ni siquiera se ha consultado al respecto al pueblo Barí. Nos preocupa que eso afecte a los cultivos tradicionales, las plantas medicinales de los abuelos, porque ya tenemos la experiencia con las fumigaciones que se llevaron a cabo en el año 2000. Otra cosa preocupante es que los campesinos no saben que van a volver a fumigar. Muchos campesinos desplazados están retornado a zonas como La Gabarra, y esto los podría perjudicar, aún más con la reactivación de nuevas bases militares”.

“Lo que nos preocupa con esta decisión,” dijo Mejía, “es que, si antes de que se tomara, se estaba fumigando, ahora se fumigará el doble. Esto es lo que incrementa el peligro y lo que tenemos claro es que muchos de los desplazamientos se dan a causa de la fumigación. Y ahora, se nos va a incrementar más el problema”.

Mejía agregó que las fumigaciones con glifosato nunca figuran entre las principales causas de desplazamiento dentro de las bases de datos de instancias gubernamentales que supuestamente se ocupan de esta problemática, tales como Acción Social. Pero, aunque el gobierno colombiano y los funcionarios de la Embajada Estadounidense, insistan en afirmar – basándose en estudios de científicos pagados por ellos mismos- que el glifosato es una sustancia inofensiva, los testimonios y pruebas recolectadas es varias regiones afectadas, muestran que las fumigaciones efectivamente están arrasando magistralmente con grandes hectáreas de cultivos… pero de pancoger.

Esta situación, afirmaron los indígenas entrevistados, muchas veces genera que los indígenas se desplacen hacia las tierras de los colonos. Entonces tienen que ofrecer su mano de obra para cultivos ilegales, en vista de que no tienen como sobrevivir después de que sus cultivos ancestrales han sido arrasados por los químicos. De esta manera, el círculo vicioso nunca se cierra y de paso el gobierno siempre queda con excusas para criminalizar a las comunidades, cuyos miembros si no se desplazan, se quedan en sus tierras, al borde de la muerte, a causa de la resultante falta de comida.

A lo anterior se suman los casos – reiteradamente denunciados- de contaminación de ríos, enfermedades e incluso la muerte de algunos miembros de las comunidades afectadas. El Espectador recuerda lo que sucedió en el 2005, cuando la etnia Eperara Siapidaara del Pacífico Nariñense sufrió la muerte de tres de sus niños y la agonía de 16 más que quedaron enfermos, a causa de las fumigaciones, como lo comprobó el Instituto Departamental de Salud de Nariño.

Otros intereses

La verdad es que tanto Uribe como Bush andan demasiado ocupados como para preocuparse de drogadictos inútiles que son un estorbo para el sistema de vida capitalista. Al gobierno del presidente Uribe le interesa tanto fumigar los resguardos indígenas no sólo porque le preocupa que haya cultivos ilícitos allí, sino también porque estos territorios son focos centrales de explotación de recursos naturales por parte de las multinacionales.


Darío Mejía, miembro del consejo directivo de la ONIC
Foto: D.R. 2007 Dan Feder
Pero que sea Darío Mejía quien explique mejor qué se esconde detrás de la resolución para fumigar en los resguardos: “Este decreto responde a una estrategia interna, que como vemos tiene que ver con el control de los territorios. Este fenómeno del desplazamiento genera que queden territorios vacíos que después son controlados por la mafias, que son grupos legales, pues están representados en el congreso de la república por asesores que dictan las leyes para que estas regiones se conviertan en regiones madereras o en regiones de monocultivos para la producción de agrocombustibles o de ganadería extensiva”.

Los resguardos Barí del Parque Nacional Catatumbo (Norte de Santander), por ejemplo, son apetitosos para los grandes consorcios madereros y de explotación carbonífera.

“En la actualidad,” explicó Arabadadora, “vemos que todas las concesiones a multinacionales del carbón, se han dado en las mismas zonas donde se han hecho las fumigaciones y ha existido una fuerte presencia militar y paramilitar. Geofising (empresa carbonífera europea) tiene una solicitud de 1,531 hectáreas y va a hacer una explotación a cielo abierto. Ya tienen títulos mineros. Ahora se está esperando el estudio de impacto ambiental, en el que el pueblo barí no participó. Ni siquiera fue consultado para el proceso”.

Así pues, las aspersiones en territorios indígenas son un buen regalo de navidad del gobierno colombiano, con el que todos ganan: las multinacionales que pueden entrar a disponer de esos territorios fumigados a su antojo; las corporaciones militares privadas estadounidenses como Dyncorp que suministran toda la artillería pesada para fumigar; las industrias de químicos que fabrican el venenoso glifosato Monsanto, los principales fans del paramilitarismo (leáse los terratenientes y las grandes élites colombianas de donde proviene nuestro presidente y su bancada), y por supuesto, la hipocresía de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos frente al tema del narcotráfico.

Los únicos perdedores son los indígenas y los campesinos. Pero en un país que nunca superó los vicios de sus primeros colonizadores, eso, simplemente, da igual…

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