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México se prepara para demandar a compañías estadounidenses consideradas culpables por crímenes de la guerra contra las drogas

El gobierno mexicano buscará demandar por tráfico de armas y lavado de dinero


Por Bill Conroy
Especial para The Narco News Bulletin

27 de abril 2011

La Procuraduría General de la República en México (PGR) ha contratado a un despacho de abogados estadounidenses para explorar las opciones de presentar un litigio en contra de compañías o individuos con base en los Estados Unidos “que se cree participan” en actividades de lavado de dinero y tráfico de armas “que puedan dañar a México,” revela un documento reciente en el Departamento de Justicia de los EEUU.

El tema del tráfico de armas ha sido un punto importante en las relaciones entre México y Estados Unidos. El presidente mexicano Felipe Calderón, públicamente ha declarado que son las armas estadounidenses las que se utilizan para armar a las violentas organizaciones narcotraficantes mexicanas. Sin embargo, funcionarios estadounidenses hacen hincapié que han incrementado sus esfuerzos y recursos para detener el flujo de armas, generalmente atribuido a tiendas de armas ilegales y ferias de armas.

Sin embargo, ninguna de las partes reconoce el papel que tiene en la desviación criminal de las ventas legales de armas – aquellas enviadas por compañías estadounidenses al gobierno mexicano y que después, debido a la amplia corrupción, son desviadas a las organizaciones criminales. [ver enlace].

En cualquier caso, la decisión del gobierno mexicano de contratar a un despacho legal estadounidense para presentar demandas en contra de las partes que considere responsable por ventas ilegales de armas parece no obstaculizar seriamente el flujo de armas a México – debido a que hasta la fecha la completa aplicación de la ley en los EEUU ha fracasado en lograrlo.

La acción parece ser más un cínico truco de relaciones públicas diseñado para ayudar a desviar la culpa de las fracasadas políticas de la guerra contra las drogas. Hace unos cuatro años, el presidente mexicano Felipe Calderón alistó al ejército para lanzar la “guerra” contra los “cárteles de la droga”, resultando hasta la fecha en al menos 40,000 asesinatos en México – muchos de los cuales civiles inocentes.

También es de interés en el pacto de México con el despacho legal estadounidense el llamado a litigar en contra de entidades no mexicanas sospechosas de participar en el lavado de dinero. Basados en el texto del Departamento de Justicia, los objetivos potenciales de estos litigios también pueden incluir a principales bancos estadounidenses – quienes hasta la fecha han tenido éxito en lavarse las manos con los cientos de miles de millones de dólares en dinero de droga circulando a través de los sistemas financieros.

No está claro que es lo que México espera lograr con amenazar a prestamistas estadounidenses con una demanda por lavado de dinero, aunque podría ser considerado por algunos como un esfuerzo para mover la balanza de las políticas de los EEUU en una dirección que se más favorable al gobierno de Calderón y sus intereses.

Esta semana, algunos medios de comunicación, incluyendo a Associated Press y CBS News, reportaron que “fuentes anónimas” les habían dicho que México había contratado a un “despacho legal en Nueva York” para buscar una posible demanda en contra de fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses.

“El despacho busca cargos que puedan incluir la civil RICO [Ley del chantaje incluido y organización corrupta, por sus siglas en inglés]”, afirma el reportaje de CBS.

Sin embargo, parece que los reporteros con esos medios no saben de cierta ley federal que requiere que las partes que representan a gobiernos extranjeros en los Estados Unidos para que se registren con el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés). Como resultado, confiaron en “fuentes anónimas”, para transmitir información que ya es pública, y fracasaron en tener toda la historia en proceso, incluyendo el hecho que, de acuerdo al documento del DOJ, el despacho legal contratado por México se encuentra en Texas – aunque tiene una oficina en Nueva York.

En el contrato oficial incluido en el documento de DOJ obtenido por Narco News, el despacho legal con base en Austin, Texas llamada Reid Collins & Tsai LLP afirma que “ha acordado servir como abogado principal para la PGR” y que también ha mantenido a un despacho en Florida, Berg Associates LLC, para ayudar con la investigación para un posible litigio.

Más del contrato:

Reid proporcionará servicios legales y representará a la PGR en conexión con la investigación y seguimiento de reclamos en contra de ciertas entidades e individuos en los EEUU, [los demandados] que se cree participaron en actividades de lavado de dinero, según la investigación hecha por Berg, fabricación ilegal, importación/exportación, o venta de armas, u otra conducta que pueda dañar a México.

Berg actuará como consultores expertos en el equipo legal, y como tal, la investigación de Berg estará protegida por el privilegio abogado-cliente. Berg trabajará e investigará posibles reclamos, y asistirá en la persecución de reclamos potenciales… por las que la PGR proporciona autorización por escrito.

El sitio en internet de Berg Associates describe al despacho como “líder en investigar crímenes financieros” y en “desarrollar estrategias proactivas para… detectar y derrotar la falsificación y contrabando.”

El despacho de Austin, de acuerdo al contrato, será recompensando por sus servicios al obtener un 23.5 por ciento de la “recuperación total” por una demanda exitosa y será reembolsado por la PGR por cualquier gasto – hasta $3 millones de dólares en total, a menos que la PGR apruebe por escrito cualquier exceso en esa cantidad.

El escrito que delinea la relación contractual de la PGR con Reid Collins & Tsai fue presentado por el DOJ a principios de febrero de este año mediante la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, el contrato entre el despacho legal y la PGR mexicana en realidad fue escrito el 27 de octubre de 2010 o antes, como evidencia la fecha en una carta incluida en el archivo de Reid Collin’s FARA.

De esa carta, redactada por William T. Reid, de Reid Collins y dirigida al agregado jurídico de la PGR en Washington DC, Guillermo Fonseca Leal:

Guillermo:

Como sabes, mi despacho Reid Collins & Tsai, LLP… y Berg Associates LLC ahora han entrado a la investigación en el acuerdo legal de servicios contigo en tu capacidad de agregado jurídico de la Procuraduría General de la República…

…Te escribo para confirmar que hayas aceptado que Reid y Berg tienen la “autorización de investigación” en el acuerdo para proceder en la investigación de los posibles reclamos de la PGR por lo siguiente:

(1) Armas: Fabricación, venta importación/exportación, y/o distribución de todas las armas que han sido ilegalmente importadas a México de las que la PGR pueda tener una demanda viable; y

(2) Instituciones Financieras Extranjeras: Cualquiera y todas las instituciones financieras extranjeras (definidas como instituciones financieras que no están constituidas bajo la ley mexicana) que han estado o están involucradas con lavado de dinero, ocultamiento de activos, evasión fiscal, o proporcionando otro tipo de asistencia financiera a cualquier persona o entidad por la que la PGR pueda tener una demanda viable.

Otro cliente

Esta no es la primera vez que Reid Collins & Tsai (antes conocida como Reid Davis LLP) ha sido contratado por un gobierno extranjero que busca representación legal en los EEUU.

El despacho legal fue contratado el año pasado por el gobierno de Colombia para representarlo en una demanda en contra de dos de los más grandes productores de licor, Diageo Plc de Inglaterra y Pernod Ricard SA de Francia – ambos tienen grandes operaciones en los EEUU y producen marcas muy conocidas, como Smirnoff, Johnnie Walker, Captain Morgan, Chivas Regal y Martell.

En el litigio, presentado como caso de la ley RICO en la corte de distrito de Brooklyn, el gobierno de Colombia acusa a las gigantescas compañías de licor y a sus co-conspiradores, incluyendo a distribuidores con base en Aruba (una isla caribeña al noreste de Colombia), de haber “participado y facilitado al crimen organizado al blanquear los procedentes del narcotráfico,” entre otras leyes, de acuerdo a los escritos judiciales.

Las compañías Diageo y Pernod, por supuesto, niegan las acusaciones en su contra y tienen intención de demostrar en los tribunales que carecen de mérito.

“Diagueo se está defendiendo enérgicamente en este asunto. tratamos de no convertir en práctica el comentar sobre litigios pendientes,” dijo Zsoka McDonald, portavoz de Diageo, a Narco News en una declaración preparada para una historia previa sobre la demanda colombiana.

Previamente, los representantes de Pernod Ricard emitieron una declaración pública indicando que la compañía “vigorosamente continuará su defensa en contra de las acusaciones.” William T. Reid, en una entrevista previa con Narco News, confirmó que su despacho fue contratado para representar a Colombia en el litigio en curso (presentado originalmente en 2004). Dijo que el caso aún se encuentra en la fase de descubrimiento a raíz de un fallo crítico en 2007 en que el juez se rehusó a desechar la demanda.

Reid agrega que “no puede decir a ciencia cierta” que la actividad de lavado de dinero presuntamente llevada a cabo por las compañías de licor en la demanda continúan hasta la fecha. Sin embargo, si dice que el tamaño del “mercado negro” para el licor ilegal y ventas de droga “es más grande que nunca.”

Una carta presentada en la corte en 2008 por los abogados del gobierno de Colombia afirma que el lavado de dinero comenzó “en o antes de 1990 y continuó hasta la fecha de la presentación de la demanda (octubre 2004) y en el futuro.”

Permanezcan en sintonía…

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