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Comienzan bloqueos en Perú

Los cocaleros, cansados de acuerdos rotos, adoptan la táctica que ha funcionado en Bolivia


Por Sarah de Haro
Especial para The Narco News Bulletin

21 de abril 2004

Tal como lo prometieron, los cocaleros de Perú comenzaron la semana pasada el bloqueo de caminos en protesta a las promesas rotas del gobierno. El año pasado, 15 mil campesinos engrosaron las filas de una marcha de 18 días desde sus pueblos hasta la capital nacional de Lima. ¿Cuántos se unirán a estos bloqueos en 2004? Podrían ser incluso muchos más, como su insatisfacción creciente.

Para enterarnos de algunas de las razones que tienen para estar enojados con la situación, echemos un vistazo a las últimas noticias en la serie de tres capítulos sobre Guerra contra las Drogas en Perú (ver Perú antes de la batalla, por Luis Gómez, febrero 27, marzo 15 y 22). Conoce a representantes de la Confederacion Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (CONPACCP). La situación se agrava con los días. Como “Rocoto”, un representante de Puerto Pizana, nos los dijo por teléfono hace poco: “Estamos listos para lanzar los bloqueos. Estamos listos para la crisis. Queremos ser escuchados, lo que significa que queremos ser respetados.”

El economista y experto en coca Hugo Cabieses está preocupado por los cultivadores. “Las cinco demandas de los cocaleros tienen una legitimidad que el gobierno no puede ignorar. Pero todavía las ignora. Esto podría conducir a una violenta confrontación.” En marzo de 2004, él envió una carta al Ministro del Interior, titulada “Los cocaleros tienen razón”, advirtiendo sobre los riesgos de rehusarse a negociar con ellos. En esta carta también afirma que los cocaleros están listos para dialogar, pero no con Devida (la principal agencia anti-drogas de Perú), “que ha probado ser totalmente ineficiente.” Cabieses propuso la creación de una Alta Asamblea, con representantes elegidos por los cocaleros, quienes son, apunta, “ciudadanos, no forajidos.”

Cabiese explicó a Narco News que el Decreto Supremo #44, firmado por el gobierno en abril 2003, no ha sido aplicado como se prometió por Devida (unidad policial de control de drogas, comisión nacional para el desarrollo y la vida sin drogas). Por ejemplo, el dinero prometido para auto-erradicación fue reducido de 180 a 49 dólares, para cualquier cocalero que tome parte en el proceso.

Los cocaleros de Perú no claudican. Después del segundo congreso realizado en febrero, en Lima, los representantes de CONPACCP se dirigieron al Presidente de Perú Alejandro Toledo con cinco demandas, dándole 60 días para responder:

  1. La inmediata liberación de su secretario general, Nelson Palomino. Fue puesto en prisión bajo los cargos de “apología del terrorismo” y “narcotráfico”, lo que provocó la indignación en todo el campo.

  2. Poner fin a la erradicación de coca, forzosa o voluntaria.

  3. Poner fin a Devida (la unidad policial de control de drogas) y a otras ONG de Estados Unidos como Chemonics, las cuales se benefician de la prohibición y el supuesto desarrollo alternativo, y ponen a los cocaleros en desventaja, sin cumplir con sus promesas.

  4. Organizar un nuevo censo de cocaleros a lo largo del campo. También pidieron que la Empresa Nacional de Coca (ENACO) pase bajo la administración de los gobiernos regionales, para ser monitoreada por los cocaleros.

  5. La supresión de la Ley #22095, aprobada durante un gobierno militar en 1978, que proscribe la hoja de coca en Perú, y la expedición de una nueva Ley de la Coca que incluya la industrialización y comercialización de la planta.

Ahora, después de más de 60 días, el gobierno peruano continúa rehusándose a negociar con los cocaleros. Como resultado de ello, los bloqueos han comenzado. Si el gobierno y Toledo siguen rehusándose a reunirse con los representantes de CONPACCP, esto podría desembocar en otra “marcha de sacrificio” a Lima. Y podría ser el inicio de un movimiento aún mayor, los cocaleros no son los únicos trabajadores que se sienten decepcionados por las políticas de Alejandro Toledo: cultivadores de café y palma convocaron para una marcha de sacrificio el pasado sábado 24 de abril, y los maestros ahora están amenazando con ir a paro. Estos bloqueos podrían ser el primer paso para una eventual renuncia del Presidente Alejandro Toledo.

En una entrevista con el periódico conservador La Razón, el 16 de abril, Elsa Malpartida, secretaria de CONPACCP, lo pone perfectamente claro: “Si Nelson Palomino no es liberado, entonces Toledo tendrá que irse. Estamos invitando a miles de cocaleros de cada región y provincia para que se unan a nosotros, y ya tenemos el apoyo de la mayoría de ellos… La marcha comenzará el 20 de abril con bloqueos nacionales. Luego tomaremos la vía a Lima el 24 de abril. Lima debe estar lista para darle la bienvenida a diez veces más cocaleros que el año pasado.”

La gran capacidad de auto-organización de los cocaleros y el creciente peso de su lucha a nivel nacional, sugiere que una nueva era podría estar comenzando en Perú. Permanece atento, amable lector, para enterarte más sobre esta nueva esperanza.

Para entender por qué los cocaleros están luchando, resulta interesante darle una mirada a sus condiciones de vida. El viaje que se reporta a continuación fue hecho en julio 2003. Para ese entonces los cocaleros estaban esperando mucho del Decreto Supremo firmado por el Presidente Toledo en abril 2003. Los testimonios recogidos en julio 2003 dejan ver en entrelíneas por qué su insatisfacción es tan grande, y por qué la lucha no terminará hasta que su dignidad sea completamente respetada, con el reconocimiento de un estatus legal para la hoja de coca.

Las raíces de la ira

Hay una sierra que mira desde lo alto a Tingo Maria llamada “la Bella Durmiente”. Pero las montañas no son el único encanto de esta pequeña ciudad, localizada a unas 12 horas en bus desde Lima, en el borde de una selva tropical que va a la Amazonía. En las calles bulle un animado mercado. Entre los productos locales, algunas mujeres venden hojas de coca. Sentemos entre ellas y escuchemos.

¿Coca? Algo comenzó en los setenta, pero los ochenta suena más probable. Trajo algo de riqueza al principio, y luego muchos problemas. Para finales de los 80 y principios de los 90, el movimiento guerrillero Sendero Luminoso estaba en todos los valles alrededor de Tingo Maria. Luego vino el terrible ejército de Montesinos, el matarife de Fujimori. Ahora está más tranquilo. Vender hojas de coca en la calle es ilegal. Para ser legal, la coca tiene que ser llevada a ENACO, la firma nacional que compra y mercadea la hoja “legal”, diferente a la coca vendida en el mercado negro o a los narcos.

Después de una breve conversación, y unos cuantos vistazos alrededor, era claro que las hojas allí vendidas no sólo eran para el consumo personal. Peruanos de otras partes del campo vienen aquí para encontrar “una hoja más fresca y sabrosa” que la que vende ENACO. Entre muchos pueblos, la coca va a Huanuco, en donde mascarla es todavía una arraigada tradición, o a Lima, donde trabajadores como taxistas y constructores han aprendido a gustar de la hoja para trabajar duro por horas, iniciando una nueva “tradición.” Existe otra razón por la cual la hoja ilegal continúa con vida pese a ENACO : los campesinos ganan más con la coca ilegal. 12 soles (3.47 dólares) por kilo en el mercado ilegal, 5 soles (1,44 dólares) en ENACO.

Para Elsa Malpartida, líder cocalera, el mercado negro es en cierto modo “inevitable”, pero la verdad es que más y más campesinos vienen a verla para unirse al censo de productores legales. Es un éxito para su organización. Desde que el gobierno, por medio del Decreto Supremo (decreto que siguió la “marcha de sacrificio” liderada por los cocaleros desde Ayacucho hasta Lima en abril 2003), acordó permitir media hectárea por cada familia cocalera, más de un millar de personas han venido para participar en el censo.

En esta área, donde más de 80 mil hectáreas de coca han sido destruidas en 20 años, la participación de los cocaleros en este proyecto es alentadora, “pero el gobierno necesita cumplir sus promesas,” dice Malpartida. Lo que significa, primero que nada, detener la erradicación. Pero puede ir más lejos. Elsa Malpartida tiene su idea sobre pelear la coca ilícita: “lo que necesitamos es más educación, entonces nuestro hijos e hijas pueden construir otro futuro además de la coca.” Lo que podría sonar una idea muy sencilla, es hasta ahora un sueño de algunos cocaleros concientes, dispuestos a crear casas de estudiantes gratuitas en Tingo María.

Vamos con ella a una finca en una villa cerca a Tingo, llamada Supte San Jorge. ¿Qué vemos? La familia de Guillermno Mendoza ha vivido aquí durante 50 años, cultivando coca durante 15 de ellos. De esto nos enteramos con Guillermo: “la coca ha estado por aquí desde los 50, cuando Perú permitió a Estados Unidos desarrollar laboratorios para producir lo que solía ser coca “legal”. No había pasta básica (pasta base de la cual la cocaína es procesada) producida en Tingo, Puerte Durán y el Valle Monzón. Luego comenzaron los primeros programas de erradicación a comienzos de los 60.”

Mendoza continúa, “necesitamos demostrarle a los países del norte que los cocaleros no somos criminales, y junto con la sociedad civil de esos países, podemos dar soluciones.” Ni Guillermo ni Elsa ignoran el problema del uso ilegal del destructivo hongo, fusarium oxysporum, un arma biológica para destruir cocales. “Ha sido usada desde el 82. Greenpeace está investigando el asunto en el área. Y eso explicaría como dos acres que antes daban 40 arrobas (12 kilos) ahora produzcan 7 arrobas.”

Pero ahora todos los cocaleros están de acuerdo con Elsa y Guillermo. La persecución de la erradicación sin compensación como se había prometido, el precio pagado por ENACO, pero también costumbres profundamente arraigadas, explican por qué algunos de ellos nunca aceptarían formar parte del censo gubernamental o producir para ENACO. “En el valle Monzón –explica Elsa- los cocaleros no apoyan el Decreto Supremo. Cada familia tiene entre 10 y 15 hectáreas de coca, y muchos venden a los narcos.” En 2003, según Devida, 26 pozos de maceración (para hacer pasta base) y un laboratorio (necesario para agregar clorhidrato y hacer cocaína) fueron descubiertos en el valle Monzón. Pero incluso aquí, algunos cocaleros prefieren escoger el camino legal.

Mama Coca

Para llegar a Puerto Pizana tienes que tomar dos colectivos o buses. El camino es escarpado pero interesante. Primero, trata de averiguar cuántos bloques de concreto fueron puestos sobre la vía. Respuesta: el camino era usado como pista clandestina para aeronaves pequeñas que recogían la pasta producida en los 80, para llevarla a Colombia en donde era transformada en clorhidrato de cocaína. ¿Los bloques son útiles? Seguramente no tan eficientes como los controles aéreos de Estados Unidos impuestos en Perú durante los 90.

El primer colectivo te lleva a Tocache, un pueblo de 110 mil habitantes, “tierra de paz, amor y trabajo”. Edificios abandonados, villas en ruinas y una descartada pista de aterrizaje, son los únicos recuerdos de un “pasado glorioso.” Tocache era la capital del narcotráfico en el Alto Huallaga durante los ochenta y comienzos de los noventa. Sus ciudadanos preferirían ser capaces de olvidar este pasado y los 15 años de violencia que siguieron, lo que finalmente arruinó la ciudad.

No hay ningún turista allí, y los únicos visitantes no-peruanos pertenecen a Chemonics y otra ONG de Estados Unidos enganchadas en el jugoso negocio del desarrollo alternativo. La atmósfera embota y corre el rumor que Sendero luminoso está en los alrededores, escondido en la selva, y podría regresar, lo que teme todo mundo, no importa si es cierto o falso. La gente no es muy conversadora en Tocache, tal vez porque su primera preocupación es olvidar aquel pasado molesto. O porque ellos sólo intentan sobrevivir en algún lugar entre las fuerzas de la prohibición (policía, ejército, ONGs) y los narcos, en algún lugar en donde el hambre y el silencio se encuentran.

Otro colectivo te lleva a Puerto Pizana, en el valle Mishollo. Aquí estamos. Es donde vive Nancy Obregón, la carismática líder de CONPACCP, con su esposo y sus cinco hijos –uno de ellos adoptado después de que sus padres fueran asesinados por Sendero Luminoso. Su casa es, precisamente, en Santa Rosa de Mishollo, un caserío de 150 familias, a veinte minutos en auto de Puerto Pizana. Es un lugar remoto en donde tanto rebeldes como ejército estuvieron presentes a comienzos de los 90, peleando por el control del territorio y la coca. Nancy Obregón Peralta estuvo profundamente involucrada el año pasado en la marcha de sacrificio. En febrero de 2003, después de que Nelson Palomino fuera arrestado, regresó de una cumbre sobre legalización de drogas en México. Inmediatamente dejó su chacra y se fue a visitarlo a la cárcel.

Desde Ayacuho, donde Nelson Palomino está preso, ella entró a formar parte de la marcha junto a otras 5000 personas. “Dejamos Ayacucho el 6 de abril y llegamos a Lima el 23 de abril. El comienzo fue muy difícil, pero entonces cuando llegamos a Pisco, la gente comenzó a ayudarnos. Por primera vez recibimos una llamada del gobierno pidiéndonos que detuviéramos la marcha antes de llegar a Lima. Pero no lo haríamos. Y entonces recibimos una llamada del hermano de Alejandro Toledo, y comenzamos a esperar que algo sería posible.”

En Lima, los cocaleros se establecieron en el acomodado barrio de Miraflores, justo en frente del Sheraton. “Así es como conseguimos a toda la prensa.” Y finalmente el presidente mismo llamó. “Nos hemos enterado que el gobierno está trabajando en un decreto supremo sin consultarnos. Pedimos una entrevista con Alejandro Toledo.” Y ella lo conoció: “Él nos dijo que tenía tres minutos para escucharnos. Yo estaba llorando. Le recordé que él había sido elegido con nuestra esperanza, con nuestros votos. Finalmente nos escuchó 30 minutos, y prometió que el Decreto Supremo sería diseñado con nuestro consejo.”

Y así fue como pasó. Pero era mentira, y Nancy está ahora, abril de 2004, lista para otra larga marcha. Nancy conoce muy bien cada uno de los asuntos de la vida de un cocalero. Ella tiene cocales y administra un pequeño restaurante en donde los cocaleros comienzan y terminan sus días bebiendo chicha, la bebida local de maíz fermentado. Su historia ilustra cómo los campesinos y trabajadores se cambiaron a la coca: “Yo nací y crecí en Lima. Mi madre tenía una pequeña tienda y yo trabajaba con ella. Luego, cuando tenía 16 años, fui a una escuela militar nacional para ser enfermera y la dejé a los 19 porque no tenía dinero para ir a la universidad. Cuando tenía 20 años me casé con mi esposo Fabio, que venía de una familia campesina, y comenzamos a sembrar coca en 1989, porque necesitábamos dinero para nuestras familias. Llegamos a Santa Rosa en 1990.”

Entonces los malos tiempos llegaron, y la voz de Nancy se quiebra cuando explica cómo los cocaleros quedaron atrapados entre la rebelión que los protegía pero también intentaba reclutarlos, y el ejército. “El ejército de Montesinos torturó. Por ejemplo, aquí ellos violaron a una mujer enfrente de su marido. Sendero Luminoso nunca haría eso, ellos nos protegerían.” ¿Montesinos? Probablemente el mayor narcotraficante de la historia de Perú. Pero la historia de Nancy se pone cada vez más interesante: “en 2000 hubo una campaña de erradicación forzosa muy violenta. Dejé Santa Rosa y fui a Monzón (la mayor área productora de coca) por un año y medio. Cuando regresé, comencé a trabajar como representante de los campesinos en una organización local. Tenía algunas evidencias sobre el uso de fusarium oxysporum, interesantes documentos que probaban su uso ilegal. Pero entonces un día, en 2001, mi casa fue incendiada.” ¿Incendiada? “Estoy segura que fueron los servicios secretos,” termina Nancy. ¿Servicios secretos? Ella no es alguien que duda fácilmente. Esta mujer puede ser un gran peligro para el poder. Ella tiene la elocuencia y la actitud de alguien que está luchando con orgullo por su gente. Ella ha visto lo peor y sin embargo sigue dando lo mejor de sí.

Las mujeres han jugado un gran papel en la campaña por el reconocimiento de la hoja de coca, y en defensa de los derechos de los cocaleros. Después de nuestra visita a Nancy, fuimos a Aguaytia, lejos de Santa Rosa, al este de Tingo María. Carmen Romero Luisa, 36 años, ha estado trabajando allí como campesina desde que tenía 12. Desde entonces cultiva coca. Ella explica: “He vendido hojas de coca por el camino durante mucho tiempo. Los clientes pagarían 30-40 dólares por una arroba. Hoy le vendemos al mercado legal. Pero la coca ya no produce más, y yuca y mango no crecen bien, por todos esos químicos que usan contra la coca.”

Flavio Sánchez, secretario de economía de CONCACCP, quien también vive en Aguaytia, insiste en la ineficiencia de todos los programas de desarrollo alternativo monitoreados por Devida en la provincia del Padre Abad. “En 2002 intentamos establecer nuestro propio programa de desarrollo alternativo, que incluía la producción de yuca, aceite de palma, algodón y una programa de reforestación. Nos dijeron que no había dinero. Enviamos nuestro proyecto a la embajada de Estados Unidos. Todo lo que conseguimos fue una carta de felicitaciones en la que decían que enviarían nuestro proyecto a Devida…”

¿Todavía te preguntas por qué los cocaleros seguirán siendo cocaleros? Seguro, amable lector, que ellos no tienen porqué sentirse culpables por el daño hecho por la cocaína en los países occidentales, así como los países occidentales no se preocupan mucho por ellos. Ellos pueden estar orgullosos de su lucha por su dignidad.

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