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“El mundo no se ha vuelto más borracho, porque se legalizó el alcohol”

“La legalización acabaría con el negocio” dice parlamentario colombiano Pedro José Arenas


Por Laura Del Castillo
Parte II

10 de septiembre 2003

En la segunda parte de la entrevista al parlamentario colombiano Pedro José Arenas, uno de los pocos partidarios en el Congreso colombiano de un proceso gradual de legalización de las drogas, veremos por qué Arenas se ha convertido en una oveja negra dentro de este órgano legislativo, donde la mayoría es incapaz de pronunciarse frente al hecho de que el presidente Uribe haya ignorado la advertencia de la comunidad europea (que consiste en dejar de proporcionar ayuda para inversión social en las regiones donde se continúe con las aspersiones aéreas a cultivos ilícitos), pero que seguramente votará mayoritariamente a favor del proyecto de ley que Uribe piensa presentar ante el parlamento que pretende penalizar la dosis personal de droga, luego de que esta iniciativa hubiera sido derogada por la corte institucional para que no fuera incluida dentro del referendo.

En medio de este complejo contexto Arenas sigue hablando para Narco News. Esta vez abarcando tres ejes temáticos centrales: políticas antidrogas, Plan Colombia y legalización.

Narco News: A lo largo de su carrera política usted ha insistido en consolidar una “política soberana de drogas”. ¿A qué se refiere con eso?

Pedro Arenas: Bueno, para nadie es un secreto que la política que se implementa en nuestro país no fue diseñada aquí. Ha sido diseñada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, por la Oficina de Drogas de ese mismo país, desde hace treinta años, cuando se fumigó por primera vez en la Sierra Nevada de Santa Marta. Cuando decimos que hay que hacer una política soberana de drogas, estamos hablando de una que sea consensuada con todos los actores del problema. La política de drogas colombiana está especialmente diseñada para cumplir recomendaciones, obligaciones o condiciones impuestas por los Estados Unidos, y que están relacionadas con el problema de los créditos para el estado colombiano, destinados a la lucha contra el terrorismo mundial.

La política de drogas en Colombia no es producto de que se haya sentado un presidente a diseñarlas con sus ministros, con organizaciones no gubernamentales, con organizaciones campesinas o con el parlamento colombiano. Es más, el Parlamento no pudo decir una palabra frente a eso que llamamos Plan Colombia, producto de las ocurrencias de un presidente que lo describió como un Plan Marshall de reconstrucción del país, y que cuando fue a Estados Unidos y regresó, ya no lo asumió de esta forma, sino más bien como un plan principalmente enfocado en la cuestión militar y en la lucha contra la guerrilla y el narcotráfico. En ese momento, ¿qué dijo el parlamento colombiano, que se supone representa los intereses nacionales? Nada. Entonces el Plan Colombia no fue discutido por el país, sino que fue impuesto y eso mismo ocurre con las políticas antidrogas. Además, aquí tenemos hoy una Dirección Nacional de Estupefacientes que se encarga únicamente de administrar bienes incautados al narcotráfico, pero ¿qué puede decir esa institución frente a la política de drogas? Nada.

Narco News: Ya que menciona el Plan Colombia, ¿qué cree usted que está detrás de éste y en sí de las políticas antidrogas impuestas, como usted dice, por el gobierno de Estados Unidos?

Pedro Arenas: Yo creo que todo se concentra en este momento en una lucha por recuperar el control del Estado en el sur del país, ya que durante décadas estuvo ausente. El Estado ha mantenido marginadas y abandonadas a las poblaciones que siempre han habitado esa zona. Entonces, ese vacío dejado por el Estado fue llenado por las organizaciones armadas ilegales, especialmente por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), que entraron a asumir una cantidad de tareas propias del Estado: arreglar desde problemas familiares hasta líos de fronteras, tratar de impartir un poco de justicia, brindar un poco de protección a las comunidades, hacer labores de policía.

En muchos casos, a causa tanto del dinero derivado de la siembra de cultivos ilícitos y del negocio del narcotráfico, como del poder ejercido por las FARC, hubo comunidades que empezaron a prescindir del Estado, a dejar de exigirle cosas como la creación de infraestructura vial y la cobertura de servicios públicos (educación, salud, alcantarillado, luz, etc). Todo esto pasó durante veinte o más años. Ahora, en medio de esta derechización mundial y nacional, si el Estado, para recuperar el control del territorio, tiene que expulsar o acabar a la guerrilla, pues lo hace, y si no tiene los medios, pues busca las ayudas tecnológicas, con aviones, radares, etc., que puede brindar el gobierno estadounidense.

Y si para obtener esa ayuda le toca hipotecar, de alguna manera, su política de drogas, lo hace sin ninguna vergüenza… y si con esa política afecta al campesinado, no le importa, porque de alguna manera se ha sostenido la tesis —errada— de que esos campesinos que habitan y se dedican a la siembra de los cultivos ilícitos, en las zonas que ya habíamos mencionado, son la base social y la fuente de financiación de la guerrilla, que ahora caracterizan como organización terrorista. Entonces creo que lo que hay detrás es un interés por expulsar una organización que le genera problemas al actual modelo económico del país, teniendo en cuenta que por los líos de orden público hay firmas o empresas multinacionales que no vienen a invertir acá por —ese es el discurso que nos han vendido— el problema de inseguridad. ¿Detrás de qué va a venir ese capital extranjero? Ésa es la pregunta para responder al mediano plazo. Cuando pensamos en lo que hay detrás del Plan Colombia, creo que tienen razón algunos analistas cuando plantean que detrás puede estar una lucha por apropiarse de la biodiversidad, específicamente de la zona amazónica, por apropiarse de nuestros ríos para crear la gran hidrovía suramericana, por apropiarse de zonas con alta riqueza en recursos naturales, minerales, como el petróleo, que están en la amazonía y orinoquía colombianas, y que hoy no se pueden explotar pero que son muy apetecidos por el capital transnacional.

Narco News: ¿Usted considera que la lucha contra el narcotráfico vendría a ser una excusa dentro del Plan Colombia para llevar a cabo las diferentes operaciones de contrainsurgencia?

Pedro Arenas: El narcotráfico sí se volvió una excusa. Yo creo que la lucha contra el narcotráfico siempre ha tenido el componente de lucha contrainsurgente. Pero más allá de eso, el narcotráfico es una excusa para militarizar nuestras democracias. En eso tienen razón los que trabajan con el Instituto Transnacional de Holanda, quienes señalan que el problema es la remilitarización de estas democracias, y esto se expresa muy bien en Colombia con toda esta política de la “seguridad democrática”. Es una excusa para eso, para tener unos regímenes que les permitan, a los que están detrás de la implementación del modelo neoliberal, implementar lo que falta para que pueda imponerse sin problemas.

Porque ahora viene por todo lo que no pudieron entregar los gobiernos de principios de la década de los noventa. Viene por lo que falta por privatizar, para materializar los acuerdos de libre comercio, como el ALCA. Viene detrás de la explotación de recursos naturales. Yo creo que la lucha contra el narcotráfico es eso. Hoy ya no se oculta que para acabar con él, y lo han dicho perfectamente los agentes del gobierno, hay que acabar primero con la guerrilla. Pero en ambos casos, narcotráfico y guerrilla, yo sigo creyendo que hay unas causas sociales que desafortunadamente el Estado no ha enfrentado a fondo, y por más éxitos que la administración Uribe esté teniendo hoy —por lo menos es eso lo que se presenta a nivel internacional en materia de orden público—, en materia social no tiene nada que mostrar… quizá algunas cifras de crecimiento económico en comparación con la era Samper. Pero los líos del desempleo, del desplazamiento forzado, de la gente sin tierra, son los mismos. Si uno compara con el gobierno anterior, quizá este sea más exitoso, pero en comparación con los problemas de siempre, con el país de las últimas cuatro, cinco décadas, estos problemas se han disparado. El crecimiento, en las cifras, no demuestra que haya un aumento en los ingresos per cápita.

Narco News: Usted ha planteado en varias ocasiones que la manera más efectiva de solucionar los problema generados por el narcotráfico era la legalización. ¿Qué puede decir al respecto?

Pedro Arenas: Primero, yo no niego que el Estado tiene derecho a atacar una actividad que la ley considera ilegal. Si la ley considera ilegal sembrar coca, el Estado debe buscar solucionar esa situación. El problema es ¿cómo lo hace? Pero creo que las fumigaciones no son la salida ni la solución más correcta. Incluso en el marco de una política prohibicionista hay otras salidas. En medio del prohibicionismo se puede avanzar por caminos distintos como el de la despenalización. Yo creo que tienen razón los que dicen que, la despenalización gradual, la disminución de penas, quitarle ese tratamiento criminal que le dan a los campesinos —muchos están siendo detenidos por tener un cultivo de coca—, por ser recolectores o por estar cargando unos cuantos gramos de pasta base de coca o unos galones de gasolina.

Creo que en medio de la política que hoy se implementa en el país debería haber espacio para, gradualmente, ir avanzando en la despenalización de algunas cosas y en darle un tratamiento más social al problema. Porque si bien es cierto que en el país hay personas dedicadas a la producción como un negocio (esta es una actividad muy rentable y lucrativa, y la tienen como una más de sus empresas), también es real que hay miles de familias dedicadas a la producción para sobrevivir. Entonces, hay hacer esa diferenciación, pero el Estado nunca le ha prestado atención a esto. ¿Cómo va uno a catalogar como narcotraficante a alguien que tiene una hectárea de coca como complemento de sus ingresos derivados de actividades lícitas? Definitivamente no se le puede catalogar como narcotraficante, pero igual se lo llevan y lo encarcelan. Insisto, aquí hay gente dedicada a la producción como un negocio, eso es verdad y no lo podemos desconocer, pero únicamente se castiga a los pequeños cultivadores porque no tienen cómo defenderse.

A los hermanos Rodríguez Orejuela los condenan a seis u ocho años, pero el que no tiene ese poder le dan 10, 15, 20 años. Yo conozco a campesinos que están hace más de 10 años en esta actividad y no son ricos, porque el grueso de las finanzas del narcotráfico no llega al campesinado, y eso lo sabemos todos, no llega ni al uno por ciento. Entonces, obviamente, el dinero se está quedando en otro lado: en las redes de corrupción de los organismos de inteligencia de los estados, en las mafias internacionales, en la banca internacional, en los que venden los insumos.

Entonces, ¿por qué proponer en un país tan complejo como éste la legalización? Pues porque de una vez se acabaría con el negocio. Pero de todas maneras, para mí es un poco problemático decir que la salida es la legalización, porque si hoy legalizáramos, eso quebraría a todos los campesinos del país. ¿Por qué? Porque el negocio es más lucrativo, en la medida en que es prohibido. Esta actividad la podría desarrollar cualquier persona, en cualquier lugar del país que tuviera las condiciones climáticas necesarias para hacerlo. Entonces, lo primero que pasaría ante la legalización es la caída de los precios, porque habría una sobreproducción. Por eso pensar que con la legalización el país se convertiría en un “paraíso de la coca” tampoco es cierto, porque el Estado entraría a implementar algunas medidas para controlar eso, a establecer un número máximo de hectáreas a tener. También se dice que el país se convertiría en el paraíso de los consumidores, y tampoco, porque el Estado igual tendría que implementar una política de salud pública. El mundo no creo que se haya vuelto más “borracho”, de lo que históricamente fue, porque se legalizó el alcohol. Pero si se legaliza, se acaba con el negocio, incluso hasta con las finanzas de todos los grupos armados.

Narco News: ¿Pero no habría ventajas para los productores primarios si se llegara a legalizar?

Pedro Arenas: Claro, no muchas, pero sí. Si nosotros, por ejemplo, logramos direccionar todos los recursos que botamos a la basura con los programas de erradicación forzosa y con los programas de persecución a los cultivos, podríamos hacer planes de desarrollo serios. Con la legalización caerían las finanzas de los grupos armados, y si fuera cierta la teoría del gobierno cuando dice que el 90 por ciento de los ingresos de las FARC-EP derivan de los cultivos, pues se quedarían sin el 90 por ciento de su plata, y entonces, mañana mismo estarían todos estos grupos armados conversando con el gobierno con las condiciones que les pongan.

Narco News: ¿Qué piensa del PLANTE, el más importante de los programas de sustitución de cultivos que han sido creados por el Estado?

Pedro Arenas: El PLANTE ha tenido algunos aciertos en algunas zonas, cuando ha colaborado con proyectos de infraestructura, pero tiene un problema, y es que no está garantizándole al campesino sustituir el ingreso. Busca sustituir un cultivo por otro, pero la economía del campesino no se está sustituyendo. Por eso, con el paso del tiempo, el campesino termina tratando de complementar sus ingresos con la coca, y todo se repite. En un futuro, el estado colombiano y el mundo tienen que empezar por hacer a los campesinos actos de desagravio y restituirles su dignidad, que hoy se ve atropellada con la persecución y el encarcelamiento.

Narco News: ¿Es posible hablar dentro del Congreso de la posibilidad de legalizar las drogas?

Pedro Arenas: En dos ocasiones se han presentado proyectos de ley. El último lo presentó una senadora llamada Vivian Morales, pero se hundió en primera ronda [de discusión], porque entraron al juego los gobierno imperialistas diciendo que “Eso sería el acabose del país, todo el mundo consumiendo, ¡¡¡todo el mundo sembrando”. El hecho es que si legalizamos todo se legalizan capitales de los narcotraficantes, por eso estos proyectos no tienen cabida hoy. Además porque la legalización es un proyecto liberal, muy progresista, muy democrático, muy humanista, y hemos dicho que estamos en una era horrible de derechización, de neoliberalismo salvaje, que no permitiría que la legalización floreciera en sí.

Narco News: ¿Por qué no existe un movimiento social pro legalización en Colombia?

Pedro Arenas: Por los cuestionamientos moralistas, por los de orden público y sobre todo por la persecución y por los señalamientos. Hace más o menos doce años, en el Guaviare, vi el caso de un obispo que habló de esto, y lo tacharon de “narco obispo”, de formar parte de una “narco Iglesia”.

Narco News: ¿Por qué motivo quienes en algún momento fueron partidarios de la legalización actualmente han asumido posturas prohibicionista, como es el caso de Ernesto Samper, quien antes de asumir la presidencia se destacaba por ser uno de los más aguerridos críticos de la política antidrogas?

Pedro Arenas: En el caso de Samper, yo creo que él atravesó una coyuntura muy difícil. De hecho, pienso que él aceptó lo de la fumigación porque era la manera de liberar un poquito la presión sobre su gobierno, tachado de “narcogobierno”, por lo del dinero del narcotráfico que, se dice, estaba dentro su campaña. Entonces, un presidente que tenía una descertificación encima, y que se rumoraba que podría ser extraditado, tenía un margen de maniobra demasiado pequeño para moverse, tenía la presión de los gringos encima necesitaba darles “contentillo” para que no lo molestaran tanto. Para un presidente que llegó a ser tan cuestionado, creo que hablar de legalización era imposible, dirían: “¡Claro!,el narco presidente, el elegido por los narcotraficantes, ¿cómo no va ha hablar de legalización?”.

Narco News: ¿Por qué cree usted que el presidente Uribe es tan insistente en el tema de la penalización de la dosis personal, cuando el gobierno siempre se había caracterizado en atacar la producción y no tanto el consumo?

Pedro Arenas: Para mí, eso hace parte de una política autoritaria y de distracción, que casi raya en el estilo neocoservador, con el cuento de que “la droga está destruyendo nuestras familias. Miren que desde que salió el fallo de la Corte Constitucional para despenalizar la dosis se aumentó el consumo, y la forma de reducirlo es encarcelando a los consumidores”. A mí me parece que cuando lo tenían dentro del referendo era una manera populista de atraer votos, así fuera para que dijeran no. Se quería interesar a la juventud o a los padres de familia en favor del referendo. Por eso pienso que es un cuento muy extraño….

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