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El trasfondo de la molestia de Uribe o la nueva era del terror en Colombia

El presidente colombiano calificó a ongs como “traficantes del terrorismo”


Por Augusto Fernández C.
Especial para The Narco News Bulletin

15 de octubre 2003

El Estado soy yo

Luis XVI

Según los últimos análisis, publicados recientemente por diferentes medios de comunicación comerciales colombianos y extranjeros el Presidente Álvaro Uribe Vélez goza de un amplio margen de favorabilidad entre “la mayoría de los cerca de 40 millones de colombianos” (Por supuesto, lo que no explican estos “análisis” es que la “mayoría” a la que se refieren agrupa básicamente a los sectores económicos e industriales de la clase alta, y a los individuos comunes de la clase media, hipercatólicos, consumistas, esclavos de sus posesiones, moralistas, egoístas, partidarios de eliminar a los habitantes de las calles y de acabar con la guerrilla a como de lugar) Tanto así que columnistas colombianos como Daniel Samper han empezado a hablar de la Uribelatría que se ha conformado alrededor de la imagen del mandatario.

No es para menos, Uribe se ha convertido en todo un experto a la hora de darse duchazos de popularidad —sobre todo en estos últimos meses, cuando varios parlamentarios uribistas presentaron ante el congreso un proyecto de ley en el que proponen su reelección. Inclusive, últimamente, se le ha visto apareciendo en Reality Shows conversando fraternalmente con los participantes, animándolos para que sigan haciendo lo que, según él, el pueblo colombiano espera de ellos y de paso, aprovechando la ocasión para promover el referendo… una peligrosa, pero muy eficaz estrategia publicitaria en un país donde desgraciadamente estas abominaciones televisivas gozan de un altísimo raiting.

Sin duda alguna, el presidente no desperdicia oportunidad para lucir su traje ostentoso de “buen ciudadano”, compuesto de “honestidad”, “inteligencia”, “trabajo”, “carisma”, “amor a la familia”, “exigencia consigo mismo y con los demás”, “pluralismo”, “sensibilidad” y “orgullo patrio”. En síntesis, su imagen muestra a un claro exponente de una sociedad políticamente correcta que vela por la familia, la tradición y la propiedad (principales bases de cierta agrupación religiosa católica fundada en 1928 por un sacerdote llamado Escrivá). Quizá por eso no es raro escuchar decir, en las calles colombianas, al tendero, al taxista o algún oficinista parado en la fila de un banco que: “Uribe es la mano dura que tanto necesitaba este país”...

Tiene fama de ecuánime y de nunca perder la compostura, producto tal vez de sus sesiones de yoga después del almuerzo, sus salidas a trotar a las 5 am y sus medicinas homeopáticas. De hecho, cuando se indigna, simplemente dice “no pienso hablar más” y, curiosamente, se retira (o huye) con elegantes maneras, tal y como lo hizo el año pasado durante una entrevista con el periodista Joseph Contreras del Newsweek, cuando Contreras preguntó por sus vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico.

Y como todo un caballero, acorde con el protocolo, se estaba comportando el presidente el día 8 de septiembre del presente año cuando asistió a la ceremonia en la que el ex general de la Fuerza Aérea Colombiana, Héctor Fabio Velázco, le entregó oficialmente su cargo al general Édgar Alfonso Lesmez Abad. Durante este acto el presidente pronunció un sugerente discurso en el que despidió a Velazco y dio la bienvenida a Lezmez haciéndo énfasis en el “constante sacrificio y desvelo de las Fuerzas militares para devolverle la paz a Colombia y proteger la soberanía de la nación”. Muy conmovedor.

Pero, ¡oh sorpresa! De un momento a otro el presidente perdió los estribos (cosa rara, él que siempre anda tan puesto en su sitio), cuando entró a hablar de la semana de los derechos humanos y de que su “política de seguridad democrática” se basaba en el respeto de los mismos.

Precisamente cuando llegó a este punto, mostró su evidente indignación frente a las críticas que han hecho a esta política diferentes organizaciones no gubernamentales que trabajan en Colombia. Así que, lanza en ristre, entró a clasificarlas en tres grandes grupos: las conformadas por teóricos, a los que, según el, respeta aunque mantenga discrepancias. Como un gesto, seguramente de adecuada discreción, no especificó ni a que teóricos ni a qué organizaciones se refería.

Posteriormente se refirió a las organizaciones conformadas por los activistas de derechos humanos. Se comprometió a protegerlas y a mantener con ellas un diálogo abierto. Como otro gesto de adecuada discreción, seguramente, tampoco especificó a cuáles se refería.

Pero definitivamente su compostura fue a dar al piso cuando llegó al tercer grupo: las organizaciones conformadas, según él por “escritores y politiqueros al servicio del terrorismo que trafican con los derechos humanos”. Señaló que “tienen recursos para publicar libros donde se mancilla la honra de nuestros generales y de los colombianos que batallamos contra el terrorismo, y no tienen vergüenza ni pudor y engañan a la opinión internacional con libros sin fuentes serias”. Aquí el presidente ya no fue tan discreto y dijo que “...aparecen colectivos y abogados, aparecieron bajo uno y otro nombre, voceros del terrorismo”. Sin duda parece hacer referencia directa a la ong colombiana Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que desde hace varias años se ha encargado de denunciar crímenes de lesa humanidad cometidos con el aval o por omisión del Estado.

¿Qué tan grave fue lo que hicieron las ongs como para lograr herir la susceptibilidad del presidente? ¿Será que sus poderes mágicos para ocultar los tintes de autoritarismo y de subordinación al orden mundial (leáse Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial) que se esconden detrás de su figura de gobernante ideal y de líder carismático se están viendo amenazados? Éstas y otras preguntas de la desconcertante dimensión desconocida del uribismo intentarán ser resueltas a continuación.

La indignación del presidente Uribe tiene un sólo nombre: “El Embrujo Autoritario”. Con ese nombre la Plataforma Colombiana de Derechos humanos, que agrupa a 80 organizaciones no gubernamentales de todo el país, encargadas de trabajar en este tema, bautizó el informe en el que hace un completo balance desde una perspectiva crítica del primer año de gobierno del presidente Uribe. Allí se contrastan a través de datos y cifras —tanto gubernamentales como no gubernamentales— las promesas abordadas en el discurso presidencial de Uribe con su ineficaz aplicación durante el primer año de gobierno. El documento se centra en aspectos básicos, como el papel del Estado, la estructura del sistema de justicia, los servicios de salud y educación, la vivienda, el empleo, la seguridad alimentaria, la política agraria, los derechos tanto civiles como políticos, las luchas sociales, el sindicalismo, el derecho a la información, la posición de la mujer y la atención a la infancia.

Para comenzar entender la reacción del presidente Uribe frente a este balance, se hace necesario, entonces, retomar el fragmento de su discurso en el que define a los críticos de su gobierno que ocupan el tercer lugar en su clasificación. Veamos, pues

“....Y el tercer grupo. Politiqueros al servicio del terrorismo, que cobardemente se agitan en la bandera de los derechos humanos, para tratar de devolverle en Colombia al terrorismo el espacio que la Fuerza Pública y que la ciudadanía le ha quitado.

“Cada vez que en Colombia aparece una política de seguridad para derrotar el terrorismo, cuando los terroristas empiezan a sentirse débiles, envían a sus voceros a que hablen de derechos humanos.

“Muchas de esas críticas las han tomado de la página de Internet de las FARC. No tienen vergüenza ni limitaciones. Sacan libros en Europa sobre rumores y calumnias. Ellos saben que su única arma es la calumnia que hipócritamente se esconde detrás de los derechos humanos”.


Esperemos que aquí el presidente no se esté refiriendo a las organizaciones no gubernamentales, miembros de la Plataforma, que elaboraron los artículos presentados en el informe. Ojalá no sea así, pues estas entidades gozan de amplio reconocimiento y credibilidad en diversos sectores sociales y políticos de la comunidad internacional, gracias a la estricta rigurosidad académica e investigativa reflejada en cada uno de sus informes e investigaciones, que distan mucho de cualquier discurso político panfletario y dogmático.

Eso sin contar que el informe cuenta con la colaboración del prestigioso economista e investigador social colombiano Luis Jorge Garay, que se ha caracterizado por su objetividad en el análisis del complejo conflicto armado que atraviesa el país y que desde ningún punto de vista puede ser considerado como “politiquero” y muchísimo menos como “traficante de los derechos humanos”.

Ya es un lugar común que el presidente Uribe durante sus apariciones públicas presuma de liderar un Estado pluralista y democrático. La pregunta es: ¿Pluralista y democrático con quiénes? ¿Con quienes están convencidos que todo lo que hace el gobierno es lo correcto? ¿Ignora acaso el presidente que un verdadero Estado pluralista y democrático permite la existencia de diferentes grupos, actores e intereses, con multiplicidad de ideas, que pueden llegar a disentir e incluso llegar a ser completamente opuestas y contradictoras de los planteamientos oficiales?

¿Será que el detonante de la ira de Uribe fueron —más que los cuestionamientos de las ongs a las inefectivas políticas gubernamentales en lo que respecta a servicios como salud y educación— las críticas a su “Política de seguridad democrática”, cuya elaboración por cierto parece estar inspirada en la Estrategia de Seguridad Nacional diseñada por el gobierno del presidente Bush en Estados Unidos, que infundió la paranoia generalizada ante la “amenaza terrorista”? Al menos eso fue lo que dio a entender cuando ocupó la mayor parte de su discurso manifestando su “indignación” a este respecto:

“Hablan [las ongs] de redadas de la Fuerza Pública. Por Dios. En otros países, para salir del terrorismo, entre la Fuerza Pública y escuadrones de la muerte eliminaron todos los auxiliares del terrorismo. Grupos de justicia privada empezaron a hacerlo en Colombia.

“¿Qué ha hecho este Gobierno? Enfrentar con todo el rigor, como lo muestran las cifras, a los grupos de justicia privada. Y al mismo tiempo, de la mano de la Constitución y en el marco de los principios de los derechos humanos, buscar en una acción de aislamiento de los terroristas que se pueda capturar a todos sus secuaces y auxiliadores.

“Lo vamos a seguir haciendo como lo hemos hecho: recibiendo información, convirtiéndola en inteligencia, poniéndola en manos de los fiscales. Y tan pronto los fiscales le entregan a nuestra Fuerza Pública órdenes de captura, capturando a los terroristas.

“Da gusto saber que un altísimo porcentaje de las capturas ha sido confirmado. Aquí no ha habido redadas como arbitrariamente lo dicen los politiqueros de los derechos humanos. Aquí hay una política con una estrategia. Y en uno de sus puntos esa estrategia ordena aislar a los terroristas, capturando limpiamente a todos sus auxiliadores”.


Nada más evidente. Sin duda, aquí el presidente está haciendo referencia al punto 11 del balance realizado por la Plataforma, que gira alrededor de los derechos civiles y políticos. Allí, el Banco de Datos de Derechos Humanos y violencia política del Centro de Investigación y Educación Popular —CINEP— plantea que la política de seguridad democrática dio pie a la creación del “Estado de Conmoción Interior”, donde se le otorgan a la fuerza pública facultades de policía judicial (especialmente al ejército) para que puedan defender sin inconvenientes la “nación democrática” (leáse, más bien, como la defensa de los intereses sobre un territorio de los “terroristas”). Dentro de estas facultades se incluyen las siguientes: realización de allanamientos sin previa orden judicial, interceptar y registrar las comunicaciones, incluyendo las que puedan considerarse como privadas “de personas sobre las cuales haya información de que están realizando conductas tendientes a la preparación de dichos actos”.

El análisis hace referencia, además, a las constantes agresiones contra la población civil cometidas por la Fuerza Pública y los grupos paramilitares en el contexto de esta política de seguridad. Entre los casos citados, está uno que habla de cómo Tropas del Batallón Aéreo Nueva Granada irrumpieron el 23 de septiembre de 2002 en una humilde vivienda campesina de la vereda Brisas de Yanacué, cercana a la población de Cantagallo (Bolívar), donde asesinaron a un adulto y a un niño de nueve años. Dice la denuncia también que “las autoridades militares presentaron el hecho como personas muertas en combate con guerrilleros del frente 24 de las FARC-EP y que la operación se había realizado por los reportes de un informante”.

Pero estas denuncias no son desconocidas para el presidente. Ya el pasado 28 de agosto, había recibido de manos del Procurador General de la Nación , Edgardo Maya, un informe sobre las zonas de rehabilitación y consolidación creadas, por medidas de conmoción interior, en los departamentos de Sucre y Bolívar al norte del país. Allí se recogen testimonios de habitantes de la región en los que se revela que aumentaron los asesinatos, y que durante las capturas y detenciones realizadas por la fuerza pública y la policía judicial se produjeron muchas irregularidades.

A esto se suman los múltiples documentos que sobre violaciones a Derechos Humanos, cometidas en Colombia por miembros de la fuerza pública desde 2002, ha presentado la Defensoría del Pueblo; o los múltiples pronunciamientos al respecto llevados a cabo por figuras importantes dentro del ejercicio político colombiano, como la parlamentaria Piedad Córdoba y Eduardo Montealegre, presidente de la Corte Constitucional. Pero, cosa curiosa, hasta ahora, el presidente no se ha atrevido a calificar a estas entidades, ni a estas personalidades como “voceras del terrorismo” o “traficantes de derechos humanos”, o alguna otra cosa de esa estirpe.

Entonces uno se pregunta: ¿Por qué el presidente se muestra tan “sorprendido” y “ofendido” con balances que ya conocía de antemano a través de instituciones gubernamentales? ¿Qué hizo que su diplomacia frente a la temática de las violaciones a los derechos humanos llegará hasta un punto? ¿Acaso ve a “El Embrujo Autoritario” como una especie de peligrosa conspiración llevada a cabo por sus principales contradictores?

Ojalá el presidente no esté tomando a su favor el hecho de que las ongs que participaron en la elaboración de este informe, estén, por decirlo de algún modo, “al margen de las instituciones del Estado”, para proferir acusaciones tan serias y para, de paso, desearle, fraternalmente, al recién posesionado general de la Fuerza Aérea Édgar Alfonso Lesmez, en su discurso del 8 de septiembre, “que los traficantes de los Derechos Humanos no lo detengan, no lo equivoquen, que toda la Fuerza Aérea Colombiana le preste a esta gran nación el servicio de ayudar a que nos liberemos de una vez por todas de esa pesadilla”.

Será qué el presidente Uribe definitivamente confunde el ejercicio de la autoridad con el del autoritarismo y el de la coerción ? ¿Será que no es un líder democrático y pluralista —como lo hacen ver los medios de comunicación oficialistas—, sino más bien uno partidario de la autocracia y del unanimismo, que ve en cada acto de disidencia, confrontación y crítica, una ofensiva realizada por enemigos internos que atentan contra el orden del Estado? ¿No se supone que si un gobierno es verdaderamente fuerte y legítimo, como dice Uribe que es el suyo, ni siquiera los detractores internos más radicales —en el caso de que una ong pudiera llegar a serlo— tendrían que considerarse como un problema de descontrol y desestabilización digno de ser señalado, estigmatizado e incluso perseguido?

Ojalá no sea cierta la preocupación —expresada en diferentes documentos y cartas abiertas dirigidas a la opinión pública en general— de diversas ongs, e inclusive la de un senador estadounidense, ante el hecho de que el presidente Uribe entre a considerar a los defensores de derechos humanos y a sus contradictores políticos e ideológicos como “voceros del terrorismo”, tal y como se plantea en una carta que le fue enviada por un grupo de intelectuales, académicos y artistas colombianos, entre los que se encuentran figuras tan destacadas como el sociólogo y periodista Alfredo Molano, el escritor William Ospina y el actor de cine y televisión Humberto Dorado: “En un país como Colombia, en donde hace varias décadas han sido amenazados, perseguidos y asesinados dirigentes populares, miembros de organizaciones de derechos humanos, escritores, académicos y periodistas, es inaudito que el Presidente de la República se refiera a muchos de ellos como ‘escritores y politiqueros que finalmente le sirven al terrorismo y que se escudan cobardemente en la bandera de los derechos humanos”.

Es más, han despertado tanta indignación las palabras de Uribe a nivel internacional que el prestigioso diario londinense The Guardian —para poner apenas un ejemplo— utilizó las frases del mandatario como prueba de que “el espíritu del golpe de Augusto Pinochet en Chile hace 30 años, sigue vivo”.

Si el presidente se especializó en la Universidad de Harvard como Negociador de Conflictos —según lo que se dice en sus reseñas biográficas—, debe conocer mejor que nadie el importante papel que como negociadoras y fiscalizadoras desempeñan las ongs en los llamados estados democráticos; ongs que en el ámbito latinoamericano se constituyeron en actores fundamentales para el fortalecimiento de la sociedad civil a partir de los años ochenta, y que en el caso colombiano comenzaron a adquirir cada vez más fuerza con la Constitución de 1991 (los artículos 38 y 40 consagran “la libre asociación” y “la libre expresión”, respectivamente, mientras que el 103 reconoce “las asociaciones benéficas o de utilidad común no gubernamentales como mecanismos de representación y participación en los asuntos de interés social, dándole al Estado la tarea de contribuir a su organización, promoción y capacitación”). Ongs que en épocas de guerra o durante gobiernos dictatoriales y totalitarios —y esto también lo sabe cualquier negociador de conflictos, así sea uno egresado de Harvard—, asumen un papel de vigilancia, control y denuncia frente al Estado.

Quizá el presidente Uribe debería recordar lo que aprendió en sus épocas de estudiante para que a la hora de hacer sus apreciaciones sea más cuidadoso, por qué su modelo de gobierno más que regirse por los conceptos de pluralismo y democracia, parece tener más similitudes con las tristemente célebres dictaduras latinoamericanas de los años 60, que solían estigmatizar y perseguir a las ongs por llevar a cabo su papel como denunciadoras de los diferentes atropellos contra la población civil, cometidos con la autorización de los altos mandos gubernamentales…

Pero parece que la prudencia y el fanatismo autoritario son incompatibles. El 30 de septiembre, notablemente preocupado por mantener su buena imagen ante la comunidad internacional, Uribe presentó un discurso ante la Asamblea General de la ONU en el que mostró “su balance” de la situación de los derechos humanos en Colombia (por cierto, según él, la situación mejoró considerablemente desde que tomó posesión de su cargo) y, de paso, pretendió “suavizar” su reacción frente al informe de las ongs. Para ello, no tuvo reparos en volver a dibujar, con trazos aún más gruesos, su política de seguridad democrática como un oasis de fraternidad, pluralismo y librepensamiento:

“Hace un año expuse la política de Seguridad Democrática para liberar a nuestro pueblo del terrorismo. Esta política es para proteger a todos los ciudadanos sin importar su estatus económico o social, sean cuales fueren sus ideas políticas o creencias religiosas. Esta política es para proteger por igual al líder empresarial o sindical, al dirigente afín al Gobierno o integrante de la oposición. Esta política se fundamenta en el sueño de una Nación pluralista, en permanente debate constructivo, sin odios y fraterno”.

Y además agrega: “Si pedimos apoyo internacional es porque estamos abiertos a la observación internacional. Respetamos las organizaciones y trabajadores de Derechos Humanos que proceden con seriedad, respetamos sus críticas y sugerencias constructivas. Estas organizaciones son un aporte al mejoramiento de las condiciones democráticas. Por eso compartimos el informe sobre los niños reclutados por los terroristas que ha presentado Human Rights Watch. Reservamos el derecho de disentir frente a informes sesgados, que distorsionan nuestros esfuerzos por un concepto democrático de seguridad”.

¿A qué se referirá el presidente cuando habla de “informes sesgados”? ¿Se estará refiriendo solamente al informe de las ongs o también estará hablando de las denuncias hechas desde los sectores más marginales de la sociedad civil colombiana?. Como por ejemplo, la llevada a cabo por los Campesinos del paramo de Sumapaz (Cundinamarca) —publicada el 24 de junio del presente año, gracias a un reportaje del periodista Dick Emanuelsson que habla sobre hostigamientos y agresiones hacia la comunidad cometidos por hombres de las Brigada 13, Contraguerrilla Móvil Número Uno, Fuerzas Especiales y la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) del ejército, quienes han incurrido en prácticas de tortura a los habitantes de la zona. El reportaje de Emanuelsson narra el impactante testimonio de dos campesinos que fueron obligados por miembros de estas Fuerzas Especiales a permanecer desnudos durante horas bajo una tormenta de nieve a cuatro mil metros de altura con el fin de que dieran información sobre una cuadrilla guerrillera que jamás habían visto. ¿Acaso considera el presidente a los miles de campesinos e indígenas que han hecho este tipo de denuncias como “auxiliares del terrorismo”? Pues si es así, entonces el concepto de “nación pluralista” del presidente Uribe no vendría a ser más que un mal chiste.

Y mientras Uribe pone su cara de niño bueno ante la ONU, el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas, publica un artículo llamado “¿Por qué ladran los perros?” donde refleja su apoyo incondicional al discurso presidencial contra las ongs e incluso celebra las acusaciones de Uribe que señalan la falta de objetividad de estas organizaciones en el momento de llevar a cabo las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. Según ellos, no se toman en cuenta los casos de abusos (secuestros, extorsiones, ejecuciones, etc.) atribuidos a los grupos guerrilleros: “Del mismo modo censuró el Primer Mandatario la misión altamente sospechosa, cumplida por ciertos organismos humanitarios, que parecen haber tomado partido en el conflicto y para los cuales los sujetos activos de la violación de los Derechos Humanos, lo son únicamente quienes combaten o son enemigos jurados de la guerrilla comunista”.

Valdría la pena preguntarle tanto al señor presidente como a los señores paramilitares (quienes, por cierto, deberían preguntarse sobre su autoridad moral a la hora de venir a hacer este tipo de cuestionamientos) si alguna vez han leído los informes realizados por entidades que participaron en la elaboración del crítico balance al primer año de gobierno de Uribe como el Banco de Datos del CINEP o la Comisión Colombiana de Juristas, donde se hacen contundentes acusaciones sobre infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidos por distintas agrupaciones guerrilleras. Habría que preguntarles si cuando hablan de que las ongs mencionan superficialmente los abusos cometidos por estos grupos armados… no piensan en lo superficiales que son los informes oficiales sobre atropellos cometidos por los paramilitares contra la población civil… habría que preguntarles si, entonces, no se podría pensar en el gobierno como ”auxiliador del paramilitarismo”. Habría que preguntarles… en medio, por supuesto, de un diálogo PLURALISTA y DEMOCRATICO.

Hay que ver que el presidente no se ha preocupado siquiera por dar una mínima muestra de rechazo ante la solidaridad con su discurso mostrada por el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas. Pero, en cambio, ya hizo conocer a la opinión pública, junto con su más fiel condiscípula, la Ministra de Defensa Marta Lucía Rodríguez, que investigaría a las ongs de derechos humanos que laboran en Colombia, para revelar luego cuáles son específicamente las que él acusa como “auxiliadoras de los terroristas”. ¿Qué querrá decir el presidente cuando habla de investigaciones? ¿Será que él entiende como “investigaciones” los allanamientos sin previo aviso ni orden judicial, realizados en las oficinas de diferentes entidades no gubernamentales, como lo evidencia una denuncia presentada por el Centro Nacional Salud, Ambiente y Trabajo, CENSAT AGUA VIVA?

Dice la denuncia que “Aproximadamente a las 11:30 a.m. del día 25 de marzo de 2003, llegaron a las instalaciones de Censat Agua Viva – FoE Colombia, tres hombres vestidos de civil en un taxi de servicio público, quienes se identificaron como agentes de la Sijin (Agencia de Inteligencia) de la Policía Metropolitana de Bogotá, solicitando al propietario del inmueble con el fin de ‘efectuar una revisión de la casa’ e interrogando sobre las actividades que realiza Censat Agua Viva. La diligencia, presentada como una ‘orden de trabajo’ estaba sustentada en una información sobre ‘movimientos sospechosos’ en este sitio”. Valga decir que Censat es una organización que se ha caracterizado por cuestionar fuertemente los métodos de erradicación de cultivos ilícitos llevados a cabo por el gobierno, tales como la fumigación con glifosato y el uso del hongo fosarium oxysporum.

¿Será que entiende como “investigación” las persecuciones, detenciones injustificadas, amenazas de muerte y asesinatos no sólo contra miembros de ongs de derechos humanos, sino también contra líderes sindicales, dirigentes de organizaciones campesinos e indígenas, como lo denunció el 10 de septiembre de este año el Banco de Datos del CINEP? Esta entidad habló en su denuncia de casos concretos como el de Julio Abella, defensor de derechos humanos perteneciente a la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (Andas), quien fue detenido el 6 de diciembre de 2002 en Bucaramanga (Santander) por miembros de la Policía Nacional, luego de que su casa hubiera sido allanada, acusado del delito de rebelión. Sólo hasta seis meses después de permanecer en la cárcel Modelo de Bucaramanga, Abella pudo comprobar su inocencia. ¿A esto llama el presidente “investigaciones”? ¿Esto quiere decir que cualquier colombiano, por el simple hecho de tener desavenencias con el gobierno es susceptible de ser “investigado”?

Como bien señala el Banco de Datos “esta persecución judicial está sustentada en la utilización sistemática de informes de inteligencia militar; en señalamientos de la Red de informantes y cooperantes, en la irregularidad de los testimonios (testigos que declaran con reserva de identidad, testigos “clonados”, testigos pagados y testigos protegidos por y alojados en instalaciones militares); las amenazas, atentados y persecuciones a los abogados que asumen la defensa; las presiones directas de los militares sobre los procesos judiciales, exigiendo correspondencia de la justicia con las acciones de captura por parte de la fuerza pública de los “bandidos y terroristas”.

Y es que Colombia se ha convertido en el país por excelencia de la esquizofrenia generalizada. Curiosamente, decía el presidente Uribe en su discurso ante la Asamblea ONU, “Sería una tragedia que el mundo civilizado no uniera sus fuerzas para derrotar el terrorismo y para respaldar a las democracias que luchan contra él. Necesitamos la unión de todos los demócratas para derrotar el terror”.

Pero, ¿qué es en realidad el terror para el presidente? Eso sí lo sabe bien. El terror se esconde tras la mullida cobija de la democracia, el terror se oculta tras una figura de ciudadano ejemplar que hace los shows mediáticos de rigor, dando consejos baratos a baratos participantes de baratos Reality Shows. El terror lo siente de verdad los miembros de ONGs colombianas de derechos humanos que no sólo tienen que temer por sus vidas, sino por las de sus familias. El terror está en los ojos de cualquier campesino colombiano de cualquier vereda colombiana que es obligado a permanecer desnudo durante horas en la montaña de un páramo por hombres psicópatas de un batallón cualquiera del ejercito, empeñados en recibir información de un frente guerrillero cualquiera con el que el campesino jamás ha tenido contacto en toda su vida.

El terror está en las ciudades colombianas, el otro país, donde viven los humanoides de las clases alta y media, convencidos de que todo está bien, de “que no importan cuantos tengan que morir para que el país mejore”. Los mismos que van a votar a favor del referendo y que estarían dispuestos a entrar en la red de informantes del gobierno si se les paga bien. El terror aparece cuando se debe desconfiar del vecino del frente, que no mira bien a los otros habitantes del barrio, quienes cometen la osadía de saludar a los indigentes de la zona.

El terror está ahí... viviendo entre los herederos del odio que estalló en Colombia el 9 de abril de 1948 cuando asesinaron a Jorge Eliecer Gaitán, Hoy, a comienzos del siglo XXI, la llama de ese odio típicamente colombiano está más encendida que nunca, gracias a un gobierno autoritario que desgraciadamente tiene embrujados a muchos.

La era del terror en Colombia apenas comienza a caminar de la mano de un presidente y el dolor parece el protagonista de una angustiante película de suspenso: no encuentra un lugar seguro donde esconderse…

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