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La “Nueva Cultura Penitenciaria”: Los diseños estadunidenses para las prisiones colombianas

Cómo USAID, el Buró Federal de Prisiones y la Escuela de las Américas han impactado el sistema penitenciario colombiano


Por James Jordan
Especial para The Narco News Bulletin

10 de septiembre 2010

En medio de tanta discusión sobre derechos humanos y sobre la mejora de las condiciones de aquellos privados de su libertad, en marzo de 2000, el Embajador de los EEUU y el Ministro de Justicia colombiano firmaron el “Programa para la mejora del sistema penitenciario colombiano.” A través del llamado nacimiento de una “Nueva Cultura Penitenciaria”, el gobierno de los EEUU, a través de la Agencia estadunidense para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y el Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), rediseñarían las instituciones de máxima y mediana seguridad en Colombia, proporcionando millones de dólares en financiamiento, asesoramiento y supervisión. Algo central para la reestructuración ha sido la construcción y expansión de 16 nuevas prisiones diseñadas para manejar una afluencia de 30,000 nuevos presos—un aumento de más del 40% en su capacidad. La razón citada para la construcción de estas nuevas cárceles era para aliviar el hacinamiento como un primer paso necesario para mejorar las condiciones.

¿Han mejorado significativamente las condiciones? Todo indica que no, y la mayor capacidad parece haber motivado un aumento en las detenciones y en el ejercicio del control político y social más que un disminución en el hacinamiento. De acuerdo con algunos observadores, las cárceles se han convertido en frentes de guerra, y al menos cinco de las 16 nuevas cárceles han estado o siguen dirigidas por egresados de la infame Escuela de las Américas (SOA, por sus siglas en inglés). De acuerdo a la Coalición Colombiana en contra de la Tortura, “Es una preocupación muy seria el que las prisiones colombianas se estén militarizando cada vez más. De hecho, la mayoría de las cárceles visitadas por la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos [FCSPP]...están bajo el mando de altos rangos de las Fuerzas Armadas y policiales, ya sea en retiro o en activo, y carecen de las habilidades necesarias para manejar una prisión.”

Además de detener a miembros de la resistencia política, el principal objetivo para estas nuevas prisiones parece ser la encarcelación de un gran número de presos detenidos por delitos derivados del empeoramiento de la crisis económica y la falta de inversión social. El gobierno colombiano está siguiendo un diseño basado en la experiencia estadunidense. Los EEUU ponen el más alto porcentaje de su población detrás de los barrotes en el mundo.

El crecimiento en la población carcelaria ha sido impresionante desde la creación de un nuevo programa carcelario EEUU/Colombia. Un documento del Ministerio de Justicia de diciembre de 2007 muestra que entonces existía una población carcelaria de 63,603 personas. Un documento del INPEC de enero de 2010 muestra que la población carcelaria es de 76,471 personas. Tan solo tres meses después, un artículo en el diario colombiano El Tiempo dijo que había 106,000 presos bajo custodia de INPEC. Si estos datos son ciertos, entonces el incremento en la población carcelaria ya ha excedido los nuevos espacios construidos. Demasiado para el propósito de aliviar el hacinamiento carcelario.

Vincenzo González de la Asociación por la Paz en Colombia dice:

“El nuevo modelo impuesto en las cárceles colombianas… ha estado diseñado para incrementar la represión e intimidación de aquellos que están luchando por los derechos de la gente. Con el nuevo acuerdo, las cárceles colombianas se han convertido en ‘teatros de la operación militar’, en donde la autoridad civil está subordinada a la autoridad militar y policial y en donde los derechos humanos universales y constitucionales son constantemente violados.”

En un artículo anterior publicado en Narco News, se muestra un panorama de la cárcel de La Tramacúa en Valledupar, en el departamento de César—la primera de las dieciseis cárceles. A La Tramacúa le siguieron las cárceles de Acacias, en el departamento de Meta; y Girardot, departamento de Cundinamarca. Estas fueraon construidas con una inversión inicial de USD$4.5 millones de la Oficina Federal de Prisiones de EEUU. En la Tramacúa los problemas reinan, incluyendo una severa falta de agua, contaminación fecal en los alimentos, y la violencia dirigida en contra de presos políticos por parte de guardias y bandas paramilitares. (La Alianza para la Justicia Global está circulando una petición demandando la mejora en las condiciones ahí, disponible en línea en http://www.ipetitions.com/petition/valledupar/ .) ¿Cuál ha sido la experiencia para las otras cárceles diseñadas mediante el modelo estadunidense? Y ¿cuál es exactamente ese modelo?

De acuerdo a una declaración del FCSPP, todas las cárceles construidas bajo el acuerdo EEUU-Colombia fueron diseñadas para “...la seguridad sobre todas las otras consideraciones. Por lo general, se ubican a las afueras de los centros urbanos, en lugares aislados y de difícil acceso y en la mayoría de ocasiones, en zonas que presentan temperaturas extremas (muy frías o calientes). Los defectos en su diseño, así como la falta de planeación, tienen por consecuencia que varias de estas edificaciones sufran de un problema de aprovisionamiento de agua….Estas nuevas cárceles, se caracterizan [por]...[el] aislamiento de los y las internas con insuficiencia de zonas…de trabajo, educación y recreación, con reglamentos internos extremadamente rígidos, dado que la cárcel ya no se concibe como un espacio dirigido a la resocialización, sino que se restringe a cumplir un papel únicamente de castigo.”

En 2009 las Presas Políticas y Presas de Guerra de Colombia lanzaron una declaración para el día Internacional de la Mujer que habla patéticamente sobre las nuevas cárceles:

“...Denunciamos y rechazamos…una política penitenciaria y carcelaria que, siguiendo las directrices del Buró Federal de Prisiones de los Estados Unidos, le da prioridad a las consideraciones de seguridad, militarización y privatización de los establecimientos carcelarios. Que no contempla un enfoque de género sino que homogeniza el tratamiento…con criterios…que viola los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, que impone mecanismos de invisibilización, despersonalización y desocialización, en especial a las prisioneras políticas y sociales procedentes de los sectores mas pobres….Que le da un trato a los prisioneros políticos de ‘enemigos internos’, limitandonos aun más que a las otras personas privadas de la libertad….

[Rechazamos] la construcción de…penetenciarios…con asesoría y recursos gringos. [Son] moles de cemento, grises, construidas para hombres, pero que también serán ocupadas por las mujeres…de quienes ignoran nuestras especificidades como mujeres. Gigantes contenedores de hombres y mujeres en donde pretendedn que paguemos con todo rigor nuestros ‘supuestos delitos’, en donde buscan ‘normalizarnos’, que es igual a anularnos comoe seres humanos dueños de nuestro liber albedrío.”

En Colombia, el sistema penitenciario tuvo numerosos problemas antes de involucrarse con USAID y con el Buró Federal de Prisiones. Estos incluían el hacinamiento, condiciones inadecuadas y casos de golpizas y tortura, especialmente en lo que respecta a presos políticos y prisioneros de guerra. Sin embargo, estuvo escrito en una ley y en política carcelaria el compromiso por la reeducación y resocialización de los reclusos, y en cierta medida, hubo previsiones para trabajo y programas para el desarrollo personas, en caso de ser inadecuados. Al menos estos fueron los objetivos declarados en los que en ocasiones se actuó.

Con la firma del acuerdo EEUU-Colombia, es difícil argumentar que ha habido “mejoras” o que una “nueva cultura”—al menos una cultura que pueda ser descrita positivamente—ha surgido en las cárceles colombianas. El anteriormente citado artículo de Narco News sobre La Tramacúa muestra que el periodo de esta Nueva Cultura Penitenciara y la construcción de cárceles ha coincidido con el aumento en los casos de tortura cometidos por el personal del gobierno colombiano, y junto con el incremento en las detenciones arbitrarias de miembros de la oposición política. El predominio de personal militar activo y retirado en el control de las cárceles colombianas, muchos de ellos entrenados en la Escuela de las Américas, subraya la idea de que las cárceles están siendo reestructuradas como un nuevo frente de contención militar e intimidación política.

En una encuesta de CSPP llevada a cabo entre abril y junio de 2008, una mayoría de reclusos dijo que había sido torturado al menos una vez y un 86% dijo que había sido torturado psicológicamente. La encuesta reveló que los guardias de INPEC cometieron la mayoría de los actos de tortura en las cárceles, aunque en algunos casos oficiales militares y policiales estuvieron involucrados.

Si se tiene una visión general de INPEC durante el periodo de la Nueva Cultura Penitenciaria, se puede ver a una institución torpe y comprometida—torpe en su misión hacia el exterior, y comprometida con otros intereses. Juntando ambos elementos, la situación se sale de control. En este momento INPEC está inmerso en una serie de escándalos—escándalos de privilegios militares, anillos de extorsión, robo institucional, duras condiciones y un alto número de presos sin identificar o identificados erróneamente. Bajo custodia del INPEC se han encontrado líderes paramilitares armados con pistolas y granadas, ordenando asesinatos, organizando cargamentos de droga, en posesión de drogas, whiskey, telefonos celulares y otra tecnología prohibida, y grandes cantidades de dinero.

Incluso si un guardia quisiera llevar una institución mucho más ecuánime, hay indicios que funcionarios de más alto rango intervendrían. Una exposición a cargo del semanario colombiano La Semana revela que en la cárcel de Itaguí, en donde se encuentran gran cantidad de líderes paramilitares, los jefes paramilitares utilizaban telefonos celulares para ordenar homicidios y violentas tomas de pueblos. En un área común cercana a las celdas, se encontró una pistola, granadas y dinero escondido en libros. Las cámaras de seguridad no estaban funcionando y no se encontraron huellas dactilares en los objetos. Cuando la directora de la prisión, Yolanda Rodríguez, fue cuestionada, dijo que cuando trataba de hacer algo con respecto a los privilegios paramilitares, se encontraba “atada de manos”. Dice que recibió comunicaciones diarias de altos funcionarios gubernamentales, incluyendo del director regional y general de INPEC y del Ministro de Justicia mismo, ordenando que cambiara las reglas para favorecer a los presos paramilitares.

La periodista colombiana Gina Parody dice:

“¿Qué tenemos un año después de estas denuncias? Nada….Señalaba el director del INPEC que existe un reglamento especial para los sindicados de Justicia y Pas que es mas laxo, que permitía que ellos tuviesen un tratamiento especial en comunicaciones, en visitas etc. ¿Qué artículo de la ley de justicia y paz contempla esto? ¿De dónde el director del INPEC saca esto?”

Estos ejemplos nos dan una visión general de la salud y del funcionamiento de INPEC luego de una década del rediseño estadunidense y de la Nueva Cultura Penitenciaria. Pero que hay de aquellas nuevas instituciones diseñadas bajo la tutela de BOP? Como se mencionó anteriormente, el artículo previo revela las condiciones de La Tramacúa. Pero, ¿es esta una “institución modelo” para las otras, o solo un caso particular? Tristemente, parece que las otras cárceles están siguiendo el mismo camino.

Mientras los reclusos de La Tramacúa han sufrido contaminación fecal en sus alimentos, en la nueva cárcel de Picaleña en Ibagué, departamento de Tolima, a los presos se les sirve comida podrida en lo que parece ser una base regular. Durante el mes de abril, los presos tuvieron brotes de intoxicación alimentaria en tres diferentes ocasiones, afectando a hasta 750 presos por oacasión. El director de Picaleña es el mayor retirado Juan Carlos Sandoval Gutiérrez, egresado de la Escuela de las Américas.

La cárcel de Cartagena, departamento de Bolívar, está bajo la administración del teniente coronel retirado Dionicio Calderón Sánchez, también egresado de la Escuela de las Américas. En Cartagena, se descubrió una red de reclusos y guardias manejando una red de extorsión en contra de otros presos, encontrándoseles 90 celulares y otros objetos prohibidos.

En la prisión de La Picota, en Bogotá, dos peligrosos líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la organización paramilitar más grande del país, escaparon de la prisión caminando por la puerta principal con la aparente cooperación del personal de la prisión. A un ex senador conectado con los paramilitares se le encontró aire acondicionado en su cuarto, mientras, en otro momento, había ocho botellas de whiskey en las celdas de algunos paramilitares. El director de la institución, Enrique Arce, fue removido de su cargo. Ahora está sirviendo como director de la penitenciaria de Puerto Triunfo en el departamento de Antioquia, otra cárcel diseñada por los EEUU.

La cárcel de La Dorada está localizada en la ciudad de Manizales, departamento de Caldas. Ha sido escenario de vario asesinatos de reclusos en dudosas circunstancias. Un caso famoso es el del preso Alvaro Soaza, que fue transferido de La Dorada a La Picaleña en Ibagué. El 30 de enero de 2009, su familia recibió una llamada en donde les decían que Soaza había muerto en Ibagué el 16 de enero. La Dorada es también la cárcel en la que trabajadores de salud llevando a cabo un censo entre los presos fueron detenidos luego de que los funcionarios les impidieran salir de la cárcel luego de haber descubierto numerosos casos en donde los reclusos no estaban identificados adecuadamente. El censo, llevado a cabo en todo el sistema penitenciario, encontró 28,000 presos con una identificación incompleta, incorrecta o inexistente.

Desde que La Dorada inició operaciones en julio de 2003, ha tenido ocho directores, cuatro de los cuales (y al menos un subdirector) son egresados de la Escuela de las Américas. Los directores entrenados en dicha escuela incluyen al teniente coronel William Carajalino Pagani, teniente coronel Orlando Fabio Castañeda Jadeth, teniente coronel Miguel Evan Cure, teniente coronel César Augusto Cárdenas Gonzáles, y al subdirector y compañero de la SOA, mayor Luis Peña Peña.

En la cárcel La Tramacúa de Valledupar, los reclusos tienen acceso al agua solo diez minutos diarios, pero al menos es potable. En la cárcel Palo Gordo, en Girón, departamento de Santander, los reclusos solo tienen acceso al agua cinco minutos diarios pero no es potable. Durante los últimos cuatro años, ha habido al menos dos asesinatos y un sinnúmero de ataques. No se proporcionan programas educativos o laborales y la cárcel ha sido escenario de múltiples huelgas de hambre de presos políticos por las condiciones imperantes. La cárcel está a 22 km de la ciudad, en un camino de tierra, en donde los visitantes deben pagar taxis para esperar mientras están dentro de la cárcel, haciendo que el transporte sea difícil y caro. El director de Palo Gordo es egresado de SOA, el coronel retirado Alfonso Bautista Parra.

El expreso político Gustavo Mendoza analiza la intención del acuerdo EEUU-Colombia. “El éxito de estas estrategia de control social del territorio…es realizzado a través de la persecución de activistas del [movimiento] social. Al socavar la llamada ‘confianza del inversor’ estos movimientos sociales ahora son el obstáculo para la apropiación de nuestros recursos naturales por las corporaciones trasnacionales…”

Mirando la cifra de desplazados, las cifras de muertos y las cifras de los injustamente encarcelados, algo parece claro: la mayoría de aquellos objetivos de la guerra y represión en Colombia, patrocinada por los EEUU, son las poblaciones rurales campesinas, indígenas y comunidades afrocolombianas. También son gravemente afectados sus aliados, tanto urbanos como rurales, entre los sectores de trabajadores, estudiantes y opositores políticos. La razón por la que la población rural es un objetivo es porque poseen, viven y trabajan la tierra que bloquea el acceso de las corporaciones trasnacionales a los recursos naturales, y por tanto, a enormes ganancias.

La reestructuración estadunidense del sistema penitenciario colombiano para mantener encerrados a decenas de miles de presos no se puede separar del desplegue de tropas estadunidenses en siete nuevas bases del territorio colombiano. Ambos tienen la meta de completar la destrucción e intimidación de todas las formas de resistencia a la invasión de corporaciones extranjeras. De hecho, las Presas Políticas Colombianas, en su declaración por el Día Internacional de la Mujer habló específicamente en contra de las bases estadunidenses: “Denunciamos y rechazamos… la instalación y operación de las bases militares estadunidenses en nuestro territorio. Con esto solo exacerban e internacionalizan el conflicto interno colombiano… y eliminan aún más la posibilidad de una salida y negocación política en el conflicto interno colombiano y la construcción de una paz duradera.”

Hay muchas preguntas que responder sobre el papel de los EEUU en la reestructuración del sistema penitenciario colombiano. ¿Cuántos miembros del personal carcelario colombiano han sido entrenados en la Escuela de las Américas? ¿Cúantos han sido entrenados y asesorados por el Buró Federal de Prisiones de los Estados Unidos? ¿Cuáles son los métodos que se enseñan? ¿Hasta cuánto llega la inversión de fondos públicos estadunidenses en esta reestructura? ¿Cuál es el rol que el personal estadunidense tiene en el entrenamiento y supervisión de las torturas llevadas a cabo por INPEC, militares y policías dentro de las cárceles estadunidenses?

Lo que queda claro es que el involucramiento de los EEUU en Colombia, desde el Plan Colombia, las nuevas bases militares hasta la reestructuración del sistema penitenciario, sirven al propósito de subyugar a Colombia a la explotación corporativa trasnacional. La mejor respuesta a esta situación es que los EEUU retiren su apoyo a la guerra y represión y dejen de intervenir en la soberanía y voluntad democrática del pueblo colombiano.

El autor desea agredecer la ayuda de nuestros compañeros, Traspaso los Muros/Campaña Permanente en Solidaridad con Las Detenidas y los Detenidos Políticos en la investigación de este artículo. Visiten su sitio en: http://libertadpresxspoliticxs.jimdo.com/

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