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Líder antiminero es asesinado en Chiapas

Mariano Abarca encabezó un creciente movimiento que pretende expulsar a las compañias mineras canadienses de las comunidades mexicanas


Por Kristin Bricker
Especial para The Narco News Bulletin

1 de diciembre 2009

Mariano Abarca Roblero, uno de los líderes antimineros más prominentes en México, fue asesinado a tiros la tarde del 27 de noviembre de 2009 frente a su casa en Chcomuselo, Chiapas. Mariano deja a su esposa y a cuatro hijos. Otro hombre fue herido en los hechos.


Mariano Abarca Roblero
El incidente se da solo días después de que Abarca presentara denuncias contra dos empleados de Blackfire, Ciro Roblero Pérez y Luis Antonio Flores Villatoro, por amenazas de muerte si no dejaba de organizar a la comunidad de Chicomuselo en contra de la mina de barita de la compañia minera canadiense Blackfire. De acuerdo a una denuncia formal archivada por un empleado de gobierno que trabaja en el edificio municipal de Chicomuselo, Roberto Pérez llegó al edificio municipal para decir que había ido a buscar a Abarca “para quebrarle la madre a plomazos”. Se informa que también dijo que Abarca y otras personas estaban en la lista de personas a los que los dueños de Blackfire querían lastimar. El gerente de relaciones públicas de Blackfire, Luis Antonio Flores Villatoro, es también mencionado en la denuncia como una de las personas responsables de dicha lista.

Las autoridades ejidales del ejido Nueva Morelia del municipio de Chicomuselo tomaron seriamente la denuncia y ayudaron a Abarca a iniciar una investigación. El día previo al asesinato, Roblero Pérez y Flores Villatoro fueron requeridos para testificar por dichas amenazas de muerte, sin embargo, estos no asistieron.

Una historia de acoso

A pesar de que las autoridades locales trataron de actuar para proteger a Abarca, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), responsabiliza al gobierno del estado de Chiapas por no garantizar la seguridad del líder antiminero. Por el contrario, el gobierno del estado parece ser cómplice en el acoso legal de Blackfire en contra de Abarca.

El 17 de agosto de 2009, hombres no identificados en automóviles sin placas secuestraron a Abarca cuando salía de la escuela primaria de Chicomuselo. Había visitado la escuela para solicitar el permiso de parte de su organización, REMA, para usar el edificio para un encuentro antiminero programado para el 29 y 30 de agosto.

Los secuestradores resultaron ser policías. Habían arrestado a Abarca por las denuncias de Blackfire concernientes al bloqueo carretero de junio-julio de 2009 que REMA había instalado para bloquear el paso de los camiones de Blackfire. REMA protestaba el incumplimiento de la compañia de supuestas promesas hechas relativas a proyectos de desarrollo comunitario y administración ambiental. De acuerdo a líderes comunitarios, la mina de barita a cielo abierto de Blackfire utiliza gran parte de los de por sí escasos recursos acuíferos. Están preocupados de que la contaminación pueda afectar sus cultivos en un futuro próximo.

Por las denuncias interpuestas por Blackfire, el gobierno del estado acusó a Abarca de los delitos de asociación delictuosa, delincuencia organizada, ataques a las vías de comunicación, daños al patrimonio de la empresa y atentados contra la paz. Teóricamente, los cargos por delincuencia organizada son reservados para los traficantes de droga, armas y de personas, y para otros miembros de la expansiva red mexicana de mafias. Sin embargo, el gobierno de Chiapas es conocido por acusar a activistas y líderes comunitarios por crimen organizado, esto con el fin de tomar ventaja del restringido derecho de proceso debido al ser acusado por crimen organizado.

Esto fue lo que paso en el caso de Abarca. El cargo por delincuencia organizada le permitió al gobierno de Chiapas detenerlo bajo el instrumento legal del arraigo, instrumento muy controversial y criticado internacionalmente. Bajo el arraigo, el gobierno puede detener a un sospechoso y aislarlo(a) por meses mientras presiona al detenido, a veces torturándolo, para que confiese.

El gobierno del estado detuvo a Abarca por ocho días antes de ceder frente a la presión pública internacional para liberarlo. Abarca fue liberado y los cargos fueron retirados debido a la falta de evidencia. Su abogado, Miguel Ángel de los Santos, criticó al gobierno de Chiapas por ceder ante la presión de la minera canadiense para detener a Abarca. “No había justifiación legal para su arresto y detención. La investigación preliminar comenzó el 12 de junio, dos días después del bloqueo, y apenas comenzaba a integrarse. La investigación no había avanzado”, dijo a Proceso en agosto de 2009, luego de la liberación de Abarca.

El ataque estructural ataca de nuevo

El descontento social en México concerniente a las minas ha crecido firmemente en los últimos diez años. Este comenzó cuando los efectos de un mandato de esquema desregulatorio en el sector minero del Banco Mundial se empezaron a sentir. Un documento confidencial del Banco Mundial titulado “Informe de Finalización de Implementación: Proyecto de Reestructuración del Sector Minero en México”, que Narco News pone a disposición del público (en inglés), subraya un proyecto de préstamo por exactamente nueve años que transformó drásticamente al sector minero mexicano.

El proyecto, propuesto por el Banco Mundial en 1998 y adoptado rápidamente por el gobierno mexicano, apuntaba a desregular la industria minera en México. El Banco propuso el proyecto debido a que, como su Informe de Finalización de Implementación (ICR, por sus siglas en inglés) explica:

Los préstamos anteriores del Banco para el sector minero en México estaban orientados hacia proyectos de inversión específicos, con líneas directas de crédito al sector… Las lecciones aprendidas por dichas operaciones han sido que el desarrollo contínuo del sector minero requiere de un mayor acceso a los títulos de la tierra, reducción a la limitación del propietario, la revisión de la legislación fiscal, una reestructuración del montaje institucional existente, así como políticas que estimulen la inversión privada en el sector minero por empresas tanto locales como extranjeras. La Revisión del Sector Minero del Banco Mundial, identificó que el inadecuado marco de trabajo regulatorio e institucional es la mayor limitación para una mayor inversión privada y para el posterior crecimiento del sector.

Una de las metas principales del proyecto del Banco era la de abrir el anteriormente protegido sector minero mexicano para las empresas extranjeras; el Banco situó a “la apertura del sector para extranjeros” como su primera “estrategia para reestructurar el sector”. Esperaba lograrlo privatizando las compañias mineras paraestatales, reduciendo los impuestos, otorgando derechos sobre las minas y tierras a las compañias privadas, y facilitando la propiedad de tierra mexicana por parte de compañias extranjeras con el fin de “contribuir con una mayor exploración y explotación del vasto potencial minero del país, para tomar ventaja de la estratégica posición geográfica mexicana cercana a los Estados Unidos y Canadá.”

El Banco propuso un conjunto de cambios a la ley mexicana en su Reporte del Sector Minero, y el gobierno mexicano—en ese momento aún bajo el gobierno del PRI—se apresuró para aplicarlas bajo el plan llamado Programa Nacional de Modernización de la Minería. En solo cuatro años (1990-1994), el marco legal para la minería en México experimentó un cambio radical. Antes de que la tinta de la nueva ley se secara, el Banco comenzó a repartir dinero para las compañias mineras privadas para “ayudar a financiar la demanda en aumento de financiamiento de inversión que se esperaba que resultara de una política mejorada y de un entorno institucional para las operaciones mineras.”

El Banco estaba encantado con los resultados del Programa Nacional de Modernización de la Minería y con los préstamos subsecuentes. De acuerdo con el Banco, durante el curso del proyecto, que terminó en 1998, se liberaron 8.7 millones de hectáreas y se otorgaron 17,220 nuevas concesiones mineras. Como resultado de los cambios legales estipulados en el préstamo, el tiempo requerido para procesar las concesiones mineras pasó de 5 años a 5 meses. Los atrasos en el otorgamiento de 14 mil concesiones que el gobierno mexicano tenía desde 1989 virtualmente desaparecieron de la noche a la mañana. El Banco estaba tan complacido con los resultados del Proyecto de Reestructuración del Sector minero que escribió: “La futura participación del Banco en el sector no parece ser justificada más, en vista de que la exploración/explotación minera esta ahora abierta a la inversión local y extranjera.”

El ajuste estructural del sector minero mexicano por parte del Banco Mundial ha jugado un papel clave en la batalla por la “tierra y el territorio” (cómo se refieren los zapatistas) en el país. Los efectos de la propiedad privada, una mayor presión económica sobre el pequeño campesinado o de subsistencia y proyectos de “desarollo” se sienten con agudeza en las comunidades con ricos yacimientos minerales. De acuerdo con Gustavo Castro Soto, de la organización chiapaneca sin fines de lucro Otros mundos, “Desde el 2000, casi el 10% del territorio nacional se ha entregado a las compañias trasnacionales a través de concesiones mineras.” REMA apunta que en Chiapas, 15.21% del territorio estatal ha sido otorgado mediante concesiones mineras. Muchas de esas concesiones no expiran hasta el año 2050. Si el descontento social que frecuentemente sigue a las concesiones mineras es un indicador, los mexicanos no están dispuestos a entregar su tierra a compañias mineras extranjeras.

La industria minera bajo fuego

El asesinato de Mariano Abarca llega en un momento en el que la industria minera en México siente el calor producido por los movimientos sociales mexicanos. Inspirados por el movimiento nacional de comunidades afectadas por los proyectos de presas hidroeléctricas, las comunidades afectadas por la minería han unido fuerzas en un frente conjunto en contra de los proyectos destructivos mineros.

En 2008, representantes de Chicomuselo viajaron al estado de Jalisco para fundar REMA, durante el Primer Encuentro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería. Representantes de comunidades afectadas de once estados y del Distrito Federal participaron en el encuentro histórico: Chihuahua, Sonora, Nayarit, Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Distrito Federal, Estado de México, San Luis Potosí, Coahuila y Veracruz. En el encuentro REMA acordó difundir los efectos sociales y ambientales que provoca la minería. Igualmente prometió que miembros de las organizaciones apoyarían cada una de las luchas en contra de las minas destructivas en sus comunidades.

Una de las acciones de más alto perfil de REMA fue la protesta en plantón frente a la Embajada de Canadá en la Ciudad de México en julio pasado. Abarca y representantes de otras comunidades afectadas por las compañias mineras canadienses participaron en el campamento que demandaba la salida de Metallic Resources/New Gold, una compañia canadiense en el Cerro de San Pedro, San Luis Potosí. En la protesta, Abarca habló sobre la contaminación a las fuentes tradicionales de agua que las compañias mineras canadienses provocan.

Luego de las protestas, las comunidades afectadas tuvieron una victoria temporal: el mes pasado un juez federal ordenó la clausura de la mina del Cerro de San Pedro, resultado del incumplimiento de la compañia minera de las estipulaciones ambientales. La clausura viene luego de diez años de lucha llevada a cabo por una amplia coalición de organizaciones civiles de San Luis Potosí, y que incluyen organizaciones ligadas al Partido de la Revolución Democrática (PRD), y grupos afiliados a la Otra Campaña. Las organizaciones se oponen al proyecto de extracción de oro, debido a que además de las afectaciones ambientales, el Cerro de San Pedro es un sitio histórico oficial. NewGold ha prometido apelar el fallo.

En Chiapas, Abarca había encabezado en junio y julio el anteriormente señalado bloqueo que evitaba que los camiones de Blackfire entrarán o salieran de Chicomuselo. La comunidad protestaba el uso excesivo de los escasos recursos acuíferos por parte de la compañia, además del incumplimiento de los compromisos supuestamente hechos a la comunidad y las ocultas maniobras de la compañia que permitieron la compra de 13.5 hectáreas del ejido sin el consentimiento de la asamblea ejidal. Blackfire afirma que las pérdidas directamente relacionadas con el bloqueo ascendieron a MX$120,000 (USD$9,334).

En agosto pasado, REMA celebró en Chiapas su Segundo Encuentro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería. Comunidades guatemaltecas en resistencia a los proyectos mineros viajaron a Chiapas para participar en el encuentro y compartir sus experiencias. Abarca ayudó a organizar el Encuentro y, como anteriormente se señaló, fue durante el proceso organizativo del Encuentro que la policía estatal lo secuestró y acusó de delincuencia organizada a petición de Blackfire.

Un comunicado firmado por 25 organizaciones mexicanas de siete estados, responsabiliza a Blackfire por el asesinato de Abarca y por la violencia resultante en la región. Llaman a protestar en un plantón fuera de la Embajada Canadiense y frente a la Secretaría de Economía en la Ciudad de México el 3 de diciembre, en solidaridad con el pueblo de Chicomuselo.


Traducción del inglés por Fernando León

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