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La Casa de la Muerte

IMAGE: Johhny Sutton: House of Death

Fiscales de Estados Unidos protegen a un informante que asesinó ciudadanos mexicanos, por poco dos agentes de la DEA lograron escapar con vida


Por Bill Conroy
Especial para The Narco News Bulletin

22 de abril 2004

El comandante de la policía estatal mexicana Miguel Loya Gallegos, desapareció en enero.

Algunos de sus socios desaparecieron, también; agentes de la fuerza pública dicen que sus misteriosas desapariciones –y consecuente incapacidad como testigos potenciales de homicidios múltiples—podrían resultar muy convenientes para los fiscales de Estados Unidos y un informante confidencial bajo su protección.

Agentes de la fuerza pública de Estados Unidos, bajo la condición de mantenerse en anonimato, afirman creer que el Comandante – el fiscal de Estados Unidos lo ha sindicado en Texas, como parte de una organización de traficantes de droga—fue testigo de nueve asesinatos cometidos por un informante confidencial que hace parte de la nómina de la oficina federal de Inmigración y Aduana (ICE).

Estas mismas fuentes dentro de las fuerzas públicas dicen no saber si Loya está vivo o muerto, pero temen lo segundo. Si estuviera vivo, comentan, el testimonio del Comandante, que liga al informante con los asesinatos, podría descarrilar dos casos de alto perfil, prioritarios, que están siendo procesados por la oficina del Fiscal de Estados Unidos.

El comandante fue visto por última vez en la ciudad mexicana de Juárez, cruzando la frontera desde El Paso, Texas. Sus asistentes no aparecen por ningún lado.

La desaparición de estos testigos potenciales levanta algunas de las preguntas sin respuestas más problemáticas de este extraño caso en contra de Heriberto Santillán-Tabares, 49 años de edad, a quien los fiscales de Estados Unidos acusan de ser un lugarteniente de la organización de drogas de Vicente Carrillo Fuentes en Ciudad Juárez.

Actualmente Santillán se encuentra en prisión en El Paso, Texas. Está acusado de traficar con cocaína y marihuana, y de cinco casos de homicidio llevados a cabo bajo una sistemática empresa criminal – lo que puede acarrearle la pena de muerte en el sistema judicial de Estados Unidos.

El informante confidencial, de quien se dice alcanzó un alto rango dentro de al organización de Juárez, jugó un papel fundamental en tenderle la trampa a Santillán.

De acuerdo con las fuentes de las fuerzas públicas, el mismo informante jugó un papel crucial en un caso aparte que terminó con 92 sindicaciones de cargos federales en contra de 19 personas presuntamente involucradas en un contrabando de 37 millones de dólares en cigarrillos del mercado negro en Estados Unidos. De acuerdo con una acusación federal abierta a finales de enero de este año, el supuesto líder de esta empresa ilegal era Jorge Abraham, de 34 años, proveniente de Sunland Park, Nuevo México, un cuadrapléjico que también enfrenta cargos por tráfico de marihuana.

“Este informante era clave para estos dos casos,” sostiene un oficial de la fuerza pública. “es por eso que está siendo tan bien protegido por estos días”.

La casa de la Muerte

Lo que está en juego en esta historia de traición y asesinatos no sólo son los casos legales contra Santillán y Abraham, sino también las convicciones morales de múltiples fuentes de la fuerza pública. Ellos se han acercado a Narco News para contar esta historia, como ellos lo dicen, por un asunto de conciencia.

Entre agosto de 2003 y mediados de enero de 2004, una docena de personas fueron asesinadas y enterradas en el jardín de una casa en Ciudad Juárez, una ciudad fronteriza mexicana de 1,2 millones de habitantes.

Santillán y sus compinches controlaban la casa. Este grupo incluía al informante, conocido tan sólo como “Lalo”, alguien que estaba en la nómina de la agencia de Inmigración y Aduana de Estados Unidos (la cual es parte del nuevo Departamento de Seguridad del Territorio Nacional creado en 2002 por medio de una combinación de varias agencias de la fuerza pública).

A lo largo de los últimos seis años, el informante trabajó con cautela para ascender a una alta posición en la organización de Santillán. Durante todo este tiempo, afirman las fuentes de la fuerza pública, él hacía parte de la nómina de pagos del gobierno de Estados Unidos. Él sería contactado toda vez que Santillán determinara la necesidad de “abrir la casa”.

“Lalo”, el informante, cuentan los de la fuerza pública que nos informaron, incluso llegó a llevar la cinta y la cal usadas para disponer de los cadáveres. Las fuentes de la fuerza pública creen que él estuvo presente en la casa de la muerte durante nueve de los 12 homicidios conocidos que tuvieron lugar allí. La mayoría de las víctimas eran presuntos expendedores de droga, excepto por uno de ellos, que era un ciudadano americano –“algún chico de Socorro, Texas, al sur de El Paso”, dice una de las fuentes.

La organización de Santillán, aseguran los agentes, usaba la casa como una cámara de horror para extraer información de las personas por medio de tortura. Entre las víctimas se contaban traficantes competidores que cometieron el error de distribuir drogas en Juárez, o sospechosos de estarle robando al jefe. Estos individuos eran llevados a la casa y torturados hasta obtener las ubicaciones de las casas en donde guardaban las drogas, especialmente marihuana. Las víctimas eran luego asesinadas y enterradas en el patio trasero de la casa de la muerte.

Las fuentes de la fuerza pública aseguran que el informante participó en la mayoría de los homicidios – al menos en una ocasión usó un micrófono para sus manejadores de la agencia de policía de Estados Unidos. Pero consideran que el jugador clave de la inspección en la casa de la muerte era Miguel Loya-Gallegos, de 35 años, un comandante del turno de la noche con la policía estatal de Chihuahua, México, el sindicado, pero desaparecido, en el caso Santillán.

Las fuentes de la fuerza pública sostienen que Loya y lo que ellos llaman “su escuadrón de la muerte”, conformado por una docena, o más, de agentes de la policía estatal, estaban en la nómina de pagos de Santillán. Sus hombres hacían funcionar la máquina asesina, usando sus apariencias de oficiales de la fuerza pública y sus insignias para conducir a las personas a la casa de la muerte.

El informante era el testaferro de Santillán. Él abría la casa de la muerte cuando era necesario y, aseguran las fuentes, era el intermediario que hacía los pagos a Loya. Durante este tiempo el informante también pasaba información a sus contactos de la ICE.

El informante había hecho parte de la nómina de ICE (y de la agencia predecesora, la Aduana), desde finales de los 90. El informante también trabajó para la DEA por un corto tiempo, pero fue desactivado por la agencia en julio de 2003 —después de que fue capturado tratando de ingresar 200 kilos de marihuana por la frontera. Ese desliz nunca apareció en sus registros, puesto que los cargos de tráfico de drogas no eran, convenientemente, perseguidos por los fiscales de Estados Unidos, permitiéndole así al informante continuar trabajando para ICE.

Los contactos y manejadores del informante en ICE, en El Paso, se enteraron de la casa de la muerte al menos en agosto 2003, cuando el informante les dijo que había participado en un asesinato allí ocurrido, homicidio que fue grabado pues el informante llevaba consigo ese día un micrófono. En este punto, los oficiales de la DEA, que habían seguido el rastro de la operación de ICE, quisieron enterar a los oficiales mexicano y arrinconar contra las cuerdas a Santillán y la trampa de ICE.

Sin embargo, los oficiales de ICE y la oficina del Fiscal de Estados Unidos se rehusaron a concluir la investigación. La razón, de acuerdo con múltiples fuentes, era que exponer la participación del informante en el asesinato podría arruinar no sólo la operación contra Santillán, sino también el caso de contrabando de cigarrillos de Abraham – puesto que el mismo informante era el jugador clave en ambos procesos.

La negativa de cerrar la investigación de Santillán e informar al gobierno mexicano sobre los homicidios, no sentó bien entre un buen número de oficiales de la fuerza pública de Estados Unidos, familiarizados con el caso.

“¿Qué es más importante, un asesinato o un caso de cigarrillos?”, se pregunta una fuente. “¿En dónde trazan la línea?”

Desde el momento de ese primer asesinato, en agosto de 2003, hasta mediados de enero de 2004, 11 personas fueron torturadas y asesinadas en la casa, con el informante participando y reportando a sus contactos en ICE varias de estas muertes adicionales.

“Después de que todo esto pasó, la oficina del Fiscal de Estados Unidos expidió una acusación contra Santillán (a mediados de febrero 2004), sindicándolo de cinco homicidios”, señala una fuente. “Cuatro de esos asesinatos no tuvieron que pasar.”

Santillán está ahora enfrentando la pena máxima en Estados Unidos, pues un asesinato cometido como parte de una initiativa criminal a largo plazo, como el tráfico de drogas, conlleva la pena de muerte federal.

Dos agentes de la DEA puestos en riesgo

El 14 de enero de este año, las puertas de la casa de la muerte en Juárez se abrieron de par en par. Ese día tres personas fueron torturadas y asesinadas, no antes de que uno de ellos diera la dirección de un depósito clandestino en Juárez. La gente de Santillán fue a la casa y golpeó a la puerta. Nadie respondió.

De hecho, los ocupantes de la casa, una madre y sus hijos, se encontraban adentro, atemorizados por los extraños en la puerta. La madre se las arregló para ponerse en contacto con su esposo, que regresó a la casa. La familia completa se subió al carro y abandonó el hogar.

Los chicos malos estaban observando. El coche fue detenido poco tiempo después por un auto marcado como policía municipal. Algunos de los bandidos de Loya, de la policía estatal, estaban presentes en el retén de tránsito. Los ocupantes del coche probablemente estaban en espera de un viaje a la casa de la muerte.

Sin embargo, los subordinados de Loya no estaban seguros de quién era el conductor, por lo tanto contactaron a su jefe. Santillán, a su turno, contactó al informante, quien presuntamente había alardeado en el pasado que estaba bien enlazado al otro lado de la frontera. Santillán quería que el informante investigara al conductor para saber quién era.

Mientras tanto, el conductor permaneció en su auto e hizo una llamada desde su teléfono celular. Prontamente otro auto llegó. En el mismo momento los contactos del informante en ICE averiguaron la identidad del conductor.

El conductor mostró una identificación consular, al igual que el individuo que llegó a ayudarlo.

Ambos eran agentes de la DEA.

La olla de la operación de la casa de la muerte de Santillán se había destapado. Así como el hecho que algunos oficiales, con el ICE y la oficina del Fiscal de Estados Unidos en su afán por construir un caso, habían permitido que 12 asesinatos sucedieran bajo su vigilancia, y que ahora casi le costara la vida a dos agentes de la DEA.

La ironía de la situación radica en lo fácil que hubiera sido que las cosas se hubieran desarrollado de diferente manera aquel día, y que la embriaguez de muerte hubiera seguido su curso. La dirección que la víctima torturada dio a los hombres de Santillán era casi correcta: dos toneladas de hierba fueron encontradas más tarde en la casa vecina al hogar del agente de la DEA en Juárez.

Pero el daño estaba hecho. Como resultado del retén de tránsito, la DEA evacuó a todos sus agentes y sus familias de Juárez, como precaución de seguridad. Además el gobierno mexicano despachó a unos 80 agentes federales a Juárez, con el fin de investigar la situación. Más de una docena de los pandilleros agentes estatales de Loya, algunos asesinos de bajo nivel, caba-tumbas, fueron puestos en custodia.

¿Acto de desaparición? O ¿Asesinato?

Cuántos asesinatos se alega que ocurrieron bajo el régimen del terror de Loya y sus hombres, es desconocido. Una fuente de la fuerza pública sostiene que el roce del comandante con la DEA parecía no disuadirlo de ningún golpe. Asegura que el día después del retén del agente de la DEA en Juárez, Loya fue responsable de “golpear a otra persona y dejar al borde de la muerte a alguien más.”

“Dios sabe cuántos asesinatos él y sus hombres han cometido que nosotros no sabemos”, agrega la fuente de la fuerza pública.

Desafortunadamente nunca podremos saberlo. Durante los días del retén que involucró a los agentes federales, los oficiales de la DEA intentaron arreglar una reunión entre el informante y Loya, para crear una oportunidad, a los agentes federales mexicanos, de arrestar a Loya. Según las fuentes de la fuerza pública, alguien en el ICE o en la oficina del Fiscal de Estados Unidos en El paso interfirió y no permitió al informante arreglar la cita.

Como consecuencia, Loya y tres de sus socios “se desvanecieron en el aire”, afirma una de las fuentes.

El plan para atrapar a Loya fue socavado, aseguraron las fuentes de la fuerza pública, porque Loya hubiera manipulado al informante como conspirador en los asesinatos de la casa de la muerte. Por lo tanto, el caso legal contra Santillán y el presunto contrabandista de cigarrillos Abraham, se hubiera hecho pedazos.

Políticos también jugaron un papel en esto de mantener al comandante fuera de la situación. Si Loya confirmaba ena los interrogatorios mexicanos el papel activo del informante en los asesinatos de la casa de la muerte, esas revelaciones hubieran prendido fuego a un explosivo incidente internacional.

Uno de los oficiales de la fuerza pública deja claro que la guerra contra las drogas es una cosa horrible en ambos lados de la frontera. Pero la única cosa que distingue a los chicos malos de los buenos, en esta llamada guerra, es que el homicidio es una línea que los verdaderos chicos buenos nunca cruzan.

“No importa de qué se trate, tú tienes una obligación moral y legal de evitar el homicidio, incluso si es alguno de los chicos malos”, acentúa la fuente. “Se nos ha enseñado desde el comienzo que el asesinato es el crimen de crímenes, y que nosotros debemos hacer todo lo que está en nuestro poder para detenerlo, no importa quién sea el objetivo.”

Dos grandes casos, un pequeño informante

Según la fuente de la fuerza pública, además del informante, el caso de Santillan y Abraham están ligados por las siguientes circunstancias:

  • Ambos casos estaban siendo activamente investigados por los agentes federales de ICE en El Paso.

  • Ambos casos cayeron bajo la jurisdicción de la oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Occidental de Texas – encabezada por el Fiscal de Estados Unidos Johnny Sutton,, de quien se considera como un vínculo dentro de la actual administración Bush. Sutton, ex coordinador político para el equipo de transición Bush-Cheney, sirvió como Director de Policía de Justicia Criminal entre 1995 al 2000, para el entonces gobernador George W. Bush.

  • El mismo defensor, Joseph Sib Abraham Jr. de El Paso, representa a ambos, Santillán y Abraham. El mismo informante ha sido un presunto operador de la organización Juárez usado para atrapar a ambos, Santillán y Abraham.

  • El comandante de la policía estatal de Chihuahua, Miguel Loya-Gallegos, es nombrado en una denuncia federal como uno de los miembros de un grupo de individuos que pertenecían a la organización de Santillán, la cual, entre el 28 de febrero de 2003 y 15 de enero de 2004, es presuntamente responsable de la distribución de alrededor cuatro toneladas de marihuana y 29 kilos de cocaína. La denuncia también alega que la organización de Santillán empleaba “forzadores … y asesinos que mataban traficantes de drogas rivales, personas sospechosas de ser informantes de la policía y miembros de la organización que Santillán-Tabares creían que habían faltado a las responsabilidades para con la organización.”

  • Según las fuentes de la fuerza pública, la misma asistente del Fiscal de Estados Unidos en El Paso, Juanita Fielden, quien es la acusadora principal en el caso de Santillán, trabajó cercanamente con los supervisores de la ICE y los agentes que manejaron al informante para mantenerlo en el centro de ambos casos.

  • Si todo sale bien para los fiscales, y se obtienen los fallos, tanto el caso de Santillán como el de Abraham se convertirán en grandes propulsores de las carreras de los oficiales de la fuerza pública involucrados, particularmente de los acusadores. Santillán es un presunto hombre fuerte de una notoria organización de tráfico de drogas asentada en Ciudad Juárez, en el Estado de Chihuahua, México – al otro lado del Río Grande, cruzando El Paso. Abraham es un presunto pez gordo de una cadena nacional de contrabando que fue desarticulada por lo que el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional describe en un comunicado de prensa como “la mayor investigación hasta entonces hecha relacionada con contrabando de cigarrillos dentro de Estados Unidos.”

Licencia para matar

Estas conexiones son vitales para entender algunas de las serias acusaciones que han sido hechas contra el informante, sus contactos en la ICE y la oficina del Fiscal de Estados Unidos por parte de múltiples fuentes dentro de la fuerza pública. Estas fuentes, que han pedido permanecer secretas pues temen retaliaciones, alegan que oficiales junto a la oficina del Fiscal de Estados Unidos y el ICE, en su ahínco por hacer el gran caso contra Santillán y Abraham, permitieron que su informante se saliera con la suya en los asesinatos.

Las fuentes afirman que después de que los oficiales de Estados Unidos se enteraran de que esto había sucedido una vez, siguieron permitiendo que el informante jugara un papel en los homicidios de al menos 11 víctimas más.

Para hacerlo aún peor, si eso fuera posible, estas mismas fuentes sostienen que una coartada está siendo montada dentro del Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional (la agencia madre del ICE) para prevenir lo que podría suceder al salir esto a la luz. Múltiples fuentes de la fuerza pública dicen temer que los documentos están siendo destrozados como parte de este esfuerzo para encubrirlo todo.

Daryl Fields, vocero de la oficina del Fiscal de Estados Unidos en San Antonio, evitó hacer comentarios al respecto pues ambos casos están pendientes en la corte.

Según las fuentes de la fuerza pública, la extensión de esta coartada no es clara, pero afirman que llega por lo menos a niveles tal altos como el de supervisión, en ICE, y acusación, en la oficina del Fiscal.

Carl Rusnok, vocero de ICE, dice que “es nuestra política no hacer comentarios de los casos criminales en proceso.”

Agregó, “en general, ICE toma todas y cada una de las acusaciones de mal manejo seriamente y las resuelve con rapidez.”

En este caso, rapidez puede ser una gran orden. Las fuentes de la fuerza pública que se publicaron dicen que los detalles de la presunta corrupción, una vez salgan a la luz, tendrán el potencial de arruinar las aspiraciones de carrera de un buen número de oficiales del gobierno de alto nivel, incluyendo al Fiscal Sutton. Un escándalo así podría también dejarle otro ojo negro a la administración Bush – en el candente tema de crimen, corrupción y relaciones Estados Unidos-México – en medio de la agitación de un año de elecciones.

También están en juego los casos de Santillán y Abraham. Una fuente acentúa el hecho que ambos casos podrían caerse si es que sale a la luz pública la complicidad del informante en los asesinatos.

Este genio puede ya estar fuera de la botella.

El Dallas Morning News recientemente obtuvo un memorando interno del ICE en el que se ofrecían detalles del involucramiento del informante y dos policías estatales mexicanos en el asesinato inicial de la casa de la muerte en Juárez. En un artículo del 2 de abril de esta publicación diaria, el reportero Alfredo Corchado informa lo siguiente:

Entre los detalles del memorando:

  • Los oficiales se repartieron $2,000 por el asesinato de un traficante de drogas conocido como “Fernando”.

  • El asesinato fue ordenado por Heriberto Santillán-Tabares, un amigo de la infancia de la víctima y un alto lugarteniente del poderoso cartel de Vicente Carrilo Fuentes.

  • Los oficiales, que estaban en servicio, estrangularon a Fernando, luego le propinaron un golpe en la espalda con una pala, la cual usaron más tarde para enterrar el cuerpo en el patio trasero de la casa en donde fue asesinado.

  • El informante es de tanta confianza que le es permitido el acceso a una casa segura del cartel, en donde fue testigo de “todo lo que ellos necesitan, de abastos a mujeres.”

Si la oficina del Fiscal de Estados Unidos en El Paso estaba enterada de la participación del informante en los múltiples homicidios, tal como lo alega una fuente, entonces parece que no sólo los contactos del informante en el ICE nadan en agua profundas. Según la guía publicada en mayo de 2002 por el Fiscal de Estados Unidos, a una agencia del Departamento de Justicia, como la oficina del Fiscal de Estados Unidos, “no le es permitido autorizar a un ‘CI’ (informante confidencial) participar en actos de violencia.”

Incluso antes de que los homicidios salieran a la luz, el informante, presuntamente influenció a la oficina del Fiscal de Estados Unidos en El Paso, para que retrasaran la denuncia contra Abraham en el caso de contrabando de cigarrillos. Como sea que haya sido, la decisión fue retrasar la acusación pues temían que la identidad del informante saliera a la superficie en el juicio, poniendo en riesgo la trampa del informante dentro de la organización de Santillán.

Cuando fue contactado por Narco News, el abogado defensor de Santillán y Abraham, Joseph Abraham Jr., evitó hacer comentarios de los casos de sus clientes.

“Todo lo que puedo decir es que este es un asunto muy serio”, agregó, refiriéndose a las actividades del informante.

“Todo esto trata del poder”

Además del Dallas Morning News, Associated Press y Washington Post, entre otros medios, han reportado partes de esta historia.

Fieles al guión, a la formula de informar sobre la guerra contra las drogas a lo largo de la frontera, los reportajes de estos medios se enfocaron en la corrupción de los oficiales estatales mexicanos, en vez de mirar hacia el otro lado, hacia el papel cardinal de las agencias de Estados Unidos al permitir que la Casa de la Muerte y sus asesinatos en serie continuaran con la activa participación de su propio informante.

Las fuentes que se acercaron a Narco News nos llevaron tras la puerta del polvoriento mundo subterráneo de la era de la prohibición de drogas-narcotráfico, para revelarnos los sórdidos detalles de la “guerra contra las drogas”, tal como se practica a lo largo de la frontera mexicano-estadounidense. Ellos exhiben dos casos construidos sobre el apuro de los acusadores y las agencias de Estados Unidos, que condujeron esta cadena completa de eventos desdeñables y probablemente evitables.

El “porqué” de esta historia es todo sobre drogas y dinero: el estilo Washington. Con el fin de que agentes y supervisores en el campo consigan el dinero y el poder necesarios para construirse una carrera llevando casos, deben impresionar a los jefes en Washington. Y los jefes se impresiona con los grandes casos de droga, generadores de titulares – particularmente aquellos conectados con los grandes capos sindicados, como por ejemplo la infame organización de Juárez.

De acuerdo con las fuentes de la fuerza pública, algunos oficiales, con la oficina del Fiscal de Estados Unidos y el ICE en El Paso, fueron muy lejos para hacer esas conexiones en ambos casos. En ese proceso, el informante se convirtió en indispensable, él era el tiquete de ingreso a ambas organizaciones, la de Santillán y Abraham.

En el caso Santillán, las personas asesinadas eran básicamente traficantes de drogas. Las fuentes sostienen que para algunos dentro de las fuerzas públicas esto hacía mucho más fácil racionalizar sus muertes en su búsqueda de un trofeo al final del juego. Miembros honestos de la fuerza pública lamentan que el “racismo institucionalizado” dentro de las agencias de la fuerza en Estados Unidos, un problema que miembros de la ley han tratado de apuntar durante años, haya conducido a asesinatos oficialmente sancionados.

El pago para aquellos que estaban dispuestos a hacerse los de la vista gorda en los asesinatos, era dinero para sus casos y alimento para sus carreras dentro de la fuerza pública.

“Todo esto trata del poder”, explica un miembro de la fuerza pública.

Otro agente agrega:

“Una cosa es cierta, el caso de Santillán se va a la mierda, así como el de cigarrillos, una vez la verdadera historia salga a la luz. Lo jodido es que en el medio de todo esto está la oficina del Fiscal de Estados Unidos, y ¿quién va a investigarlos a ellos? Eso nunca va a pasar a menos que haya suficiente presión pública sobre este caso.”

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