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La doble moral del terrorismo en Colombia II

El discreto encanto de Salvatore Mancuso y sus muchachos


Por Laura del Castillo Matamoros
Columnista Editorial de Narco News

8 de febrero 2005

Después de analizar, en la primera parte de esta columna, el muy particular tratamiento que las instituciones colombianas han venido dando a los casos de Rodrigo Granda y Pedro Carmona, uno termina preguntándose ¿cuál será la secreta fascinación que algunos terroristas despiertan en el gobierno colombiano? ¿Por qué el Presidente Uribe, por ejemplo, aplica todo el rigor de su “mano firme” a unos mientras abre generosamente las puertas de su “corazón grande” a otros? *

Y mientras uno se hace esas preguntas, casualmente, se tropieza con otros dos casos muy sonados, donde ha quedado bastante claro quiénes son considerados como amigos y quienes como personas non gratas para la administración Uribe: hablo de Salvatore Mancuso, comandante en jefe de las Autodefensas Campesinas, AUC (mejor conocidas como “grupos paramilitares”), y de Simón Trinidad (capturado en Ecuador el 2 de enero del 2004 ), jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Ambos eran considerados por la legislación penal colombiana como, digamos, criminales. Sin embargo, el primero parecería contar más con cierta “simpatía” del gobierno que el segundo. ¿Por qué? Vamos por partes.

El gobierno de Estados Unidos había solicitado, desde hace tiempo, en extradición por narcotráfico tanto a Mancuso (24 de septiembre del 2002) como a Trinidad (5 de junio del 2004). Sobre los dos, además, pesan otras acusaciones. A Trinidad se le imputan secuestros (entre estos, el de tres “contratistas” norteamericanos, extorsiones, tráfico de armas y homicidios, entre otros cargos. Entre tanto, Mancuso es acusado de ordenar la ejecución de varias masacres, asesinatos colectivos y secuestros. Es decir, los dos, técnicamente hablando, vendrían siendo “terroristas”, ¿no?

El 24 de noviembre del 2004, la Corte Constitucional en Colombia aprobó la extradición de ambos “jefes”. En ese momento Uribe, el presidente que tiene por hobby extraditar narcos colombianos para satisfacer las exigencias de Washington, curiosamente dudó esta vez y decidió someter el asunto a un muy extraño juego de condiciones en el que, por supuesto, tenía un as bajo la manga, y en el que ya sabía exactamente qué iba a hacer con cada quién.

Efectivamente, el presidente supo mover bien sus fichas. Y es que no hay que perder de vista que decidió imponer sus condiciones para autorizar la extradición o no de Trinidad y de Mancuso, en el contexto de las muy cuestionadas negociaciones de paz con las Autodefensas (donde supuestamente se busca desmovilizar los grupos paramilitares) y del, también fuertemente criticado, acuerdo humanitario con las FARC (consistente en el intercambio de prisioneros de guerra de ese grupo armado por secuestrados).

De esta manera, el presidente, en el marco del acuerdo humanitario, puso como ultimátum a las FARC, la liberación inmediata de más de 60 secuestrados antes del 30 de diciembre para no extraditar a Trinidad. Un pedido que, sin ofender, es un poco infantil, por no decir otra cosa, teniendo en cuenta que las FARC tienen múltiples frentes con jerarquías propias que jamás se pondrían de acuerdo para hacer algo así en tan sólo un mes. Obviamente, Uribe sabía que sus exigencias no iban a tener éxito. ¿Se sentiría afligido? Por supuesto que no. De hecho podía matar dos pájaros de un tiro: extraditar a Trinidad, o sea, a uno de los que no están ni de su lado ni del gobierno de Estados Unidos, y manipular a la opinión pública colombiana mostrándole que tan intransigente podía ser “la subversión”.

Mientras, ¿cuáles fueron las grandes condiciones que se le exigieron a Mancuso, en el marco de las negociaciones con los “paras”? Nada más que “se portara bien”, es decir, que entregara sus armas, se reincorporara a la vida civil y que se comprometiera a no volver a cometer crímenes. Y Mancuso, como el niño bueno y obediente de la familia, hizo caso: el 21 de diciembre entregó su arma y, como para que se dijera que él también tiene su corazoncito, lloró frente a las cámaras de televisión de los medios de comunicación comerciales, dispuestas especialmente para la ocasión, pidiendo perdón a las posibles víctimas de sus crímenes y prometiendo que se reincorporaría a la vida civil: “El hombre que les habla sepultó al comandante victorioso de ayer. Ahora nace el amigo y el compatriota. Fui convencido por la creencia cristiana”. ¡Qué dulce! Si ya hasta habla como el presidente.

Pero, ¿qué hace que las condiciones del presidente Uribe sean más laxas con Mancuso y más duras con Trinidad? La respuesta del gobierno viene a ser más bien simple. Ya lo había dicho el 17 de diciembre del año pasado, Luis Carlos Restrepo, Alto Comisionado para la Paz: “En el caso de Mancuso está comprometida la desmovilización, el esfuerzo que se está haciendo por desmontar los grupos paramilitares; en el caso de ‘Trinidad’ están comprometidas las vidas de unos colombianos”. ¿Eso quiere decir que Mancuso, en cambio, no ha matado a nadie? ¿Se supone que las masacres en las que fueron asesinadas brutalmente a poblaciones enteras (niños y mujeres, incluidos), y que él mismo ordenó, se constituyen como “delitos menores”? Es indudablemente curiosa la concepción de asesinato que tiene el hombre de paz del gobierno Uribe.

Y así, el 31 de diciembre del año pasado, luego de que las FARC rechazaran las condiciones del gobierno, se llevó a cabo la extradición a Estados Unidos de Simón Trinidad, un suceso cubierto también ampliamente por los medios de comunicación comerciales. Mientras tanto, Mancuso, en una muy fingida actitud de indignación, amenazaba con volver a tomar las armas si Estados Unidos no replanteaba su posición frente a la idea de extraditarlo. Y, curiosamente, el Ministro del Interior Sabas Pretelt, fóbico a cualquier expresión de oposición frente a las políticas del gobierno y miembro declarado del Opus Dei, salió en defensa del nuevo protegido del establishment colombiano. De hecho, dijo el 6 de enero en declaraciones a la prensa que “Lo que es claro es que la Ley 782, que consagra que las personas que estén en procesos de paz se les suspende la orden de captura, cualquiera que ellas sean. Entonces si alguien está en un proceso de paz la orden está suspendida. Si alguien no está en un proceso de paz la orden de captura no está suspendida. Son términos de la ley colombiana. No hay discriminaciones odiosas ni nada que se le parezca”.

En cambio desde el 25 de noviembre del 2004 ya había quedado definida la situación de Mancuso. Sobre él ya no pesaba ninguna orden de extradición (por obra y gracia de su santidad George II) y sus crímenes –considerados de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional- habían sido perdonados a través de una ley de amnistía. Recuerden ustedes, apreciados lectores, que la amnistía es un recurso legal que se usa en todo el mundo con desertores de grupos guerrilleros o guerrillas desmovilizadas para perdonar “delitos políticos”, es decir, aquellos que pudieron cometerse con el fin de cambiar un orden social y político establecido. Pero aquí, el caso es distinto, sobre todo teniendo en cuenta que el paramilitarismo en sí no busca precisamente rebelarse contra el orden establecido, sino más bien todo lo contrario: mantenerlo.

De hecho, ya lo decía el propio Mancuso, en un chat de debate que se realizó en la página web de la revista Semana, cuando uno de los participantes le preguntó por qué las autodefensas habían decidido desmovilizarse: “creemos que por fin , a la cabeza del Estado, hay un gobierno decidido a garantizar la vida, honra y bienes de los colombianos y así, nosotros no somos necesarios”. Por supuesto, esta “alma redimida” tiene toda la razón. ¿Con Uribe para qué “paras”? Él ha hecho legal todo lo que ellos hacían por la vía ilegal (nada más hablemos del incremento de las violaciones a los derechos humanos cometidas contra la población civil, por parte de miembros del ejército y de la policía, (denunciadas ampliamente por diferentes organizaciones de derechos humanos), en estos últimos tres años, gracias a las bondades de la política de seguridad democrática diseñada por el presidente Uribe). Además, si llega a ser reelecto en el 2006, quién sabe, probablemente se asegure de que los ex paras tengan una amplia participación en la vida política colombiana.

Es más, no tendría nada de raro que Mancuso acabe, así el ahora asegure que no tiene intenciones de obtener cargos políticos, convertido dentro en unos años en “Honorable Senador de la República”. De hecho, el Congreso es un escenario que ya le es más bien familiar. Allá estuvo, el 29 de julio del 2004, robándose muchos aplausos, como si fuera una especie de nuevo héroe nacional.

¿Y para qué están los amigos?

Como ya lo mencionamos antes, la decisión de extraditar a Mancuso o no estaba enmarcada en el contexto de las negociaciones entre el gobierno y las autodefensas. El hecho de que se le haya amnistiado también estaba sujeto a ello. Pero ¿cuál es la lógica y el trasfondo que hay tras dichos acuerdos? ¿Por qué el gobierno decide establecer un diálogo con un grupo armado, cuya historia (grupos armados de justicia privada, conformados o financiados por terratenientes ganaderos y algunos sectores de la oligarquía colombiana, que nacieron a mediados de los años 60 con el fin de proteger sus propiedades de los ataques de la guerrilla) no lo hace merecedor de un trato político de esa categoría?

Vamos, otra vez, por partes:

Las negociaciones del gobierno de Uribe con los grupos paramilitares se iniciaron durante el 2002, luego de que el presidente hubiera recurrido a ciertas triquiñuelas jurídicas con las que logró reformar la Ley 142, que hacía necesario el reconocimiento político de un grupo armado antes de establecer negociaciones con él. Es decir, las negociaciones con los paramilitares se han llevado a cabo como todo lo que se ha llevado a cabo durante la administración de Uribe: a las malas.

Pero las intenciones que Uribe, por supuesto, dejó al descubierto –para conquistar el corazón de la opinión pública y así abrir paso, disimuladamente, a su campaña de reelección- eran, naturalmente, altruistas: lograr la desmovilización total de las Autodefensas, que no debía tardarse más allá del 31 de diciembre del 2005, y lograr que se comprometieran a un “cese de hostilidades”, mientras se llevaban a cabo las negociaciones.

Los “paras” aceptaron el trato movidos por el interés de evitar la extradición de sus líderes a Estados Unidos, entre otras cosas porque según ellos no son narcotraficantes (pese a la existencia de investigaciones que han demostrado lo contrario), y reducir al máximo sus posibles condenas en prisión. Mientras tanto, las relaciones del gobierno eran cada vez más tensas con las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en lo referente al tema del acuerdo humanitario.

Hasta ahí el romance entre los paras y el gobierno parecía ir a pedir de boca. Pero, lastimosamente, tiempo después, los más horribles monstruos de las pesadillas infantiles del presidente Uribe vendrían a interponerse en aquel maravilloso idilio: las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, que desde un principio emprendieron fuertes críticas y denunciaron las irregularidades del proceso de negociación.

Una de los más recientes y relevantes de esos cuestionamientos es el informe publicado el pasado 18 de enero por Human Rights Watch (HRW), en el que se cuestiona el hecho de que el presidente Uriibe tuviera la idea de presentar un proyecto de ley para regular la desmovilización – durante una conferencia de donantes internacionales, a principios de febrero de este año-, teniendo en cuenta las irregularidades que se han venido presentando en las negociaciones. Tanto escozor causó el informe en el gobierno colombiano, que el ministro Sabas se atrevió a decir públicamente que la postura de José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de Las Américas de HMRW, frente a las negociaciones, se parecía mucho a la de la organización danesa Rebelión, que apoya económicamente a las FARC. Tal sería su torpeza que el vicepresidente Santos, que lo iguala en inteligencia, y el embajador William Wood, que lo iguala en soberbia, tuvieron que buscar una salida más diplomática para confrontar la posición de HRW sobre los acuerdos.

Entre las múltiples irregularidades que denuncia HRW hay principalmente dos que tienen que ver con las decisiones que se tomaron alrededor del caso de Mancuso: la primera de ellas tiene que ver con el hecho de que el gobierno haya acomodado y modificado olímpicamente la Ley 418 de 1997, que otorga amnistías por determinados crímenes, así como beneficios económicos, a grupos armados que se desmovilicen voluntariamente, siempre y cuando no hayan sido acusados de cometer violaciones graves a los derechos humanos, tales como una masacre o un secuestro.

La crítica de HRW en este punto se enfoca en que es absurdo aplicar esta ley para desmontar en su totalidad a los grupos paramilitares, entre otras cosas porque no contempla que quienes participan en el proceso deben cooperar con las investigaciones de las autoridades, entregar sus bienes obtenidos de manera ilícita (sobre todo, tierras) o revelar información sobre la estructura, crímenes pasados y funcionamiento del grupo. O sea, con esto los paras quedan exonerados de toda culpa y además tienen el privilegio de no dar explicaciones. De hecho, la única “explicación” que ha dado Mancuso es que lo que él hizo no fue un crimen, sino “una manera de defender a la sociedad”, tal y como lo afirmó en el chat de Semana. com. Definitivamente la nobleza de este futuro caudillo de la patria sí que sorprende.

Por otra parte, HRW también cuestiona el hecho de que los líderes paramilitares -incluyendo asesinos, torturadores y secuestradores- reciban beneficios, a pesar de que su grupo no se haya desmovilizado totalmente y aún continúe cometiendo abusos y crímenes. Aquí valdría la pena recordar que los paras han violado arbitrariamente el supuesto “cese de hostilidades”, como lo demuestran varias denuncias recibidas por la Defensoría del Pueblo, durante los ocho primeros meses del 2004, que abarcan masacres, asesinatos colectivos y secuestros. Eso sin contar que mientras el gobierno se hace el de la vista gorda y Mancuso se ocupa en disfrutar de su nueva y muy agitada vida social, aún hay varios bloques de las Autodefensas que todavía no se han desmovilizado, como el bloque norte , dirigido por el comandante “Jorge 40”, quien por defender a la sociedad ha cometido un buen número de crímenes en todo el norte del país

Pero ¿qué han significado las críticas y cuestionamientos frente a este proceso para el gobierno colombiano? Nada. ¿Qué importancia tienen las exigencias de justicia que hacen las víctimas de la ola criminal paramilitar (más bien salvaje) que se viene dando desde hace más de tres décadas a lo largo y ancho de Colombia? Ninguna.

El presidente simplemente hace lo que tiene que hacer: trabajar por quienes tanto lo ayudaron a estar donde está, quienes, en un futuro, serían sus posibles reelectores y colaboradores. Así, seguramente, llevó a cabo su conferencia de donantes hace unos días, pasando por encima de lo que sea… ¡¡Todo por una causa justa!!

Es que tanto al presidente Uribe como a los paras las negociaciones les caen como anillo al dedo. Mientras el primero devuelve así viejos favores, consigue nuevos aliados estratégicos y se da un duchazo de popularidad que beneficia su imagen ante la opinión pública, los segundos obtienen amnistías, penas por sus crímenes, rebajadas a su mínima expresión y beneficios económicos. Es decir, todo esto parece ser el festival de la impunidad más grande que haya podido celebrarse en la historia de Colombia. Y eso que en este país la impunidad siempre ha estado al orden del día. La diferencia es que hace unos años el gobierno la ocultaba. Ahora, en cambio, la festeja.

Y las razones sobran, porque la simpatía del presidente Uribe hacia las Autodefensas no es gratuita. Porque no es que uno piense que el presidente tiene nexos con el paramilitarismo, ni mucho menos, pero no está de más decir que su papá, de quien se dice mantenía fuertes nexos con el narcotráfico, fue asesinado en su finca por miembros de las FARC, durante los años 80. Desde ese entonces ha emprendido una pelea a sangre y fuego no sólo contra la guerrilla, sino contra cualquier otra expresión de lo que él considerara “de izquierda”. Es decir, el enemigo común de los paras y Uribe es el mismo. ¿Eso tal vez no los vendría haciendo amigos comunes?

De hecho, ¿quién no recuerda las tristemente célebres Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privadas CONVIVIR, – creadas por Uribe a través de un decreto durante su gestión como gobernador de Antioquia en 1994, y que supuestamente tenían como fin ayudar a las autoridades a mitigar las acciones de la guerrilla en esa región? (A propósito, ¿será que los futuros paras desmovilizados van a volver a recurrir a esa vieja forma de organización?) Y adivinen ustedes, apreciados lectores, quién era el miembro más representativo de una de esas cooperativas en el departamento de Córdoba… pues nada más y nada menos que San Salvatore, quien asegura que “jamás ha tenido el honor de hablar con el señor presidente”. Casualidades de la vida, seguro. Así como también debe ser meramente casual que las fincas de Uribe en Córdoba colinden con las de Mancuso.

Cómo quién dice, todo queda entre vecinos y amigos….

Así son las cosas, mientras Trinidad se encuentra pagando su condena en Estados Unidos (menos mal, quién va a querer que un terrorista ande suelto por ahí), Mancuso anda gozando de su reincorporación a la vida civil. Muy civilizadamente y acompañado por escoltas pagados por el gobierno anda en fiestas, centros comerciales y restaurantes de todo el país. Ni siquiera está confinado en Santa Fe de Ralito, Córdoba, (la famosa zona de ubicación de los “paras”, para imitar la zona de “distensión” en el Caguán donde se llevaron a cabo las fallidas negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno Pastrana) donde las negociaciones con las AUC tienen su epicentro, y donde se supone deben permanecer todos sus combatientes hasta que el gobierno expida una ley de alternatividad penal. No, eso es muy poco para él, todo un modelo de auto superación para los colombianos

Así “se hace paz” en este país. Otro motivo más, de sobra, para sentir orgullo de ser colombiano.

Es que cada definitivamente cada vez hay más motivos para sentirse orgulloso de ser colombiano. Eso es seguro.

* Haciendo referencia al lema de la campaña presidencial de Uribe: “Mano fuerte, corazón grande”

Apreciados lectores:

Diferentes motivos de orden práctico, bastante aburridos y poco gratos para enumerar aquí (como es todo lo que tiene que ver con el orden práctico), me impidieron entregar el presente artículo a comienzos de la semana pasada para que fuera publicado, tal y como se había convenido desde el momento en que asumí el cargo de Columnista Editorial de este periódico. Pero bueno, esta semana, luego de evadir algunas trampas de la cotidianidad, me atrevo presentar a ustedes, para su consideración, este texto, cuyo fin es dejar entrever lo que se esconde tras la extradición de Simón Trinidad, comandante mayor de las FARC y la suspensión de la misma para Salvatore Mancuso, jefe máximo de los paramilitares. Otro ejemplo concreto de la hipocresía alrededor del concepto de terrorismo, que ya es un lugar común en este extraño y abismal hoyo negro que es mi país, Colombia.

Pido a ustedes mil disculpas por mi tardanza y, de paso, me comprometo a no hacerlos esperar de nuevo, por ninguna razón.

Valga decir que estaré al tanto sus comentarios, críticas o sugerencias. Los invito, cordialmente, a usar la Narcoesfera para ello, o a escribir a mi mail: delcastillo@narconews.com

Gracias, de antemano, por su comprensión,

Laura del Castillo Matamoros

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