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Pobladores protestan por no habérseles consultado sobre la minera canadiense en San José del Progreso

Fuerzas populares ocupan palacio municipal y amenazan con quemar a los retenidos


Por Nancy Davies
Comentario desde Oaxaca

22 de noviembre 2009

Habitantes de San José del Progreso, del distrito de Ocotlán, parte de la Coordinadora en Defensa de los Recursos Naturales del Valle de Ocotlán, y opositores a la operación de la mina de propiedad canadiense “La Trinidad”, escalaron en su batalla con el apoyo de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APPO. Los pobladores ocuparon el Palacio Municipal la tarde del 18 de noviembre con el fin de remover del cargo al presidente municipal Oscar Venancio Martínez Rivera.

También demandan la cancelación de las operaciones de la mina debido a que Martínez Rivera autorizó las mismas sin el consentimiento de los habitantes del pueblo.

Doce policías municipales y regidores fueron retenidos. En agosto pasado luego de una batalla en donde una docena de personas resultaron lesionadas, Martínez Rivera acusó a un agente de Maguey Largo y a profesores activistas de la APPO, de desestabilizar a la comunidad con fines personales. Luego de eso policías federales llegaron al poblado para resguardar la entrada a la mina. Desde entonces no se han hecho labores de extracción. Luego de la confrontación, supuestamente el gobierno iba a asistir en la negociación y discusión, pero la realidad es que no ha hecho nada de eso.

El 20 de noviembre el titular de Las Noticias decía, “¡Díganle al gobierno que venga a dialogar, ellos no nos dejan hablar, pero digánles que vengan porque la gasolina ya esta aquí!”

A las nueve de la mañana del 19 de noviembre, hombres y mujeres armados con palos, sogas y machetes no permitieron la entrada al palacio municipal, el cual había sido ocupado desde la noche anterior por pobladores llenos de ira debido a la falta de respuesta del gobierno. Los pobladores tomaron prisioneros a cinco regidores y a siete policías municipales, capturaron un vehículo de la policía municpal y demandaron que Martínez Rivera renunciara a su cargo. “La gente ve que las autoridades no defienden sus intereses, así que decidieron tomar el palacio municipal. En la Cámara de Diputados todos salen en favor del presidente municipal con el fin de encubrirlo. Consideramos que el gobierno es responsable de todo lo que sucede, ya que tenían la solución a la mano con la dimisión del presidente municipal y no hicieron nada. El gobierno no se ha acercado con nosotros y estamos esperando a que lo haga, por el bien de la comunidad,” declaró un portavoz.

Los manifestantes enfrentaron a el comandante de la Unidad de Operaciones Especiales de la Policía Federal, que ha estado vigilando la mina desde que las protestas comenzaron. Diez unidades y más de medio centenar de policías están estacionados en la carretera de acceso al pueblo cercano a la mina.


D.R. 2009 Noticias
De entre los rehenes, el polcía Martín Pérez y el regidor de Salud, Félix Misael Hernández fueron empujados hacia la calle donde se amontonaba una pila de leña. Los manifestantes amarraron de las muñecas a ambos hombres y ataron sus pies con una cuerda de plástico. Misael Hernández permaneció quieto y en silencio, mientras que Pérez pedía ayuda cuando el bote de gasolina apareció.

Dentro de la cárcel municipal, el regidor Pedro Francisco González Gopar se lamentaba de que ninguna autoridad estatal había ofrecido negociar con los manifestantes para la liberación de los hombres retenidos. Agarrado de los barrotes, demandaba que el gobierno del estado buscara una solución al conflicto, el cual se ha desarrollado por meses. Afirmó que si el pueblo pide la desaparición de poderes el renunciaría a su cargo. Momentos después, el regidor fue escoltado al teléfono de la oficina de la policía para que hablara con Joaquín Rodríguez Palacios, subsecretario de gobierno. Rodríguez Palacios había hablado en una entrevista en la radio en la que decía que una mujer había sido retenida también, tal mentira solo sirvió para enardecer aún más a la población.

Se reporta que la conversación telefónica fue: “Me están diciendo que las fuerzas policiales están viniendo para acá, así que quisiera que tuviera en cuenta señor que estamos bajo detención y que estamos sobre una cuerda floja. Quiero que detenga esto. La situación es que nos prenderán fuego. Así que necesitamos que pare esto. Habemos 12 de nosotros aquí, y la única cosa que le pido es que lo detenga porque estamos aquí y la situación es muy tensa.”

Quince minutos después, cuando los manifestantes se reorganizaron frente al palacio municipal, el primer policía federal se aproximó a la calle principal. Los otros policías, en nueve camionetas pick up y una van, se detuvieron a 100 metros de distancia. Los manifestantes ya habían traído al policía municipal y a sus acompañantes de la cárcel, los habían amarrado al montón de madera y les habían puesto un bote de gasolina cerca. Amenzaron con quemar a los hombres para prevenir cualquier represión de la Policía Federal. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar y estallaron cohetes. Y los lugares de batalla de la gente comenzaron a recibir refuerzos ciudadanos.

El Comandante Marte de la PF, de pie frente a otro policía, logró asegurarle a los manifestantes que los policías no vinieron para rescatar a los retenidos, que al contrario, haría una llamada para pedirle a los funcionarios del gobierno que se comprometieran con la negociación. Luego de cinco horas de tensión y de mutuas recriminaciones, los funcionarios del gobierno y representantes del pueblo acordaron liberar a las 12 personas e instalar una mesa de negociación.

La cuestión de la desaparición de poderes en San José del Progreso pasará a la legislatura estatal, que en estos casos es conocida por no hacer nada. Es probable que la cuestión de una asamblea popular legítima para discutir la operación de la mina tampoco resuelva nada, ya que muchas personas ya han cedido sus derechos sobre la tierra sin saber por qué no debieron de hacerlo. Los foros sobre los daños ambientales causados por la mina fueron silenciados por funcionarios eclesiásticos, esto debido a que el organizador era el cura local, el Padre Martín.

La pueblo ha sido “ayudado” por la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que, se me informó en privado, incluía a maestros afiliados a MULT (una grupo indígena Triqui corrompido por el PRI) para “ayudar” a que los comités locales tomaran una decisión. El casi candidato a gobernador, Gabino Cué, aconsejó a la población a que aceptara la oferta de la compañia minera de obtener computadoras en las escuelas a cambio del otorgamiento de la posesión de la tierra. La organización CODEP (Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo)—que en julio y agosto trabajó para organizar a la gente, se retiró declarando que CODEP no iba a contradecir una decisión de la asamblea del pueblo. Ahora, con alguna ayuda de la APPO, los manifestantes afirman que la decisión en asamblea nunca ocurrió, sino que las decisiones fueron tomadas por los regidores a cambio de un soborno por parte de la compañia minera. Oscar Venancio Martínez Rivera es generalmente considerado como uno de los grandes beneficiarios. La gente sospecha que el regidor de Salud fue sobornado con el fin de obtener permisos ambientales.

Una vez más el gobierno ha prometido negociar. El mini levantamiento indica que las negociaciones prometidas con autoridades del pueblo tienen malos resultados para la democracia participativa. Aguas turbias prevalecen en Oaxaca, como de costumbre.


Traducción del inglés por Fernando León

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