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Violencia y hostigamiento en Chiapas: 500 policías ingresaron a la comunidad zapatista de Cruztón

La vida de los dos presos zapastistas corre peligro; John Berger, Howard Zinn, Naomi Klein, Anthony Aarnove y Jesusa Rodríguez exigen su liberación


Por Juan Trujillo L
Especial para The Narco News Bulletin

5 de mayo 2008

En el contexto político mexicano en el que los partidos políticos han decidido impulsar el debate sobre la reforma energética que buscaría privatizar el petróleo a través de la modificación del artículo 27 constitucional o una ley reglamentaria, la comunidad zapatista Cruztón, municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, sufrió la madrugada del pasado 26 de abril una violenta incursión de casi 500 miembros de la Policía Estatal Preventiva.

En los últimos meses, el clima de violencia y hostigamiento contra las comunidades indígenas zapatistas en resistencia se ha incrementado considerablemente en varias zonas de influencia rebelde.

En esa particular acción del gobierno de Chiapas, las fuerzas detuvieron a José Lázaro López López, Roberto López López y Manuel Gómez durante varias horas. Según el comunicado que da voz a los testimonios y publicada por la junta de buen gobierno corazón céntrico de los zapatistas delante del mundo de Oventik, en la zona de los Altos, explica que “fue verdaderamente degradante e injusto para la comunidad, porque se caracteriza por el exceso de amenazas con armas, el maltrato verbal y groserías”. El pronunciamiento, da cuenta también de que en este operativo “se muestra algo que en otras ocasiones no ha sucedido, es el caso de que el dirigente del operativo, es un civil, claro también iba armado y con rostro cubierto”, los afectados –continua el documento-, son: 28 familias adherentes de la Otra Campaña, 2 familias bases de apoyo del EZLN y 14 familias pertenecientes al Partido Acción Nacional (PAN)”.


“Niños y niñas zapatistas, siete miradas”
Foto D.R. 2008 por Helena
La denuncia ofrece, en seis puntos, un panorama claro de las consecuencias del ataque. La información destaca que: “al entrar el operativo, desde el principio empezaron a amenazar y agredir a los y niños y niñas, ‘para que confesaran dónde estaban sus papás’”.

Los policías, “empezaron a catear casas sin mostrar justificación alguna, ni autorización judicial, como resultado de eso, fueron destrozadas 10 viviendas”. Asimismo, no sólo catearon las viviendas, robaron la cantidad de 11, 500 pesos y joyas, sino que también detuvieron a 6 personas (Tiburcio López Hidalgo, Santos Díaz Calvo, Gildardo López, Manuel Gómez López y José Lázaro López López.) quienes fueron golpeados y presentan lesiones en diversas partes de sus cuerpos. El civil armado a cargo del operativo, según la denuncia, identificado como Fidel Gómez González, “sujetó a Josefa Gómez Alvarez en su cuello, mientras que policías y civiles armados, amenazaban con destruir las casas y llevarse a todos”.


“Junta de Buen Gobierno”
Foto D.R. 2008 por Juan Trujillo L.
Por último, “la comunidad manifiesta su indignación y culpa al mal gobierno de ser traidor, porque el problema de tierra que hay en esa comunidad con otras personas, se estaba tratando de resolver con el gobierno de manera pacífica, pero el mal gobierno responde de una manera violenta e indignante”.

El núcleo del conflicto, reside en que existe, según la junta de buen gobierno “el pretexto de una supuesta invasión de tierra”, y denuncia que “con esta actitud del gobierno estatal, federal, contradice todo lo que tanto hablan de mantener la seguridad, la tranquilidad y la paz, porque no es con desalojo, represión, persecución y encarcelamiento como se logra la paz. Lo que está haciendo el mal gobierno con esto, es para justificar la militarización de las comunidades y así poder saciar un poco su ambición de manchar las manos de sangre indígena, sangre campesina, sangre pobre y de sangre trabajador”, concluye a grandes rasgos el comunicado.

En riegos de muerte los dos presos zapastistas

El preocupante estado de salud y el traslado de los dos presos políticos zapatistas es ya una noticia que ha recorrido el mundo. Se trata de los indígenas choles Ángel Concepción Pérez Gutiérrez y su padre Francisco Pérez Vázquez, quienes el pasado día 24 fueron llevados a Chiapas luego de salir de la prisión de Tlacotalpa, Tabasco donde permanecieron por casi más de 12 años. Con ese acción, el gobierno los llevó a un hospital de la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, donde fueron internados en un hospital privado, lo cual forzó a quebrar la huelga de hambre que sostenían en demanda de su liberación.

A pesar de su visita al centro de salud, los indígenas no han tenido un estudio serio de su precaria condición: diabetes de ambos, y una lesión cutánea en el caso de Ángel; además ha presentado sangrado de vías urinarias, según constataron sus familiares. La falta de tratamiento clínico serio, ha sido confirmado por miembros de Sipaz, Pueblos Unidos por la Defensa de la Energía Eléctrica en la zona norte, Pueblo Creyente, la otra campaña de Tabasco y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFC).


“Niño en comunidad, Oventik”
Foto D.R. 2008 por Juan Trujillo L.
A pensar de las muestras de solidaridad y de protesta nacionales e internacionales, el gobierno chiapaneco que ahora tiene bajo su jurisdicción a los presos, no ha dado muestras de avance en el proceso jurídico para tratar el caso.

En este contexto, las autoridades rebeldes autónomas de la junta de buen gobierno Nueva semilla que va a producir del caracol V de la zona norte, critican en un comunicado del 25 de abril, al gobierno pues “los secuestró y los mantiene secuestrados y con esto les ha provocado un gran dolor y sufrimiento para sus corazones y sus cuerpos que hoy padecen enfermedades”. Asimismo, desde esa latitud chiapaneca, exigen “la inmediata e incondicional liberación de nuestros compañeros Bases de Apoyo que son inocentes de todas las acusaciones que les hacen. No aceptaremos que sigan ahora secuestrados en otras cárceles”.

Una de las acciones de presión para lograr la liberación de los indígenas, fue la que intelectuales, artistas y periodistas como John Berger, Howard Zinn, Naomi Klein, Anthony Aarnove y Jesusa Rodríguez publicaron en una carta el pasado sábado 26 de abril, cuyo mensaje dedicado al licenciado Juan Sabines Guerrero, gobernador del estado de Chiapas, y el químico Andrés Granier Melo, gobernador del estado de Tabasco que “En nombre de la más elemental justicia, y por el respeto a los derechos humanos, solicitamos su intervención para liberar de manera inmediata a Francisco Pérez Vázquez y Ángel Concepción Pérez Gutiérrez (...)”, en el documento explican que se encuentran recluidos “por venganza política y sin ser culpables del delito por el cual fueron condenados a 25 años de prisión. Se han declarado en huelga de hambre, y nos preocupa seriamente que sus vidas estén en riesgo”.

Hechos delincuenciales contra presos de La Voz de Los Llanos

Desde hace semanas, los presos políticos miembros del la Voz de los Llanos, adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona que han sufrido agresiones por parte de internos del Cereso 5 de San Cristóbal de las Casas se supo también, extraoficialmente, que fueron trasladados la madrugada del 29 de abril a otro centro carcelario.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFC), denunció que tras la protesta de huega de hambre y ayuno que protagonizaron tres penales chiapanecos entre febrero y principios de abril, permanecen en prisión 15 personas de la Voz del Amate, la Voz de los Llanos y el “grupo zapatista”, sin que haya cambiado su situación jurídica.

La carta de protesta de los intelectuales y artistas antes mencionados, también exigió al gobierno investigar los hechos delincuenciales perpetrados en ese centro carcelario “donde los presos políticos de La Voz de los Llanos fueron golpeados con brutalidad por internos a sueldo del preciso general Bartolo García Suárez y sus secuaces, plenamente identificados. Y sobre todo, que se investigue y finquen responsabilidades al coordinador de Ceresos del estado, Juan de Jesús Mora Mora; al director del Cereso 5, Alejandro Galicia Morales; al alcalde Sergio Lázaro Vicente, y a todo el personal del penal cuya participación se compruebe, así sea por omisión, en la corrupción imperante en el recinto: violencia impune, tráfico de drogas e influencias, imposición de trabajos forzados y “multas” a los presos que no los obedecen”.

Finalmente, -concluye la misiva- “nos pronunciamos por la liberación de los presos de La Voz de los Llanos Antonio Díaz Pérez, Tiburcio Gómez Pérez, Juan Díaz López, Miguel Díaz López, Diego Rodríguez Hernández, Nicolás Pérez Núñez y Agustín Rodríguez Jiménez, y de sus simpatizantes Mateo Gómez Santiz, Agustín Díaz Gómez y Orlando Santizo Castillo, encarcelados sin el beneficio de un proceso justo ni el respeto a sus derechos humanos”.

Intentan ubicar a líderes del EZLN

Desde al lunes 28 de abril, comenzó a circular la información proveniente de un reporte oficial de la Secretaría de Gobernación, en el que se destaca que funcionarios de esa dependencia pretendieron utilizar a integrantes de las bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), para ubicar a sus líderes a principios de este año.

“Se les ha pedido llevarnos con los comandantes del EZLN, pero (integrantes de las bases de apoyo), han manifestado que tienen tiempo que no saben del subcomandante Marcos, ni de los comandantes zapatistas, que creen que están fuera del país”, señala el documento.

Por otra parte, en últimas semanas, algunas declaraciones gubernamentales han develado cierta intención de desvanecer la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas (Cdnch) con el traslado de sus funciones hacia la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), según información recabada en Gobernación y el contenido de un anteproyecto difundido al inicio de este mes en la página electrónica de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. En 1998, se integró la Comisión para el diálogo en Chiapas, cuyo objetivo fue atender las causas que dieron origen al levantamiento y, en este sentido, dar solución al conflicto armado. La Coordinación, sin embargo, no ha cumplido con los objetivos (atender las causas que dieron origen al conflicto y promover una solución pacífica) para los que fue creada y ahora sería absorbida por la CNDPI, la cual no tiene, en sus atribuciones, solucionar de manera específica, el conflicto armado.

Finalmente, los acuerdos de San Andrés no se cumplieron y a pesar de que se retiraron retenes y algunos campamentos militares, la militarización masiva en territorios indígenas continúa.

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