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Cacería contra dirigentes cocaleros

La “justicia” boliviana castiga a los pobres, protege a los poderosos


Por Alex Contreras Baspineiro
Especial para The Narco News Bulletin

30 de septiembre 2003

“La justicia boliviana lamentablemente está al servicio del gobierno
y del imperio norteamericano”
Evo Morales Ayma, diputado nacional y líder cocalero

Bajo el pretexto de terrorismo, coca y narcotráfico, varios dirigentes y productores de coca considerados “claves en el movimiento popular” por las esferas del gobierno de Bolivia, y por la política antidrogas de Estados Unidos, se encuentran en la mira de la “justicia”.


El último congreso de los productores de coca
Foto D.R. 2003 Alex Contreras
En el último periodo, ocho cocaleros fueron sentenciados a 30 años de cárcel sin derecho a indulto, una de las concejalas más importantes fue detenida supuestamente portando material explosivo y luego liberada y 16 dirigentes cocaleros acusados de causar daños a la propiedad privada y amedrentar a los cultivadores de productos del desarrollo alternativo esperan su sentencia final que será conocida a principios de octubre.

Meses antes, en abril de este año, en un “show mediático” organizado por la propia embajada de los Estados Unidos fue detenido un ciudadano colombiano y cuatro bolivianos acusados de realizar actividades terroristas ligadas al Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia.

Caso por caso

El 4 de septiembre, el Juzgado de Sentencia de la población de Sacaba hizo conocer la sentencia máxima de 30 años de cárcel sin derecho a indulto para Luciano Cruz Tola, Javier Lorocachi Condori, Fredy Gonzales, Florencio Avendaño, Luis Gonzales, Felipe Carballo, Ciriaco Centellas y Mario Cacharro, acusados de asesinar al suboficial Juan Lazarte Alvarado y al sargento Julio Veramendi en septiembre de 2000.

La pena máxima estipulada en la justicia boliviana es 30 años de cárcel, condena que por ejemplo cumple el ex dictador Luis García Meza.

La mayoría de los cocaleros se consideran inocentes. Dos no se encontraban en la zona de conflicto. Tres denunciaron torturas físicas y psicológicas para declarar. Parlamentarios del oficialismo y la oposición criticaron el fallo judicial porque consideran que no se cumplieron mínimamente los procedimientos legales y no se demostró la culpabilidad antes de dictar la sentencia.

El diputado y líder cocalero Evo Morales Ayma criticó esa determinación judicial por haberse realizado casi en forma secreta. Ese fallo fue apelado. “Los pobres que defendemos la vida somos víctimas de la cárcel, la persecución y los atropellos; los políticos, corruptos y francotiradores como el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada o el ministro Carlos Sánchez Berzaín que son los que masacran al pueblo son premiados cuando deberían recibir 30 años de cárcel”, aseveró. Según el dirigente, lamentablemente la justicia boliviana está al servicio del imperio y del gobierno boliviano.

En el actual gobierno de Sánchez de Lozada en sólo 13 meses de gestión se registraron 71 muertos. La mayoría de los bolivianos murieron por impactos de bala recibidos por uniformados policiales y militares. También hay uniformados muertos. No existe ningún procesado ni sentenciado. Existe impunidad.

16 procesados más


Los principales dirigentes del Trópico de Cochabamba.
Foto D.R. 2003 Alex Contreras
En octubre de este año, luego de un juicio oral, 16 cocaleros, entre ellos los principales dirigentes de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, recibirán sentencia final.

Feliciano Mamani, secretario general de la Federación del Trópico, Leonilda Zurita, la máxima dirigente de la Federación Nacional de Campesinas de Bolivia, Osvaldo Toco, ejecutivo de la Federación de Centrales Unidas, Justino Reyes, dirigente de la Federación de Chimoré, y otros dirigentes cocaleros son acusados de dañar la propiedad privada y amedrentar a los cultivadores de productos del desarrollo alternativo.

Según ellos, el gobierno pretende descabezar y dividir a sus organizaciones, cuando en la realidad lo único que produce es mayor cohesión sindical y política en torno a sus sindicatos, centrales y federaciones.

Coca y terrorismo

A principios de septiembre, la concejal del Municipio de Chimoré Juana Quispe fue detenida y acusada de actividades terroristas, tenencia de explosivos, organización criminal y de tener vínculos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia. El 14 de septiembre, en un operativo donde no faltó no faltó el impresionante despliegue mediático y comercial, una fiscal acusó a la concejal de haber colocado explosivos caseros en el Centro de Catequesis de Chimoré. No se pudo comprobar nada.

La concejal y su bebé de cinco meses estuvieron detenidas en el cuartel de Chimoré y en un penal de La Paz casi una semana. Ahora goza de libertad provisional.

El caso de Juana Quispe no es aislado, meses atrás se pretendió hacer lo mismo con la dirigente Margarita Terán, a quien acusaron de haber sido la autora material y intelectual del asesinato de dos uniformados. Terán estuvo recluida en la cárcel San Sebastián de Cochabamba sin ninguna prueba en su contra. También goza por ahora de libertad provisional.

Leonilda Zurita, la máxima dirigente cocalera de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia-Bartolina Sisa, está acusada de participar en el asesinato de los dos uniformados. Pero, de acuerdo a boletos aéreos, en esa fecha participaba de un seminario en Praga, República Checa. Así marcha la justicia.

Presión estadounidense

El 10 de abril de 2003 en El Alto de La Paz, en un espectacular operativo policial “antiterrorista”, fue detenido el colombiano Francisco “Pacho” Cortés, además de dos cocaleros bolivianos y dos parientes menores de uno de ellos. Aunque se trataba de un burdo montaje ordenado desde la embajada de Estados Unidos, los medios de comunicación comerciales —sin un ápice de criterio periodístico— difundieron las imágenes y declaraciones en forma por demás sensacionalista.

El Viceministro de Gobierno, José Luis Harb, reconoció la participación estadounidense en el operativo: “Existen tratados, convenios y acciones conjuntas de lucha contra el terrorismo. La actividad terrorista tiene una acción de carácter extracontinental, por lo tanto tenemos acuerdos para entendernos con cualquier país, no sólo con Estados Unidos”.

El aparatoso operativo muy pronto cayó en una serie de contradicciones: primero los acusaron de pertenecer a las FARC, luego los vincularon al ELN; dijeron que eran terroristas y luego que estaban vinculados al narcotráfico; acusaron a “Pacho” de ser guerrillero y luego de ser un activista de los derechos humanos, eso y mucho más.

En este caso, las dos menores recuperaron su libertad. El colombiano, así como Claudio Ramírez, ex alcalde de La Asunta, en Yungas, y Carmelo Peñaranda, dirigente cocalero del Chapare, se encuentran en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro en La Paz.

En medio de estas acciones judiciales, el movimiento cocalero demostró en la “Guerra del Gas”, que en estos días se vive en Bolivia, que está fortalecido y más unido que nunca. Aproximadamente 10 mil productores de coca, entre hombres y mujeres, llegaron el 19 de septiembre hasta Cochabamba, no sólo reclamando al gobierno una solución inmediata a la problemática de la coca y del desarrollo alternativo, sino también por la tierra, el territorio, las políticas internacionales y la recuperación del gas y los hidrocarburos.

Evo Morales, el máximo dirigente del movimiento social boliviano advirtió que si continúan estas injusticias contra los cocaleros, campesinos, indígenas y representantes de movimientos populares se puede producir “una guerra civil”...

Alex Contreras Baspineiro, alexadcb@hotmail.com, escribe también para la revista www.alainet.org, la agencia de noticias www.bolpress.com, hace radio y coordina una escuela de formación política y sindical en Cochabamba, Bolivia.

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