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Una bomba de efecto retardado

Los entretelones del “narcoescándalo” en Argentina


Por Verónica Gago
Especial para The Narco News Bulletin

21 de marzo 2005

El “narcoescándalo”, como se lo llama popularmente en Argentina, parece una madeja sin fin que enreda a militares y empresarios en el negocio del tráfico de drogas y la seguridad aeroportuaria. Hace precisamente un mes desde que se ha destapado el affaire y aún sigue ocupando buena parte de la prensa local. Y esto se debe a que, tras que el diario La Nación revelase que cuatro valijas con 60 kg. de cocaína salieron el 16 de septiembre de 2004 del aeropuerto de Ezeiza con etiquetas apócrifas a nombre de “Embajada argentina en España”, sorteando todo tipo de controles en Buenos Aires y quedando luego varadas en la cinta del aeropuerto de Madrid sin que nadie las retire, lo que ha quedado en evidencia es que este episodio es sólo uno más dentro de un mecanismo bien aceitado. De hecho, este caso cobra magnitud al desnudar las particularidades de ese mecanismo: se trata de una organización de tráfico ubicada en un lugar estratégico, ya que operaba dentro de la empresa aérea Southern Winds (SW) en Ezeiza, con el hijo del jefe militar del aeropuerto como pieza clave de la organización. (Nota editorial: Esto dio la impresión a la opinión pública, aunque sin pruebas, que la compañía estaba bajo control de narcotraficantes.)

El caso llevó a una rápida reacción desde el gobierno: el presidente Néstor Kirchner ordenó el pase a retiro de toda la cúpula de la Fuerza Aérea, la única fuerza armada que hasta hoy no abjuró de los crímenes cometidos durante la dictadura militar y también la única de las tres armas que no había sido atacada aún por Kirchner, incluyendo al comodoro Alberto Beltrame, el ex combatiente condecorado por su actividad en la guerra de Malvinas que era jefe militar de Ezeiza y padre de Walter Beltrame, el station manager de SW acusado de haber dado la orden de embarcar la droga en valijas “voladoras”, es decir, un equipaje que no pertenecía a ningún pasajero. Kirchner también ordenó la disolución de la Policía Aeronáutica Nacional (PAN), creada por el dictador Jorge Videla en 1977, y la creación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que será una fuerza de seguridad civil y dependerá del Ministerio del Interior y ya no del de Defensa (en el mundo, además de Argentina hasta el mes pasado, sólo Chile, Nigeria y Uruguay delegan el control de aeronaves comerciales y de sus aeropuertos en la Fuerza Aérea).

Como medidas también se sumaron el retiro de un subsidio estatal a SW (que operaba las rutas de la firma estatal Líneas Aéreas Federales, Lafsa) de más de dos millones de dólares mensuales para combustibles y salarios, y la supresión de la ruta a Tacna, Perú, recorrido en el que en seis meses se incautaron 50 kilos de cocaína en ocho vuelos. Por estas últimas razones, la aerolínea quedó a unos pasos de la quiebra y en la última semana fue comprada por Lan Chile, por lo que se constituirá en Lan Argentina. Esto garantizará –según el gobierno– la continuidad laboral de los trabajadores de SW por lo menos tres meses.

Lo que vuelve a este caso una caja de Pandora es que en él se entrecruzan las mafias del narcotráfico local e internacional con las complicidades militares, judiciales y empresariales, a la vez que instala la discusión sobre la política de drogas en la Argentina, donde en los últimos cuatro años el secuestro de cocaína muestra un incremento constante. De hecho, el “narcoescándalo” dio lugar a que se lanzara el primer Plan Nacional de Drogas, aprobado por decreto el 20 de enero último, que incluye como objetivos desde “localizar y neutralizar las pistas de aterrizaje clandestinas” hasta la regulación publicitaria del alcohol y del tabaco. Además, según trascendió estos últimos días, el gobierno estaría pensando en crear una Escuela Nacional de Lucha contra el Narcotráfico que integrarían con cuadros de las fuerzas de seguridad.

Mientras, el “narcoescándalo” ya tiene tres detenidos, ex integrantes de SW (entre ellos Beltrame hijo) y otros cinco funcionarios de alto nivel de la aerolínea (entre ellos, los hermanos Maggio, dueños de SW) están con pedido de indagatoria con prisión preventiva.

Un retraso de varios meses

El affaire de las narcovalijas estalló con retardo. Y cuando lo hizo el gerente general de SW, Christian Maggio, se apuró a aclarar que él inició la causa en octubre con la denuncia ante el fiscal federal Guillermo Marijuán. Además, según calificados funcionarios del gobierno, la DEA había informado desde agosto de 2004 que la empresa SW estaba bajo sospecha de transportar drogas entre sus pasajeros. Informes de la DEA llevaron en su momento a funcionarios del área antidrogas de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) a investigar una supuesta ruta de la droga entre las ciudades de Tacna (Perú), Córdoba, Buenos Aires y Madrid, y cuyos embarques se realizaban en la compañía SW. Este informe de la SIDE fue entregado en octubre a otros funcionarios antidrogas del gobierno argentino, pero nunca se le dio verdadera importancia.

En los últimos días, tras el revuelo causado por el “narcoescándalo”, se verificó que hubo más de una decena de detenciones de pasajeros que transportaban drogas en el tramo Tacna-Córdoba de SW entre los años 2003 y 2004. Pero también el desplazado jefe de la Fuerza Aérea, Brigadier Carlos Rohde (otro héroe de Malvinas que lagrimeó cuando recibió la expulsión presidencial), estaba al tanto de la situación. De hecho, luego aceptó públicamente que cometió un error cuando no le informó al ministro de Defensa ni al Presidente. Este pedido de disculpas no bastó: hace dos días la Fuerza Aérea, luego de una investigación interna, decidió arrestar por 30 días a Rohde; la misma medida se aplicó a otros tres oficiales. Pero lo más relevante es que el caso SW llevó a un masivo retiro de brigadieres. El analista de temas militares Rosendo Fraga grafica: “La cantidad de Brigadieres que han pasado a retiro, tanto con la designación del actual Jefe de Estado Mayor como con su reemplazo, no tiene precedentes, ya que entre ambos cambios pasan a retiro cerca de 30 brigadieres, con lo cual en menos de dos años habrán pasado a retiro la totalidad de los brigadieres que estaban en actividad al asumir Kirchner. Situación sin precedente, no sólo para la Fuerza Aérea sino también para las otras Fuerzas Armadas. La paradoja es que, al dar la administración Kirchner prioridad a la reanudación de los juicios por los derechos humanos en su política militar, las situaciones de mayor tensión se generaron con el ejército (el cuadro del ex dictador Videla en el Colegio Militar) o la armada (el museo histórico en la ESMA, un centro militar usado para torturar en la última dictadura), por la sencilla razón de que estas Fuerzas tienen mucho más personal comprometido en estas causas que la Fuerza Aérea. Sin embargo, en esta última ha sido la primera en la cual se ha producido una crisis en la presidencia de Kirchner”.

Seguridad privada

La seguridad privada aeroportuaria es otro eslabón decisivo en la trama del narcotráfico en el caso de SW. La empresa contratada por SW para el control y escaneo de los equipajes era Top Air Security (TAS). A su vez, la PAN fue quien certificó que TAS era una empresa competente para el control al mismo tiempo que era su responsabilidad vigilarla. El diario Página/12 reveló que una de las pistas principales de la investigación es precisamente la relación entre SW, TAS y Aeropuertos Argentina 2000, una de las mayores privatizaciones de la década pasada y hoy propiedad del empresario Eduardo Eurnekian. Uno de los accionistas de TAS es Santiago Adolfo Donda, hijo del capitán de fragata retirado Adolfo Miguel “Palito” Donda Tigel, procesado por 62 crímenes de lesa humanidad por sus tareas dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), y vinculado a la seguridad aeroportuaria como empleado del oscuro empresario argentino Alfredo Yabrán, muerto en dudosas circunstancias hace algunos años.

Donda Tigel fue uno de los directores de Zapram, la empresa de seguridad que controlaba los depósitos fiscales del aeropuerto de Ezeiza cuando aún pertenecían a Yabrán. También estaba vinculado a Quality Control junto con Víctor Dinamarca, un ex agente del Servicio Penitenciario durante la dictadura que fue otro de los represores contratados por Yabrán. En la Galería de Torturadores Argentinos se recuerda no sólo su prontuario sino también su relación con la seguridad de los aeropuertos. Vale la pena reproducir íntegro un brevísimo artículo, publicado en el diario Clarín el domingo 13 de agosto de 2000, que retrata el desplazamiento de Donda Tigel por un espía de la CIA en el control aeroportuario, como escena por demás representativa del botín que significa el manejo de la seguridad aeroporturaria:

Se estaba presentando con sus nuevos empleados del aeropuerto de Ezeiza cuando fue interrumpido por un grito provocador. “¡Eh, Holder!”, se escuchó. A unos veinte pasos, en la puerta del galpón, apareció un desencajado Adolfo Donda Tigel, mostrando los dientes y haciéndole un corte de mangas. “¡Ya te la voy a dar, gringo!”, gritó.

En su aspecto de universitario de Harvard, Frank Holder —el que recibía el convite— esconde a un ex agente de la CIA que estuvo destinado a la Embajada de su país en Buenos Aires y que en esos días se hacía cargo de la seguridad de Edcadassa, la empresa de depósitos fiscales de Ezeiza que Alfredo Yabrán acababa de vender al Exxel Group. Donda Tigel, el jefe de seguridad desplazado, es un ex capitán de la Armada que oscureció sus ojos negros cuando trabajaba en los grupos de tareas de la ESMA, hoy en libertad sólo gracias a la Ley de Obediencia Debida. La venta de las empresas de Yabrán, que lo había reciclado en su ejército privado, lo obligó a retirarse.

El cambio de guardia —Holder por Donda Tigel— se dio a fines de 1998 y hubiera terminado a los golpes de no ser por los cuatro empleados que intercedieron. La escena, una mañana de sol, en la zona del aeropuerto cerrada al público, es un ejemplo perfecto de un singular traspaso en lugares estratégicos de la seguridad: la mano de obra desocupada de la dictadura, desplazada por espías estadounidenses.

¿De quién es SW?

El accionista principal es su presidente Juan Maggio. Eduardo Eurnekian, dueño de Aeropuertos Argentina 2000, tiene el 30%. Sin embargo, a la empresa no le iba del todo bien. “Para ponerlo en números contundentes en dos años la empresa tuvo pérdidas por más de 100 millones de pesos (33 millones de dólares) y se desprendió de dos tercios de la flota”, analiza el informe realizado por el Centro para la Transparencia en la Gestión Pública y Privada, dirigido por la doctora Paula Oliveto Lago y coordinado por legisladores pertenecientes a la Alternativa por una República de Iguales (ARI). Esa información sobre la decadente situación de la aerolínea estaba presentada ante la Inspección General de Justicia, es decir, era de público alcance. A pesar del estado contable de SW, en diciembre último el empresario argentino radicado en España Martín Varsavsky invirtió US$6,3 millones para alquilar dos jumbos que permitieran aumentar la frecuencia de los vuelos Buenos Aires-Madrid que la empresa comenzó a realizar en el 2002. Ante el diario argentino La Nación el 16 de noviembre de 2004, lo justificó así: “La operación de los dos Jumbo 747 implicará la facturación de US$ 100 millones anuales. Hay muchas oportunidades de lograr alto tránsito por el boom que hay por la Argentina”. El 24 de febrero, Varsavsky contó al diario español ABC su versión de los hechos:

Diario ABC-¿Por qué y cuándo les concede ese crédito?

Varsavsky-Lo firmamos el 19 de noviembre de 2004. Lo di después de hacer un análisis, un estudio que me indicaba que SW era, como sigue siendo al margen de lo sucedido, un buen negocio. No había surgido el día anterior, llevaba nueve años operando y había ganado muchos premios. Se trataba de una compañía a la que el Gobierno estaba ayudando porque quería rescatar el sector aeronáutico nacional. Aerolíneas Argentinas había recibido ochocientos millones de dólares de subsidio de España y los había usado, en gran parte, para destruir a todos los competidores locales. Era, un poco, como la historia de Asterix y los romanos o la de David y Goliat, mi especialidad.

Diario ABC-¿Quién le presenta a los Maggio?

Varsavsky-Conocí a Juan Maggio en José Ignacio (balneario uruguayo de Punta del Este), donde tengo una finca. Iba en mi cuatro por cuatro por la playa y me quedé empantanado. Subía la marea y me iba a quedar sin mi camioneta cuando apareció con un amigo, me empujaron con unos palos y me sacaron.

Diario ABC-Firma el 19 de noviembre y el alijo se incauta en Barajas el 17 de septiembre. ¿Conocía este hecho?

Varsavsky-No. Yo no sabía que dos meses antes de que firmara habían encontrado a los empleados de la aerolínea implicados en este tráfico de cocaína. Eso, (los hermanos Maggio) no me lo contaron. Sentí que me mintieron aunque ahora dicen que no me lo comentaron porque estaba dictado el secreto de sumario. Me enteré de todo hace ocho días, por los periódicos.

El empresario Varsavsky ya era famoso en Argentina por financiar con 11 millones de dólares otro renombrado emprendimiento: el portal de internet Educ.ar que lanzó uno de los hijos del ex presidente Fernando De la Rúa. Hay otro dato que no deja de llamar la atención: la seguridad de Educ.ar estaba también a cargo del represor Donda Tigel.

La relación con Estados Unidos

El pasado jueves 10 de marzo el embajador de los Estados Unidos en Buenos Aires Lino Gutiérrez visitó la casa de gobierno y se entrevistó con el ministro del Interior Aníbal Fernández en el contexto del “narcoescándalo”, aunque los voceros del ministro insistieron en que se trataba de “un encuentro prefijado para enero”, postergado simplemente por “una cuestión de agenda”. En esa reunión también participó el delegado local de la agencia antidrogas norteamericana (la DEA), Anthony Grecco.

“En ningún momento dio alguna opinión crítica sobre la manera de actuar de las autoridades argentinas en el control de los aeropuertos o acerca de aspectos referidos a narcotráfico”, dijeron los voceros de Fernández respecto de la intervención de Lino Gutiérrez. Y agregaron: “Se habló de los delitos transnacionales, del narcotráfico, del terrorismo, del contrabando y del lavado de dinero”. Además, enfatizaron que “desde hace seis meses Aníbal Fernández ha anunciado públicamente que la Argentina comenzaría a trabajar en conjunto con los Estados Unidos en el combate contra los delitos transnacionales”.

Pese al carácter tan marginal que se le quiso dar a esta reunión, en el mismo escenario debe tenerse en cuenta la insistente presión de Estados Unidos –también manifestada en la reunión– por la aprobación de tres leyes demoradas en el parlamento argentino: dos de ellas implicarían la ratificación de convenciones internacionales contra el financiamiento del terrorismo (la interamericana contra el terrorismo adoptada en Bridgetown, Barbados, en 2002, y el convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo, adoptado por la ONU) y la otra es una ley de lavado de dinero que agravaría las penas. Si Argentina no aprueba estas leyes antes de junio, podría quedar excluida del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La amenaza surtió rápido efecto: las leyes se tratarían en las próximas semanas en el Congreso.

A estas recomendaciones se sumaron los párrafos que el informe anual sobre narcotráfico del Departamento de Estado, firmado por Condoleezza Rice, le dedicó a la Argentina, y que habría sido entregado por el embajador al gobierno en la mencionada reunión. El informe subraya la aparición de laboratorios de producción de cocaína en el Gran Buenos Aires, el cordón de más de 10 millones de habitantes que rodea a la capital del país. Se detalla que tales laboratorios son armados por narcotraficantes colombianos y que allí se depura pasta base proveniente de Bolivia. El otro dato remarcado es el aumento de la venta de “Paco”, una droga a la que se compara con el crack. El Departamento de Estado, sin embargo, califica la coordinación que logró con Kirchner en el 2004 como “excelente”.

La visita fuerte será el 22 de marzo, cuando llegue al país el Secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld. Su misión ya trascendió: apurar la radarización de las fronteras. El control y la militarización del territorio es el gran objetivo norteamericano, que en el informe citado vuelve a un punto decisivo: “crear una fuerza de tareas en la provincia de Misiones para controlar la Triple Frontera”. También circularon comentarios de John Walters, zar antidrogas de Estados Unidos, aclarando que “los narcos se esfuerzan por llegar a la Argentina”, como punto estratégico para el tráfico a Europa.

El narcoescándalo puso sobre el tapete la trama del narcotráfico en Argentina –los cifras, los circuitos, las complicidades–y abre el interrogante sobre la política que seguirá el gobierno. Es decir, si efectivamente existe la capacidad estatal de regular el control de la seguridad que, por el caso SW y el “drogaducto” Ezeiza, pero no sólo por él, demuestra estar completamente autonomizada en mafias con el guiño cómplice de numerosos funcionarios y autoridades. De hecho, la fiscalía que interviene judicialmente trabaja con la hipótesis de descubrir una organización ligada al poder político y económico, con participación de las fuerzas de seguridad.

En esa línea, no queda del todo clara la situación de algunos importantes integrantes del gobierno. En particular, el embajador argentino en España, Carlos Bettini, quien fuera Director Titular en Aerolíneas Argentinas hasta el año 1998, momento en que dicha empresa entabló relaciones con SW. Según los investigadores españoles Carlos Alvarez Teijeiro y José Cretazz, “...la empresa tenía un acuerdo con Southern Winds, quién actuaba de feeder-line. Es, muy posiblemente, el primer acuerdo en la historia de la aviación comercial en la que una empresa pagó un precio fijo a su feeder-line, independientemente del número de pasajeros que ésta trasladase” (puede consultarse el informe ya citado).

Otra situación aún no definida es la del secretario de Transporte Ricardo Jaime, quien a pesar de contar con el apoyo explícito del gobierno no pudo evitar que la fiscal Ruiz Morales ponga la lupa en el vínculo entre su secretaría y SW: “La fiscalía quiere establecer la relación de SW con la Secretaría de Transporte”, indicó una fuente con autoridad en la investigación ante una consulta del diario Página/12. Por su parte, Juan Maggio, dueño de SW, dijo que Jaime era su “jefe”. Así las cosas, parece que el narcoescándalo va a dar para rato…

Verónica Gago es periodista argentina, colaboradora del diario Página/12 de Argentina y del semanario Brecha de Uruguay, y co-autora del libro “Apuntes sobre el nuevo protagonismo social” (Bs.As., 2002, Editorial De mano en mano). También es integrante del Colectivo Situaciones de investigación autónoma y docente de Economía Internacional de la Universidad de Buenos Aires.

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