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El apartheid informativo en Colombia

La situación actual de los medios de comunicación independientes y del periodismo auténtico


Por Laura del Castillo Matamoros
Especial para The Narco News Bulletin

11 de julio 2005

¿Alternativos? ¿A qué se refieren con eso? Según lo dicho por representantes de diversos medios de comunicación no comerciales, durante una reunión que se llevó a cabo en Bogotá con los directivos del canal Telesur (un canal independiente de 24 horas, promovido por el gobierno de Venezuela, que pretende extender su señal por toda Latinoamérica) el 4 de mayo de este año, esa fue la pregunta que se hizo el relator especial de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, Eduardo Bertoni, cuando se encontró con ellos hace dos meses, durante su visita a Colombia. Al parecer, el señor Bertoni ni siquiera sabía que en Colombia existen medios de comunicación “alternativos” y de hecho, tal calificativo le pareció un tanto “extraño”.

La misma pregunta se debe hacer el Vicepresidente Francisco Santos (miembro honorable de la familia Santos, propietaria del diario El Tiempo y quien, curiosamente, en sus años locos se desempeñó allí como periodista), cuando el pasado 23 de febrero (durante el II Congreso Internacional sobre las víctimas del terrorismo en Colombia) calificó a los propios medios de comunicación comerciales como “cajas de resonancia del terrorismo”, luego de que hubieran informado sobre los ataques de la guerrilla a bases militares en diferentes regiones del país durante el mes de enero. Prácticamente dio a entender que se estaba desprestigiando la Política de Seguridad Democrática del gobierno y que se estaban resaltando de más las “acciones subversivas”. En sus propias palabras, “se llegó al colmo de la irresponsabilidad de cuestionar si la política de seguridad había fracasado”.

Lo cómico de este asunto es que cuando los medios comerciales cubrieron el hecho no tenían la intención de cuestionar siquiera la eficacia de la Política de Seguridad Democrática, sino que más bien pretendían mostrar “la brutalidad” de la guerrilla. Sin embargo, los paranoicos instintos del vicepresidente Santos le hicieron concluir que sus “aliados” lo habían traicionado. Y eso que, como bien señaló la periodista María Jimena Duzán en su columna de El Tiempo del siete de marzo del presente año, “no hay administración en la historia de Colombia que haya tenido unos medios más favorables a su gestión que la del presidente Uribe”.

Entonces, es posible preguntarse: si el vicepresidente ve así a los medios de comunicación comerciales, entonces ¿cómo ve a los medios de comunicación alternativos? Es más, ¿acaso los verá?¿Sabrá que existen? Y si reconoce que existen, teniendo en cuenta que la gran mayoría se han mostrado diametralmente opuestos al gobierno, ¿cómo los califica? ¿Quizás como “voceros del terrorismo”, tal y como se conocen, en el peculiar lenguaje uribista, a todas aquellas personas y organizaciones que denuncian las violaciones a los derechos humanos cometidas por el ejército; las consecuencias de las políticas intervencionistas de los Estados Unidos; los devastadores efectos ambientales de las fumigaciones a plantaciones de coca o la impunidad que encierra la ley de justicia y paz, entre otras injusticias?

El 13 de marzo, el presidente Uribe, aprovechando su presentación durante el Foro de las Libertades, organizado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Panamá, intentando mitigar un poco las afirmaciones del vicepresidente y recurriendo a aquella imagen de “amigo de las libertades civiles” que le encanta manejar en público, dijo que en Colombia “no hay censura” para los medios de comunicación y que la relación entre el gobierno y los periodistas es “de independencia y de respeto”. Aunque, eso sí, agregó que los medios deben “autocontrolarse” para evitar dar demasiado despliegue a las acciones terroristas (con afirmaciones como ésta es posible entender que en varias ocasiones el propio presidente haya ejercido presión sobre directores de varios medios de comunicación para emitir u omitir determinada información).

Claro, entonces debe resultarle extraño al gobierno, a la OEA y a todos los que creen ciegamente que existe la libertad de expresión en Colombia, escuchar hablar de medios de comunicación alternativos. Se preguntarán, “¿Alternativos a qué, si en Colombia ‘no hay censura’?”. Incluso, aún más raro les parecerá que hace un mes se haya organizado un evento nacional, cuyo fin principal era crear lazos entre diversos proyectos de comunicación alternativos y periodistas independientes del país. Y no faltarán quienes piensen que el evento se constituyó en una serie de jornadas de adoctrinamiento subversivo o algo así, porque es que “eso de alternativo suena como a terrorismo, ¿no?”.

Haciendo frente a la represión y a los medios comerciales

Independientemente de las preguntas que afloren de las retorcidas mentes de los amigos del gobierno colombiano, el evento “Frente a la globalización de la desinformación, medios de comunicación alternativos” –que se llevó a cabo en la ciudad de Bucaramanga (Santander) y fue organizado por el periódico electrónico Prensa Rural, el periódico estudiantil NOIKOS de la Universidad Industrial de Santander (UIS) y el Foro de problemas colombianos de la misma universidad – se realizó, entre otras razones, porque lo que asegura el señor presidente sobre los medios de comunicación y los periodistas en Colombia simplemente es mentira. Y ya les diremos por qué, apreciados lectores. Por ahora, detengámonos un poco en lo que se hizo durante este evento que, con excepción de algunos encuentros esporádicos a nivel local y regional, no había tenido precedentes en Colombia.

Resulta que el 23 y el 24 de mayo, más de 300 personas –en representación de publicaciones alternativas, proyectos comunicativos (las radios comunitarias fueron los más destacados), colectivos estudiantiles, así como de organizaciones sociales y de derechos humanos–, acompañadas de delegados de varios medios internacionales (entre los que se encontraba Narco News), se reunieron no sólo con el fin de dar a conocer sus experiencias particulares o de reflexionar sobre la situación general de invisibilización y riesgo en que se encuentran los medios de comunicación alternativos en Colombia, sino también de hacer propuestas encaminadas a la creación de un frente común y consolidado que acabe con la evidente dispersión en que se encuentran, y con el monopolio informativo creado por los medios comerciales en el país donde, según el presidente Uribe, la censura no existe.

De hecho, el último día del evento se creó por consenso general la Coordinación Colombiana de Medios de comunicación Alternativos (CCMA), que busca, en palabras de César Jérez, director del periódico Prensa Rural y uno de los principales organizadores del foro, “dinamizar más de 15 propuestas que salieron del evento y que abarcan la capacitación, las estrategias para masificar medios alternativos y las formas de reaccionar ante riesgos y amenazas”.


Hollman Morris
Y valdría la pena agregar, claro, sin el más mínimo ánimo de ofender a quienes dan fe de la armónica relación entre el gobierno y los periodistas independientes, que el evento se llevó a cabo en medio de un contexto bastante difícil e incluso riesgoso. Justo unas semanas antes de llevarse a cabo habían sido amenazados de muerte por “fuerzas oscuras”, que enviaron a sus casas coronas fúnebres, los periodistas Carlos Lozano, director de Voz, el semanario de izquierda más antiguo y reconocido del país y Hollman Morris, realizador general del programa de televisión periodístico “Contravía”, que ha dado un amplio cubrimiento a los atropellos contra la población civil cometidos no sólo por los paramilitares y la guerrilla, también por las fuerzas militares, en las regiones más olvidadas del país.

Tanto Morris como Lozano, pese a las amenazas, estuvieron presentes en el evento, siendo así dos de los invitados más destacados junto con los representantes de la red de comunicaciones de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (que continúa de pie pese a las constantes amenazas contra su comunidad).

Durante el evento, Hollman, luego de mostrar ante un numeroso auditorio uno de los capítulos de su programa “Contravía”, sobre la masacre llevada a cabo por miembros del ejército en San José de Apartadó el pasado 21 de febrero, habló de su manera de concebir el ejercicio periodístico y lanzó fuertes críticas contra los medios comerciales de Colombia, especialmente contra los noticieros de televisión: “El conflicto que vive el país no se puede tocar en 40 segundos. Esa no puede seguir siendo la propuesta de los noticieros de las grandes cadenas de televisión en Colombia. Si esa sigue siendo la propuesta para tratar de entender el conflicto colombiano que estamos viviendo, éste se va a perpetuar durante 50 años más. Si esta sigue siendo la propuesta, los medios de comunicación seguirán alimentando la confusión, la desmemoria y la impunidad. Esa no puede ser la propuesta de medios que se llamen ‘de comunicación social’, a menos que se quiten el ‘social’ y se llamen ‘industrias productoras de noticias”.

El “respeto a los periodistas” durante la era Uribe

Lo peor de todo es que, con un gobierno que vela por la protección y la seguridad de los periodistas, Carlos y Hollman no han sido los únicos amenazados. Otro tanto ocurrió al columnista de Semana y director del noticiero de televisión “Noticias Uno”, Daniel Coronell (a quien también le fue enviado el mismo “regalo” que les llegó a Morris y a Lozano en la misma semana) y al corresponsal de Telesur en Bogotá, William Parra, quien se encuentraba en el hospital luego de ser acuchillado, justo durante los días del evento, por desconocidos.

Todo esto sin contar que hace unas semanas César Jérez, quien además de dirigir Prensa Rural es miembro de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, fue seguido desde un automóvil por miembros del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) cuando se desplazaba desde San Pablo hasta la ciudad de Barrancabermeja (Santander), tal y como se lo explicó a Narco News: “Lo que ocurrió ayer fue un seguimiento de los que acostumbran a hacer los organismos de seguridad. Regresaba yo de San Pablo, luego de haber participado en una serie de actividades que tenemos allá con la Asociación Campesina. Y al llegar a Barranca me comuniqué por celular con la secretaria de la oficina de la asociación para que me mandaran unos guardaespaldas, pues la llegada allí es peligrosa debido a que hay presencia paramilitar todo el tiempo. Entonces cuando llegué me di cuenta que había una camioneta del DAS ahí, y cuando llegamos a la oficina, se nos había adelantado. Nos estaba esperando… eso evidenció que los equipos de comunicación que tenemos, suministrados por el gobierno –en cumplimiento de las medidas cautelares que ordenó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido a que la asociación es una organización amenazada ya con varias víctimas– estaban siendo utilizados para hacer estos seguimientos”.


Carlos Lozano
Foto: Red Resistancia
¿Que por qué amenazan, persiguen y atentan contra la vida de estos periodistas? La respuesta no la pudo haber dado mejor Lozano, cuando el 2 de junio –durante el coloquio “No estamos solos… situación de la libertad de expresión en Colombia” – se refirió a las razones por las que, junto con Coronell y Morris, se encontraba amenazado recientemente: “Primero, los tres somos periodistas. Segundo, los tres hemos cuestionado el tema de Ralito [hace referencia al acuerdo que se llevó a cabo entre los paramilitares y el gobierno, el 13 de mayo de 2004, a través del que se decidió establecer una ‘zona de ubicación’ en el municipio de Santa Fe de Ralito, Córdoba, para llevar a cabo las negociaciones de paz], de la confrontación, de la reelección; hemos abordado temas de opinión pública sensibles para este gobierno”.

Y de verdad deben tener al gobierno con los pelos de punta, si no que lo diga Hollman, quien, en los dos capítulos de su programa “Contravía” sobre la masacre de San José de Apartadó, puso al descubierto varios hechos que evidenciaron la responsabilidad del ejército en lo sucedido.

Por último, Prensa Rural, con César al frente, además de constituirse en uno de los principales órganos informativos del movimiento campesino colombiano, ha publicado artículos de investigación sobre los vínculos del paramilitarismo con las empresas de cultivos de palma en el Chocó y sobre violaciones a los derechos humanos en Arauca relacionadas con los intereses económicos estadounidenses en la zona. Es decir, hay más de una razón por la que, en varias esferas, se desearía que estos periodistas se mantuvieran al margen de informar.

Durante la “era Uribe”, en la que supuestamente disminuyeron los atropellos contra periodistas, el informe que presentaron los medios alternativos de Colombia al Comité Interamericano de Derechos humanos de la OEA –para mostrarle al señor Bertoni y a la comunidad internacional que existían, pese a que el gobierno no lo quiera reconocer– hace referencia a otros casos de atropellos que se han cometido contra periodistas (especialmente contra aquellos que trabajaban y trabajan en zonas de riesgo) durante el 2003 y el 2004, tales como el asesinato del periodista José Emeterio Rivas, director del programa radial “Las Fuerzas Vivas”, de la emisora comunitaria Calor Estéreo en Barrancabermeja, el 7 de septiembre del 2003. Eso sin contar que, según la Asociación Democrática para la Defensa de los Derechos Humanos (Asdeh), durante este año en Colombia cuatro periodistas han sido asesinados, uno secuestrado y 14 amenazados. Además otros cuatro han sufrido atentados contra su vida y cuatro más han sido víctimas de agresiones físicas.

Tampoco hay que olvidar los acontecimientos que tuvieron lugar hace dos semanas: El 24 de junio, el periodista Daniel Coronell, en su columna de la Revista Semana, denunció que luego de haber realizado un minucioso rastreo, descubrió que las amenazas de muerte que había recibido por correo electrónico provenían de la casa del ex congresista Carlos Náder Simmonds, amigo personal del presidente Uribe (quien cuenta con haciendas en Córdoba y propiedades, tanto en Bogotá como en España, y además era amigo de Pablo Escobar). Dichas amenazas señalaban a Coronell, junto a diferentes personajes de la vida política nacional que se oponen al gobierno y a la reelección, de diferentes delitos y faltas.

El otro acontecimiento de estas semanas que deben tener en cuenta, apreciados lectores, si aún les parece que todos estos hechos son totalmente ajenos a la gestión del presidente Uribe, se refiere a las declaraciones que éste ofreció a Radio Caracol el pasado 27 de Junio, tres días después de que las FARC hubieran lanzado varios ataques contra diferentes bases del ejército en el Putumayo: “Tengo una tristeza porque estos terroristas siguen convocando periodistas a que les cubran las acciones”.

La “tristeza” del presidente se debía a que, según él, había cámaras de televisión en el Putumayo tres días antes de que ocurrieran los hechos. Pese a que no lo dijo abiertamente, el presidente Uribe se estaba refiriendo a Hollman Morris, quien se encontraba realizando un documental para la BBC.

Lo “triste” del asunto es que el presidente Uribe tuvo que enfrentarse a la vergüenza pública de tener que disculparse inmediatamente por sus declaraciones horas más tarde, cuando se comprobó que Hollman había llegado a la zona el 26 de junio (el mismo día en que aterrizó allí el avión presidencial) y que hacía tres o cuatro días había llegado a Colombia, no al Putumayo.

El comunicado oficial del Palacio de Nariño, como era de esperarse, trató el asunto como una equivocación inocente del presidente, basada en “información equivocada acerca de la fecha en que los reporteros llegaron a la zona”.

Pero ¿serían estas afirmaciones inocentes? ¿No tendrán que ver con el hecho de que el presidente Uribe siempre se ha mostrado “ligeramente hostil” con quienes se oponen a su gestión? ¿No es similar la “tristeza” del presidente Uribe ante el hecho de que “los terroristas convoquen a los periodistas para que cubran sus acciones”, a aquella “tristeza” que le produce el pensar en las ongs que, según él, son “voceros del terrorismo”? ¿No tendrán que ver estas declaraciones con la manera en que estigmatizó el presidente a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó cuando dijo que varios de sus líderes militaban en las filas de las FARC? ¿No estarán relacionadas con el hecho de que le parece molesto que Hollman haya mostrado públicamente que tales sindicaciones son falsas?

Quién sabe, el caso es que la “equivocación inocente” del presidente, preocupado siempre por garantizar la protección de los periodistas colombianos, ocasionó que Hollman tuviera que abandonar inmediatamente el Putumayo, por temor a represalias.

El cierre de los medios: la nueva mordaza

El gobierno del presidente Uribe se ha caracterizado por su capacidad para evadir o acomodar, de acuerdo a su conveniencia la legislación colombiana. Sin embargo, tal parece que ha sabido sacar provecho a las rígida normatividad en materia del funcionamiento de los medios de comunicación en el país.

De hecho, el Ministerio de Comunicaciones se acoge tanto a la normatividad que ha cometido atropellos como el cierre de la emisora Radio Nasa, manejada por los cabildos indígenas de Toribío y San Francisco (Cauca), con el pretexto de que no tenía licencia de funcionamiento. Lo curioso es que dicha orden se hubiera efectuado justo en vísperas de la Marcha Indígena que se llevó a cabo en el Cauca durante el mes de septiembre.

Y no hay cierre de un medio en Colombia más memorable, casualmente ocurrido también durante el gobierno Uribe, que el del Instituto Nacional de Radio y Televisión (Inravisión), que si bien no es un medio propiamente dicho, sí agrupó diferentes espacios de la radio y la televisión pública nacional, de carácter crítico e independiente. Pero claro, teniendo en cuenta que ese tipo de actitudes no le gustan al gobierno y que no generaba los mismos dividendos que un medio privado (en un país dividido entre los grandes empresarios criollos y la inversión extranjera), la entidad fue clausurada el 28 de octubre del 2004, dejando dejando a cientos de trabajadores despedidos y un sistema de radio y televisión pública reducido a su mínima expression.

El particular concepto de libertad de expresión del gobierno Uribe

Finalmente el relator de la OEA presentó un comunicado de prensa sobre su visita a Colombia. No se refirió en específico a los medios de comunicación alternativos. Pero señaló algunas “preocupaciones” ante ciertos atropellos y ante la falta de garantías para los periodistas. Y, por supuesto, resaltó que pese a todo las autoridades colombianas habían mostrado grandes avances en materia del respeto a la libertad de expresión. E indudablemente así es…

Gracias al gobierno del presidente Uribe, el periodismo puede ejercerse en Colombia con más libertad…. claro, cuando quien lo ejerce lo hace en nombre de un medio comercial o de la oficina de prensa de alguna institución gubernamental; cuando se va a cubrir algún allanamiento llevado a cabo por miembros de la “fuerza pública” en un “centro de operaciones de presuntos terroristas”; cuando se reporta la detención masiva de unos “guerrilleros de las FARC”. Y, por supuesto, todavía cuentan los periodistas con más garantías si son corresponsales de medios de comunicación internacionales reconocidos, como por ejemplo AFP, que el pasado año nuevo publicó una noticia en el Nuevo Herald que seguro le robó más de una lágrima a varios colombianos que viven en los barrios lujosos de Miami y cuyo encabezamiento decía: “Mientras Colombia está de vacaciones, con millones de turistas descansando aquí y en el exterior, el presidente Alvaro Uribe pasó el 30 y el 31 de diciembre con los soldados que combaten la guerrilla en las selvas”.

Además, no olvidemos que el presidente, en su discurso ante la SIP, habló de la importancia “del periodismo crítico”. De hecho, éste solamente le incomoda cuando se atreven a preguntarle sobre sus posibles nexos con los “paras” o con los “narcos”. Recordemos nada más el caso de la famosa entrevista que le hizo el periodista Joseph Contreras de Newsweek cuando apenas era candidato.

En este contexto, habría que replantear eso de que el gobierno no reconoce a los medios de comunicación alternativos. Por su puesto que los reconoce… sobre todo para identificarlos, estigmatizarlos, para argumentar, con elegantes maneras, que todo lo que dicen es mentira. Y bajo tal argumento prometer investigaciones “que aclaren hechos lamentables ocurridos a periodistas”, que nunca se van a realizar, pues en el fondo piensa que se lo merecían por ser “voceros del terrorismo” (teniendo en cuenta que quien no está de acuerdo con el gobierno simplemente está contra él); o para mandar cerrar medios por falta de licencias cuando, en realidad, es porque estaban hablando más de la cuenta.

Todo esto, ocurre, estimados lectores, en el país donde –pese a tener la democracia más antigua de Latinoamérica, una de las constituciones más democráticas y las legislaciones más contundentes en lo referente al derecho a la libertad de expresión– al final el único lenguaje común, en el momento de informar, pareciera ser el miedo.

Pero los medios de comunicación alternativos y los periodistas auténticos de Colombia no tienen miedo.

Más bien, aún les queda mucho por decir. Un país de injusticias da para eso…

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