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Continúan las fumigaciones en Colombia pese a que una Corte ordenó la suspensión

Las administraciones de Uribe y Bush claramente violan la ley colombiana


Por Peter Gorman
Especial para The Narco News Bulletin

29 de abril 2004

A pesar de que dos fallos de la Corte ordenaron el cese de las fumigaciones aéreas de coca y amapola que hacen parte del Plan Colombia, hasta que estudios sobre el impacto que tienen sobre los seres humanos y el medio ambiente puedan ser llevados a cabo, el gobierno de Colombia sigue utilizando glifosato de Roundup Ultra de Monsanto en los campos, mientras que oficiales del gobierno de EE. UU. permanecen bajo un silencio raro y criminal.

El fallo más reciente se produjo hace 10 meses, el 13 de junio de 2003, cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la segunda corte más alta del país, respondió a una demanda legal interpuesta por ciudadanos preocupados que argumentaban que la fumigación bajo el Plan Colombia viola el derecho del ciudadano colombiano a un medio ambiente sano. La Corte aceptó el argumento y ordenó el cese inmediato de la fumigación de coca y amapola en todo el país. El fallo se sumó a dos decisiones anteriores que ordenaron el cese de fumigaciones en territorios indígenas en cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental, creado para contrarrestar la fumigación del Plan Colombia.

Colombia misma aplaudió la victoria cuando en una declaración hecha poco tiempo después del fallo Yamile Salinas, de la Defensoría del Pueblo, señaló: “Esta orden adopta formalmente muchos de los requirimientos para la protección ambiental y humana que la Defensoría del Pueblo de Colombia y la Contraloría General, junto con organizaciones no-gubernamentales, han exigido por años.”

“Es una decisión legalmente obligatoria,” dice Astrid Puentes, defensora de derechos humanos que trabaja con Earthjustice (“Justicia con la Tierra”), el brazo legal de Sierra Club. “Debería establecerse un cese inmediato hasta que los estudios sean realizados o hasta que una apelación a favor de la continuación de la fumigación derroque esa decision”.

En los hechos, al día siguiente a la orden de la Corte, Uribe anunció que mientras él sea presidente la fumigación va continuar.

“Él ha incurrido en clara violación de la ley colombiana”, dijo Puentes, “pero no hay quien detenga al Presidente en eso. Esa decisión debió haber sido suficiente para proteger la salud y los derechos humanos del pueblo colombiano y el medio ambiente; sin embargo la fumigación continúa. La Corte Administrativa reconoció el daño que las fumigaciones aéreas generan a la salud y la biodiversidad, al suelo y al agua, pero aquellos con grandes intereses allí han optado por ignorarlo.”

Entre aquellos con grandes intereses, además de los gobiernos de EE. UU. y Colombia, están Helicópteros Bell Textron de Texas, que provee las aeronaves que movilizan tropas y recursos, y Helicópteros Sikorsky, que provee los Blackhawk utilizados para proteger a los avionetas de fumigación. También se cuentan Monsanto de Kansas, que provee el glifosato (Round-Up Ultra) utilizado, y DynCorp, de Reston, Virginia, la compañía con más intereses allí. De todos, esta última es la principal empresa subcontratada por el Departament de Estado para Colombia, pues goza de un contrato por alrededor de $600 millones de dólares para fumigaciones, mantenimiento de avionetas y helicópteros utilizados en las operaciones. Cada una de estas empresas emplea compañías especializadas en lobby de alto nivel en Washington.

Lo que está en juego es el fondo del supuesto asalto al tráfico de heroína y cocaína en el hemisfério occidental. Cuando el Plan Colombia fue iniciado bajo Clinton en 2000, su meta explícita era eliminar las plantas de coca y amapola utilizadas para fabricar cocaína y heroína. Si eran eliminadas, así lo pensaban, no sólo lograrían que gran parte del narcotráfico desapareciera, sino que los fondos generados por el tráfico en Colombia y que sostienen a los paramilitares y a la guerrilla, se cortarían también.

Pero si bien el plan, tal como lo veía Clinton y como fue extendido a la Iniciativa Andina por parte del presidente Bush, luce bien en el papel (por lo menos para los ingenuos que creen que EE. UU. tiene un interés sincero en parar el negocio de la droga en Colombia o en cualquier parte), en la práctica se han presentado muchos “daños colaterales” por la fumigación. Además, EE. UU., que entró al plan con la intención declarada de mejorar la situación de los derechos humanos, perdió toda su credibilidad respecto a ese fin y está claramente activo en el proceso de empeoramiento de los derechos humanos. Por respaldar a Uribe y por seguir con la fumigación después de que el fallo de la corte de Cundinamarca exigiera el cese, EE. UU. está rompiendo la ley no sólo en Colombia sino en EE. UU. mismo.

El pleito legal se instauró alrededor del hecho de que un Plan de Manejo Ambiental, legalmente obligatorio fue llevado a efecto en Colombia por el Ministro de Medio Ambiente. Una de las estipulaciones de dicho plan era que un paquete de estudios de impacto ambiental debería ser llevado a cabo para determinar si las fumigaciones eran dañinas para el medio ambienmte y los humanos, o no.

Estos estudios nunca fueron realizados, por tanto, la decisión del Tribunal Administrativo de Colombia recayó a favor del demandante. Pero el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez – quien era alcalde de Medellín durante el apogeo del cartel de la cocaína de Medellín, y cuyo coordinador de campaña parece tener un pie puesto en el tráfico de cocaína – desacató la orden y anunció que continuará fumigando mientras la administración de la Dirección Nacional de Narcóticos apela la decisión de una de las más altas cortes de Colombia.

En Estados Unidos han existido muchas leyes conectadas con los dineros que son utilizados para las fumigaciones. Una de estas leyes establece que toda fumigación es hecha en concordancia con la ley colombiana. Lo que cubre legalmente a Estados Unidos en este caso – si culos desnudos cuenta como cubrir – antes que la orden de la corte fuera emitida, era una carta de marzo de 2002, del ministro de Relaciones Exteriores de Colombia al Departamento de Estado de Estados Unidos, que en partes sostiene que: “el Gobierno de Colombia certifica que el programa de fumigaciones aéreas, apoyado por Estados Unidos, es llevado a cabo en concordancia con todas y cada una de las leyes colombianas aplicables en esta materia.”

Pero si eso fue suficiente hace un año como papelería gubernamental, seguir fumigando a la luz de la decisión de junio de la corte hace ilegal para los Estados Unidos el continuar brindando apoyo antes de que los estudios hayan sido realizados. El Departamento de Estado no ha respondido sufientes llamadas ni emails que piden una justificación para semejante acción ilegal.

No está mejorando, está empeorando

Además de las continuas fumigaciones con herbicidas en Colombia, hay un número de sucesos recientes relacionados con el Plan Colombia – largamente ignorado por los medios en Estados Unidos – que ubican a Uribe por fuera de la democracia y a favor de la dictadura.

El 30 de septiembre, la ministra del Medio Ambiente colombiana modificó el Plan de Manejo Ambiental. Entre los cambios estaba la altura en la que los aviones de fumigaciones pueden volar. El límite que estaba establecido en los 100 pies de altura – absurdo, de acuerdo a varios fumigadores aéreos de Texas, pues a tal altitud los químicos pueden formar nubes que se extienden a lo largo de kilómetros – fue aumentado. También fue cambiada la prohibición que impedía fumigar en los parques naturales nacionales de Colombia – “Algo así como,” dice Puentes, de Earthjustice, “que lo que se venía haciendo ilegalmente de repente se vuelve legal.”

Según Puentes, los cambios hechos al Plan de Manejo Ambiental se hicieron bajo la directa presión de Uribe. Poco después Rodríguez renunció a su cargo. A comienzos de noviembre de 2003, Uribe la remplazó en el Ministerio del Medio Ambiente con Sandra Suárez. Suárez era la anterior cabeza del Plan Colombia – el oficial a cargo de las fumigaciones aéreas. “La administración de Uribe ha debilitado las condiciones ambientales del Plan de Manejo,” dice Puentes, “luego sacó su as de la manga al nombrar a Suárez.”

El senador estadounidense Patrick Leahy, miembro de alto rango del subcomité de operaciones extranjeras del Comité de Apropiaciones, el cual ha cuestionado por largo tiempo las fumigaciones del Plan Colombia, se erizó ante este procedimiento en los parques y agregó una enmienda al presupuesto fiscal de 2004 de Operaciones Extranjeras, que prohibía el uso de fondos de Estados Unidos en los 10 millones de hectares de parques nacionales en Colombia, pero no tuvo el sufiente respaldo político para establecerla. Se calcula que alrededor de 6.000 hectares de cultivos ilegales existen actualmente en los parques naturales.

Los parques nacionales de Colombia están entre las áreas más biodiversas del mundo, los ambientalistas han peleado por años contra las fumigaciones que debilitan estos frágiles ecosistemas. Varios políticos colombianos también han librado batallas contras las fumigaciones en los parques por ser constitucionalmente ilegales, puesto que la Constitución colombiana hace de los parques lugares completamente fuera de los límites del desarrollo y las modificaciones. Ellos planean alegar en la corte que las fumigaciones, tanto en el papel como en la práctica, contravienen varios tratados internacionales, incluyendo el Convenio de Biodiversidad, ratificado en 1994, así como el Tratado de la Cumbre de Río de Janeiro de 1992. Más aún, los tratados nacionales de Colombia protejen las tierras de los pueblos indígenas, muchos de los cuales viven dentro de los parques nacionales y cuyas áreas se espera que sean las primeras en ser fumigadas. Miles de indígenas se verían forzados a salir si las fumigaciones en el parque suceden a gran escala.

Pero Suárez – claramente de la línea de Uribe, si no de su nómina – ha defendido en varias ocasiones el uso de herbicidas en los parques, pues los precursores químicos de la cocaína como el daño que actualmente le están causando a éstos. Permitir que Roundup Ultra sea esparcido por los contratistas de DynCorp no aumentará los daños ya hechos. Camilo González Posso, exministro de Salud en Colombia, está de acuerdo con que el uso de precursores químicos para la cocaína en los parques nacionales está causando un “tremendo daño”, pero agrega que “esto no es argumento que justifica esparcir gasolina encendida.”

Afortunadamente Uribe se doblegó ante la presión pública y en marzo de 2004 anunció que pese a que él tiene el derecho legal de fumigar en los parques nacionales, por el momento suspenderá las operaciones.

La administración Bush, sin embargo, ha hecho notar que fumigar los parques es la única forma de salvarlos, no hacerlo sería “una invitación a los cultivadores para que destruyan el bosque y los recursos naturales”, informó la revista Time. De acuerdo con Anna Cedarstav, científica de Earthjustice, recientemente Uribe, así como en varias ocasiones anteriores, anunció que cualquiera que se oponga a las fumigaciones en cualquier parte de Colombia o “trabaje en la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente,” sería visto como simpatizante de los terroristas.

Pero tal vez el asalto más asombroso de la administración de Uribe contra las sensibilidades sobre derechos humanos en conexión con las fumigaciones del Plan Colombia, ocurrió el pasado 2 de noviembre. Una comisión ambiental internacional que estudiaba los efectos de las recientes fumigaciones en la provincia colombiana de Arauca, fue detenida por un batallón anti-narcóticos colombiano entrenado por Estados Unidos, sus películas, cámaras y notas fueron confiscadas. La comisión, que estaba conformada por representantes de Colombia, Francia, Estados Unidos, Inglaterra y España, se había reunido previamente con el vice presidente de Colombia para hablar sobre su trabajo.

La administración Bush no ha comentada nada al respecto – y el Departamento de Estado ha ignorado repetidamente las peticiones telefónicas y escritas que se les han hecho llegar. Es lo más normal, y totalmente vergonzoso. Y el continuo apoyo a las fumigaciones, mientras Uribe se burla de la ley colombiana, es totalmente ilegal.

Todos los estudios, menos los dos realizados por Estados Unidos y Colombia, han demostrado que las fumigaciones tienen un impacto mayor en los humanos y el ambiente. (El vergonzoso estudio de Estados Unidos fue llevado a cabo por la Administración de Protección Ambiental –EPA por sus siglas en inglés– la cual no sólo realizó las evaluaciones con base en una muestra incompleta – no tenía todos los compuestos usados – sino que se limitó exclusivamente a la información del Departamento de Estado. Ningún miembro de EPA gasta una hora de su tiempo en el campo en Colombia, no tienen por qué hacerlo. Incluso así, la EPA tiene grandes dudas sobre las fumigaciones). Un estudio reciente realizado por el respetado Dr. Adolfo Maldonado de Acción Ecológica, muestra “la presencia de daño genético entre la población” expuesta a las fumigaciones del Plan Colombia. El toxicólogo de Estados Unidos Mark Cherniak hace poco ha presentado una conferencia al Consejo de Estado de Colombia asegurando que “la exposición a glifosato (el ingrediente activo utilizado en las rondas aéreas) representa un riesgo para las madres en embarazo.”

El problema no termina ahí. Las cosechas han sido destruidas, miles de campesinos han tenido que desplazarse por ello, el ganado y las fuentes de agua han sido envenenados.

La solución más humana sería un cese permenente de las fumigaciones. Dado que esto no sucedará en este clima político, lo que mínimamente se necesita que pase es lo que ha sido ordenado por las cortes colombianas: una suspensión temporal hasta que los estudios de impacto ambiental y humano puedan ser realizados, y una guía de seguridad sea puesta en su lugar. Ni siquiera esto está sucediendo y no sucederá. ¿Qué puede ser tan malo en una suspensión temporal de las fumigaciones hasta que los estudios arrojen resultados? Nada. Lo que sugiere que tanto Estados Unidos como Colombia saben que si los estudios de impacto se realizaran las fumigaciones serían suspendidas permententemente. Si ése resulta ser el caso, puesto que las fumigaciones no han minimizado ni una pizca la cantidad de cocaína que abastece a Estados Unidos – pese al presunto éxito en disminuir los cultivos de coca en Colombia – ¿qué habría de malo en detenerlas permanentemente?

Por supuesto, políticamente sería penoso para la administración Bush, pero la salida de Bush podría ser sostener que todo el plan fue cocinado por el ex presidente Clinton. Entonces, debe haber mucho más detrás de este afán por evitar estos estudios.

Mucho más. Sigue pareciendo como que las fumigaciones están más destinadas a limpiar la tierra de gente y abrirlas a exploraciones de petróleo a plena marcha en la región, que a eliminar los cultivos de coca.

“Nosotros sabemos que al menos un elemento del Plan Colombia” dice Astrid Puentes, “es el entrenamiento de Estados Unidos a los soldados colombianos para proteger el oleoducto Caño Limón, de la Occidental Oil, de ataques rebeldes. Alguna gente cree que las fumigaciones también limpiarán la tierra para la exploración.”

Y si ese fuera el caso, todo esto explicaría por qué esos estudios no están siendo realizados.

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